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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 374/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por la caída de una valla en recinto hospitalario.
Dictamen:

Dictamen nº 374/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 21 de septiembre de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por la caída de una valla en recinto hospitalario (expte. 261/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 9 de abril de 2018 D.ª X, asistida por una letrada, formula una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración sanitaria. En ella relata que el día 11 de abril de 2017 acudió a una sesión de rehabilitación en el Hospital General Universitario Reina Sofía, de Murcia, y que al salir de ella le cayó encima una de las vallas que había situadas en el perímetro de dicho centro sanitario.


Como consecuencia de lo expuesto, se le atendió en el propio Servicio de Urgencias del Hospital de dos heridas incisas en el brazo y antebrazo izquierdos de unos 10 cm de diámetro cada una de ellas. Además, se constató que conservaba la movilidad en todos sus grados. No obstante, ante el empeoramiento que experimentó, acudió al día siguiente al mismo Servicio hospitalario y allí se le mantuvo el tratamiento anterior pero se le añadió una nueva medicación durante 5 días.


Insiste en que, debido al golpe que le ocasionó la caída de la valla, estuvo en tratamiento y le han quedado cicatrices visibles en el brazo.


Por esa razón, solicita una indemnización de 5.000 euros que calcula a tanto alzado.


Con la reclamación aporta copia de los informes de alta que se emitieron con ocasión de esas asistencias.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación el 25 de abril de 2018, al día siguiente se solicita a la Dirección Gerencia del Área de Salud VII que remita una copia de la historia clínica de la interesada, los informes de los facultativos que la atendieron y otro informe del Servicio de Mantenimiento del Hospital en relación con los hechos acontecidos.


La solicitud de información se reitera el 19 de junio de 2018.


TERCERO.- El 9 de julio de 2018 se reciben los partes de lesiones y los informes realizados los días 11 y 12 de abril de 2017, respectivamente, por los médicos que la prestaron asistencia.


Por otra parte, se aporta el informe elaborado el 28 de junio de 2018 por el Arquitecto Técnico del Servicio de Mantenimiento citado en el que se expone "que el vallado citado delimita el perímetro de las obras de reparación de fachadas en Hospital Universitario Reina Sofía.


La citada obra se encuentra actualmente en proceso de ejecución, siendo la empresa que la está ejecutando Ferrovial-Agroman/FCC Construcciones, S.A.


Por tanto, tanto el vallado perimetral que delimita la zona de obras como su mantenimiento corresponden a la empresa" citada.


CUARTO.- Mediante una comunicación interior fechada el 19 de julio se demanda a la Dirección Gerencia del Área de Salud VII que por parte de "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MURCIA UTE" -denominación de la unión temporal de empresas (UTE) citada- se emita un informe acerca de lo que se expone en la reclamación.


QUINTO.- El 8 de agosto de 2018 se recibe un informe realizado ese mismo día por el gerente de la UTE en el que manifiesta que "revisada la documentación de la obra (...) durante la ejecución de los trabajos de sustitución del aplacado de la fachada del Hospital (...) [la] UTE (...) valló todo el perímetro del recinto hospitalario, con valla electrosoldada apoyada en pie de hormigón, todo ello en los términos del plan de Seguridad y Salud de la obra aprobado".


De igual modo, acompaña los planos de la obra del Plan de Seguridad y Salud en los que se indica el lugar en el que se colocó la valla de protección y el detalle de la misma.


SEXTO.- El 22 de agosto de 2018 se concede audiencia a la reclamante y a la UTE concesionaria de las obras mencionadas.


SÉPTIMO.- El gerente de la UTE mencionada presenta el 7 de septiembre de 2018 un escrito en el que, en la representación de esa unión mercantil, niega cualquier responsabilidad directa o indirecta derivada de los hechos objeto de debate. Añade que no consta que exista relación de causalidad alguna entre la intervención de esas constructoras y los daños por los que se reclama.


Por lo que se refiere al daño producido y, más concretamente, a la reclamación económica formulada, considera que no ha sido debidamente justificada y que carece de cualquier consistencia. En el mismo sentido, recuerda que la interesada solicita ser indemnizada por incapacidad, traumatismo y secuelas, pero reitera que ninguna de ellas ha sido demostrada. Y, asimismo, destaca que en los informes clínicos que obran en el expediente se niega que se hubiese producido impotencia funcional y se resalta, de manera contraria, que la movilidad permanecía conservada en todos sus grados.


Finalmente, solicita que se desestime la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada.


OCTAVO.- Con fecha 18 de septiembre de 2018 se formula propuesta de resolución desestimatoria por no concurrir los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria.


Una vez incorporados el preceptivo índice de documentos y el extracto de secretaría, se remite el expediente en solicitud de Dictamen, mediante escrito recibido en este Consejo Jurídico el 21 de septiembre de 2018.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en los artículos 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo de ejercicio de la acción de resarcimiento y procedimiento seguido.


