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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 380/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por una caída en centro hospitalario.
Dictamen:

Dictamen nº 380/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 14 de junio de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por una caída en centro hospitalario (expte. 181/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 28 de diciembre de 2016 D.ª X presenta escrito de reclamación patrimonial frente al Servicio Murciano de Salud (SMS) por los daños sufridos por una caída en el vestuario-aseo femenino del área de quirófano del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza (HLG) el día 29 de diciembre de 2015.


Acompaña al escrito de reclamación diversos informes médicos y de baja laboral y fotografías del lugar del accidente.


En cuanto a la valoración del daño, no lo cuantifica, remitiéndose a una concreción posterior.


SEGUNDO.- Con fecha 14 de febrero de 2017, por el Director Gerente del SMS se admite a trámite la reclamación patrimonial formulada y se nombra instructor del expediente.


Al mismo tiempo la reclamación se notificó a la Gerencia de Área de Salud IX -HLG- y a la Correduría Aón Gil y Carvajal, S.A. a efectos de su traslado a la Compañía Aseguradora del Servicio Murciano de Salud.


TERCERO.- Recabada la historia clínica de la reclamante, el informe de los profesionales implicados y de la empresa de limpieza, constan en el expediente los siguientes informes:


1º. De D. Y, enfermero del Servicio de Quirófano del HLG que fue testigo de los hechos, y en el que relata:


"el día 29 de diciembre de 2015, encontrándome de servicio en el quirófano de urgencias de dicho hospital, al entrar a los vestuarios mi compañera X sufrió una caída justo al pasar el quicio de la puerta del vestuario femenino, encontrándose en ese momento el suelo mojado por las operaciones de limpieza diarias y no encontrando ningún tipo de señalización que avisara sobre el estado del suelo".


2º. De D.ª Z, Supervisora del Área Quirúrgica del HLG, en el que indica:


"...que el día de los hechos estaba de permiso.


Con respecto a la utilización de calzas en el Área Quirúrgica, el personal fijo del servicio no los lleva nunca, puesto que tiene un calzado específico y único para esta zona (que son zuecos). Las calzas son de obligado uso para todo el personal ajeno al servicio que por cualquier motivo deba acceder al Área Quirúrgica.


En la fecha en la que ocurrieron los hechos, de forma habitual no era costumbre señalizar por el servicio de limpieza cualquier suelo mojado. Lo que en la actualidad sí observamos que se haga de forma habitual".


3º. Del Grupo Generala, empresa que en el momento de los hechos era la adjudicataria del contrato de limpieza del Hospital, que, en lo que aquí interesa, expone:


"4º.- Que conforme instrucciones en el escrito recibido esta mercantil ha procedido a comprobar el día 29 de diciembre de 2015, día en el que se produjeron los hechos, los partes de trabajo y en los mismos se señala que los trabajos en el área de Quirófano se realizaron conforme procedimiento; estando la zona señalizada para tal efecto.


5º.- A lo que debemos comunicar a los efectos oportunos que puestos en contacto con las trabajadoras responsables del servicio ese día comunican que resbaló una señora por llevar calzas para entrar en quirófano y no porque el suelo estuviera mojado, y que aun estando mojado el mismo estaba señalizado correctamente".


CUARTO.- Con fecha 17 de mayo de 2017 por la instrucción del expediente se procede a la apertura del trámite de audiencia, formulándose alegaciones por la reclamante en el sentido de que no cabe la apertura del trámite de audiencia cuando no se ha abierto el trámite de prueba, proponiendo en dicho escrito la documental obrante en autos, más documental consistente en fotografías y videos del lugar de los hechos, documental médica, informe pericial del Dr. P y testifical de D. Q. Igualmente, cuantifica la indemnización en 58.371,84 euros.


QUINTO.- En el informe pericial aportado por la reclamante, elaborado por el Dr. P, Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y en Valoración del Daño Corporal, se indican como secuelas: hombro derecho doloroso (5 puntos); limitación de la movilidad del hombro (8 puntos); trastorno depresivo reactivo (7 puntos); y, perjuicio estético ligero (3 puntos). Además preciso 338 días para alcanzar la estabilidad lesional, siendo el total de ellos impeditivos; y existe incapacidad permanente parcial.


