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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 269/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por accidente en un recinto hospitalario.
Dictamen:

Dictamen nº 269/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 23 de enero de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por accidente en un recinto hospitalario (expte. 16/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 24 de febrero de 2017 se presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial formulado por D.ª X, dirigido al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que, en síntesis, expone lo siguiente.


El 15 de febrero de 2017, sobre las 9 horas de la mañana, fue atropellada por una máquina que era conducida sin diligencia alguna por un jardinero dentro del recinto del Hospital "Morales Meseguer"; la máquina le golpeó repetidas veces ante la imposibilidad del conductor de detenerla, hasta que paró, y varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos, tanto trabajadores como usuarios, la auxiliaron.


Añade que el atropello le ocasionó varios golpes, que le provocaron lesiones en el brazo consistentes en artritis postraumática del carpo derecho, y que estuvo de baja médica con una duración estimada de 79 días.


Alega que los gastos médicos y farmacéuticos, así como la baja laboral y secuelas sufridas, son imputables al funcionamiento del servicio que estaba prestándose por un trabajador de dicho hospital, solicitando una indemnización que cuantificará cuando proceda a valorar los daños.


Adjunta copia de diversos documentos: un informe de ingreso y alta en el Servicio de Urgencias de dicho hospital, de la fecha del accidente; una denuncia formulada ese día ante la Policía Nacional por tales hechos; documento de baja médica expedido por el INSS con efectos desde el referido día, con una duración estimada de 79 días, sin constar documento de alta.


Además de dicha documental, propone como medios de prueba la testifical del jardinero que prestaba servicio en la zona de rehabilitación del hospital en la referida fecha y hora, así como de los trabajadores del centro sanitario que la atendieron; copia de la grabación de las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona exterior de rehabilitación del hospital, entre las 8.30 y 9:30 horas del citado día, y que se suspenda temporalmente la eliminación de las imágenes de las cámaras de esa zona.


SEGUNDO.- Con fecha 23 de marzo de 2017 el Director Gerente del SMS dicta resolución de admisión a trámite de la reclamación, lo que se notifica a los interesados.


El siguiente 27 la instrucción solicita al citado hospital copia de la historia clínica de la reclamante e informes sobre los hechos y sobre su asistencia sanitaria.


TERCERO.- Mediante oficio de 6 de julio de 2017 dicho hospital remite la documentación solicitada, incluyendo copia en formato digital de la grabación de la cámara de seguridad del centro en la zona y fecha de los hechos, así como varios informes:


- Parte de seguridad emitido por la empresa de vigilancia "Sureste de Seguridad, S.L.", de 15 de febrero de 2017, sobre el accidente, que expresa:


"09,02. Se produce la caída de una usuaria en calle de rehabilitación frente a la puerta de rayos, es atendida por personal de ambulancias y acompañada a urgencias, se guardan las imágenes de la caída".


- Informe del Director Gerente del Área de Salud VI, incluido en el texto del antes mencionado oficio de remisión, en el que, a la vista de dicha grabación, expresa lo siguiente:


"Como se puede apreciar, la primera imagen del trabajador D. Y, de la Empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente, S.L., se visualiza en el tramo horario 09:04:36 del día 15 de febrero de 2017 cruzando, mirando al mismo tiempo, y atravesando con la traspaleta la calzada interior del recinto, en la calle de acceso al Hospital de Día Médico y Radiodiagnóstico (a la izquierda en el sentido de su marcha) y Rehabilitación (a la derecha en el sentido de su marcha); en ese mismo momento, se visualiza la imagen de la Sra. X, apreciándose (sic., debe querer decir no apreciándose) obstáculo alguno para que ésta (que no caminaba por la acera sino por la referida calzada interior a la que se ha aludido anteriormente) no hubiera visto al citado trabajador, simultaneándose en ese mismo momento la colocación de una valla. En los segundos siguientes se visualiza la marcha del trabajador de la Empresa de Mantenimiento de Jardinería, adelantado y justo en el momento inmediatamente anterior al contacto de la Sra. X con la traspaleta que llevaba el Sr. Y, mirando (ésta, se deduce) hacia la izquierda en el sentido de su marcha, tropezando seguidamente y cayendo al suelo, siendo socorrida por el citado trabajador y por las personas que pasaban por esa zona, incluido el propio personal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia.


