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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2020
Número de dictamen: 112/20
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 112/2020


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2020, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 21 de febrero de 2020 (COMINTER 51628/2020) y CD recibido en la sede de este Consejo Jurídico, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 43/20), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO. - Con fecha 16 de octubre de 2018, D. X presentó reclamación de responsabilidad patrimonial por defectuosa asistencia médica en el Hospital Universitario "Virgen de la Arrixaca" (HUVA), relatando, en síntesis, que:


"El pasado día 10 de octubre de 2017 fui intervenido quirúrgicamente en el Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" de recambio VALVULA MITRAL... Siendo dado de alta el día 13 del mismo...

El día 16 acudo a mi centro de salud sito en Sangonera la Verde para pauta del Sintrom por mi médico de cabecera, ...

Al día siguiente, 17 de octubre de 2017, al despertar me levanto con pérdida de visión completa de ojo derecho, acudiendo al H.C.U. Virgen de la Arrixaca sobre las 8 h, ...

En el presente caso ha existido una defectuosa asistencia en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca donde fui dado de alta el día 13 de octubre de 2017 con una INFRADOSIFICACIÓN DE SINTROM (ninguna dejándolo para pautarla el lunes 16, tres días más tarde del alta hospitalaria, por mi centro de salud), lo cual me llevó a producirme una OCLUSION DE LA ARTERIA CENTRAL DE LA RETINA, y según consta en el informe de alta por: PROBABLEMENTE SECUNDARIA A EMBOLO CARDIACO que me ha dejado ciego total del ojo derecho".


Cuantifica su reclamación de responsabilidad patrimonial en la cantidad de 250.000 euros, sin especificar los criterios para la determinación de dicha cantidad.


Acompaña a dicha reclamación diversos informes médicos del HUVA.


SEGUNDO. - Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS) de 7 de noviembre de 2018 se admitió a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial.


Al mismo tiempo la reclamación se notificó a la Gerencia de Área de Salud I ?HUVA- y Centro de Salud de Sangonera la Verde y a la Correduría Aón Gil y Carvajal, S.A. a efectos de su traslado a la Compañía Aseguradora del SMS.


TERCERO. - Fueron recabados y remitidos la historia clínica del paciente, y el informe de los profesionales implicados.


De estos últimos cabe destacar los siguientes informes:


1º. Del Dr. Y, Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Cardiovascular, de 28 de diciembre de 2018, en el que indica:


"...el paciente expone que sufrió episodio embólico que ocasionó oclusión de la arteria central de la retina ocasionándole pérdida de visión en ojo derecho. Según el paciente e informe de alta del Dr. Z, por infradosificación de anticoagulación oral.

El paciente fue dado de alta de nuestro servicio tras recambio valvular mitral por prótesis mecánica con el protocolo de anticoagulación estándar para este tipo de paciente, esto es: anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante (Clexane 80 mg/, 1 inyección cada 12 h.) hasta ajuste de Sintrom en su centro de salud. Este tratamiento provoca una anticoagulación completa independientemente de la pauta de Sintrom administrada. Según informe de alta, este no se debe suspender hasta que la dosificación de Sintrom sea la adecuada según controles de INR".


2º. Dr. Z, Jefe de Sección de Neurología, de 15 de enero de 2019, en el que se hace constar lo siguiente:


"1. El paciente ingresó en nuestro servicio de Neurología el día 17-10-17 por una pérdida de visión aguda del ojo derecho de probable origen embólico pero sin poder descartarse que hubiese sido también de origen trombótico.

2. El tratamiento que llevaba el paciente cuando sufrió la pérdida de visión era TOTALMENTE CORRECTO ya que para prevenir los riesgos embólicos derivada de su arritmia cardiaca estaba siendo tratado con Clexane 80 mg cada 12 horas por vía subcutánea lo cual es suficiente, aunque no evita de manera total y absoluta la formación de émbolos cardiacos.

3. La alegación por parte del paciente de una defectuosa asistencia con una infradosificación de Sintrom no es correcto ya que a la vez que el paciente tomaba Clexane se estaba administrando Sintrom, que sabemos que tarda varios días en alcanzar la dosis terapéutica para entonces haber retirado el Clexane. Dicho de otra forma, no existía infradosificación de Sintrom como causa de su embolia ya que estaba protegido por el Clexane y se trataba del escalado de dosis".


3º. Del Dr. P, Jefe de Sección del Servicio de Oftalmología, de 7 de febrero de 2019, en el que pone de manifiesto:


"1.- El paciente fue diagnosticado de urgencias de oclusión arteria central de la retina 17/10/17.

2.- Que esta patología está relacionada con etiología embolica, sobre todo de origen cardiaco.

3.- Que una semana antes fue intervenido cardiológicamente con recambio de válvula mitral y que esta circunstancia puede desencadenar émbolos responsables de dicha patología ocular.