SEXTO.- Con fecha 13 de junio de 2017 por el instructor del expediente se solicita de la mercantil "Grupo Generala", entre otros documentos, que por las trabajadoras que prestaban servicio en el área de quirófano el 29 de diciembre de 2015 se redacte un escrito por cada una de ellas relatando más en detalle los hechos en que se basa la reclamación. Petición que se reitera con fecha 7 de agosto de 2017, sin que conste que haya sido cumplimentado por la empresa.


SÉPTIMO.- Practicada la prueba testifical de D. Q, arroja el siguiente resultado:


"POR PARTE DE LA INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS


Pregunta 1: ¿En qué horario prestó usted servicios el 29 de diciembre de 2015 en el Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza?

Respuesta. No trabajé ese día pero fui a recoger los uniformes sucios para lavarlos en casa.


Pregunta 2: ¿Presenció usted la caída de Dª X?

Respuesta. Sí.


Pregunta 3: ¿Recuerda el lugar exacto donde se produjo la caída y la hora en la que se produjo?

Respuesta de 16:30 a 17:00 y el lugar fue entrando en la puerta del vestuario femenino del área de quirófanos.


Pregunta 4: ¿Había en el lugar algún tipo de señalización que indicara que el suelo estaba mojado?

Respuesta. No.


Pregunta 5: ¿Ayudó a Dª X tras la caída?

Respuesta. Intenté pero me dijo que no lo hiciera porque tenía mucho dolor.


Pregunta 5: ¿Conoce o tiene amistad con Dª X?

Respuesta. Compañera de trabajo en mi mismo servicio (reanimación y quirófano).


Pregunta 6: Según la reclamación que presentó Dª X la caída se produjo en el vestuario-aseo femenino del área de quirófano, ¿se encontraba usted allí en ese momento?

Respuesta. En la zona común de acceso a los vestuarios femenino y masculino y estando justo detrás de ella a unos 2 metros vi cómo cayó de bruces exactamente al entrar en el vestuario femenino porque el suelo se encontraba mojado.


La letrada Dª R formula las siguientes preguntas:


1º ¿Cómo sabe que el suelo estaba mojado?

Respuesta. Porque al acercarme a levantarla cosa que no fue posible porque el dolor era inaguantable me percaté de que el suelo estaba mojado incluso el uniforme.


2º ¿Estaba mojado por la tareas de limpieza?

Respuesta. Sí, por supuesto. Vi el carrito de la limpieza y la limpiadora dijo "ha sido por mi culpa" cuando se acercó a Dª X.


3º Se le exhibe la foto del folio 60 y preguntado si ese es carrito que observó o una similar dice que sí.


4º Se le exhibe la foto del folio 52 y preguntado si es el lugar exacto de la caída contesta afirmativamente.


5º ¿Cómo es el acceso al vestuario?

Respuesta. Estrecho y en forma de L.


6º ¿El lugar de la caída es perfectamente visible desde el lugar en el que se encontraba?

Respuesta. Si, lo es.


7º ¿El suelo mojado es fácilmente distinguible del seco en el lugar exacto en el que se produjo la caída?

Respuesta. No, a no ser que lo mires de muy cerca.


8º ¿Dª X llevaba calzas en el momento de sufrir la caída?

Respuesta. No, nunca.


9º ¿El suelo del quirófano y del vestuario son del mismo tipo?

Respuesta. No, el del quirófano es antideslizante y el del vestuario es plaqueta.


10º ¿Tras los hechos observó que se colocaba el cartel de precaución de suelo mojado?

Respuesta. Si, unos días después aunque en la actualidad sigue sin ponerse.


11º ¿Sabes el nombre de la limpiadora que se acercó después de la caída diciendo que había sido su culpa?

Respuesta. S.


12º ¿Le consta que personal perteneciente a la empresa de limpieza se encontrara cerca?

Respuesta. Solamente estaba S".


