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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 333/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, por el accidente escolar de su hija Y, debida a accidente escolar.
Dictamen:

Dictamen nº 333/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (por delegación de la Excma. Sra. Consejera), mediante oficio registrado el día 14 de mayo de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, por el accidente escolar de su hija Y, debida a accidente escolar (expte. 103/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 11 de enero de 2018 se presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial dirigido a la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y formulado por D.ª X a consecuencia del accidente escolar sufrido por su hija Y, alumna del CEIP "Fernando Garrido", de Canteras. En la citada reclamación alega lo siguiente: "durante el horario de comedor fue empujada, golpeándose con una silla, se le desplazó un diente de leche y se hizo una herida en el labio", solicitando que se le indemnice en la cantidad de 15 € por los gastos de realización de una ortopantomografía.


A dicha reclamación adjunta la siguiente documentación:


- Factura de una clínica por valor de 15 €, por la realización de dicha prueba, e informe médico sobre la misma.


- Fotocopia compulsada del Libro de Familia.


SEGUNDO.- Consta en el expediente un informe del centro escolar, de 18 de diciembre de 2018, en el que, en síntesis, se refleja lo ocurrido el anterior 30 de noviembre a dicha alumna en el comedor del centro, figurando la siguiente descripción de los hechos por una monitora: "Yo, Z, estaba pelando fruta en el comedor cuando la oí llorar. Fui hacia ella y vi que le sangraba la boca. Intenté explorarla con dificultad porque Y no quería, y vi que era la encía, un diente. Seguidamente llamé a sus padres y ya venían de camino a recogerla".


TERCERO.- Con fecha de 19 de enero de 2018, la Secretaria General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por delegación de la Consejera, dicta Orden admitiendo a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y designando instructor del procedimiento, lo que fue notificado a la reclamante.


CUARTO.- Solicitado al centro un informe complementario, fue emitido por su Director el 5 de febrero de 2018, en el que, en síntesis, expresa que otro alumno fue testigo del hecho, que el empujón fue intencionado, y que no existían circunstancias que propiciasen el daño.


QUINTO.- Mediante oficio de 16 de febrero de 2018, se acuerda un trámite de audiencia y vista del expediente para la reclamante, sin que conste su comparecencia ni la presentación de alegaciones.


SEXTO.- El 4 de abril de 2018 se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por considerar que no concurre la relación de causalidad adecuada para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración.


SÉPTIMO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. Por lo que se refiere a la legitimación activa de la reclamación, corresponde a la reclamante en nombre propio, por haber afrontado los gastos por los que se reclama, según la factura presentada.


La Administración regional está legitimada pasivamente, tanto desde la perspectiva formal como sustantiva, por dirigirse contra ella la pretensión indemnizatoria y ser de su competencia la prestación del servicio público educativo con ocasión del cual ocurrió el hecho dañoso por el que se reclama.


II. En cuanto a la temporaneidad de la acción resarcitoria, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 67.1 LPACAP, ha de considerarse formulada en plazo, a la vista de la fecha de los hechos y la de la presentación de la reclamación.


III. Respecto al procedimiento, cabe señalar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.



TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa tiene su fundamento primario en el artículo 106.2 de la Constitución: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". A partir de lo anterior, los elementos constitutivos de esta institución vienen establecidos en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, interpretados por abundante jurisprudencia.


En síntesis, para que proceda estimar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública deben concurrir los siguientes requisitos:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran interrumpir el nexo causal.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


Como ha señalado este Consejo Jurídico en numerosos casos análogos al presente, la doctrina del Consejo de Estado y la jurisprudencia sobre reclamaciones por daños acaecidos en centros escolares destaca que debe partirse del hecho de que la Administración no tiene el deber de responder sin más de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros escolares de su titularidad, sino que para que proceda la responsabilidad patrimonial deberán darse los requisitos que la caracterizan recogidos en el artículo antes citado. Así, en su dictamen nº 1747/1997, de 24 de abril de 1997, el Consejo de Estado manifiesta que "cualquier efecto dañoso que se produzca en los centros escolares (o como consecuencia de actividades extraescolares) no genera automáticamente una conexión causa-efecto con la prestación del servicio educativo que permita declarar la responsabilidad de la Administración, sin que, por lo demás, sea viable interpretar el referido deber de vigilancia (de los alumnos) de una manera tan extensa que convierta de hecho el servicio público educativo en una especie de actividad absolutamente controlada en cualquiera de sus manifestaciones, lo que llevaría, de admitirse, a convertir (lo cual es improcedente, según se ha señalado) el instituto de la responsabilidad patrimonial en una especie de seguro a todo riesgo, con la desnaturalización que ello comportaría".