En este sentido, y una vez visualizadas las imágenes correspondientes a la referida caída, esta Gerencia entiende que no es posible inferir responsabilidad alguna por parte del personal adscrito a la Empresa de Mantenimiento de Jardinería ni por actuaciones u omisiones reprochables a esta Administración, todo ello sin perjuicio de lamentar el desenlace acontecido y las lesiones producidas como consecuencia de la caída".


- Informe de 13 de junio de 2017, de la referida empresa de jardinería y mantenimiento, en adelante, la contratista, en el que, en síntesis, expresa que, consultado el trabajador a que se refiere la reclamación, contesta que recuerda la caída de la mujer, pero que en ningún momento vió que fuera provocada por sus trabajos.


- Informe del Dr. Z, Jefe del Servicio de Urgencias, sobre la atención prestada a la interesada el día del accidente, que expresa:


"Tras la valoración de la Paciente y la recepción de las pruebas complementarias (radiografía), no se observan signos de fractura aguda, concluyendo con el Juicio Clínico de Artritis postraumática de carpo derecho, a descartar fractura de escafoides. De acuerdo con este juicio clínico, se practica tratamiento con férula, aconsejando frío local y paracetamol 1 gramo cada 8 horas y repetir radiografía en 10 días y cita con traumatología".


CUARTO.- Mediante oficio de 12 de julio de 2017 se notifica a la reclamante la apertura de un trámite de audiencia y vista del expediente, compareciendo el siguiente 22 de septiembre una representante de aquélla, que obtiene copia, entre otros documentos, de la ya mencionada grabación de la empresa de seguridad, presentando escrito de alegaciones el siguiente 5 de octubre, en el que, en síntesis, expresa que la reclamante se vio obligada a bajar a la calzada interior del recinto (desde la acera adyacente, se deduce) porque a su paso por el lugar dicha acera se encontraba obstaculizada por el paso de la carretilla en cuestión, sin que existiera señalización que evitara el atropello que sufrió por parte del operario que la manejaba. Sigue sin cuantificar la indemnización solicitada.


QUINTO.- Mediante oficio de 7 de noviembre de 2017 se acordó un trámite de audiencia y vista del expediente para la contratista, sin que conste su comparecencia ni la presentación de alegaciones.


SEXTO.- El 12 de enero de 2018 se formuló una propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por considerar acreditado, a la vista de la documentación obrante en el expediente, especialmente la grabación en video de los hechos, que la causa del accidente fue exclusivamente la conducta negligente de la reclamante, sin existir ningún funcionamiento anormal de los servicios públicos.


SÉPTIMO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La reclamante, al solicitar indemnización por los daños físicos sufridos en su persona, está legitimada para solicitar su resarcimiento.


La Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse los daños al funcionamiento de servicios públicos de su competencia.


En cuanto a la posible responsabilidad del contratista adjudicatario del servicio a cuya prestación falta de diligencia se imputan los daños, hemos de remitirnos a nuestra previa doctrina, contenida, por ejemplo, en nuestro Dictamen nº 317/2014, en el que expresamos lo siguiente: "Como este Consejo Jurídico ha establecido, entre otros, en sus Dictámenes nº 186/11 y 110 y 156/12, a cuyos razonamientos nos remitimos, si el hecho generador de responsabilidad fuese eventualmente imputable a la deficiente actuación del contratista encargado del correspondiente servicio, la Administración debe declarar su propia responsabilidad frente al tercero reclamante, sin perjuicio de poder declarar asimismo la responsabilidad de dicho contratista, bien en el mismo procedimiento de responsabilidad (preferible por economía procedimental y para posibilitar que sea el contratista quien satisfaga directamente al reclamante la indemnización, si aquél se aquietara a la resolución administrativa), bien en una posterior vía administrativa de repetición, y en ambos casos con fundamento en la jurisprudencia que así lo estima a la vista de la normativa de contratos administrativos y de la relación contractual, de sujeción especial, que liga a la Administración con su contratista, a la que es ajena el tercero reclamante lesionado por el hipotético anormal funcionamiento del servicio público de que se trate".


