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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2020
Número de dictamen: 02/20
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 2/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 3 de enero de 2020, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 3 de septiembre de 2019 (COMINTER 267064/2019), sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 257/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 20 de febrero de 2017, D.ª X presenta reclamación ante el Servicio Murciano de Salud por los daños que dice haber sufrido su madre, doña Y, con ocasión de la asistencia sanitaria recibida en el Hospital "Nuestra Señora del Rosell", de Cartagena.


  Relata la reclamante que el 8 de febrero de 2017, cuando su madre se encontraba en la consulta de Oftalmología del referido hospital, le indican que se siente en un taburete con ruedas para efectuarle una revisión oftalmológica. Al intentar sentarse, se desplaza el taburete causando la caída de la paciente, con el resultado de fractura de extremidad distal de radio desplazada. La reclamante solicita "valoración de seguro por parte del hospital para ayuda o indemnización de esta minusvalía actualmente transitoria".


  Se adjunta a la reclamación informe del Servicio de Urgencias del referido hospital y fotocopia de los documentos nacionales de identidad de la firmante del escrito y de la paciente accidentada.


SEGUNDO.- Advertida la no acreditación de la representación que la firmante del escrito debería ostentar respecto de su madre para poder actuar en nombre de ella, se le requiere para su subsanación, a lo que procede la interesada mediante la aportación de copia de escritura de poder especial otorgado por su madre en su favor.


TERCERO.- Admitida a trámite la reclamación por resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 4 de abril de 2017, se ordena la instrucción del procedimiento al Servicio Jurídico del indicado ente público sanitario, que procede a comunicar a la interesada la información prescrita por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), al tiempo que recaba de la Gerencia del Área de Salud II-Cartagena copia de la historia clínica de la paciente e informe de los profesionales implicados en la asistencia.


  Así mismo da traslado de la reclamación a la correduría de seguros del Servicio Murciano de Salud.


CUARTO.- El 15 de mayo de 2017 la interesada presenta escrito de alegaciones para efectuar la valoración económica del daño reclamado, que cuantifica en 4.266,39 euros en concepto de días de incapacidad y secuelas, adjuntando diversa información clínica.


QUINTO.- Remitida por la Gerencia del Área de Salud la documentación solicitada, consta informe del Jefe de Servicio de Mantenimiento según el cual no existe constancia, durante todo el mes de febrero de 2017, de ninguna incidencia puesta a través del sistema de gestión de partes de avería en referencia a una posible rotura o revisión de un taburete en consulta. La ausencia de datos se refiere tanto al sistema informatizado de gestión de avisos como a través de avisos telefónicos.


Asimismo, consta informe del oftalmólogo que atendió a la paciente, según el cual la paciente se presenta a revisión y, al acceder al taburete para sentarse en la lámpara de hendidura para ser explorada, sufre una caída sobre la mano con resultado de fractura distal de radio.


Consta, también, informe de Enfermería, en el que, entre otros extremos, se indica que al llegar la paciente a la consulta se ofreció a su acompañante que entrara con ella a la consulta, lo que aquél rechazó.


SEXTO.- Conferido el preceptivo trámite de audiencia, comparece la interesada el 21 de mayo de 2018 para solicitar vista y copia de diversos documentos obrantes en el expediente, sin que conste que llegara a formular alegaciones.


SÉPTIMO.- El 28 de agosto de 2019 la unidad instructora formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al considerar que no concurren todos los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, singularmente el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y los daños alegados.


  En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos índice de documentos y extracto de secretaria, se remite el expediente en solicitud de dictamen, mediante comunicación interior recibida el pasado 3 de septiembre de 2019.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


Este Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 81.2 LPACAP.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La reclamante, en su condición de persona que sufre el daño físico por el que reclama, ostenta la condición de interesada para deducir la reclamación de responsabilidad patrimonial objeto de este Dictamen, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 LPACAP, en relación con el 4.1 del mismo cuerpo legal.


La Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la pretensión indemnizatoria e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


II. La acción indemnizatoria se ejercitó el 20 de febrero de 2017, dentro del plazo anual que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 LPACAP, toda vez que el accidente del que derivan los daños reclamados tuvo lugar apenas unos días antes, el 8 de febrero de 2017.


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que la tramitación realizada se ajusta, en lo sustancial, a lo establecido en la LPACAP, sin que se observe la omisión de trámite preceptivo alguno.


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial: ausencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño alegado.


