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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2020
Número de dictamen: 120/20
Tipo: Otras consultas preceptivas procedentes de los Ayuntamientos
Consultante: Ayuntamiento de Murcia
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X por perjuicios ocasionados tras la reincorporación a su trabajo como Policía Local.
Dictamen:

Dictamen nº 120/2020


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 11 de mayo de 2020, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia, mediante oficio registrado el día 20 de febrero de 2020, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X por perjuicios ocasionados tras la reincorporación a su trabajo como Policía Local (expte. 40/20), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


  PRIMERO.- Con fecha 29 de marzo de 2019, D. X presenta reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento de Murcia por los daños que dice haber sufrido como consecuencia de su reincorporación al servicio activo en la Policía Local.


  Relata el reclamante que ha sido Policía Local del Ayuntamiento de Murcia desde 1984. En el año 2003 pasó a la situación de excedencia voluntaria por interés particular para dedicarse a la actividad inmobiliaria, hasta que en el año 2016 solicitó el reingreso en el servicio activo, reincorporándose con fecha 1 de octubre de 2016, tras superar los controles  médicos de aptitud para el servicio.


  Afirma el actor que, pese a que por su edad (61 años) lo normal habría sido su incorporación en un destino de segunda actividad (como así lo puso de manifiesto), lo cierto es que fue destinado "a la zona de "Barrios"-La Fama (tras unos pocos días en el archivo), destino considerado en el argot policial como "de riesgo", debido a las numerosas intervenciones policiales por peleas, menudeo, alteraciones del orden, etc. La falta de preparación y formación actualizada consecuencia de su larga inactividad tras trece años fuera de la Policía, unido a la edad de reincorporación al servicio activo (61 años), así como la rapidez con la que había de ponerse al día (realizando prácticas apresuradas e incompletas de tiro), la falta de práctica, el desconocimiento de los nuevos métodos de trabajo, la desactualización en que se encontraba (desconocía los códigos de circulación, ordenanzas, normativa...) y la urgencia para ser incorporado en un destino que, además, percibía con temor, provocaron en el trabajador una reacción de ansiedad incoercible, que jamás antes había tenido (llanto, angustia, desesperación, sensación de inseguridad, dificultad para articular frases, etc.)".  


  Afirma el actor que solicitó a los mandos policiales un destino menos exigente y que se le aplicara la normativa sobre segunda actividad, solicitud que no fue atendida dado que estaba en perfectas condiciones de realizar un servicio de calle, pues había superado los reconocimientos médicos correspondientes.


  Relata que tras unos primeros días realizando tareas de archivo y, tras  realizar dos prácticas de tiro absolutamente insuficientes -pocas horas  (4) y con blancos a corta distancia (5 metros)-, el 13 de octubre se le entrega el arma, obligándole a firmar una declaración de conformidad con la práctica y que está preparado para el servicio.


  El 14 de octubre comienza su servicio. A pesar de que está lloviendo y hace frío, al interesado sólo se le había facilitado el uniforme de verano, sin un anorak. Sintetiza la situación el actor como sigue: "Comienza el servicio con la Cabo ..., sin la documentación preceptiva del arma, sin el uniforme reglamentario, con cuatro clases de tiro y sin recibir un reciclaje o formación previo, tanto en normativa, como en seguridad, como en prevención de riesgos, siendo destinado por el Inspector Jefe de la Policía Local de Murcia al desempeño de los cometidos de la primera actividad en un Barrio y Polígono muy conflictivo, considerado en el argot policial como "de riesgo"...", cuando no "de castigo".


  Ese mismo día, a las 9:30 horas es citado ante el Jefe de la Policía Local. Tras exponerle el actor su situación de falta de preparación, su sensación de angustia y su deseo de ser destinado a Patrimonio, se le indica que para ello necesitaría un informe médico que así lo avale y él no sólo no lo tiene, sino que ha sido declarado apto para el servicio. Tras esta conversación y sin reincorporarse a su destino, el hoy reclamante acude directamente a la Mutua con una crisis de ansiedad.


  Así, desde el 14 de octubre, es decir, apenas transcurridas dos semanas desde su reincorporación al servicio activo, comienza a precisar asistencia médica por ansiedad, que le es dispensada por la Mutua (Ibermutuamur/Cualtis) y en Urgencias y Unidad de Salud Mental del Hospital General "Reina Sofía" de Murcia. En los informes médicos de dichas asistencias se sitúa el origen de la patología en la problemática laboral, sin que conste enfermedad mental anterior.


  El 15 de octubre de 2016 obtiene la baja laboral y, desde el 2 de abril de 2018, es declarado en incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común debida a la patología psiquiátrica que presenta.    


  Para el actor, el origen de esta enfermedad y de todas las consecuencias derivadas de la misma es laboral y se encuentra en la actitud de la Administración local que le destina a un servicio de riesgo sin ofrecerle la formación necesaria ni un tiempo adecuado de preparación tras trece años alejado de la actividad policial, omitiendo protocolos y procedimientos para la reincorporación al trabajo del policía.


  Entre tales incumplimientos se enumeran los siguientes:


  - No se le ofreció el necesario período de formación, reciclaje y actualización de conocimientos en materia policial: patrulla, administración, nuevas tecnologías, armamento, protección, atención al ciudadano y en definitiva las elementales tareas de la profesión policial, con infracción de lo establecido en el artículo 6,2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


  - No se le dio una protección eficaz en materia de seguridad y salud laboral, incumpliendo el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, que debe asegurar a todos los trabajadores de nuevo ingreso la formación sobre riesgos específicos de su puesto de trabajo.


  - Se incumplió la normativa sobre segunda actividad, ya que en atención a su edad superior a 55 años, debió reincorporarse al actor en un puesto de segunda actividad y no a uno de los puestos más exigentes y peligrosos de la Región de Murcia.


  En atención a tales incumplimientos, el actor concluye que los daños psíquicos que padeció se deben a un anormal funcionamiento de la Administración Local en la que prestaba servicios y que quedaron claramente determinados el 4 de abril de 2018, fecha del Dictamen Propuesta emitido por el INSS, reconociéndole la incapacidad permanente absoluta, y en el que se acredita la existencia de un "episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos".