En el mismo sentido, como se manifiesta en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de junio de 1998, "la prestación por la Administración de un determinado servicio público no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a estas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico".


En lo que respecta a la posible incardinación del hecho lesivo en el marco de la actividad administrativa de prestación del servicio público educativo, en sentido amplio, también ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente el Consejo de Estado en relación con daños producidos con ocasión de tropiezos, caídas u hechos dañosos análogos acaecidos en centros escolares, considerando que, en estos supuestos, cuando los hechos se producen fortuitamente, sin que concurran elementos adicionales generadores de riesgo, como un defecto en las instalaciones o en la realización de actividades programadas y ordenadas que, por su propia naturaleza, exijan una mayor vigilancia por parte de los profesores que la efectuada, no existe la conexión con el servicio público que es necesaria para reconocer la pretendida indemnización (entre otros, Dictamen del Consejo de Estado nº 2099/2000). Doctrina también compartida por este Consejo Jurídico en numerosos Dictámenes similares al presente.


II. En definitiva, para que resulte viable la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es preciso que concurra el necesario y adecuado nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño irrogado al particular y, en el supuesto que nos ocupa, si bien es cierto que el daño existe, se habría producido con ocasión de la prestación del servicio público educativo, pero no como consecuencia de su funcionamiento y, por tanto, la falta de antijuridicidad y la inexistencia del adecuado nexo causal entre el daño y el funcionamiento del centro educativo impiden que los hechos aquí examinados desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.


Así, en el presente supuesto, el reclamante no formula ninguna alegación en apoyo de su pretensión en el sentido de que exista una relación de causalidad jurídicamente adecuada, a estos efectos indemnizatorios, entre los daños producidos y la prestación del servicio público educativo, por lo que se entiende que considera responsable a la Administración sólo por el hecho de producirse el daño con ocasión de la prestación del servicio educativo en el centro del que era alumno su hija, circunstancia que, conforme con lo previamente razonado, no es causa suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.


Asimismo, del informe del centro se desprende, sin prueba en contrario, que el daño en cuestión se produjo sin que conste que concurrieran circunstancias de especial peligrosidad o anormalidad de las instalaciones o de vigilancia del profesorado (en el primero de sus informes se refleja que estaban presentes dos monitoras y una Asistente Técnico Sanitaria), siendo atribuible el hecho dañoso a un empujón de un compañero (no identificado) que, aún intencionado, parece realizado como propio de una broma, lo que merecería, en su caso, la reprensión de aquél, pero no la generación de responsabilidad patrimonial administrativa, pues no constan antecedentes que demandaran un especial nivel de vigilancia a estos efectos (no constan antecedentes de agresión o análogos), pareciendo el hecho como imprevisible e irremediable, por su rapidez, para el personal presente. Es decir, no existen factores que permitan imputar el daño, de forma jurídicamente adecuada, a la Administración educativa. Nos encontramos, pues, ante una situación que, por incontrolable, resulta inevitable, constituyendo este tipo de accidentes unos riesgos inherentes al desenvolvimiento de los alumnos en el centro escolar, sin que el deber de vigilancia del profesorado pueda extenderse a todos y cada uno de los movimientos de cada alumno y durante todo el tiempo de permanencia en el centro.


Por todo ello, al no concurrir los requisitos que legalmente determinan la responsabilidad patrimonial administrativa, no procede declararla, debiendo desestimarse la pretensión indemnizatoria de referencia.


CUARTA.- Otras observaciones.


Sin perjuicio de todo lo anterior, se considera procedente abordar el hecho relativo al aseguramiento de daños como el que se plantea en el procedimiento de referencia.


Así, cuando la instrucción requiere al centro (de Educación Infantil y Primaria) para que le informe si aquél dispone de algún seguro que cubra daños como el citado, su Director responde que "entendemos que el que proporciona la Consejería de Educación", resultando que no existe tal seguro, como bien sabe dicha Consejería, al igual que el hecho de que en no pocas ocasiones esta clase de reclamaciones pueden venir animadas por la errónea información que, en este sentido, los responsables de los centros pudieren haber suministrado a los interesados. Esta circunstancia debe ser evitada, en lo posible, por la Consejería, recordando a dichos centros que no existe, por el momento, tal seguro, y que no les resulta aplicable el Seguro Escolar regulado por la Ley de 17 de julio de 1953 y su normativa de desarrollo (vid. nuestro Dictamen nº 75/2017, de 3 de abril, entre otros).


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución consultada en cuanto es desestimatoria de la reclamación, al no existir, entre el funcionamiento de los servicios educativos regionales y los daños por los que se reclama indemnización, la relación de causalidad que es jurídicamente adecuada y necesaria para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, por las razones expresadas en la Consideración Tercera del presente Dictamen.


No obstante, V.E. resolverá.