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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 136/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños provocados por la acción de animales silvestres en una finca de su propiedad.
Dictamen:

Dictamen nº 136/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 20 de septiembre de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños provocados por la acción de animales silvestres en una finca de su propiedad (expte. 258/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 23 de mayo de 2017 D. X presenta una reclamación de responsabilidad patrimonial en la que expone que es ingeniero agrónomo y propietario de una finca rústica situada en el término municipal de Totana, colindante con el Parque Regional de Sierra Espuña, que aloja una explotación agrícola de almendros en regadío.


Añade que en esa finca se han producidos daños durante los meses de abril y mayo de 2017 como consecuencia de la acción de varios animales silvestres, particularmente arruís, procedentes de ese Parque regional. También señala que los perjuicios se han producido sobre una plantación nueva de 700 almendros.


El interesado recuerda que el artículo 35 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña establece que la Consejería de Medio Ambiente compensará los daños a la agricultura y a la ganadería producidos por animales silvestres en los terrenos agrícolas de ese espacio natural, en particular aquellos debidos al arruí y al jabalí.


Junto con la reclamación aporta un informe realizado por él mismo el 22 de mayo de 2017 en el que explica que los daños se han producido sobre le referida plantación de almendros injertados durante los meses de enero y febrero de ese año para reponer la dañada en años anteriores.


Por lo que se refiere a los daños producidos, los clasifica del siguiente modo:


- Daños del tipo 1, que consisten en la eliminación de la primera y segunda brotación de las plantas y afección a las ramas más tiernas impidiendo su normal evolución y retrasando en un año su desarrollo productivo.


- Daños del tipo 2, que suponen la eliminación de la primera y segunda brotación de las plantas y afección al tronco sin llegar a interrumpir el flujo floemático. Este daño conlleva además del retraso en un año de su desarrollo productivo, un daño permanente sobre el estado sanitario del mismo acarreando la infección por virus y bacterias que en muchos casos pueden determinar su falta de viabilidad.


- Daños del tipo 3, que conllevan la afección al tronco interrumpiendo por completo el flujo floemático. Este daño conlleva la muerte inmediata del ejemplar.


A eso añade que tiene la convicción de que los daños se han producido por animales que habitan en los terrenos integrantes de dicha zona de caza controlada. Además, resalta que resulta manifiesto que esos animales han causado los daños y que así lo han reconocido celadores de caza, agentes medioambientales y técnicos forestales.


En relación con la valoración del daño producido, advierte que ha realizado dos visitas a la finca con ese propósito, concretamente los días 26 de abril y 12 de mayo y señala que propone un valor razonado con apoyo en la realidad física y en la práctica administrativa seguida ante hechos similares. De igual modo, apunta que para la cuantificación del daño sufrido se atiende a los tres niveles de daños explicados anteriormente; que los daños se produjeron en las parcelas 14, 15, 16, 29, 30 y 31 del polígono 5, y que para llevarlo a cabo se revisa árbol por árbol y se realiza un inventario.


En consecuencia, manifiesta que hay plantados 673 árboles y que tan sólo 43 de ellos no presentan daño alguno. Por el contrario, 573 sufren daño del tipo 1, 14 del tipo 2 y 93 del tipo 3.


Expone, asimismo, que la mayor parte del daño consiste en la reposición de los árboles muertos a causa de los animales y que por ese motivo se basa para calcular su coste de reposición en la reciente Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas para la reconstitución del potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades climáticas producidas en el año hidrológico 2014 en el marco de los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 y 2014-2020 FEADER de la Región de Murcia.


De hecho, en el artículo 1 se explica que tiene por objeto "convocar ayudas a los titulares de explotaciones de almendros afectados por la sequía acaecida en el año hidrológico 2014, en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el fin de sufragar parte del coste de su reconstitución". En consecuencia, se persigue auxiliar a los cultivadores de almendro perjudicados a causa de un agente externo al cultivo. En su anexo I determina que el cálculo se realiza mediante costes unitarios estándar en función de datos estadísticos e históricos para la reposición de un almendro y lo concreta en la cantidad de 15 euros por árbol.


El interesado explica que ese valor se refiere exclusivamente a los árboles que requieran ser replantados, es decir, los que presentan daños del tipo 3. Sin embargo, recuerda que hay otros 14 árboles que han sufrido daños del tipo 2 y que, según su experiencia, tienen sólo un 50% de posibilidades de sobrevivir. Y otros 573 que experimentan daños del tipo 1 y que, si se lo permiten los animales, arrancará el año que viene como si estuviesen recién plantados.