  Aporta, asimismo, informe psiquiátrico que, a efectos de baremación, le reconoce las siguientes secuelas o daños psíquicos permanentes: "transformación persistente de la personalidad" (4 puntos) y "trastorno depresivo grave " (21 puntos).


  Cuantifica el perjuicio padecido, al amparo del sistema de valoración de los daños a las personas derivados de la normativa de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en un total de  63,634,27 euros, en concepto de secuelas (30.478,65 euros), días de perjuicio personal particular (28.063,62 euros) y daño moral (5,092 euros).


  A efectos de prueba solicita que se tome declaración a varios funcionarios de la Policía Local y a otras dos personas y que se incorpore al expediente administrativo diversa documentación, en particular, los protocolos existentes en materia de reincorporaciones en el Ayuntamiento de Murcia y los requerimientos y consultas efectuadas al respecto, por parte de los delegados sindicales y delegados de prevención de los distintos sindicatos existentes en la Corporación.


  Aporta junto a la reclamación documentación relativa al reconocimiento de la incapacidad, informe psiquiátrico del actor, peticiones sindicales de información sobre su reingreso, y la moción de un Grupo Municipal para redactar un protocolo de reciclaje y adscripción de puestos tras la reincorporación al servicio activo de funcionarios de la Policía Local que hayan tenido una prolongada ausencia del servicio, en la que se contemple la situación de aquellos agentes que cumplan las condiciones de pase a segunda actividad.  


  Igualmente, se adjunta copia de informe del Inspector Jefe de la Policía Local de Murcia acerca de agentes menores de 55 años asignados a puestos de Patrimonio, agentes en situación de segunda actividad y agentes y sus destinos por rangos de edad. En dicho informe se indica que el Ayuntamiento no dispone de un protocolo para la adscripción a destinos de segunda actividad, de modo que se realiza en atención a los informes médicos evacuados para cada funcionario por el Servicio de Salud Laboral.      


  SEGUNDO.- Con fecha 9 de mayo de 2019, se admite a trámite la reclamación y se nombra instructora del procedimiento, que procede a comunicar al interesado la información prescrita por el artículo 21.4  de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), al tiempo que resuelve abrir un período de prueba de 30 días y requerir al actor para que formule diversas declaraciones y aporte la documentación que se le enumera, lo que cumplimenta el 6 de junio de 2019.


  Asimismo, se recaba informe del Director de Personal y Régimen Interior del Ayuntamiento y del Inspector Jefe de la Policía Local.


  TERCERO.- Por parte del  Director de Personal y Régimen Interior se remite diversa documentación, pero sin llegar a evacuar el informe solicitado, pues considera que ha de ser el Servicio de Policía Local el que lo emita.


  El Inspector Jefe de la Policía Local, por su parte, remite un informe de fecha 14 de marzo de 2018 que es del siguiente tenor:


  "El agente D. X se reincorporó en Policía Local el día 1 de octubre de 2016, después de varios años en excedencia voluntaria.


  En estos casos, como en aquellos en los que se integran en el Cuerpo funcionarios policiales de otros municipios, se aplica un protocolo de acogida para que puedan conocer el funcionamiento interno y que consiste en que durante un periodo de tiempo que varía entre 10 y 15 días en función de la capacidad del receptor, el funcionario va pasando por los diferentes puestos de la organización, desde los administrativos hasta los más tecnificados, como la Sala y Atestados, acabando por los grupos operativos de calle. En uno de estos grupos es donde finalmente se describe al funcionario pasados estos 10 ó 15 días, aunque su periodo de formación y reciclaje no finaliza hasta que lleva tiempo suficiente para encontrarse cómodo y seguro en sus nuevos cometidos, en tanto es así siempre va acompañado de otro agente.


  El agente D. X siguió el procedimiento de incorporación habitual, estuvo visitando todas las dependencias policiales durante 10 días ya que si bien se habían producido cambios importantes desde su marcha, él las conocía en sus aspectos básicos. Se le adscribió al Grupo de Barrios, puesto en el que se encontraba hasta el momento de pasar a excedencia voluntaria y en el que entonces se manejaba con gran soltura y eficacia.


  Respecto a la reunión mantenida entre el Inspector Jefe, D. Y y el agente D. X, esta Jefatura consulta con el funcionario ahora jubilado que indica que ante las reticencias del agente a prestar servicio en Barrios, se le ofrecieron destinos más sedentarios como la Sala del 092, pero el agente manifestó que no quería ir a la Sala y que él, que en ese momento tenía 61 años, había regresado para marcharse pronto por la inminencia de la jubilación a los 60 años.


  De la intervención de una ambulancia no se tiene constancia. Sí consta que ese día, que era el primero de trabajo en la calle, la Cabo ..., que esa jornada era su compañera de servicio, le trasladó a la Mutua después de la citada reunión, ya que el agente se encontraba muy nervioso, aspecto que ya había detectado la Cabo desde primera hora de la mañana".


  Asimismo, el indicado Inspector Jefe remite un informe, datado el 18 de febrero de 2019, en el que en contestación a una solicitud de información sindical, manifestaba que existe un protocolo de reincorporación al servicio activo en la Policía Local que se aplica desde 2010 y que era el que estaba en vigor el 1 de octubre de 2016, cuando se reincorporó el hoy actor.


  Una copia de dicho protocolo se une al expediente.


  CUARTO.- Consta informe del Jefe del Servicio de Organización y Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, en relación con la documentación obrante en dicho Servicio relativo a los hechos que dan lugar a la reclamación.


  Consta, también, comunicación interior dirigida por el Servicio de Salud Laboral a Personal, el 2 de septiembre de 2016, según la cual "se le ha practicado el Reconocimiento Médico de Salud de Inicio tras Ausencia Prolongada por "Cualtis" el 3/08/2016, y posteriormente entrevista clínica por parte del Servicio Médico de Salud Laboral. Se considera APTO para realizar todas las funciones asignadas a su puesto de trabajo así como para portar y manejar el arma de fuego reglamentaria".


