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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 261/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 261/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 20 de junio de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 15 de marzo de 2019, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 103/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 3 de agosto de 2015, una Letrada que actúa en nombre y representación de D.ª X, presenta reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños que dice haber sufrido como consecuencia del anormal funcionamiento del Servicio Murciano de Salud.


Relata la reclamante que el 4 de agosto de 2014 acude al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" de Murcia, por haber sufrido una caída 48 horas antes. Fue diagnosticada de fractura de extremo distal del radio.


Desde el 4 de agosto de 2014 hasta el 5 de febrero de 2015 permaneció de baja laboral, dada la incapacidad funcional que dicha lesión le suponía para el desarrollo de su profesión de auxiliar de enfermería. Afirma, además, que sufrió un episodio depresivo reactivo ante dicha situación, que continúa en el momento de presentar la reclamación.


Según manifiesta, la caída se produjo como consecuencia del estado de ansiedad que le provocó un diagnóstico erróneo de cáncer de grado III efectuado el 30 de julio de 2014, tras someterse a una citología. Se le realizaron pruebas diagnósticas complementarias con el fin de confirmar tan grave enfermedad, que en octubre de 2014 dieron resultados negativos para patología oncológica.


Afirma la reclamante que los dos meses transcurridos desde el primer diagnóstico y hasta que se descarta la existencia de cáncer, lo fueron de angustia, afectando a su situación emocional, todo lo cual le ocasionó el accidente en la calle con fractura de radio y posterior cuadro depresivo mayor, que imputa a los servicios sanitarios del Servicio Murciano de Salud.


Solicita ser indemnizada por el daño moral sufrido, para cuya cuantificación económica acude a la que correspondería a la lesión en el brazo conforme al sistema de valoración contenido en la legislación de seguro y responsabilidad civil por daños padecidos en accidentes de circulación. El cálculo que realiza asciende a 16.494,68 euros en concepto de días de incapacidad temporal.


Aporta junto a la reclamación copia del poder para pleitos que otorga la representación de la interesada a la Letrada actuante, así como diversa documentación clínica.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, se ordena su instrucción al Servicio Jurídico del indicado ente público sanitario, que procede a comunicar a la interesada la información prescrita por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), al tiempo que recaba del Hospital "Virgen de la Arrixaca" y de la Subdirección General de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica una copia de la historia clínica de la interesada e informe de los profesionales que le prestaron la asistencia sanitaria.


Asimismo, da traslado de la reclamación a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la aseguradora del Servicio Murciano de Salud.


TERCERO.- Recibida la documentación solicitada, destacan los siguientes informes:


- Informe clínico psiquiátrico, de 16 de julio de 2015:


"Antecedentes en consulta de psiquiatría entre 1999 y 2010. Actualmente es valorada en marzo de 2015 por presentar tristeza, labilidad emocional, insomnio global, anhedonia y ansiedad que se manifiesta también en forma crítica. La paciente relaciona su estado emocional con la incapacidad funcional generada tras fractura de muñeca ocurrida hace 11 meses que le dificulta sus actividades laborales y de vida diaria. En última revisión (09/07/2015) no se observan cambios significativos, persistiendo las alteraciones del humor. J.C. Trastorno depresivo mayor".


- Informe del Responsable de la Unidad Ginecológica Oncológica de fecha 16 de octubre de 2015, que tras relatar las actuaciones realizadas respecto a la paciente desde la primera visita fechada el 13 de agosto de 2014, afirma que tras las pruebas efectuadas, que incluyen una biopsia de cérvix, el 9 de octubre de 2014 "se concluye que la paciente tiene una displasia leve de cérvix (CIN I), con HPV negativo y se recita para revisión con nueva ecografía y realización de nuevos estudios. No se constata la presencia de una lesión intraepitelial de alto grado, como se aporta en la citología extrahospitalaria (...) Analizados estos datos de su historia clínica, he de concluir que los procedimientos clínicos y diagnósticos utilizados en esta Unidad, así como la derivación por parte de su ginecólogo de la UGA, han sido en todo momento correctos, exhaustivos, y acordes a los protocolos vigentes.


La paciente fue derivada desde su Centro de Salud para proceder a los procedimientos diagnósticos de despistaje del cáncer de cérvix en una Unidad hospitalaria especializada, dado que la prueba de despistaje o cribaje (screening poblacional) realizada en Atención Primaria (una citología c-v) había detectado una lesión preneoplásica. No un cáncer de cérvix, ya que como he dicho la citología es una prueba de despistaje, y nunca una prueba de diagnóstico definitivo. Dudo que se le haya informado a la paciente que tiene un cáncer, cuando para ello es necesaria la realización de una biopsia".


