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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2020
Número de dictamen: 126/20
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por Dª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 126/2020


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2020, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 11 de febrero de 2020 (COMINTER 38015/2020) y CD entregado en la sede de este Consejo Jurídico el día 12 de febrero de 2020, sobre responsabilidad patrimonial instada por Dª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 32/20), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El día 15 de noviembre de 2018 Dª. X presentó una solicitud de indemnización por los daños derivados del tratamiento a que se sometió en los Servicios de Ginecología y Urología del Hospital General Universitario "Virgen de la Arrixaca", tras su ingreso el día 20 de noviembre de 2017 para ser intervenida al día siguiente de histerectomía con doble salpinguectomía mediante laparoscopia por sospecha de útero adenomiolítico.


En su reclamación describe el proceso a que se había visto sometida a raíz de sufrir sangrado intermenstrual y dismenorrea sin respuesta al tratamiento mediante gestágenos a que venía siendo sometida. Tras la intervención quirúrgica, de la que fue alta el día 24 de noviembre de 2017, hubo de acudir en reiteradas ocasiones al Servicio de Urgencias de dicho hospital (los días, 29 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2017) por dolor y finalmente pérdida de líquido en la vagina, tratándose de orina según las pruebas que se realizaron, lo que permitió hacer el 4 de diciembre siguiente el diagnóstico de fístula uretero vaginal derecha, por lo que se le colocó un catéter "Doble J", siendo alta el día 9 de diciembre de 2017. Volvió a ingresar el 15 de diciembre para la ejecución de una cirugía correctora de la fístula con reimplantación ureteral derecha y, el siguiente día 21 volvió a colocarse el catéter y se le realizó una nefrostomía de seguridad ante la sospecha de padecer una obstrucción ureteral distal, siendo alta el 27 de diciembre de 2017. Posteriormente sufrió una recaída infecciosa que motivó su atención por el Servicio de Urología en donde se le cambió el catéter "Doble J" y se retiró el de nefrostomía el día 29 de diciembre de 2017.


Acudió nuevamente al Servicio de Urgencias el día 4 de enero de 2018 por dolor renal y fiebre de 38º, ingresando en el hospital Virgen de la Arrixaca el día 5 siguiente. En la Puerta de Urgencias se le realizó una ecografía en la que se apreció un posible hematoma en el riñón derecho sin identificación de pielonifritis. Se sustituyó el catéter ureteral el día 12 de enero. Realizada una TAC de control el 15 de enero se apreció un hematoma subcapsular en el riñón derecho, efectuándose una nueva pielonefritis el día 19 de enero, apreciando "[...] sistema pielicolicial derecho sin alteraciones, uréter normal en todo su trayecto excepto en su extremo distal donde presenta irregularidades en su pared que podrían estar en relación con cirugías previas".


Tras la descripción del proceso seguido concluye con un fundamento jurídico "Quinto.- De evaluación económica del perjuicio sufrido que ciframos en 600.000 € (días de baja añadimos a la baja derivada de la operación si hubiese hecho de forma normal o utilizando todos los medios a su alcance por parte de la administración sanitaria)".


No consta que a la reclamación inicial se acompañara documentación.


SEGUNDO.- Por resolución de 12 de diciembre de 2018 del Director Gerente SMS se admitió a trámite la reclamación presentada, se ordenó la incoación del expediente 726/18, y se designó al Servicio Jurídico de la Secretaría General Técnica del SMS como órgano encargado de la misma. Dicha resolución fue notificada a la interesada, a la Correduría de seguros "Aón Gil y Carvajal, S.A." para su traslado a la Compañía aseguradora, y a la Gerencia del Área de Salud I, Hospital General Universitario "Virgen de la Arrixaca" (HUVA) demandando la remisión de una copia compulsada de la historia clínica de la paciente y el informe de los profesionales implicados en el proceso asistencial de la interesada que deberían analizar los motivos en que se fundaba la reclamación. Al no recibir contestación, el 11 de febrero de 2019 se reiteró la petición al HUVA.


TERCERO.- Desde el HUVA se envió la documentación solicitada con escrito del 30 de abril de 2019. En ella figuraba, además de la historia clínica, los informes de la doctora Dª. Y (médico adjunto del Servicio de Ginecología), otro del doctor Z (médico del Servicio de Urología), y del doctor D. Z (médico del Servicio de Urología), anunciando que se estaba a la espera de la emisión de los informes de la doctora Q y de la doctora R, ambas del Servicio de Ginecología HUVA, que serían remitidos en cuanto se dispusiera de ellos. Los informes fueron enviados con comunicación interior del día 14 de mayo de 2019 junto con otro informe del doctor D. S.