  Otro informe de Salud Laboral, éste de fecha 22 de octubre de 2019, tras relatar las asistencias efectuadas al interesado, finaliza señalando que "no se planteó en ningún momento previo a su reincorporación un puesto de segunda actividad, puesto que el reconocimiento médico informa de aptitud para realizar todas las funciones de su puesto de trabajo como Agente de Policía Local".


  QUINTO.- A los folios 2.106 y siguientes constan las declaraciones de los testigos propuestos por el interesado, con el resultado que obra en el expediente.


  Declaran la Jefa del Servicio de Salud Laboral del Ayuntamiento, la Médico de la Mutua (Ibermutuamur, ahora Cualtis) que efectuó el reconocimiento médico previo a la reincorporación del Sr. X, el Psiquiatra que emitió informe psiquiátrico de valoración aportado por el reclamante al procedimiento, el Jefe del Servicio de Organización y Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, el Director de Personal, y la Cabo con la que realizó la patrulla el primer día de servicio de calle.


  SEXTO.- El 31 de octubre de 2019 y a requerimiento de la instrucción, se une al procedimiento la documentación relativa a las cinco sesiones de prácticas de tiro realizadas por el interesado, con las fichas de evaluación del instructor de tiro y la declaración del interesado de haber recibido el arma de fuego reglamentaria y de haber recibido la formación teórica y práctica adecuada para el conocimiento, mantenimiento y manejo del arma de fuego que recepciona, firmada el 13 de octubre de 2016.  


  SÉPTIMO.- Consta al folio 2194 del expediente informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, emitido en el seno del procedimiento seguido ante la Jurisdicción Social para la determinación del carácter profesional de la contingencia determinante de la baja médica del actor. Tras relatar cómo se produjo la reincorporación del interesado, en relación con el reconocimiento médico que lo declaró apto para el servicio, destaca la Inspección que "los protocolos aplicables eran los de turnicidad, ruido, manipulación manual de cargas, dermatosis, posturas forzadas, alturas, conductores, pantallas de visualización de datos, en definitiva, ningún protocolo relacionado con la patología que se diagnosticó al trabajador".


  OCTAVO.- Con fecha 16 de diciembre de 2019, la correduría de seguros del Ayuntamiento presenta "informe de responsabilidad patrimonial" en el que considera que no procede estimar la reclamación, toda vez que no se habría probado por el interesado el pretendido incumplimiento de la normativa preventiva, la reguladora de la reincorporación de los funcionarios públicos al servicio activo ni la que reglamenta el pase a la segunda actividad de los policías locales.


  Aporta, asimismo, comunicación del rechazo por parte de la   aseguradora del Ayuntamiento a hacerse cargo del siniestro al considerar que no está cubierto por la póliza, al tratarse de una baja por contingencia común y no de un accidente de trabajo.  


  NOVENO.- Con fecha 20 de diciembre de 2019 se confiere al reclamante el preceptivo trámite de audiencia, presentando éste escrito el 23 de diciembre por el que adjunta diversa documentación relativa a determinadas sesiones del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, se confiere la representación a un Letrado diferente del que venía representando al Sr. X y se solicita del Ayuntamiento que se informe acerca de si ha transcurrido ya el plazo de seis meses con que contaba aquél para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial.


  DÉCIMO.- En fecha desconocida (el sello de registro de entrada es ilegible en la copia facilitada al Consejo Jurídico) el interesado presenta escrito de alegaciones que, tras reiterar las formuladas con anterioridad, pasa a detallar. Así, afirma que el interesado hubo de reincorporarse al trabajo en un destino de riesgo sin una mínima formación o reciclaje en materia policial, patrulla, administración, nuevas tecnologías, armamento, protección y atención al ciudadano, y careciendo además del material necesario.


  Tampoco se le facilitó la información preceptiva sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo, ni se le realizó una evaluación o estudio de riesgo psicosocial, de donde considera que se ha incumplido la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al haberse obviado dicha evaluación y al no haberse adoptado las medidas preventivas adecuadas para eliminar o reducir y controlar el riesgo psicosocial que previamente debía haber sido evaluado, creando un riesgo prohibido por la normativa de prevención de riesgos laborales. A tal efecto, se señala que los documentos relativos a Evaluación de Riesgos y la Evaluación de Riesgos Psicosociales en la Policía Local que obran en el expediente son posteriores a la reincorporación del Agente.  


  Sobre la alegada inexistencia de un protocolo de reincorporación de policías locales tras ausencias prolongadas del servicio, niega validez al protocolo de enero de 2010 que se dice que existía al momento de la incorporación del hoy actor (no fue aprobado por Decreto ni se le dio publicidad y no era conocido por nadie) y, de hecho, existe una moción para que el Pleno de la Corporación apruebe un protocolo apenas un mes después de la baja del Sr. X, lo que sería demostrativo del mal funcionamiento de la Administración. En cualquier caso, de haber existido el indicado protocolo, no le fue aplicado al actor.


  Del mismo modo, se insiste en que debió ser destinado a un servicio en segunda actividad por así exigirlo la normativa aplicable, que debió hacerse de oficio y sin necesidad de que lo solicitara el interesado por escrito, habiendo manifestado de forma constante su deseo de ser destinado a un puesto en Patrimonio. Al destinarlo a un servicio de primera actividad no sólo se incumplió el artículo 34 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, sino también la normativa preventiva (arts. 14 y ss de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de los Servicios de Prevención y el propio  Plan de Prevención de Riesgos del Ayuntamiento), que obligaba al Ayuntamiento, como empleador, a identificar la presencia de posibles riesgos psicosociales originados por la adscripción a un puesto de primera actividad, riesgos que han sido reconocidos como elevados por la Jefa de Salud Laboral, el Director de Personal y el Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Consistorio  y que sin embargo no estaban identificados previamente, ya que los documentos de evaluación correspondientes son posteriores a la reincorporación del actor. Del mismo modo, no se adoptaron las preceptivas medidas de intervención para adecuar el puesto de trabajo en orden a limitar tales riesgos.