CUARTO.- El 2 de noviembre de 2015 se recaba el preceptivo informe de la Inspección Médica. No consta que haya sido evacuado.


QUINTO.- El 16 de julio de 2018 se confiere trámite de audiencia a los interesados. Tras obtener vista del expediente, la actora no formula alegaciones adicionales.


SEXTO.- Con fecha 8 de marzo de 2019, la instrucción formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al considerar que no concurren todos los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, singularmente el nexo causal entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público sanitario.


En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos, se remite el expediente en solicitud de dictamen mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el pasado 15 de marzo de 2019.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, ya que versa sobre una reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial se ha formulado ante la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con los artículos 142.3 LPAC y 12.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (RRP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico aplicable, legitimación, plazo y procedimiento.


I. En cuanto al régimen jurídico que resulta de aplicación a este procedimiento, conviene recordar que la LPAC ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que junto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


Sin embargo, la Disposición transitoria tercera, apartado a), de la LPACAP dispone que no resulta de aplicación a los procedimientos que, como el que es objeto del presente Dictamen, se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor, que se regirán por la normativa anterior. En consecuencia el régimen legal aplicable en el supuesto sometido a consulta es el que establecía la LPAC.


II. La reclamante, en tanto que sujeto que padeció el daño moral alegado, está legitimada para solicitar su resarcimiento.


La Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


III. En relación con el requisito del plazo, el artículo 142.5 LPAC establece que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Según manifiesta la interesada, el daño por el que reclama es de tipo moral y lo identifica con la situación de ansiedad que vivió durante dos meses desde el momento en que le fue diagnosticado un cáncer que finalmente se descubrió que no padecía. La enfermedad oncológica fue descartada en octubre de 2014, por lo que de conformidad con la doctrina de la actio nata, no es hasta esa fecha que la interesada es consciente de todos los elementos que pueden fundamentar la acción, singularmente el pretendido error diagnóstico que le causó la grave situación emocional derivada de creer que era portadora de tan grave enfermedad y que determinaría el carácter antijurídico del daño padecido. Cabe recordar que en su sentencia de 29 de enero de 2013, que cita otras anteriores, el Tribunal Supremo ha recordado que, conforme a la jurisprudencia de la Sala sobre el cómputo del plazo de prescripción de un año establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, "ésta no puede ejercitarse sino desde el momento en que resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos. Esta doctrina tiene su origen en la aceptación por este Tribunal del principio de la «actio nata» (nacimiento de la acción) para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad".


En consecuencia, la reclamación presentada en agosto de 2015 ha de calificarse de temporánea.


IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, si bien se advierte que se ha sobrepasado en exceso el plazo de tramitación del procedimiento al que se refiere el artículo 13.3 RRP.


Por otra parte, en cuanto a continuar el procedimiento sin haber llegado a evacuarse el informe de la Inspección Médica, conforme al Protocolo de Agilización de los procedimientos de responsabilidad patrimonial aprobado por el Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud en fecha 27 de mayo de 2011, este Órgano Consultivo muestra su conformidad con tal decisión en el presente caso, puesto que concurre el supuesto considerado en nuestro Dictamen núm. 193/2012: "sólo cabrá continuar los trámites del procedimiento de responsabilidad patrimonial una vez transcurrido el plazo máximo de tres meses previsto en el artículo 42.5,c) LPAC sin que se haya evacuado el informe preceptivo y determinante, cuando en el expediente existan suficientes elementos de juicio para adoptar la decisión que resuelva el procedimiento, pues de lo contrario la Administración no podría resolver expresamente sobre el fondo hasta tanto no fueran emitidos aquellos informes y cumplidos los demás trámites preceptivos". Efectivamente, la decisión contenida en la propuesta de resolución elevada se sostiene en suficientes elementos de juicio, dado que tanto los informes del Servicio de Oncología Ginecológica y de Salud Mental, como los obrantes en la historia clínica permiten conocer la praxis seguida con la paciente, que el informe del indicado Servicio confirma la adecuación a la lex artis de la asistencia sanitaria dispensada a la paciente, y dado que la reclamante no ha presentado prueba pericial que rebata los informes técnicos obrantes en el expediente y dé soporte a su alegación relativa a que se le diagnosticó de forma errónea un cáncer, aun cuando a ella le correspondía la carga de acreditar tal error.


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario: consideraciones generales.


La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada lex artis ad hoc, o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03 de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente (SAN, Sección 4ª, de 18 de septiembre de 2002, y STS, Sala 3ª, de 14 de octubre de 2002). La lex artis, así, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa cuando del ámbito sanitario se trata, como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones. Por todas, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: "ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".