I. El ordenamiento jurídico español contempla un sistema de responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, que encuentra su fundamento en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución y en el artículo 32 LRJSP cuando establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.


Por lo tanto, de conformidad con lo que se establece en ese bloque normativo, en la constante jurisprudencia que lo interpreta y en la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Jurídico, son requisitos que deben concurrir para afirmar la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas los siguientes:


1º. Que se produzca en los bienes y derechos de los particulares una lesión antijurídica, es decir, un perjuicio que no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.


2º. Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


3º. Que sea imputable a una Administración pública por el ejercicio de su actividad, ya se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y provenga tanto de un hecho como de un acto jurídico.


4º. Que exista una relación de causalidad entre el hecho o acto y el daño que se alega, de modo que no concurra causa de fuerza mayor, y se reclame en el plazo de un año.


II. En el presente supuesto se imputa el daño a un elemento del mobiliario afecto a la prestación del servicio público sanitario, por lo que conviene recordar que cuando el elemento real presuntamente causante del daño está dedicado o afecto a un servicio público no cabe considerar dicho elemento ajeno al servicio. Como recuerda la STS, Sala 3ª, de 21 de abril de 1998, "...lo que distingue la actividad administrativa en el sentido de los servicios públicos a los que se refiere la ley cuando disciplina la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no es que sus elementos instrumentales sean diferentes o estén modificados en función de una actividad prestacional o de otra índole de la Administración, sino el fin a que en su conjunto la actividad administrativa se dirige (satisfacción de los intereses generales), el carácter con que lo hace (de modo continuo o regular), los límites a que está sujeta (los fijados por la atribución de potestades por el ordenamiento jurídico) y las prerrogativas inherentes a la específica regulación del ejercicio de las potestades en el marco del derecho público. Los elementos personales o reales que se integran en la actividad administrativa no deben ser diferentes de los necesarios para el desarrollo de cualquier actividad humana útil o productiva, pues su característica radica en la afección teleológica o instrumental al servicio...". Desde este punto de vista no ofrece duda que el mobiliario de la consulta de Oftalmología en la que se produjo el accidente se integra en las instalaciones de dicho servicio público sanitario.


Ahora bien, el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa no supone que se responda de forma automática tras constatar la realidad de la lesión producida con ocasión del uso de dichos elementos materiales afectos al servicio. La Sentencia del TS de 13 de septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando "reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo que tiene declarado, en Sentencia de 5 junio de 1998 (recurso 1662/94), que 'la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'. Y en la sentencia de 13 de noviembre de 1997 (recurso 4451/1993) también afirmamos que aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla".


En aplicación de esta doctrina jurisprudencial al supuesto sometido a consulta ha de destacarse que ninguna imputación se hace al servicio público sanitario más allá de que se indicara a la paciente sentarse en un taburete de ruedas, que se desplazó, propiciando la caída de aquélla. Nada se indica en la reclamación acerca de un inadecuado estado del taburete que pudiera motivar el incidente, ni siquiera se alega una falta de cuidado en el manejo de una paciente de 81 años de edad respecto de quien cabe presumir una cierta dificultad en el movimiento y a quien en consecuencia habría de prestarse una mayor atención para evitar este tipo de siniestros. En cualquier caso, si ya la ausencia de tales imputaciones y el consiguiente incumplimiento por parte de la actora de tan elemental carga procedimental dificulta sobremanera la estimación de la pretensión indemnizatoria, la instrucción permite rechazar que concurrieran tales circunstancias. Así, se han unido al procedimiento sendos informes que descartan que el asiento se encontrara en un defectuoso estado de conservación o que tuviera un mal funcionamiento (informe del Servicio de Mantenimiento del Hospital) y que la paciente precisara de un cuidado especial para su deambulación o sedestación, pues el acompañante rechaza el ofrecimiento efectuado por el personal de enfermería para entrar a consulta junto a la paciente, de donde cabe inferir que alguien que conocía de primera mano el estado de salud y la autonomía de la paciente, no consideró necesario suplir cualquier eventual dificultad de movimiento de la Sra. Belchí.


En las circunstancias expuestas, la causa de la caída no resulta imputable al servicio público sanitario, sino que más bien parece fruto del infortunio o de un déficit de atención por parte de la propia paciente al tomar asiento, lo que impide apreciar un nexo causal entre la atención sanitaria dispensada a la paciente y el daño alegado.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al no concurrir todos los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, en particular el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño alegado.


No obstante, V.E. resolverá.