  Que los daños psiquiátricos por los que se reclama tienen su origen en el funcionamiento de la Administración se acredita por la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Murcia, que reconoce la incapacidad temporal del actor como derivada de accidente de trabajo, toda vez que la enfermedad que motiva dicho proceso fue contraída por el trabajador con motivo de la realización de su trabajo y tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.


  Acompaña al escrito de alegaciones diversa documentación, la mayor parte de la cual ya constaba en el expediente con anterioridad. Se incorpora una copia de la Sentencia del Juzgado de lo Social núm 8 de Murcia, de 18 de noviembre de 2019, por la que se declara que el proceso de incapacidad temporal cursado por el actor como consecuencia de la baja médica de 15 de octubre de 2016 es derivado de accidente laboral.


  Consta en el expediente por comunicación interior de los servicios jurídicos municipales que dicha sentencia no es firme, al haberse presentado recurso de suplicación frente a la  misma.


  UNDÉCIMO.- Con fecha 12 de febrero de 2020, se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al considerar que el ejercicio de la acción resarcitoria se habría producido cuando ya había prescrito el derecho a reclamar por parte del interesado. Además, y desde el punto de vista material, rechaza que la reincorporación del interesado hubiera de realizarse en un puesto de segunda actividad, sin que se desprenda esa exigencia del artículo 34 de la Ley de Coordinación de Policías Locales entonces vigente y sin que el interesado solicitara formalmente su pase a segunda actividad ni tuviera mermadas sus condiciones físicas o psíquicas.


  Del mismo modo, se rechazan las alegaciones relativas a la falta de formación o reciclaje previo al ejercicio de las labores policiales, al señalarse que cuando realiza el servicio de calle el 15 de octubre de 2016 va acompañado de una Cabo, que es quien realiza todas las labores. Según ésta el agente reincorporado está "en prácticas". Sobre las prácticas de tiro, se remite la propuesta de resolución a la documentación obrante en el expediente acerca de la suficiencia de dicha formación.


  En cuanto a los alegados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, se indica que el trabajador no hizo constar queja u observación alguna ante sus superiores, ni la Inspección de Trabajo requirió al Ayuntamiento para la adopción de medidas correctoras tras requerir información respecto al Sr. X. Del mismo modo, y aun cuando el Juzgado de lo Social haya declarado la contingencia que dio lugar a la incapacidad del hoy reclamante como  accidente laboral, de ello no puede extraerse sin más la existencia de relación causal entre el funcionamiento de la Administración empleadora y el daño alegado.


  Corolario de lo expuesto es que no considera la propuesta de resolución que el daño alegado pueda ser imputable al anormal funcionamiento de la Administración Local por lo que entiende que procede desestimar la reclamación.


  En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos se remite el expediente en solicitud de dictamen, mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el pasado 20 de febrero de 2020.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


  PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración municipal de cuantía igual o superior a 50.000 euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 LPACAP, en relación con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.


SEGUNDA.- Legitimación y procedimiento.


  I. Cuando de daños físicos o psíquicos se trata, resulta obligado reconocer la condición de interesado ex artículo 4.1 LPACAP y, en consecuencia, la legitimación para reclamar su resarcimiento (art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP)  a quien los sufre en su persona, esto es al dañado, condición que recae en el hoy actor en el supuesto sometido a consulta.


La legitimación pasiva corresponde al Ayuntamiento consultante en tanto que es titular del servicio público a cuyo funcionamiento se imputa el daño, al corresponderle la gestión del personal de la Policía Local y, en su condición de empleadora del trabajador, el efectivo cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, extremos ambos a los que se imputa el daño reclamado.


II. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que la tramitación realizada se ajusta, en lo sustancial, a lo establecido en la LPACAP, sin que se aprecien carencias esenciales, constando la realización de todos los trámites preceptivos.


No obstante, la tramitación del expediente ha excedido el plazo máximo de seis meses de duración que para este tipo de procedimientos establece el artículo 91.3 LPACAP.


  TERCERA.- De la prescripción del derecho a reclamar: existencia.


De conformidad con el artículo 67.1 LPACAP, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. Éste prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, precisando que "en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas", reiterando de forma literal lo que ya establecía el hoy derogado artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), lo que posibilita mantener la consolidada interpretación que, respecto de esta regla sobre el cómputo del plazo prescriptivo del derecho a reclamar, ha venido estableciendo la jurisprudencia contenciosa respecto del indicado artículo.


Como señalamos entre otros en nuestro Dictamen 215/2015, de ordinario, cuando de la reclamación de daños personales se trata, el plazo de prescripción comienza con el alta médica, momento en que se logra bien la sanidad de las lesiones, bien la estabilización y determinación de su alcance, cuando ya no es esperable una variación o evolución de las mismas hacia la sanidad o la mejoría. La doctrina jurisprudencial sobre el momento en el que se inicia el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción (dies a quo), sostiene que no es otro, de acuerdo con el principio de la actio nata (nacimiento de la acción), que aquel en el que se estabilizan los efectos lesivos y se conoce definitivamente el quebranto para la salud (aunque no se haya recuperado íntegramente la misma), distinguiéndose, a efectos del cómputo de la prescripción, entre daños continuados y daños permanentes (Sentencia núm. 224/2013, de 15 de marzo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y Dictamen núm. 75/2013 de este Consejo Jurídico). En el caso de daños permanentes, el periodo de prescripción se inicia cuando se producen, pues en ese momento cabe ya evaluar los daños que se muestran de forma instantánea e inmediata pues resultan no sólo definitivos sino también invariables, mientras que en el caso de los daños continuados hay que esperar a conocer su entidad o, como dice el precepto legal, al alcance de las secuelas (STS, Sala 3ª, de 18 de julio de 2012).