De igual forma argumenta que para valorar los daños del tipo 2 y del tipo 1 emplea un porcentaje del valor correspondiente a los daños del tipo 3. Así, el daño del tipo 2 lo estima en el 50% del referente al tipo 3 (7,5 euros/árbol), dado que espera que una buena parte de los mismos no supere las heridas sufridas. En cuanto a los daños del tipo 1, los estima en el 20% de los daños relativo al tipo 3 (3 euros/árbol) ya que, aunque la planta recupere la plenitud de sus aptitudes productivas, la pérdida del año productivo, la falta de homogeneidad de la plantación y las operaciones de poda y saneamiento del efectivo pueden fácilmente superar dicha cifra de 3 euros.


Así pues, la valoración de los daños se resume en esta sencilla tabla:


- Daños del tipo 1: 573 árboles x 3 euros/árbol: 1.719 euros.

- Daños del tipo 2: 14 árboles x 7,5 euros/árbol: 105 euros.

- Daños del tipo 3: 93 árboles x 15 euros/árbol: 1.395 euros.


TOTAL: (1.719 + 105 + 1.395): 3.219 euros, que es la cantidad que reclama.


En el informe se contiene un Anexo I llamado Reportaje fotográfico, que incorpora numeras instantáneas de los árboles dañados, y un Anexo II titulado Inventario de daños en el que recoge 6 ortofotografías de las parcelas ya mencionadas.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud de indemnización, el instructor del procedimiento solicita al interesado el 21 de noviembre de 2017 que aporte copia compulsada de las escrituras y de las certificaciones catastrales que acrediten la propiedad de las fincas en las que se produjeron los daños, e indique la correspondencia que exista entre las fincas registrales y los polígonos y las parcelas catastrales correspondientes.


El interesado presenta un escrito el 29 de noviembre de ese año en el que expone que la Administración regional ya dispone de la copia de los documentos solicitados -que se aportaron previamente al expediente SJ/496/2016- por lo que no resulta necesario que los presente de nuevo.


De acuerdo con ello, se han incorporado al procedimiento tres copias de escrituras públicas otorgadas a favor del reclamante, varias notas simples registrales y otros documentos relacionados.


TERCERO.- A solicitud del órgano instructor se trae también a las actuaciones el informe realizado el 22 de mayo de 2018 por un Técnico de Gestión con el visto bueno del Subdirector General de Política Forestal. En ese documento se expone la normativa que resulta de aplicación en este caso y se explica que las fincas del reclamante se encuentran situadas en los límites del Parque Regional de Sierra Espuña y dentro de la Reserva de caza de Sierra Espuña.


En relación con la realidad de los daños alegados y el momento en que se han causado se pone de manifiesto que "En la visita realizada a las parcelas indicadas el 18 de mayo del presente año, se ha podido comprobar la existencia de los daños y cómo estos son mayores de lo indicado en el informe de valoración aportado (ver anexo fotográfico).


Se ha comprobado la existencia de la plantación referida en un marco de plantación de 4x4 en secano. La supervivencia de los almendros ha sido la siguiente".


A continuación se inserta un cuadro en el que se reproducen los datos ofrecidos en el informe de valoración realizado por el interesado. En una última columna se precisa que los almendros vivos el 18 de mayo de 2018 en el total de las parcelas afectadas era sólo de 54 árboles. Seguidamente se añade lo siguiente:


"Se ha podido comprobar cómo han sobrevivido muy pocos ejemplares y una gran parte de ellos ha sido atacada por el arruí, pero otros han podido morir por la sequía.


En la zona del Purgatorio han sido abatidos unos 20 ejemplares de arruí entre 2017 y 2018 por parte de los Agentes Medioambientales y Agentes Auxiliares Forestales.


Se ha podido comprobar cómo no existen rastros de la presencia de arruí durante los últimos meses".


En el apartado siguiente del informe se analiza la relación de causalidad que pueda existir entre dichos daños y el funcionamiento de los servicios públicos y, concretamente, de la Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña, y se señala que "la Comunidad Autónoma está realizando un trabajo intenso de control de la especie en la Reserva, pero no se puede realizar caza deportiva en base a la Sentencia del Tribunal Supremo [núm. 1274, de 16 de marzo de 2016] y por tanto no existe ningún beneficio económico ni existe cuota complementaria que se pueda repartir entre los propietarios.