OCTAVO.- Con fecha 14 de diciembre de 2017 se procede por el instructor del expediente a la apertura del trámite de audiencia, formulando la interesada alegaciones en el sentido de realizar nueva valoración de la indemnización solicitada en cuantía de 84.603,95 euros; completando dichas alegaciones mediante escrito presentado con fecha 2 de enero de 2018, concluyendo que de la prueba documental y testifical practicada ha quedado probado que la reclamante sufrió una caída en el HLG el día 29 de diciembre de 2015 en la entrada del vestuario femenino del área de quirófano, como consecuencia de que el suelo estaba mojado tras las labores de limpieza sin que hubiera señalización alguna avisando de tal circunstancia, de lo que es responsable el SMS por no mantener las instalaciones en las condiciones de seguridad exigibles. Actualiza la cuantía de la indemnización a la cantidad de 88.179,61 euros.


NOVENO.- Con fecha 8 de marzo de 2018, por el instructor del expediente se ordena la práctica de la prueba testifical de D. Y, resultando ésta infructuosa.


DÉCIMO.- Abierto nuevo trámite de audiencia con fecha 10 de abril de 2018, la reclamante formula alegaciones con fecha 28 de abril de 2018, reiterándose en las alegaciones anteriores.


UNDÉCIMO.- La propuesta de resolución, de 29 de mayo de 2018, desestima la reclamación de responsabilidad instada al considerar que no concurren los requisitos previstos en la LPACAP para la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración.


DUODÉCIMO.- Con fecha 14 de junio de 2018 se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La LPACAP, junto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Dichas Leyes entraron en vigor el día 2 de octubre de 2016 (Disposición final séptima LPACAP y Disposición final decimoctava de la LRJSP), por lo que habiéndose presentado la reclamación con fecha 28 de diciembre de 2016, le son plenamente aplicables.


II. La reclamante ostenta legitimación activa para reclamar una indemnización, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de la LRJSP, por los daños físicos sufridos tras la caída.


La facultad de reclamar por los daños causados por el funcionamiento de un servicio público, cuando aquéllos se han sufrido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones, ha llevado a plantearse en qué medida el encontrarse en una situación de sujeción especial, como es la relación estatutaria con la Administración, lleva consigo la obligación de soportar los posibles daños que puedan producirse en el seno de la misma. En efecto, los artículos 106.2 de la Constitución y 32 de la LRJSP hablan del derecho de los "particulares" a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos. La posibilidad de encuadrar dentro del término "particulares" también a los funcionarios públicos cuando los daños por los que reclaman se han causado en el ejercicio de sus funciones públicas, ha sido expresamente admitida por el Tribunal Supremo. Así, la Sentencia de 10 de junio de 1998), se pronuncia en estos términos: "aunque sea cierto que el mentado precepto establece el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, no puede caber la menor duda de que cuando el legislador incorpora el término «particulares», lo está haciendo en el sentido de reputar legitimados, en primer lugar y por lo que respecta al supuesto que enjuiciamos a todos los ciudadanos, contraponiéndolos al Estado como responsable de los daños y perjuicios causados por la actividad administrativa de los distintos órganos de la misma naturaleza incardinados en aquél, sin que en modo alguno quepa excluir de la responsabilidad proclamada, pese a cuanto ha sido afirmado en estos autos, los daños que sufran los funcionarios «en cuanto insertos en la relación funcionarial», o «en el marco de una relación jurídico-estatutaria especial".


En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la Administración regional en tanto que es titular del servicio público sanitario, a cuyo defectuoso funcionamiento se pretende imputar el daño.


III. La acción resarcitoria ha de considerarse temporánea, toda vez que se ejercitó mediante escrito presentado con fecha 28 de diciembre de 2016, antes del trascurso del año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 LPACAP, puesto que el hecho causante de la reclamación se produjo el 29 de diciembre de 2015.


IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales que integran esta clase de procedimientos, salvo el plazo máximo para resolver que excede el previsto en el artículo 91 LPACAP.


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial: el nexo causal y la antijuridicidad del daño. Inexistencia.


Debemos partir de la consideración de que el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que tiene su fundamento en el artículo 106.2 de la Constitución, y su desarrollo en los artículos 139 y siguientes de la LPAC, y en la actualidad, en la LPACAP y en la LRJSP, supone la concurrencia de los siguientes requisitos, según una constante y reiterada jurisprudencia, de la que puede destacarse la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 2016 (recurso 2611/2014):


a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.


c) Ausencia de fuerza mayor.


d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta.