La STS de 22 de febrero de 2012, y en el mismo sentido la de 2 de abril de 2013, por remisión a otras anteriores, ponen de relieve que "a) por daños permanentes debe entenderse aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo. Ejemplo de un daño de este tipo, cuyo resultado lesivo queda determinado por la producción del hecho o acto causante, sería el de la pérdida de un brazo, o de una pierna. Se trata de daños que pueden ser evaluados económicamente desde el momento de su producción, y por eso el día inicial del cómputo es el siguiente a aquél en que el daño se produjo. b) Daños continuados, en cambio, son aquellos que, porque se producen día a día, de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar un periodo de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo de daños, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde el día en que cesan los efectos", es decir, el día en que se conozcan los efectos del quebranto, pues, como dice la STS de 11 de junio de 2012, con cita de las de 13 de mayo de 2010 y de 18 de enero de 2.008, "existen determinadas enfermedades en las que la salud queda quebrantada de forma irreversible, supuestos en que entra en juego la previsión legal de que el ejercicio de la acción de responsabilidad ha de efectuarse, siguiendo el principio de la actio nata, desde la determinación del alcance de las secuelas, aun cuando en el momento de su ejercicio no se haya recuperado íntegramente la salud, por cuanto que el daño producido resulta previsible en su evolución y en su determinación, y por tanto, cuantificable.


También es evidente que surgen casos en la realidad sanitaria en que ni existe auténtica curación ni la posibilidad de determinación del alcance de las secuelas; y ello bien porque la propia naturaleza de la enfermedad no permita prever la posible evolución de las mismas, bien porque en el devenir de su desarrollo se produzcan secuelas imprevistas y no determinadas, en cuyos supuestos este Tribunal ha venido aceptando la posibilidad de la existencia de una temporánea reclamación a pesar de haberse producido la misma fuera del periodo del año desde que inicialmente se produjo el diagnóstico en atención a esa imposibilidad de determinación concreta en toda su extensión del daño sufrido. Es el supuesto de enfermedades de evolución imprevisible o aquellos otros ocasionales casos en que la enfermedad inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen.


En estos últimos casos ha afirmado, efectivamente, esta Sala que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse sino a partir del momento en que dicha determinación es posible, aceptando igualmente que en aquellas enfermedades excepcionales de imprevisible evolución, el daño pueda ser reclamado, como continuado, en cualquier momento. Así lo hemos afirmado en sentencia del 31 de octubre de 2000. A tal efecto y como señala la  sentencia de 25 de junio de 2002, esta Sala viene "proclamando hasta la saciedad (sentencias de 8 de julio de 1993, 28 de abril de 1997, 14 de febrero y 26 de mayo de 1994, 26 de octubre de 2000 y 11 de mayo de 2001), que "el "dies a quo" para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial será aquel en que se conozcan definitivamente los efectos del quebranto" (Sentencia de 31 de octubre de 2000 ), o, en otros términos "aquel en que se objetivan las lesiones con el alcance definitivo de las secuelas, siendo de rechazar con acierto la prescripción, cuando se pretende basar el plazo anual en la fecha del diagnóstico de la enfermedad (Sentencia de 23 de julio de 1997)".


Por esta razón, decía la STS de 1 de diciembre de 2008, "hemos calificado de continuado el daño provocado por la hepatitis C, enfermedad crónica cuyas secuelas, aunque puedan establecerse como posibles, resultan indeterminadas en el caso concreto, desconociéndose la incidencia de la enfermedad en el futuro de la víctima [sentencias de 5 de octubre de 2000, 19 de octubre de 2000, 29 de noviembre de 2002 y 13 de octubre de 2004]. Por el contrario, y a título de ejemplo, han merecido la calificación de permanentes los daños derivados de una tetraparexia con parálisis cerebral invariable padecida por recién nacidos [sentencias de 28 de febrero de 2007 y  18 de enero de 2008], la esquizofrenia paranoide que aquejaba a un miembro de las fuerzas armadas [sentencia de 19 de septiembre de 2007] o la amputación de una pierna provocada por una deficiente asistencia médica [sentencia de 21 de junio de 2007]. No traemos estos ejemplos al azar, sino porque, como en el caso que ahora contemplamos, después de conocerse el alcance efectivo de la enfermedad y de sus consecuencias, el paciente siguió sometido a tratamiento".


Precisaba, a continuación, la misma sentencia que "daño permanente no es sinónimo de intratable; ese concepto jurídico indeterminado alude a una lesión irreversible e incurable, cuyas secuelas quedan perfectamente determinadas desde la fecha en que tiene lugar el alta médica, que no pueden confundirse con los padecimientos que derivan de la enfermedad, susceptibles de evolucionar en el tiempo (sentencia de 18 de enero de 2008, FJ 4º, ya citada) y frente a los que cabe reaccionar adoptando las decisiones que aconseja la ciencia médica. Existe un daño permanente aun cuando en el momento de su producción no se haya recuperado íntegramente la salud, si las consecuencias resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables. Por ello, los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, a evitar eventuales complicaciones en la salud o a obstaculizar la progresión de la enfermedad no enervan la realidad incontestable de que el daño ya se ha manifestado con todo su alcance (sentencias, ya citadas, de 28 de febrero de 2007, FJ 2 º, y 21 de junio del mismo año , FJ 3º).


En consecuencia, no ha errado la Sala de instancia al estimar que en el caso litigioso nos encontramos ante daños corporales permanentes, pues cuando se realizó el diagnóstico quedaron definitivamente identificados los efectos del quebranto y su intensidad, sin perjuicio de los tratamientos aplicados con el designio de mitigar sus consecuencias, aliviar los padecimientos del paciente y mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar".