II. En cuanto a la temporaneidad de la acción, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 LPACAP, ha de considerarse formulada en plazo, a la vista de la fecha de los hechos y la de la presentación de la reclamación.


III. Se han cumplido los trámites legales y reglamentarios esenciales que integran esta clase de procedimientos, incluyendo la audiencia del contratista prestador del servicio público al que se imputan los daños.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son desarrollados por los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, interpretados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. En el presente supuesto se imputa el daño al deficiente funcionamiento del servicio de mantenimiento de instalaciones afectas a la prestación del servicio público sanitario, por lo que conviene recordar que cuando el elemento real presuntamente causante del daño está dedicado o afecto a un servicio público no cabe considerar dicho elemento ajeno al servicio. Como recuerda la STS, Sala 3ª, de 21 de abril de 1998, "lo que distingue la actividad administrativa en el sentido de los servicios públicos a los que se refiere la ley cuando disciplina la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, no es que sus elementos instrumentales sean diferentes o estén modificados en función de una actividad prestacional o de otra índole de la Administración, sino el fin a que en su conjunto la actividad administrativa se dirige (satisfacción de los intereses generales), el carácter con que lo hace (de modo continuo o regular), los límites a que está sujeta (los fijados por la atribución de potestades por el ordenamiento jurídico) y las prerrogativas inherentes a la específica regulación del ejercicio de las potestades en el marco del derecho público. Los elementos personales o reales que se integran en la actividad administrativa no deben ser diferentes de los necesarios para el desarrollo de cualquier actividad humana útil o productiva, pues su característica radica en la afección teleológica o instrumental al servicio...".


Desde este punto de vista no ofrece duda que la zona del hospital donde presuntamente ocurrió el accidente, la calzada de una calle ubicada en su recinto interior, se integra en las instalaciones de dicho servicio público sanitario.


Ahora bien, el carácter objetivo de la responsabilidad administrativa no supone que se responda de forma automática tras constatar la realidad de la lesión. La Sentencia del TS de 13 de Septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando "reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo que tiene declarado, en Sentencia de 5 junio de 1998 (recurso 1662/94), que 'la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'. Y en la sentencia de 13 de noviembre de 1997 (recurso 4451/1993) también afirmamos que aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla".


CUARTA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales y los daños por los que se reclama indemnización. Falta de acreditación.


I. Como se expresó en los Antecedentes, la reclamante solicita indemnización por los daños físicos causados por una caída sufrida en la calzada de una calle existente dentro del recinto del hospital "Morales Meseguer", y que imputa tanto a una alegada falta de señalización de las tareas de mantenimiento que se realizaban en dicha calle (paso por la misma de una carretilla de transporte de bultos o traspaleta, arrastrada por un trabajador afecto al servicio de mantenimiento -jardinería-) como a la falta de diligencia de dicho trabajador, del que se afirma que atropelló a la reclamante por no observar la diligencia debida.


Siendo presupuesto esencial de toda posible responsabilidad patrimonial la acreditación de un daño por el que se solicite el resarcimiento, en el presente caso la documentación sanitaria aportada permite extraer la convicción de que, por causa del accidente de referencia, la interesada sufrió una artritis postraumática del carpo derecho, causando baja laboral. A falta de acreditación de secuelas, existe, al menos, un periodo de incapacidad temporal derivado de dicha patología, lo que permite tener por existente el presupuesto inicial de la existencia de daños vinculados con el accidente en cuestión. En el presente caso no es necesario analizar su extensión ni, por tanto, su evaluación económica, por las razones que siguen.


II. A la vista de la documentación obrante en el expediente y, en especial, de la concluyente grabación de los hechos previos y coetáneos del accidente, realizada por una cámara del servicio de vigilancia interior del hospital, puede afirmarse que la reclamación carece manifiestamente de fundamento, pues los hechos probados distan de ser como los expone la interesada, apreciándose en dicha grabación lo siguiente:


- El día en cuestión la reclamante deambulaba por la calzada de una calle interior del recinto hospitalario, a la altura de la puerta de entrada a las consultas del "Hospital de Día Médico", calzada que tenía a su derecha una acera practicable, por la que en la grabación nunca consta que transitara la reclamante.