CUARTO.- Mediante oficio de 14 de mayo de 2019 el órgano instructor comunicó a la reclamante la apertura del período de prueba, notificado el 30 de mayo siguiente. Contestó la interesada con escrito registrado el 4 de julio de 2019 proponiendo como prueba la documentación integrante del expediente administrativo y dando por reproducida la "[...]documental aportada con la reclamación de responsabilidad patrimonial".


QUINTO.- El instructor remitió copia del expediente instruido a la Correduría de seguros mediante oficio de 11 de julio de 2019 para que fuera sometido a consideración en la siguiente reunión a celebrar por la Comisión. En esa misma fecha remitió el expediente a la Subdirección General de Atención al Ciudadano e Inspección Sanitaria en solicitud de emisión del informe de la Inspección Médica.


SEXTO.- Obra unido al expediente un informe pericial emitido por el doctor D. T, médico especialista en obstetricia y ginecología, de la empresa "--" fechado el 23 de septiembre de 2019 en el que, tras analizar el expediente que se le había enviado concluye: "Dª X, fue adecuadamente diagnosticada y tratada según las indicaciones actuales de la ginecología.

Durante la realización del tratamiento quirúrgico, realizado por laparoscopia (histerectomía y doble salpinguectomía), se produjo una lesión ureteral que se visualizó clínicamente y diagnosticó al cabo de semana y media post realizado el tratamiento quirúrgico inicial.

La lesión ureteral fue tratada de forma acorde al estándar de tratamiento exigible, resolviéndose satisfactoriamente".


SÉPTIMO.- El órgano instructor acordó la apertura del trámite de audiencia el día 16 de diciembre de 2019 notificándolo a la interesada que presentó un escrito de alegaciones el día 5 de febrero de 2020 reiterando su petición de indemnización de 600.000 € al considerar acreditado "[...] que la intervención quirúrgica "no se realizó de manera correcta en sentido amplio y en sentido ad hoc [...]".


OCTAVO.- El 11 de febrero de 2020 se elevó propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación presentada al no concurrir los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial.


NOVENO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La reclamante tiene legitimación para formular la pretensión indemnizatoria objeto del presente procedimiento, por haber sufrido en su persona los daños que imputa al anormal funcionamiento de los servicios sanitarios del SMS, pudiendo ejercer su pretensión indemnizatoria a tenor de lo previsto por el artículo 32 LRJSP.


Por su parte, la Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse los daños al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios de su competencia.


II. En cuanto a la temporaneidad de la acción, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 LPACAP, no hay reparo que oponer, vista la fecha de los hechos y la de presentación de la reclamación.


  III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos. Consta en la propuesta de resolución (Hecho Séptimo) la justificación de haber continuado la tramitación del procedimiento sin esperar a la recepción del informe de la Inspección Médica porque a 11 de febrero de 2020 no se había recibido siendo así que se había solicitado el 11 de julio de 2018, entendiendo que había elementos de juicio suficientes para adoptar la decisión definitiva del procedimiento, en aplicación del Protocolo de Agilización del Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial aprobado por Acuerdo del Consejo de Administración SMS, en su sesión de 27 de mayo de 2011, y de la doctrina de este Consejo jurídico contenida, entre otros, en los dictámenes 127/04,176/03, y 193/12). Examinado el expediente se entiende acertada la decisión de continuar el procedimiento pero se ha de llamar la atención sobre el incumplimiento de su obligación por parte de la Inspección Medica.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa en materia sanitaria. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.

- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los razonablemente posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada "lex artis ad hoc", o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03, entre muchos otros, de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo (por todas, STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001) en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis ad hoc" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta en el caso de que se trate, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. La "lex artis", por tanto, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa, cuando del ámbito sanitario se trata.


