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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 175/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por caída accidental en centro hospitalario.
Dictamen:

Dictamen nº 175/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 18 de enero de 2019, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por caída accidental en centro hospitalario (expte. 18/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El día 24 de noviembre de 2017, D.ª X, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial en el Hospital "Rafael Méndez", de Lorca, haciendo constar que era acompañante de su marido ingresado en la habitación 404-1, y que el día 21 anterior, sufrió una caída en el baño porque había mucha agua en el suelo. Tras la caída fue a Urgencias donde le diagnosticaron una artritis postraumática. Al continuar con dolor volvió a Urgencias el día 23 de noviembre de 2017, donde le diagnosticaron "Pb fisura de escafoides de la muñeca derecha" y le pusieron una férula, lo que le incapacitaba para atender a su marido que dependía de ella para todas sus necesidades. Por tal motivo solicitaba una indemnización por los daños causados, sin precisar cuantía. Acompañaba a su solicitud los informes de alta del Servicio de Urgencias del día 21 y 23 de noviembre de 2017.


La reclamación fue remitida a la Secretaría General Técnica del Servicio Murciano de Salud (SMS), mediante escrito de 24 de noviembre de 2017, del Director Gerente del Área de Salud III, Lorca, Hospital General Universitario "Rafael Méndez" (HRM).


SEGUNDO.- Mediante escrito de 5 de enero de 2018 se comunicó a la interesada la necesidad de subsanar su escrito de reclamación en lo referente a la cuantificación de la indemnización solicitada así como para que propusiera los medios de prueba de que pudiera valerse.


A dicho requerimiento contestó la interesada con un escrito que tuvo entrada en el Registro el día 23 de febrero de 2018. En él precisaba que el accidente se produjo a las 17:00 horas y que la indemnización solicitada provisionalmente ascendía a 4.900,22 € derivados del cálculo que hacía al multiplicar los 94 días transcurridos desde el accidente, por la cifra de 52,13 € al día, correspondiente al perjuicio personal particular. Como prueba proponía la documental ya aportada junto con sus escritos: informes de alta del Servicio de Urgencias de noviembre de 2017, informe del consultas externas de 19 de febrero de 2018 que prescribía tratamiento con fisioterapia, parte de interconsulta de 8 de enero de 2018, y citas para el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica de noviembre de 2017, y para el Servicio de Rehabilitación en febrero de 2018. También solicitaba que se incorporaran los informes de los profesionales que asistieron a la reclamante, del Servicio de Mantenimiento y Limpieza de las instalaciones del centro hospitalario y el historial clínico de su marido. Por último proponía como prueba testifical la toma de declaración de su marido.


TERCERO.- Mediante resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 21 de marzo de 2018 se admitió la reclamación, se ordenó la incoación del expediente 755/17, y se designó al Servicio Jurídico de la Secretaría General Técnica SMS como órgano encargado de la instrucción, notificándose a la reclamante tal circunstancia al día 8 de mayo siguiente.


Con escrito de 5 de abril de 2018 se solicitó a la Gerencia del Área de Salud III, de la que depende HRM, los informes del Servicio de Mantenimiento de la empresa de limpieza, así como copia de la historia clínica del marido de la reclamante.


CUARTO.- En contestación al requerimiento, el 10 de abril de 2018, la Gerencia del Área de Salud II remitió el informe elaborado por el representante de la empresa contratista del servicio de limpieza. Hacía constar que no podía asumir las consecuencias que se derivaron del supuesto incidente toda vez que, a la fecha del siniestro, su empresa aún no había comenzado a prestar el servicio, lo que se produjo a partir de 1 de diciembre de 2017.