Ha destacado esa misma Sala (por todas, en Sentencia de 16/3/2016, RC 3033/2014), que es el concepto de lesión el que ha permitido configurar la institución de la responsabilidad patrimonial con las notas características de directa y objetiva, dando plena armonía a una institución como garantía de los derechos de los ciudadanos a no verse perjudicados de manera particular en la prestación de los servicios públicos que benefician a la colectividad, y que ese concepto de lesión se ha delimitado con la idea de constituir un daño antijurídico. Pero que: "... lo relevante es que la antijuridicidad del daño es que no se imputa a la legalidad o no de la actividad administrativa -que es indiferente que sea lícita o no en cuanto que la genera también el funcionamiento anormal de los servicios- o a la misma actuación de quien lo produce, que remitiría el debate a la culpabilidad del agente que excluiría la naturaleza objetiva; sino a la ausencia de obligación de soportarlo por los ciudadanos que lo sufren. Con ello se configura la institución desde un punto de vista negativo, porque es el derecho del ciudadano el que marca el ámbito de la pretensión indemnizatoria, en cuanto que sólo si existe una obligación de soportar el daño podrá excluirse el derecho de resarcimiento que la institución de la responsabilidad comporta... Interesa destacar que esa exigencia de la necesidad de soportar el daño puede venir justificada en relaciones de la más variada naturaleza, sobre la base de que exista un título, una relación o exigencia jurídica que le impone a un determinado lesionado el deber de soportar el daño".


En el presente supuesto no se imputa el daño a la actuación médica de los servicios sanitarios, sino a sus elementos materiales (suelo del vestuario-aseo del HLG), en donde se presta dicho servicio, por lo que conviene recordar que cuando el elemento real presuntamente causante del daño está dedicado o afecto a un servicio público, no cabe considerar dicho elemento ajeno al servicio. Pues como recuerda la STS, Sala 3ª, de 21 de abril de 1998: "...lo que distingue la actividad administrativa en el sentido de los servicios públicos a los que se refiere la ley cuando disciplina la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no es que sus elementos instrumentales sean diferentes o estén modificados en función de una actividad prestacional o de otra índole de la Administración, sino el fin a que en su conjunto la actividad administrativa se dirige (satisfacción de los intereses generales), el carácter con que lo hace (de modo continuo o regular), los límites a que está sujeta (los fijados por la atribución de potestades por el ordenamiento jurídico) y las prerrogativas inherentes a la específica regulación del ejercicio de las potestades en el marco del derecho público. Los elementos personales o reales que se integran en la actividad administrativa no deben ser diferentes de los necesarios para el desarrollo de cualquier actividad humana útil o productiva, pues su característica radica en la afección teleológica o instrumental al servicio...". Desde este punto de vista no ofrece duda que la zona donde se produjo la caída se integra instrumentalmente en el servicio público, puesto que se trata de los vestuarios del personal del Área Quirúrgica del HLG.


No obstante, con ocasión de anteriores Dictámenes, el Consejo Jurídico ha destacado que el instituto de la responsabilidad patrimonial no puede desnaturalizarse de manera que se convierta en un seguro a todo riesgo, haciendo de la Administración un centro de imputación de cualquier lesión, que conduciría a la larga a la paralización de la vida, administrativa o no, ya que la simple coexistencia en el tiempo y en el espacio de acciones no ligadas causalmente, constituirían al titular de tales acciones en asegurador universal de cualquier contingencia; en tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª, de 4 de mayo de 1998 (Dictámenes números 76/1999 y 84/2002). De manera coincidente se pronuncia la Sentencia de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo, de 5 de julio de 1998.


Cabe añadir que mantener sin más que cualquier daño producido en los locales públicos en general puede desplegar los efectos indemnizatorios de la responsabilidad patrimonial, constituiría una interpretación desmesurada de este instituto jurídico.


A este respecto, el Consejo de Estado ha afirmado, entre otros en su Dictamen núm. 3156/1999, que el hecho de que la responsabilidad patrimonial sea objetiva no implica que deba responderse de todos los daños causados en centros públicos; muy al contrario, debe estarse a las circunstancias del caso concreto, que han de mostrar el daño y, sobre todo, la imprescindible relación causal.


En el caso que da origen al presente dictamen, la reclamante ha acreditado el daño por los diversos informes médicos que obran en el expediente. Pero, además, es necesaria la concurrencia de otros requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial de la Administración, lo que procedemos a examinar a continuación.