4.- Que el paciente fue correctamente diagnosticado, tratado y sigue su evolución en el servicio de oftalmología del cual soy Jefe de Sección. En todo momento fue informado de la gravedad de su enfermedad y de las graves secuelas que conlleva.

5.- Que la única vez que he valorado personalmente este paciente fue en Septiembre 2018 y puedo confirmar que el paciente presenta graves secuelas con pérdida de agudeza visual menor de 0.1 con su mejor corrección con campo visual menor 10º en su ojo derecho y atrofia óptica de dicho ojo. Estos hallazgos son definitivos y no cabe mejora".


CUARTO. ? Con fecha 5 de marzo de 2019 se solicita de la Inspección Médica informe valorativo de la reclamación formulada, acompañando a dicha solicitud copia del expediente.


Dicho informe no ha sido remitido hasta la fecha, por lo que de acuerdo con la doctrina de este Consejo Jurídico, sólo cabrá continuar los trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial una vez transcurrido el plazo para la emisión del informe, si en el expediente existen suficientes elementos de juicio para adoptar la decisión que resuelva el procedimiento, como en el presente procedimiento.


QUINTO. ? Con fecha 18 de agosto de 2019 se remite informe médico pericial por la compañía de seguros del SMS, emitido por el Dr. Q, Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista en Hematología y Hemoterapia, en el que se emiten las siguientes conclusiones:


"V.- CONCLUSIONES GENERALES

Don X requería de anticoagulación de forma indefinida al estar diagnosticado de fibrilación auricular y al ser intervenido de implantación de prótesis mecánica mitral.

El paciente ingresó para dicha cirugía, desarrollándose sin complicaciones y es dado de alta.

Debido al elevado riesgo trombótico del paciente, se indicó al alta la necesidad de reiniciar anticoagulación y se estableció una pauta de terapia puente con heparina de bajo peso molecular a dosis elevadas (0.8 mg/kg cada 12 horas), junto a inicio de anticoagulación oral con Sintrom que sería pautado por su centro de salud habitual.

Dicha pauta se encuentra dentro de las pautas establecidas en las principales guías de anticoagulación.

A pesar de estas medidas el paciente padeció una oclusión de la arteria central de la retina, cuadro vascular que puede estar originado por émbolos originados en el corazón, pero también puede estar originados por otras cosas, principalmente arterioesclerosis. Se realizó una determinación de INR al ingreso, presentando un INR fuera del rango de anticoagulación. No obstante, el paciente se encontraba en el momento del ingreso anticoagulado con heparina de bajo peso molecular.

VI.- CONCLUSIÓN FINAL

Don X padeció un episodio vascular en el postoperatorio de implantación de prótesis valvular mecánica. El paciente se encontraba realizando tratamiento anticoagulante mediante terapia puente con heparina y anticoagulación oral con Sintrom, por lo que se concluye que la pauta médica se realizó de acuerdo a la lex artis".


SEXTO. ? Con fecha 26 de julio de 2019, emite informe el Jefe de Servicio de Hematología del HUVA, Dr. R, en el que indica:


"El 10 de Octubre de 2017 el paciente X, con número de historia clínica 103323, es intervenido quirúrgicamente para recambio valvular mitral con prótesis mecánica SJM Nº 29 en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El paciente es dado de alta el 13/10/2017 con anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (Clexane 80 mg cada 12h) hasta ajuste de Sintrom en su Centro de salud. El día del alta no consta interconsulta por el sistema informático Selene al Servicio de Hematología-anticoagulación, por lo que Hematología no puede realizar su pauta de reinicio de Sintrom.

El paciente acude a su médico de Atención Primaria el lunes 16/10/2017realizándose pauta de inicio de Sintrom por parte de Hematología del HUVA, manteniendo la heparina de bajo peso molecular como tratamiento anticoagulante.

Ese día el INR es 1,1 (se adjunta informe con calendario de anticoagulación) correspondiente con paciente que aún no ha iniciado anticoagulación con Sintrom. El efecto de la heparina no modifica el valor de INR y se usa como tratamiento anticoagulante hasta alcanzar el rango óptimo del mismo.

El Sintrom no comienza a hacer efecto hasta 3-4 días después de su inicio, sin ser ello garantía de conseguir un rango óptimo (en este paciente 2.5-3.5) en el primer control cuándo se reinicia el tratamiento.

Un día después del inicio del Sintrom, el paciente acude a urgencias por pérdida de visión completa del ojo derecho diagnosticándose de Oclusión de Arteria Central de la retina, probablemente secundaria a émbolo cardíaco, según el informe de alta. Ese día el paciente presenta INR 1.3, congruente con una sola dosis de Sintrom administrada, motivo por el cual se mantuvo la heparina como tratamiento anticoagulante".