QUINTO.- El órgano instructor reclamó, mediante escrito de 19 de junio de 2018, la historia clínica del marido de la reclamante que no había sido remitida. El día siguiente recibió, procedente del HRM, un informe de la Asesoría jurídica, de 31 de mayo de 2018, en el que se dejaba constancia de que los hechos ocurridos el día 21 de noviembre de 2017 habían sido objeto de investigación y: "La incidencia ha sido investigada por la encargada del servicio del hospital, dirigiéndose tanto a la persona que dicho día se encontraba prestando el servicio como a la persona que tenía asignada la recepción de llamadas. No hay constancia de recepción de ningún aviso de retirada de agua en los términos expuestos en la reclamación". Con el escrito se enviaba documentación clínica referente a la reclamante.


SEXTO.- El día 27 de junio de 2018 se dirigió escrito a la interesada comunicándole la citación para la práctica de la prueba testifical cursada a don Y, que había de practicarse el 17 de julio de 2018 a las ocho horas. Obra en el expediente la referida citación, así como la diligencia de no comparecencia del testigo a la realización de la prueba.


SÉPTIMO.- Mediante escrito de la interesada registrado el 20 de julio de 2018, se comunicaba la no asistencia a la cita y se solicitaba copia del expediente.


OCTAVO.- Obra unido al expediente un informe clínico, de 30 de abril de 2018, realizado por un psicólogo clínico del Centro de Salud Mental de Lorca, a petición de la interesada, en el que relata que se le viene atendiendo en el centro desde febrero de 2014, siendo remitida a psiquiatría en julio de 2015 para tratamiento psicofarmacológico. Expresamente señala que "Presenta cuadro ansioso grave que se relaciona con el desborde emocional de cuidar a su pareja que lleva cinco años en situación terminal por un tumor cerebral". Como consecuencia de ello sufre un trastorno adaptativo mixto y trastorno de la personalidad mixto, siendo el tratamiento a seguir el de asesoramiento cognitivo-conductal.


Igualmente, se halla unido al expediente un informe de ingreso en Cirugía, de 16 de noviembre de 2017, correspondiente a don Y, marido de la reclamante, y dos informes clínicos de consultas externas de Oncología, referentes a la misma persona, de 24 de febrero de 2014 y 26 de febrero de 2018 respectivamente.


NOVENO.- El día 18 de julio de 2018 se ordenó la apertura del trámite de audiencia, dándose traslado a la interesada con fecha del día 3 de agosto siguiente. Igualmente, mediante escrito de 18 de septiembre de 2018 se dio traslado a la empresa "--" de la apertura de dicho trámite, por considerarla parte interesada en el procedimiento, practicándose la notificación del mismo el 12 de noviembre de 2018. No consta comparecencia ni formulación de alegaciones por ninguno de los notificados.


DÉCIMO.- El día 10 de enero de 2019 se formula la propuesta de resolución del procedimiento, en el sentido de desestimar la reclamación patrimonial instada al no apreciarse la concurrencia de los elementos a los que el ordenamiento jurídico anuda el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.


UNDÉCIMO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El Consejo Jurídico ha de ser consultado preceptivamente en las reclamaciones que, en concepto de responsabilidad patrimonial, se formulen ante la Administración regional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo para reclamar y procedimiento.


I. La reclamación se ha presentado por persona legitimada para ello, dado que, cuando de daños físicos se trata, la acción para exigir su resarcimiento corresponde en primer término a quien los sufre en su persona, a quien ha de reconocerse la condición de interesada a los efectos previstos en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).


La legitimación pasiva corresponde a la entidad consultante en tanto que titular del servicio público sanitario a cuyo funcionamiento se imputa el daño.


II. La acción se ejercitó dentro del plazo de un año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.


TERCERA.- Sobre la concurrencia de los requisitos que determinan la responsabilidad de la Administración.


La responsabilidad patrimonial de la Administración supone, según se desprende del artículo 32 y siguientes LRJSP, la concurrencia de los siguientes presupuestos:


- La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- El daño ha de ser antijurídico, en el sentido de que la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportarlo, de acuerdo con la Ley.


- La imputabilidad de la Administración frente a la actividad dañosa.