- Así, cuando aparece la reclamante en la grabación se aprecia que iba por dicha calzada estando en ese momento sin obstáculos la acera, por la que podía transitar perfectamente; en la calzada, además, se advierte que delante del trayecto de la reclamante estaba colocada transversalmente una valla metálica para impedir el paso por la misma, no obstante lo cual aquélla hace caso omiso de la valla y la sortea para seguir andando por la calzada. Ya antes de esta acción se veía a un operario, apenas dos metros por delante de la interesada, cruzando la calzada transversalmente en dirección a una puerta y su consiguiente recinto existente apenas dos metros después de la entrada a las referidas consultas, con el fin de introducir allí la carretilla en cuestión, que arrastraba tras de sí con un brazo; se advierte que cuando dicho trabajador está procediendo a abrir dicha puerta, estando la carretilla todavía parcialmente en la calzada, la reclamante, ya habiendo sorteado la citada valla transita por aquélla mirando hacia su izquierda, no de frente, de modo que cuando el trabajador está de espaldas a la calzada, abriendo la puerta del recinto, con la carretilla detenida en ella y llevándola agarrada de un brazo, no pudiendo por tanto ver nada por detrás, llega la reclamante, que sigue mirando hacia la izquierda y no de frente, por lo que no se apercibe de la existencia de la carretilla y es ella la que tropieza con una de sus esquinas posteriores, cayendo al suelo.


- De las imágenes se desprende, en fin, que la reclamante fue siempre deambulando por la calzada, despreciando la acera, no apercibiéndose ni inicialmente de la existencia de la carretilla (sí de la valla, a la que mira antes de sortearla), de forma que, cuando llega por la calzada a la altura en que aparece estacionada dicha carretilla, como no mira al frente sino a su izquierda, sigue sin apercibirse de la misma, por lo que es realmente ella la que "atropella" o colisiona activamente con dicho aparato, que se encontraba inmóvil en la calzada a espera de que el trabajador abriera la puerta del recinto en donde iba a introducirla. Si la reclamante hubiera transitado por la acera, como debía, y se hubiera encontrado justo en ese momento con la carretilla impidiéndole el paso por aquélla, sólo tenía que haber esperado en ella unos segundos para que el trabajador introdujera la máquina en el recinto al que se disponía a entrar. O, a lo sumo, la reclamante podía haber dejado la acera y bajar a la calzada para sortear dicha carretilla, pero con la debida precaución y visión, que no tuvo.


En conclusión de todo lo expuesto cabe afirmar:


- Que no se acredita ninguna deficiencia de señalización ni conducta negligente que puedan atribuirse al funcionamiento del servicio público, que fue plenamente normal.


- Que fue la negligente y descuidada conducta de la reclamante la única causante del daño. Conducta negligente porque infringió por dos veces sus obligaciones como peatón, primero al deambular sin causa justificada por la calzada, dedicada al paso de vehículos, y luego, en la misma, por eludir y sortear la prohibición de tránsito por ella que representaba la valla allí colocada. Y conducta descuidada porque, incluso con la existencia de su conducta negligente, al transitar por la calzada no iba mirando al frente, como debiera haber hecho, por lo que no se apercibió de la existencia de la carretilla parada en la misma, a la que ella "atropelló", y no a la inversa.


A la vista de todo lo anterior, se concluye que la caída en cuestión no puede imputarse a un anormal funcionamiento de los servicios públicos de mantenimiento de instalaciones públicas como la del caso, por lo que, conforme con lo expresado en la precedente Consideración, procede desestimar la reclamación de referencia, que puede calificarse de temeraria, por no acreditarse la existencia de una relación de causalidad jurídicamente adecuada, a los efectos resarcitorios pretendidos, entre el funcionamiento de los referidos servicios públicos y los daños por los que se solicita indemnización.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial de referencia, por no haberse acreditado que entre el funcionamiento del servicio público en cuestión y los daños por los que se reclama resarcimiento exista la relación de causalidad que es jurídicamente adecuada y necesaria para determinar la referida responsabilidad, conforme con lo expresado en las Consideraciones Tercera y Cuarta del presente Dictamen.


No obstante, V.E. resolverá.