En la misma línea, insiste la STS  de 11 de junio de 2012 en que "no es relevante el tratamiento rehabilitador para tratamiento ortoprotésico. No interrumpe la prescripción la pendencia de la adaptación de una prótesis de miembro inferior izquierdo, ni el acudir a rehabilitación", ni es obstáculo al comienzo del plazo la minoría de edad del paciente (STS de 21 de junio de 2011 ), sentencia ésta que añade que "el seguimiento de una lesión de carácter permanente, mediante los correspondientes controles, no altera el momento de determinación de tales lesiones y secuelas, y no puede entenderse ilimitadamente abierto el plazo de reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control que no responden a la agravación o aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecer el alcance de los mismos y sus secuelas". Y la STS de 15 de diciembre de 2009 afirma que "...por más que pudiera hablarse de una situación continuada y evolutiva de la enfermedad, la determinación del alcance de las secuelas invocadas, en definitiva, el momento en que se objetivaron las lesiones con el diagnóstico definitivo e irreversible, así como la cronicidad de las mismas, momento que hay que identificar con el cabal y completo conocimiento por parte de la perjudicada de la trascendencia del daño sufrido, se ha producido con anterioridad muy superior a la del año anterior al del ejercicio de la acción aquí examinada ...". También la STS de 30 de junio de 2009 precisa que "... el seguimiento de una lesión de carácter permanente, mediante los correspondientes controles, no alteran el momento de determinación de tales lesiones y secuelas, y no puede entenderse ilimitadamente abierto el plazo de reclamación a resultas de las sucesivas visitas de control que no responden a la agravación o aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecer el alcance de los mismos y sus secuelas. En otro caso se dejaría al arbitrio del interesado el establecimiento del plazo de reclamación, lo que no responde a las previsiones del legislador al sujetar el ejercicio de la acción a esa exigencia temporal".


Esta doctrina jurisprudencial añade (STS de 28 de junio de 2011) que lo anterior "tampoco supone que el plazo quede abierto de manera indefinida, sino que ha de estarse al momento en el que se concreta el alcance de las secuelas, pues el carácter crónico o continuado de la enfermedad no impide conocer en un determinado momento de su evolución su alcance y secuelas definitivas o al menos de aquellas cuya concreta reparación se pretende, ni siquiera al albur que la situación ya determinada fuera sobrevenidamente reconocida a efectos laborales y de Seguridad Social, lo que constituye una mera paradoja de la tramitación coetánea de los distintos procedimientos administrativos y sociales consecuencia de un mismo resultado lesivo, insusceptible de reabrir la reclamación por la secuela definitivamente determinada en el momento anterior", que " las resoluciones de minusvalía e incapacidad, no sirven para interrumpir ni para hacer ineficaz el plazo transcurrido correspondiente a una reclamación de responsabilidad patrimonial" (STS de 29 de noviembre de 2011). Del mismo modo, la STS de 24 de octubre de 2011, rec. 4816/2009, tras recordar lo dicho en la ya citada Sentencia de 28 de junio de 2011, sostiene que "la realización de controles ambulatorios así como también la elaboración de dictámenes o propuestas de organismos evaluadores a efectos de la declaración de invalidez a efectos laborales no ha de tener incidencia automática a efectos de inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, salvo en aquellos casos en los que esos documentos fijen definitivamente el alcance de lesiones y secuelas, lo que no ha ocurrido en el presente caso. También dijimos que el plazo no puede quedar eternamente abierto, de forma indefinida y al arbitrio de la parte, sino que ha de estarse al momento concreto en el que se determina el alcance de las secuelas, pues existen enfermedades que por su evolución unido a las propias características limitadas de la naturaleza humana van a impedir conocer las consecuencias exactas y definitivas".


Asimismo, la STS, Sala 3ª, de 27 de mayo de 2016, también citada por la propuesta de resolución, que tras reiterar la doctrina expuesta, recuerda "la recientísima sentencia de la Sección Cuarta de esta Sala Tercera, de 21 de abril del corriente, en la que, con cita en la de 9 de febrero (casación 1483/14), se declara que cuando no consta, como aquí acaece, que entre el informe médico y la declaración de incapacidad o invalidez se haya producido evolución o cambio significativo en las secuelas, esa declaración de incapacidad o invalidez permanente total o absoluta, ya sea administrativa o judicial de revisión, no enerva el plazo de prescripción del derecho, cuyo "dies a quo" ha de situarse en la fecha del informe en el que quedaron definitivamente fijadas las secuelas (según la sentencia recurrida de 3 de octubre de 2003), base de las declaraciones administrativas de reconocimiento de la situación de invalidez permanente absoluta...".


En el mismo sentido se pronuncia, en fin, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 5ª, en la Sentencia 463/2019, de 4 de abril de 2019, según la cual, "el "dies a quo" del cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por una prestación médica de los servicios públicos (o, como en este caso, de una Mutua laboral) es el de la fecha de curación, o como aquí acontece, desde la fecha en la que, con conocimiento del afectado, quedaron definitivamente estabilizadas las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente para la declaración de incapacidad y cualquiera que sea su resultado".


En aplicación de la doctrina expuesta al supuesto sometido a consulta, cabe concluir, con la propuesta de resolución,  que cuando el Sr. X presenta la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento el 29 de marzo de 2019, ya había transcurrido el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 LPACAP, por lo que procede declarar que se ha producido la prescripción del derecho del interesado a reclamar y, en consecuencia, desestimar la reclamación.


En efecto, siguiendo la evolución médica que describe el propio interesado en su escrito de alegaciones, a los folios 2431 y siguientes del expediente, el 15 de octubre de 2016 el interesado recibe la baja médica, presentando un cuadro de ansiedad que es confirmado en sucesivas asistencias médicas recibidas en los días posteriores. Así, el 17 de octubre es derivado a Salud Mental por su médico de cabecera con un diagnóstico de "trastorno adaptativo mixto (ansioso/depresivo)".


El 6 de marzo de 2017 la Unidad de Salud Mental del Hospital "Reina Sofía" califica el episodio depresivo, que hasta esa fecha se consideraba de "moderado", como "grave". El 24 de octubre de 2017 se plantea ingreso en hospital psiquiátrico para terapia electroconvulsiva, si bien no consta que se procediera a dicho ingreso.


Según se refiere textualmente en el referido escrito de alegaciones, "En informes de fechas 6-02-2018, 26-02-2018, 13-06-2018 y 9-07-2018 se  mantiene el diagnóstico de episodio depresivo grave, destacando los especialistas la severidad del cuadro ("informo a la familia de la gravedad del cuadro y la necesidad de intervención hospitalaria")".