El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala 1ª, de 24 de mayo de 1999, entiende que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia (...) (ello) supone tomar en consideración el caso concreto en el que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo) o exógenos (incidencia de sus familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar el acto como conforme o no a la técnica media normal requerida".


En este sentido, sólo en el caso de que se produzca una infracción de la lex artis responde la Administración de los daños causados, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado parámetro de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad, que podría declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que no pudieran evitar la muerte de un paciente, o las lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica realizada conforme a la lex artis, entre otros supuestos posibles.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


Este medio probatorio, sin embargo, no ha sido utilizado por la reclamante, que se ha limitado a proponer como única prueba la documental consistente en la historia clínica de la paciente. Ello ha de tener negativas consecuencias para la prosperabilidad de su acción, pues de la sola contemplación de los documentos contenidos en el expediente, un órgano lego en Medicina como es este Consejo Jurídico difícilmente podrá concluir en contra de lo apreciado por los facultativos informantes, quienes en el supuesto ahora sometido a consulta sostienen la adecuación a normopraxis de lo actuado.


CUARTA.- Actuaciones anómalas que se imputan al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios.


Afirma la interesada que el 30 de julio de 2014 se le diagnosticó un cáncer de grado III que, sin embargo, no padecía, como se puso de manifiesto dos meses después tras la realización de diversas pruebas que descartaron la presencia de patología oncológica.


Sin embargo, los documentos en los que la paciente pretende fundamentar la realidad del indicado diagnóstico de cáncer y que aporta junto a su reclamación (Docs. 8 y 9, páginas 21 y 22 del expediente) en absoluto muestran un diagnóstico de cáncer. Se trata de sendos informes de consulta del Servicio de Oncología Ginecológica en los que se recoge que la paciente es "enviada de zona por citología (Cerba) con H-SIL".


En realidad es en el resultado de esta citología, realizada el 18 de julio de 2014, donde la paciente puede creer que se encuentra el diagnóstico de cáncer grado III, pues el resultado que arroja dicha prueba, es de "lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL/CIN III)".


Sin embargo, dicho resultado no es un diagnóstico y, ni aunque lo fuera, podría identificarse con un cáncer de nivel III.


Así lo razona el facultativo del Servicio de Oncología Ginecológica que recibió a la paciente con este resultado tras su derivación por Atención Primaria para efectuar las pruebas de despistaje necesarias, tendentes a establecer si existía cáncer o no, pues aunque el resultado de la citología realizada en julio apuntaba a la presencia de una lesión intraepitelial de alto grado, dicho resultado alertaba de la eventual existencia de "una lesión preneoplásica. No un cáncer de cérvix". Continúa señalando el facultativo que "la citología es una prueba de despistaje y nunca una prueba de diagnóstico definitivo". Y, de hecho, una vez constatados los resultados de la citología, y de conformidad con los dictados de la ciencia médica, se procede a realizar las pruebas de despistaje oportunas, descartándose la presencia de cáncer.


En consecuencia, no existe error de diagnóstico, porque el resultado de la citología no es un diagnóstico. El juicio clínico que este supone sólo se obtiene tras la realización de las pruebas de despistaje necesarias, singularmente una biopsia. Una vez obtenidos los resultados de tales pruebas se ofrece el diagnóstico, que en el caso de la Sra. X fue negativo a cáncer de cérvix, presentando únicamente una leve displasia.


Si bien la anterior conclusión sería suficiente en orden a desestimar la reclamación, pues faltaría el presupuesto fáctico en que aquélla se basa, es decir, la existencia de un diagnóstico erróneo, cabe añadir que tampoco puede considerarse acreditado que la caída a resultas de la cual sufrió una fractura de radio estuviera vinculada causalmente con la actuación facultativa. En primer lugar, porque ni siquiera se han intentado acreditar las circunstancias del percance, lo que de por sí sería suficiente para descartar que tuviera su origen en la ansiedad padecida por la reclamante.


Por añadidura, la propia situación emocional que la interesada pretende anudar al alegado error de diagnóstico, según los informes psiquiátricos obrantes en el expediente, estaría ligada no tanto a aquél cuanto a la impotencia funcional que la caída le produjo. De hecho, en el informe psiquiátrico de fecha 16 de julio de 2015 (pág. 20 del expediente), se afirma categóricamente que "la paciente relaciona su estado emocional con la incapacidad funcional generada tras la fractura de muñeca ocurrida hace 11 meses que le dificulta sus actividades laborales y de vida diaria", sin que llegue a mencionarse siquiera la eventualidad de un error de diagnóstico como fuente de la ansiedad.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al no apreciarse la concurrencia de todos los elementos a los que el ordenamiento jurídico anuda el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en particular el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño alegado.


No obstante, V.E. resolverá.