Debe concluirse que sólo si se produce una infracción de la "lex artis" responde la Administración de los daños causados que puedan imputarse a dicha actuación infractora, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado criterio de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad administrativa, que habría de declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que, por ejemplo, no pudieran evitar la muerte de un paciente, o la producción de lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica, cuando la correspondiente actuación sanitaria fue realizada conforme a la "lex artis"; responsabilidad que, por lo dicho, no puede admitirse en estos casos u otros análogos.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


En cuanto a la Administración, la valoración de la asistencia prestada será ofrecida, además de por los médicos intervinientes, cuyo informe resulta preceptivo de conformidad con el artículo 10.1 RRP, por el de la Inspección Médica, que, en su calidad de órgano administrativo, se encuentra obligado a efectuar un análisis especialmente objetivo e imparcial de las actuaciones realizadas por los facultativos de la sanidad pública, lo que le otorga un singular valor a efectos de prueba, si bien, en el caso presente su ausencia no ha impedido la tramitación del procedimiento por las razones expresadas en la Consideración anterior.


CUARTA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y los daños por los que reclama indemnización. Falta de acreditación.


De la reclamación reseñada en el Antecedente Primero se desprende que se imputa a la Administración regional una mala praxis en la asistencia prestada a la reclamante a raíz de la intervención quirúrgica a que fue sometida el 21 de noviembre de 2017 en el HUVA, en la que se le practicó una histerectomía con doble salpinguectomía. Tal como consta en la historia clínica, entre los hallazgos se observó la existencia de adherencias laxas del anejo (ovario y trompa) a la cara posterior uterina. Ambos anejos eran normales, sin signos de endometriosis. Únicamente se apreciaba un útero globuloso de aspecto adenomiótico. En el informe de protocolo quirúrgico se especifica que se realizó una histerectomía laparoscópica reglada con exéresis de las trompas, conservando los ovarios. Al finalizar, se realizó una cistoscopia para comprobar la eyección de orina por los uréteres, para confirmar la permeabilidad de ambos uréteres hasta la vejiga urinaria. La intervención se desarrolló sin incidencias ni complicaciones, de acuerdo al protocolo operatorio. El postoperatorio inmediato cursó de manera favorable dando el alta el día 24 de noviembre de 2017.


El desarrollo posterior del proceso ginecológico es descrito en el informe de las doctoras Dª. Q y Dª. R, del Servicio de Ginecología HUVA, de 6 de mayo de 2019, del que podemos destacar algunos párrafos, como por ejemplo: "A partir del 8º día tras la cirugía, la paciente consulta en varias ocasiones en urgencias por dolor en fosa ilíaca derecha, que inicialmente se consideró normal, pero los días siguientes ya refería la salida de líquido por vagina. En las primeras determinaciones de este líquido vaginal no se constató que fuera orina. Ante la persistencia de dolor y emisión de líquido por vagina, se contactó telefónicamente con la paciente para estudio. Se realizó una exploración con instilación de azul de metileno en la vejiga urinaria, pero no se constató fístula vésico-vaginal. Se confirmó que el líquido vaginal era orina mediante la realización de un UroTAC (5-12-2017), pero la orina era procedente de una fístula urétero-vaginal, es decir había una fuga en la cara medial del uréter hasta el muñón vaginal. Posteriormente al observarse una retención de orina en la pelvis renal, hidronefrosis grado ll, se procedió a la realización de una Nefrostomía percutánea de descarga de orina (directamente del riñón a la piel), para evitar el daño renal, derivado de un reflujo procedente del uréter derecho, secundario a este hallazgo. Se programó la realización de la corrección del defecto para el 15-12-2019, por lo que la paciente fue dada de alta para ingresar para la cirugía urológica.


La cirugía se realizó el 15 de diciembre, cursando sin incidencias. Reimplantándose el uréter en la vejiga de nuevo. Pero a los pocos días se constató una pielonefritis de ese riñón por lo que hubo que volver a realizar una nueva nefrostomía para evacuar la infección, así como la colocación de un drenaje doble JJ (que consiste en la canalización del uréter desde la pelvis renal hasta la vejiga).


Teniendo en cuenta que el cuadro cursó de manera tórpida con recaídas por sobreinfección de riñón, las pruebas analíticas que se realizaron esos días ponían de manifiesto Leucocitosis con PCR elevada (por la infección) y un cuadro paulatino de disminución de la hemoglobina. Esta anemia secundaria al proceso infeccioso requirió una transfusión sanguínea para mejorar el estado de la paciente [...]. El día 27-12-2017 la paciente fue dada de alta por parte del Servicio de Ginecología.


Posteriormente, la paciente tuvo una recaída infecciosa, pero ya fue ingresada a cargo del Servicio de Urología, donde hubo que realizar cambios de los catéteres doble JJ, y el cierre de la nefrostomía".