Esta Consejo Jurídico viene destacando, que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración corresponde a quien la reclama. Es decir, ha de probar el nexo causal o relación causa-efecto entre el resultado dañoso y el funcionamiento del servicio público, lo que supone que le corresponde probar la existencia del accidente y que los daños sufridos derivan de que el suelo se encontraba mojado y sin señalización. Como recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de octubre de 2014 (recurso 984/2013) la prueba en supuestos de caídas: "(...) se concreta, en esencia, en la acreditación del punto o lugar en el que en concreto la apelante se cayó, de la necesidad de pasar por el mismo y, sobre todo, de cómo se produjo la caída y de que ella se debió a las inadecuadas condiciones del pavimento, cuestión ésta última en la que se centra el principal punto de debate en el caso que venimos analizando".


La reclamante aduce que el daño se produjo al resbalar en una superficie mojada sin señalización en el vestuario-aseo del área de quirófano del HLG. Aportó como prueba de su afirmación, unas fotografías del lugar en el que supuestamente se produjo la caída, informes médicos, informes de baja/alta y un informe pericial.


Por su parte, junto con la historia clínica de la reclamante, el Área de Salud IX de la Vega Alta del Segura remite los informes de D. Y, enfermero del Servicio de Quirófano que supuestamente presenció los hechos, el informe emitido por la empresa de limpieza y el emitido por la Supervisora del Área Quirúrgica.


Las fotografías aportadas al expediente no sirven para acreditar el nexo causal entre los daños sufridos y el funcionamiento de los servicios públicos porque, lógicamente, no sirven para acreditar que fueron tomadas el día que la reclamante indica se produjo la caída, ni prueban que la caída se produjo en dicho lugar ni la existencia de suelo mojado.


Lo mismo cabe decir de los informes médicos y del informe pericial, que solo acreditan que la reclamante sufrió unas lesiones, pero no sirven para probar que se cayera en el lugar alegado ni las circunstancias en que se produjo el accidente.


Por lo que se refiere a la prueba testifical practicada, a instancias de la reclamante, ante el instructor del expediente, a D. Q, tampoco sirven para acreditar el relato de los hechos que sustenta la reclamación, pues, como se indica en la propuesta de resolución, "el testigo que no se encontraba trabajando el día de los hechos, ante la pregunta de qué hacía ese día y a esa hora en el Hospital contesta que fue a recoger los uniformes sucios para lavarlos en casa.


Consta en el expediente el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de limpieza vigente en el momento de producirse los hechos, en su página 43 (folio 267) se establece como obligación de la adjudicataria el lavado de ropa, por lo que no es creíble que el testigo fuera ese día a recoger los uniformes sucios para lavarlos en casa".


Además, hay que tener en cuenta que el Área de Salud referida solo señala como testigo del accidente al enfermero D. Y.


Por lo que respecta a la prueba documental en que consiste la declaración escrita de D. Y, éste indica "encontrándome de servicio en el quirófano de urgencias de dicho hospital...". Dado que el accidente se produce en el vestuario-aseo del Área Quirúrgica y no en el quirófano, no pudo ser testigo presencial de los hechos, por lo que se hubiera hecho particularmente necesario corroborar la veracidad de su declaración con la inmediación que solo permite la prueba testifical presencial, lo que no se pudo conseguir por su incomparecencia, a pesar de ser citado por el instructor del expediente (constando su notificación), y oponerse a la misma la propia reclamante, quién tampoco compareció.


En definitiva, del conjunto de la prueba practicada cabe concluir que la reclamante no ha probado la forma y circunstancias en que se produjo el accidente, por lo que cabe citar la sentencia de 30 de marzo de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso 595/2016) que considera que "de acuerdo con las normas de la carga de la prueba le corresponde al recurrente acreditar la concurrencia de todos los elementos legalmente exigidos para apreciar la responsabilidad patrimonial demandada, por lo que es él quien ha de pechar con las consecuencias de la deficiencia e insuficiencia de los datos aportados".


Por todo lo cual, coincidimos con la propuesta de resolución en que se ha acreditado el daño, pero no la relación de causalidad.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación por no existir relación de causalidad alguna entre los daños alegados y el funcionamiento del servicio público sanitario.


No obstante, V.E. resolverá.