SÉPTIMO. ? A solicitud de la instrucción del procedimiento, con fecha 22 de octubre de 2019 emite informe médico-pericial complementario el perito de la compañía aseguradora del SMS, con las siguientes conclusiones:


"V.- CONCLUSIONES GENERALES

Don X requería de anticoagulación de forma indefinida al estar diagnosticado de fibrilación auricular y al ser intervenido de implantación de prótesis mecánica mitral.

El paciente ingresó para dicha cirugía, desarrollándose sin complicaciones y es dado de alta.

Debido al elevado riesgo trombótico del paciente, se indicó al alta la necesidad de reiniciar anticoagulación y se estableció una pauta de terapia puente con heparina de bajo peso molecular a dosis elevadas (0.8 mg/kg cada 12 horas), junto a inicio de anticoagulación oral con Sintrom que sería pautado por su centro de salud habitual.

Dicha pauta se encuentra dentro de las pautas establecidas en las principales guías de anticoagulación.

A pesar de estas medidas el paciente padeció una oclusión de la arteria central de la retina, cuadro vascular que puede estar originado por émbolos originados en el corazón, pero también puede estar originados por otras cosas, principalmente arterioesclerosis. Se realizó una determinación de INR al ingreso, presentando un INR fuera del rango de anticoagulación. No obstante, el paciente se encontraba en el momento del ingreso anticoagulado con heparina de bajo peso molecular.

VI.- CONCLUSIÓN FINAL

Don X padeció un episodio vascular en el postoperatorio de implantación de prótesis valvular mecánica. El paciente se encontraba realizando tratamiento anticoagulante mediante terapia puente con heparina y anticoagulación oral con Sintrom, por lo que se concluye que la pauta médica se realizó de acuerdo a la lex artis".


OCTAVO. ? Acordada la apertura del periodo probatorio, el reclamante solicita los siguientes medios de prueba:


"Se requiera al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca a fin de que remita para su unión al Expediente administrativo copia adverada y numerada del Historial Clínico de D. X número 103323, incluyendo todos los estudios complementarios, controles analíticos desde el día antes previo a mi intervención hasta el día de alta 13 de octubre de 2017, y estudios radiológicos realizados durante mi estancia en dicho hospital".


NOVENO. - Con fecha 10 de diciembre de 2019 por el instructor del expediente se otorga trámite de audiencia, sin que conste que el reclamante haya presentado alegaciones.


DÉCIMO. - La propuesta de resolución, de 20 de febrero de 2020, desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por no concurrir los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.


UNDÉCIMO. - Con fecha 21 de febrero de 2020 se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA. - Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico, legitimación, plazo y procedimiento.


I. La LPACAP, junto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Dichas Leyes entraron en vigor el día 2 de octubre de 2016 (Disposición final séptima LPACAP y Disposición final decimoctava de la LRJSP), por lo que habiéndose iniciado el procedimiento mediante escrito registrado con fecha 16 de octubre de 2018 le son plenamente aplicables.


II. El reclamante ostenta legitimación activa para reclamar, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de la LRJSP.

En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la Administración regional en tanto que es titular del servicio público sanitario, a cuyo defectuoso funcionamiento se pretende imputar el daño.


III. En cuanto a la temporaneidad de la acción resarcitoria, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 LPACAP, tenemos que concluir que ésta se ejercitó en el plazo legalmente previsto, puesto que el hecho al que se le imputa el daño es el haber sido dado de alta del HUVA el día 13 de octubre de 2017 con una infradosificación de Sintrom, produciéndose como secuela una oclusión de la arteria central de la retina con fecha 17 de octubre de 2017, mientras que la reclamación se presentó con fecha 16 de octubre de 2018.


IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales que integran esta clase de procedimientos, salvo el plazo máximo para resolver que excede el previsto en el artículo 91 LPACAP.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa en materia sanitaria. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 32 y siguientes de la LRJSP y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada "lex artis ad hoc", o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03 de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. La "lex artis", por tanto, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa, cuando del ámbito sanitario se trata.


Como señala la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 9 de octubre de 2012, "debemos insistir en que, frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todas las dolencias, la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, pero, en ningún caso, garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; conforme con este entendimiento del régimen legal de la responsabilidad patrimonial, en modo alguno puede deducirse la existencia de responsabilidad por toda actuación médica que tenga relación causal con una lesión y no concurra ningún supuesto de fuerza mayor, sino que ésta deriva de la, en su caso, inadecuada prestación de los medios razonablemente exigibles (así Sentencia de esta Sala de 25 de febrero de 2.009, recurso 9.484/2.004 , con cita de las de 20 de junio de 2.007 y 11 de julio del mismo año).