Por parte del Servicio de Urología emitió informe el doctor D. S el día 9 de abril de 2019. La segunda fase del tratamiento de la paciente, que se desarrolló a cargo de este Servicio, es descrita indicando que "El 7/12/2019, por RVI: Mediante control de imagen y anestesia local se realiza nefrostomia derecha. Se coloca cateter de drenaje tipo Pigtail de 8Fx25cm con seda autorretentiva. Se realiza pielografia apreciando extravasación de contraste a nivel distal, sin apreciar claro rellene de vejiga.


Con diagnóstico de lesión ureteral derecha, la paciente es alta el 9-12-2017, portadora de nefrostomia derecha para cirugía programada el día 15/12/2017.


Intervenida el 15/12/2017 (por S. Urologia): Se realiza reimplante ureteral derecho mediante vejiga psoica por necrosis extensa del uréter distal.


Por muy mala tolerancia del catéter doble J se retira e1 mismo en el postoperatorio precoz.


El 20/12/2017 presenta cuadro febril y se realiza TAC urgente: Pequeñas lesiones focales en lóbulo hepático derecho, posibles hemangiomas.


Riñón derecho de aspecto edematoso, aumentado de tamaño, con ureterohidronefrosis grado 2-3 que ha aumentado levemente respecto estudio previo. Minolitiasis renal derecha en grupo calicilar medio-inferior.


Ingresa el 8/01/2018 por Dolor en flanco derecho y fiebre.


El 8-1-2018 (sic) se realiza ecografía urológica de control: Riñón derecho sin hidronefrosis con catéter en su interior".


La reclamante manifiesta su disconformidad con el tratamiento a que fue sometida entendiendo que se había incurrido en mala praxis, pero en apoyo de sus afirmaciones no ha traído al procedimiento informe pericial alguno, incumpliendo así con el deber que sobre ella pesaba, de lo que es demostración lo dicho en la Sentencia núm. 279/2017 de 26 diciembre (JUR 2018\78434) del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª, según la cual "Debe recordarse que, en materia de distribución de la carga de la prueba, y en virtud de la remisión normativa establecida en el art. 60.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general,, que atribuye la carga de la prueba a aquél que sostiene el hecho ("semper necesitas probandi incumbit illi qui agit"), así como los principios consecuentes recogidos en los brocardos que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (ei incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los hechos negativos indefinidos (negativa no sunt probanda). En definitiva, cada parte soporta la carga de probar los datos que, no siendo notorios ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor (Ss. TS. Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29/enero y 19/Febrero/1990, 13/Enero, 23/mayo y 19/Septiembre/1997, 21/Septiembre/1998), y ello, sin perjuicio de que la regla pueda intensificarse o alterarse, según los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de hecho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y de difícil acreditación para la otra (Ss. TS de 29/Enero y 19/Febrero/1990 y 2/Noviembre/1992, entre otras)".


Por el contrario, la Administración ha incorporado al expediente, los informes ya citados de las doctoras del Servicio de Ginecología y del Servicio de Urología junto con los de Dª. Y (médico adjunto del Servicio de Ginecología), otro del doctor Z (médico del Servicio de Urología), y del doctor D. Z (médico del Servicio de Urología). En ellos se niega que pueda calificarse de mala praxis la conducta seguida.


Así, en primer lugar, el informe del doctor D. S dice: "En respuesta a la reclamación patrimonial interpuesta, donde se menciona "la mala praxis de intervención y la no utilización de todos los medios al alcance de la administración sanitaria recurrida ... "

- La paciente presento una complicación postquirúrgica de su cirugía ginecológica consistente en lesión iatrogénica del ureter. Dicha complicación no se explica por mala praxis sino que es una complicación característica de esta cirugia.

En el informe se indican todas las intervenciones sobre la paciente y pruebas realizadas, lo que no justifica que se mencione en la reclamación "la no utilización de todos los medios .... ".

Reseñar que a la paciente se le han realizado todos los procedimientos aconsejados para su cuadro aunque también señalar que ha sufrido complicaciones "tipicas" de varias actuaciones:

- Sufrió de ITU complicada, frecuente en pacientes tras manipulaciones urológicas.

- Tras la cirugía urológica del reimplante ureteral, la paciente sufrió cuadro de uropatía obstructiva transitoria, que obligó a nueva punción nefrostomia, sin que pueda deducirse por esto una mala praxis. De hecho, la paciente no ha requerido nueva reintervencion y en últimos controles presenta el riñón derecho de aspecto normal.