- La relación de causa-efecto entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, nexo causal que implica la necesidad de que el daño sea consecuencia exclusiva del funcionamiento normal o anormal de un servicio público o actividad administrativa en relación directa e inmediata.


- Ausencia de fuerza mayor.


La aplicación de estos principios al supuesto obliga a hacer las siguientes consideraciones:


1. En lo que se refiere a la existencia de un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, este Órgano Consultivo considera que puede entenderse acreditado. No así su imputabilidad a la Administración puesto que de la lectura de los documentos presentados por la parte interesada y de los recabados por el órgano instructor no se considera demostrada la atribución de su causa a la administración sanitaria.


La realidad de que el hecho causante del daño se produjera en las instalaciones del HRM no ha quedado plenamente demostrada en el expediente, puesto que es solo la afirmación de la interesada la que la sostiene y, el día que según ella se produjo no hubo un aviso de incidencia por la existencia de agua en el suelo de la habitación 404 en la que estaba hospitalizado su marido, según informe de la Asesoría jurídica del Hospital, sin que conste ningún esfuerzo probatorio del hecho que, según la reclamación, está en el origen del incidente.


2. Aunque consolidada doctrina jurisprudencial viene manteniendo que no son admisibles concepciones restrictivas del nexo causal que irían en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, ello no significa que los reclamantes no deban aportar prueba suficiente que permita afirmar que el daño sufrido es imputable a una actuación administrativa. En este sentido el Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de junio de 1988, señala que "...toda reclamación de daños y consiguiente indemnización de perjuicios que se pudiera causar por aquellos daños, requiere como elemento indispensable y necesario, el acreditar la realidad de ambos y la necesaria relación de causa a efecto entre el acto o actividad de que se trate y el resultado dañoso, incumbiendo la prueba de todo ello al que reclama". Añadiendo en su sentencia de 11 de septiembre de 1995 que "esa responsabilidad se configura por la efectividad de un daño evaluado económicamente e individualizado, la relación directa, inmediata y exclusiva de causalidad entre el daño y el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, y la inexistencia de fuerza mayor. La prueba de las dos primeras condiciones corresponde al actor, mientras que la de la última, excluyente de esa responsabilidad, corresponde a la Administración".


Este Consejo Jurídico ha venido destacando la carga probatoria que incumbe a los reclamantes en la acreditación de estas circunstancias (entre otros, Dictámenes números 107/2003 y 28/2004).


3. Así pues, en el asunto consultado, la prueba de que la caída se produjo en el lugar y condiciones señaladas en la reclamación no puede ser entendida como hecha. Lo determinante es la acreditación de que la caída no solo se produjo sino que fue en el Hospital y como consecuencia del funcionamiento del servicio público, entendido en el sentido amplio que la jurisprudencia sostiene, para lo cual, dado que el daño no se imputa a un defectuoso funcionamiento de la asistencia médica prestada, sería determinante comprobar de manera indubitada si las circunstancias y elementos materiales intervinientes, en concreto, del estado de las instalaciones, estuvieron en el origen de la caída, lo que, como se ha dicho, no ha quedado plenamente demostrado.


Como conclusión de lo dicho, se extrae que la alegada causa efectiva del accidente sufrido no se ha demostrado ser imputable a la Administración. La única prueba de que sí lo es la constituye la declaración de la interesada, considerándose insuficiente. Como señala el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), en su Sentencia de 9 mayo 1991. RJ 1991\4325, en su FJ Tercero "Al no acreditarse la forma en que se produjo el hecho no es posible atribuir a la Administración la responsabilidad objetiva que la constituiría en la obligación de indemnizar al no probar el reclamante el requisito mencionado de la existencia de una «relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervención extraña» entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio correspondiente".


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución sometida a consulta en cuanto es desestimatoria de la reclamación presentada al no quedar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos por la legislación vigente para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.


No obstante, V.E. resolverá.