Con esto queremos decir que la nota de objetividad de la responsabilidad de las Administraciones Públicas no significa que esté basada en la simple producción del daño, pues además éste debe ser antijurídico, en el sentido que no deban tener obligación de soportarlo los perjudicados por no haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento, por lo que únicamente cabe considerar antijurídica la lesión que traiga causa en una auténtica infracción de la lex artis".


En este sentido, pues, debe concluirse en que sólo si se produce una infracción de la lex artis responde la Administración de los daños causados que puedan imputarse a dicha actuación infractora, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado criterio de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad administrativa, que habría de declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que, por ejemplo, no pudieran evitar la muerte de un paciente, o la producción de lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica, cuando la correspondiente actuación sanitaria fue realizada conforme a la lex artis; responsabilidad que, por lo dicho, no puede admitirse en estos casos u otros análogos.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


CUARTA. - Falta de acreditación de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial.


Para el reclamante existe una clara relación entre el hecho de que se le dio de alta en el HUVA el día 13 de octubre de 2017 sin pauta de Sintrom, dejándolo para pautarla el siguiente día 16, y la oclusión de la arteria central de la retina, probablemente secundaria a émbolo cardiaco, que le ha dejado ciego total del ojo derecho.


En el presente caso, no aporta el reclamante al expediente ningún elemento de prueba en el que se sostenga su reclamación, a pesar de que le obliga a ello el principio sobre distribución de la carga de la prueba que se contiene en el artículo 217.2 LEC, que resulta de aplicación en materia administrativa. Así, en dicho precepto se establece que "Corresponde al actor... la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda...".


Es por ello por lo que para poder determinar si ha existido o no vulneración de la lex artis será preciso acudir a los informes de los profesionales que obran en el expediente, y, en particular, al informe médico-pericial remitido por la compañía aseguradora del SMS, que, aunque no goza del valor reforzado del informe de la Inspección Médica, está lo suficientemente fundamentado como para atribuirle la objetividad e imparcialidad necesarias.


Así, dicho informe, indica, en primer lugar, que "Lo que se planteó tanto en el Hospital como en el centro de salud fue la realización de terapia puente con heparina de bajo peso molecular, lo cual en paciente de alto riesgo trombótico está contemplado en las guías de consenso de manejo perioperatorio del tratamiento antitrombótico. El hecho de que el INR no se encontrara en rango de anticoagulación no implicaba que el paciente no se encontrara anticoagulado, ya que tenía pautado el tratamiento con heparina de bajo peso molecular... es frecuente su uso en esta situación clínica y distintos estudios observacionales indican que su empleo es seguro en esta situación.

Finalmente, la complicación padecida por el paciente, aunque podría estar en relación con una complicación por un émbolo originado en el corazón, en otras ocasiones puede estar relacionada con otras causas, incluyendo ateroesclerosis, presentando el paciente un factor de riesgo al ser fumador". Por ello se concluye que la pauta médica se realizó de acuerdo con la lex artis.


En definitiva, el hecho de que no se le pautara el Sintrom desde el día del alta del hospital no significa que el reclamante no estuviera anticoagulado puesto que estaba en tratamiento con heparina, indicada para estos casos, no estando probada la relación directa entre la oclusión de la arteria central de la retina en el paciente, con un embolismo coronario, pudiendo ser causa también en una ateroesclerosis.


En el mismo sentido, y con total claridad, en el informe del Jefe de Sección de Neurología del HUVA se afirma que "El tratamiento que llevaba el paciente cuando sufrió la pérdida de visión era TOTALMENTE CORRECTO ya que para prevenir los riesgos embólicos derivada de su arritmia cardiaca estaba siendo tratado con Clexane 80 mg cada 12 horas por vía subcutánea lo cual es suficiente, aunque no evita de manera total y absoluta la formación de émbolos cardiacos..."; afirmando con rotundidad que "no existía infradosificación de Sintrom como causa de su embolia ya que estaba protegido por el Clexane y se trataba del escalado de dosis".


Igualmente, en el informe del Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Cardiovascular del HUVA se indica sin lugar a duda que la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante "provoca una anticoagulación completa independientemente de la pauta de Sintrom administrada".


En efecto, según el informe del Jefe de Servicio de Hematología del HUVA la heparina "se usa como tratamiento anticoagulante hasta alcanzar el rango óptimo del mismo".


Por todo lo expuesto, este Consejo Jurídico considera que la reclamación debe desestimarse, al no haber quedado acreditada la existencia de infracción de la "lex artis" y, en consecuencia, la existencia de un daño antijurídico susceptible de provocar la responsabilidad patrimonial de la Administración.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA. - Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación por no haberse acreditado relación de causalidad alguna entre los daños alegados y el funcionamiento del servicio público sanitario.


No obstante, V.E. resolverá.