- Tras la punción nefrostomia tuvo una complicación de hemorragia tras puncion, con formación de hematoma subcapsular, de manejo conservador".


Igualmente, el doctor D. Z, el 29 de marzo de 2019 emitió su informe señalando que: "En respuesta a la reclamación patrimonial interpuesta, donde se menciona "la mala praxis de intervención y la no utilización de todos los medios al alcance de la administración sanitaria recurrida ... ·

  • La paciente presentó una complicación posquirúrgica de su cirugía ginecológica consistente en lesión iatrogénica del uréter. Dicha complicación no se explica por mala praxis sino que es una complicación característica de esta cirugía."

Por último el informe pericial de la empresa -- se sitúa en la misma línea al indicar: "Dª X fue correctamente diagnosticada en el servicio de ginecología de un cuadro de sospecha de ADENOMIOSIS refractario al tratamiento médico u hormonal, por lo que se indicó tratamiento quirúrgico mediante la extirpación del útero [...] El 21.11 ,2017 con el diagnóstico previo de adenomiosis, fue intervenida quirúrgicamente mediante la realización de una laparoscopia. Se realizó una histerectomía (extirpación del útero) como tratamiento principal. La indicación fue absolutamente correcta. [...]


Durante la realización de la histerectomía se realizó también la salpinguectomía bilateral (extirpación de ambas trompas). Se trata de una cirugía complementaria que se realiza como prevención del cáncer de ovario y peritoneo. Hoy día está recomendada su realización en toda la bibliografía especializada.


La elección de la vía laparoscópica para la realización de la histerectomía, aunque no es de obligado cumplimiento, sí es la vía recomendada como estándar alto de tratamiento actual para la extirpación del útero.


La descripción de la intervención (protocolo quirúrgico) se detalla de forma completa en la historia clínica (pág 58 del Expediente Administrativo). Su realización fue la adecuada.


La importancia de esta técnica es que al contrario de lo que ocurre con la energía uni/polar, la energía bipolar circula entre los dos extremos de la pinza, siendo mínima la afectación del tejido circundante. De todas formas, en función de la impedancia o resistencia a la propagación de la energía eléctrica o de la absorción de calor de cada tejido o de cada persona, a pesar de utilizarse correctamente el instrumental bipolar recomendado, puede producirse un calentamiento anormal del tejido circundante al adecuadamente "pinzado", y como consecuencia, se produciría su necrosis a más o menos largo plazo. En los casos en los que el tejido próximo es el del uréter, como en el caso de la cirugía ginecológica (histerectomía), se puede producir una lesión al cabo de los días, generalmente por fibrosis/necrosis y atrapamiento de la vía urinaria· que provoca un cierto grado de obstrucción, impidiendo el paso de la orina, y provocando la consiguiente dilatación pielo/calicial renal retrógrada.


Se trata de un tipo de lesión difícil, por no decir imposible de prever, y que no se puede diagnosticar intra operatoriamente. Siempre se diagnostica en días posteriores cuando se inician los síntomas urinarios.


Este mecanismo fisiopatológico es el que se produjo con toda probabilidad durante la intervención de Dª X. La cirugía de extirpación del útero pasa irremediablemente a uno o dos cm del uréter lo que provoca que cualquier cambio anatómico o mayor difusión de la energía eléctrica al "pinzar" los pedículos uterinos, pueda afectar directa o indirectamente a la pared ureteral bien por calentamiento excesivo directo, o bien por afectación de la irrigación arterial propia del uréter. En ambas situaciones, al cabo de los días se provoca una necrosis del tejido y la fistulización del trayecto ureteral hacia las zonas declive, en este caso hacia el muñón vaginal; provocando la salida de la orina al exterior. Es en este momento cuando se puede sospechar fehacientemente la lesión producida y es cuando se realizan las pruebas adecuadas para su diagnóstico completo: urografía l.V. o Uro TAC y ecografía abdominal.


Podemos concluir que la causa de la lesión de Dª. X, como acabamos de describir, con casi absoluta seguridad fue la energía eléctrica del instrumental quirúrgico y su propagación excesiva al tejido adyacente. Insistimos que esta particularidad o efecto secundario no deseado de la cirugía, no depende del médico, sino de la resistencia del tejido concreto afectado y/o de la proximidad de la víscera u órgano que se afecta secundariamente".


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución sometida a consulta en cuanto es desestimatoria de la reclamación presentada por no concurrir los requisitos exigidos legalmente para la declaración de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


No obstante, V.E. resolverá.