El Dictamen Propuesta del EVI, de 14 de marzo de 2018, continúa señalando que la enfermedad que presenta el interesado a dicha fecha es la que ya le fue diagnosticada y se mantuvo de forma invariable, al menos desde un año antes, es decir, un "episodio depresivo grave" y la que motivó la incapacidad permanente absoluta que le fue reconocida el 2 de abril de 2018.


En atención a la descrita evolución de la patología psiquiátrica que afecta al interesado, resulta aplicable la doctrina jurisprudencial ya reseñada acerca de que ni el reconocimiento sobrevenido de las secuelas laborales ni de Seguridad Social de las resoluciones administrativas de minusvalía e incapacidad, ni los padecimientos que derivan de la enfermedad, susceptibles de evolucionar en el tiempo, ni, en fin los tratamientos paliativos ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, a evitar eventuales complicaciones en la salud o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, alteran el momento de determinación de tales lesiones y secuelas, que habría de fijarse el 6 de marzo de 2017, fecha en la que se diagnostica la depresión del interesado como grave, juicio clínico que no varía en las sucesivas revisiones médicas a las que se somete, las cuales cabe calificar como meras visitas de control que no responden a una agravación de la patología o a la aparición de padecimientos distintos de los previstos al establecerse el alcance de los mismos y sus secuelas, que quedaron estabilizados y determinados en la fecha indicada.


  CUARTA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.


Si bien la apreciación de prescripción del derecho a reclamar determina por sí misma la desestimación de la pretensión actora, también se aprecian razones de fondo que amparan dicho pronunciamiento desfavorable al reconocimiento de la responsabilidad, las cuales se analizan a continuación de una forma sintética y resumida.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa tiene su base constitucional en el artículo 106.2 CE, en cuya virtud, "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 32 y siguientes de la LRJSP y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


-   Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


-   Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


    -   Ausencia de fuerza mayor.


-   Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Reconocida la legitimación activa del reclamante para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños que dice haber sufrido en el ejercicio de su labor, ha de recordarse la doctrina del Consejo Jurídico (por todos, el Dictamen número 175/2009), sobre la aplicación del régimen de la responsabilidad patrimonial a los empleados públicos como vía para el resarcimiento de los daños padecidos por aquellos como consecuencia del desempeño de sus funciones públicas.


Del mismo modo, también se ha pronunciado este Consejo Jurídico acerca de la compatibilidad entre diversos sistemas de cobertura de daños padecidos durante el desempeño profesional, tales como el sistema público de pensiones y la responsabilidad patrimonial (así en el Dictamen 205/2018, también expedido a consulta del Ayuntamiento de Murcia).


III. En el supuesto sometido a consulta, el interesado vincula causalmente su patología psiquiátrica a la actuación del Ayuntamiento que, con ocasión de su reingreso al servicio activo en la Policía Local tras una prolongada ausencia, lo destina a un puesto de trabajo de calle cuando lo procedente habría sido su reincoporación en segunda actividad o en un puesto de "Patrimonio", para realizar funciones burocráticas más acordes a las limitaciones psicofísicas que sufren las personas con la edad y atendida la de 61 años con que contaba el actor en el momento de solicitar el reingreso.


Para sostener este vínculo causal el actor alude a determinados incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales (ausencia de evaluación de riesgos general y específica sobre los elevados riesgos psicosociales que afrontan los policías locales) y del deber de formación que incumbía a la Administración para con el agente, si bien a la hora de concretar en qué medida tales omisiones o incumplimientos municipales determinaron la crisis psiquiátrica y posterior cronificación  y agravamiento de su enfermedad, señala que dicho nexo causal se convierte en evidente cuando la jurisdicción social califica su baja temporal como derivada de contingencia profesional, declarando que tiene su causa en el trabajo.


Ahora bien, la calificación de la enfermedad del reclamante como laboral y no como contingencia común vincula el estado de salud de éste con el desempeño de su trabajo, pero no conlleva por sí misma y sin mayor acreditación la imputación de la enfermedad a título de responsabilidad patrimonial a la Administración empleadora. La causalidad en el ámbito de la responsabilidad patrimonial responde a otros criterios y exige determinar que la patología desarrollada por el actor no sólo se origina en el entorno laboral y como consecuencia de su trabajo, sino que las omisiones que se imputan a la Administración empleadora tuvieron un efecto generador del daño, por ser aquéllas objetivamente susceptibles de producirlo. Así lo señala el Consejo de Estado en Dictamen 822/2016:


"El esfuerzo argumental de la reclamante se ha centrado en conseguir que las lesiones que ahora la incapacitan fueran calificadas como accidente de trabajo, a efectos de lo dispuesto en el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (...) Pero el hecho de que esta calificación vincule el suceso con el estado de salud de la reclamante a los efectos de la calificación como accidente de trabajo no supone que ese mismo vínculo de causalidad exista en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración pública. En este caso debería haber demostrado la interesada que ha sufrido un daño efectivo como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos que no tenga obligación de soportar".  


A tal efecto, el actor ha dedicado buena parte de su argumentación a señalar la omisión por parte de la Administración empleadora de algunas de sus obligaciones en materia preventiva respecto del colectivo de la Policía Local, tales como la ausencia de las evaluaciones de riesgos antes señaladas y de un protocolo que ordene la reincorporación de los agentes tras prolongadas ausencias de la actividad policial, o la insuficiencia de la formación de reciclaje recibida (aun cuando en el momento de solicitar la baja por enfermedad dicha formación aún no podía considerarse completada, como se deduce de la testifical de la Cabo que tutorizaba al actor durante el primer día de patrulla y que afirma que el interesado ese día "iba en prácticas"); pero lo cierto es que el episodio de crisis de ansiedad sufrida por el interesado y que constituye la primera manifestación de la patología psiquiátrica, ha de vincularse con la frustración de su expectativa en el momento del reingreso de ser destinado a un puesto de Patrimonio o de segunda actividad. Y, de hecho, en su escrito de alegaciones presentado con ocasión del trámite de audiencia, el interesado relaciona la asignación de un puesto de primera actividad con la denunciada infracción de las normas preventivas (folios 2468 y 2469).