I. La reclamación ha sido presentada por una persona que goza de legitimación activa para ello dado que es quien sufre los daños personales por los que solicita ser indemnizada.


La Administración regional está legitimada pasivamente por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


II. En relación con el requisito del plazo, el artículo 67.1 LPACAP establece que, en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.


En este supuesto se debe recordar que el evento dañoso se produjo el 11 de abril de 2017 y que la acción de resarcimiento se interpuso el 9 de abril del año siguiente, dentro del plazo legalmente establecido y de manera temporánea, por tanto.


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.


De manera particular, se constata que se ha traído al procedimiento a la UTE adjudicataria de las obras de reparación de fachadas en el Hospital ya citado, como exige el artículo 32.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y que sus representantes han sido llamados con ocasión del trámite de audiencia y han podido realizar las alegaciones que han considerado oportunas y presentar los documentos que han estimado procedentes.


TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.


I. El ordenamiento jurídico español contempla un sistema de responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, que encuentra su fundamento en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución y en el artículo 32 LRJSP, cuando establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.


Por lo tanto, de conformidad con lo que se establece en ese bloque normativo, en la constante jurisprudencia que lo interpreta y en la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Jurídico, son requisitos que deben concurrir para afirmar la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas los siguientes:


1º. Que se produzca en los bienes y derechos de los particulares una lesión antijurídica, es decir, un perjuicio que no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.


2º. Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


3º. Que sea imputable a una Administración pública por el ejercicio de su actividad, ya se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y provenga tanto de un hecho como de un acto jurídico.


4º. Que exista una relación de causalidad entre el hecho o acto y el daño que se alega, de modo que no concurra causa de fuerza mayor, y se reclame en el plazo de un año.


Ahora bien, al igual que ha establecido en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, el Consejo Jurídico ha destacado que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997, 5 de junio de 1998, 27 de mayo de 1999, 13 de septiembre de 2002 y 8 de abril de 2003, entre otras).


Ya se ha indicado que en la reclamación no se imputa el daño a una actuación médica de los servicios de salud sino, al parecer, al deficiente estado de colocación o aseguramiento de un elemento (valla) de delimitación de un perímetro en el que se estaban realizando obras de reparación de fachadas. A tal efecto, conviene recordar que cualquier deficiencia que se produzca en el desarrollo de esa labor de delimitación no se puede considerar ajena al funcionamiento del servicio desde el momento en que los elementos materiales con los que se realizan están dedicados o se encuentran afectos a él.


II. De acuerdo con lo que se ha expuesto con anterioridad, la interesada solicita que se le indemnice con 5.000 euros por las heridas que sufrió en el brazo y antebrazo izquierdos cuando, según sostiene, se le cayó encima una valla que delimitaba el perímetro del Hospital en el que se estaban realizando obras de reparación de la fachada.


De la prueba practicada en el procedimiento sólo se puede tener por debidamente acreditado que la reclamante fue asistida a las 16:23 horas en el citado Servicio de Urgencias y que se constató entonces que sufría una erosión y las heridas mencionadas en el brazo también mencionado. E igualmente, que se la trató de nuevo al día siguiente.


Sin embargo, la interesada no ha presentado ni propuesto la práctica de ningún medio de prueba que sirva para acreditar tanto la realidad del suceso lesivo al que se refiere como el hecho de que se produjera en el lugar y por las circunstancias que ella sostiene. Se debe resaltar que no sólo no ha podido presentar ningún testigo de lo ocurrido sino que tampoco ha presentado una fotografía del estado en que pudo terminar la valla caída en el suelo desde haber impactado contra ella. Tampoco consta que informara sobre lo acontecido a alguna de las personas encargadas del Servicio de Mantenimiento del centro hospitalario ni, mucho menos, a alguno de los trabajadores o encargados de las empresas constructoras constituidas en UTE y que trabajan allí en aquel momento.


La ausencia de esa prueba impide que se pueda conocer con seguridad si se produjo en realidad el accidente que refiere, cómo y por qué razón sucedió y si, efectivamente, pudo tener lugar en la parte exterior del Hospital, donde se realizaban los citados trabajos de arreglo de la fachada, como ya se ha dicho.


Por lo tanto, aunque no quepa cuestionar que se produjo en esta ocasión un daño real y efectivo, perfectamente individualizado en la persona de la interesada y oportunamente valorado, hay que destacar que no ha quedado debidamente demostrada la existencia de una relación de causalidad entre ese daño y el funcionamiento del servicio sanitario regional. De acuerdo con lo expuesto, no resulta posible declarar que la Administración sanitaria haya incurrido en un supuesto de responsabilidad que deba ser objeto de reparación económica sino que procede desestimar de plano la reclamación presentada.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación dado que no concurren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración regional y, de manera concreta, la relación de causalidad que debiera existir para ello entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño alegado, cuya antijuridicidad tampoco se ha demostrado.


No obstante, V.E. resolverá.