Pues bien, el día en que el hoy actor realiza la patrulla junto a una superior (Cabo), que es quien durante esa jornada asume la realización de todas las labores policiales, no sucede hecho alguno que pueda ser calificado de peligroso o conflictivo en el desempeño del trabajo policial, que pudiera desencadenar la reacción psicológica del hoy actor. Antes al contrario, la Cabo afirma que, aunque no estaba contento porque pensaba que iba a ser destinado a un puesto de patrimonio, lo veía preparado para el  trabajo policial de calle. El detonante de la crisis de ansiedad es la entrevista con el Inspector Jefe en la que éste le comunica al interesado que el pase a la situación de segunda actividad no es automático, sino que ha de solicitarlo y someterse a un proceso con informe médico y valoración. Es a la salida de esta entrevista cuando el Policía afirma encontrarse mal y solicita ser llevado a un centro médico (de nuevo la testifical de la Cabo revela que, a la salida de la entrevista, el hoy interesado la llama "llorando").


Así, las alegaciones relativas al incumplimiento de la normativa preventiva y la insuficiencia de la formación recibida, si bien pudieron influir como causas mediatas o indirectas en la negativa percepción subjetiva del interesado de que el desempeño de su labor policial no se iba a realizar en las adecuadas condiciones de seguridad, y ello pudo coadyuvar a la zozobra y angustia con que afrontaba su trabajo, lo cierto es que la causa inmediata y principal que desencadenó el daño por el que se reclama es la decisión administrativa de no reingresarlo directamente en segunda actividad, como esperaba el actor.


Procede, en consecuencia, determinar si la interpretación efectuada por la Corporación Local se ajusta o no a la regulación legal de la segunda actividad, pues de ser así, la negativa reacción del interesado ante la decisión administrativa de mantenerlo en primera actividad no podría imputarse a la actuación administrativa ni calificarse el daño reclamado como antijurídico.


A la fecha de la reincorporación del actor, la segunda actividad se encontraba regulada en el artículo 34 de la Ley 4/1998, de 22 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia. Según su apartado 1, "cuando un miembro de los Cuerpos de Policía Local tenga disminuida su capacidad para la adecuada prestación de sus funciones, por enfermedad, embarazo o razón de edad, pasará a la situación de segunda actividad, conforme a los siguientes criterios: 1. Por razón de edad; en ningún caso será ésta inferior a cincuenta y cinco años...".


Técnicamente la situación de segunda actividad es "una modalidad especial de la situación administrativa de servicio activo del personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local, que tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica del mismo mientras permanezca en servicio activo, asegurando la eficacia del servicio" (art. 57.1 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que deroga la de 1998).


En la Ley de 1998, la regulación de la segunda actividad se ubica en el Capítulo I, bajo el epígrafe "Derechos y deberes", del Título V de la Ley, "De los derechos, deberes y responsabilidad". Ahora bien, ese derecho está condicionado a que se cumplan las circunstancias o requisitos que hacen nacer el derecho en el funcionario, y entre ellos no sólo se contempla el tener una edad superior a 55 años, sino que también establece la Ley el de la disminución de la capacidad para la adecuada prestación de sus funciones, de modo que el funcionario tendrá derecho al pase a segunda actividad por razón de edad cuando, teniendo al menos 55 años de edad, además padezca una disminución de la capacidad necesaria para el adecuado desempeño de sus funciones.  Que el pase a la segunda actividad no se contempla por la Ley de forma automática al cumplir la edad de 55 años, además,  se deduce de la distinta redacción que reciben esta situación y la jubilación por edad. En efecto, el artículo 33 de la Ley 4/1998 dispone de forma categórica que los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local se jubilarán al cumplir sesenta y cinco años de edad. Es decir, no pueden permanecer en servicio activo una vez cumplida dicha edad, que se configura como el único elemento determinante para la jubilación.


Por el contrario, de conformidad con la regulación legal y sin perjuicio de lo que puedan establecer los reglamentos municipales que regulen el pase a esta situación (el Ayuntamiento de Murcia no consta que haya reglamentado esta materia) los policías locales sí pueden permanecer en servicio de primera actividad una vez cumplidos los 55 años, siempre que  mantengan las capacidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones, no imponiendo la Ley de forma indisponible para el funcionario su automático pase a segunda actividad en el momento de cumplir los 55 años de edad, lo que por otra parte, podría resultar perjudicial para el empleado público que podría ver así mermadas no sólo sus retribuciones al perder determinados complementos vinculados al servicio policial, sino también otros derechos funcionariales relacionados con su carrera profesional.      


Desde ese punto de vista, la Ley 6/2019, de 4 de abril, que aunque no resulta de aplicación al caso por evidentes razones temporales, sí que ofrece un criterio hermenéutico de primer orden respecto de la regulación anterior, al establecer que el pase a la segunda actividad por razón de edad se realizará siempre a solicitud del funcionario (artículo 59.1).


En el supuesto sometido a consulta, el interesado había superado un reconocimiento médico que le declaraba apto para el servicio con ocasión del reingreso al servicio activo en el Cuerpo de la Policía Local, aptitud que se extendía, sin limitación alguna, a cualesquiera funciones propias de tal fuerza policial, al considerar que reunía la capacidad psicofísica necesaria para su adecuado desempeño. Adviértase que, incluso, se indica expresamente que dicha aptitud se extiende a portar y manejar el arma reglamentaria. En cualquier caso, no consta que llegara a solicitar formalmente el pase a la situación de segunda actividad, desoyendo así las indicaciones que, al efecto, recibía de sus superiores y pretendiendo que el reingreso al servicio activo se realizara directamente en la situación de segunda actividad o en un puesto de los denominados como "patrimonio", algo a lo que como hemos dicho no tenía derecho.


  En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


  ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al considerar que cuando el interesado ejercita su acción resarcitoria ya había prescrito su derecho a reclamar, conforme se razona en la Consideración Tercera de este Dictamen, sin perjuicio de señalar que tampoco concurren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial, singularmente la antijuridicidad del daño alegado, según se indica en la Consideración Cuarta.


  No obstante, V.E. resolverá.