La zona del Purgatorio tiene una querencia alta para esta especie, y aunque la población se haya reducido, y aunque los Agentes Medioambientales han abatido a numerosos ejemplares en esta zona, los animales van a seguir bajando y produciendo daños. A ello también ha podido contribuir la situación de sequía que ha existido en 2017.


Los daños en su mayor parte han sido producidos por arruí, pero es inexplicable que se ponga una plantación nueva de almendros y no se protejan mediante el vallado de las parcelas.


El solicitante sabía perfectamente que si ponía los almendros y no los vallaba, se iban a producir los daños. Cualquier agricultor cuando realiza una plantación protege la misma de los animales silvestres que existan en la zona, bien con protectores o mediante vallado de las parcelas.


La Dirección General de Medio Natural autoriza y facilita el abatimiento del arruí por daños a través de la Resolución de 4 de agosto de 2016 del Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente por la que se delega la firma de determinadas autorizaciones en funcionarios del cuerpo de Agentes Medioambientales.


El solicitante no ha pedido autorización de caza de ejemplares de arruí por daños, lo que hubiera reducido los daños considerablemente y con ningún coste económico, pues hay muchos cazadores interesados en esas autorizaciones e incluso están dispuestos a pagar por ello.


Durante muchos años en la Reserva se entregaba malla cinegética y postes a los propietarios que querían proteger sus cultivos. El solicitante, no ha solicitado la entrega de malla y postes, aun sabiendo que los almendros iban a ser comidos por la fauna silvestre.


La Reserva de caza está vallada, pero los arruí se salen pues no se ha realizado el mantenimiento de la malla y ésta ha sido inutilizada en diversos puntos, por parte de senderistas".


Finalmente, se formulan las siguientes conclusiones:


"a) El solicitante compró la propiedad estando el arruí desde hacía décadas en ese paraje, por lo que no es una situación sobrevenida.


b) La mortandad de los almendros ha sido mayor de la justificada en el informe de valoración aportado. Muchos de estos almendros han sido atacados por el arruí, y otros han podido morir debido a la sequía.


c) No se informa favorablemente la responsabilidad patrimonial, pues el solicitante no ha realizado los trabajos de protección de cultivo que hubieran sido necesarios. Hoy en día, no se entiende un cultivo sin vallar, cuando pueden existir daños de fauna silvestre e incluso cuando los robos pueden mermar la producción. Muchas de las parcelas vecinas han sido valladas y no tienen ningún daño. No es posible que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sea responsable de todos los daños que se producen por fauna silvestre en la Región y debe ser cada agricultor el responsable de proteger de forma adecuada sus cultivos ante las inclemencias que se puedan producir".


En el informe se incorpora un Anexo I titulado Gestión cinegética en el PORN del Parque Regional de Sierra Espuña y un Anexo fotográfico que comprende 14 instantáneas y una ortofotografía de la zona de El Purgatorio en la que se sitúan las fincas del solicitante.


CUARTO.- Con fecha 31 de mayo de 2018 se confiere el oportuno trámite de audiencia al interesado para que pueda formular alegaciones y presentar cuantos documentos y justificaciones estime pertinentes.


El reclamante presenta el 21 de junio de 2018 un escrito en el que, en síntesis, argumenta que en el informe realizado el 22 de mayo de 2018 por la Dirección General de Medio Natural se reconoce la existencia de daños a la plantación de almendros por la acción de arruís procedentes de la Reserva de Caza del Parque Natural de Sierra Espuña, entre los años 2000 y 2014.


También añade que la Administración regional no ha adoptado ninguna medida para evitar la producción de esos daños, a pesar de que le han sido denunciados de manera reiterada, como se reconoce en un informe anterior de daños fechado en octubre de 2016. Por ello, considera que concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial administrativa en este caso.


Por lo que se refiere a las consideraciones que se recogen en ese primer informe sobre que no ha vallado la finca o que ya había una abundante población de arruís cuando la compró responde que tanto la reserva de caza como algunas de sus parcelas sí que están valladas, pero que pese a todo se siguen produciendo los daños porque los animales rompen esas barreras.


Además, alude a que la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23 de julio de 2007, determina que la norma de aplicación regula un supuesto de nacimiento de la obligación de indemnizar por la mera producción del daño, sin que se pueda atribuir culpa alguna al titular del aprovechamiento.


Por ello, concluye que se ha acreditado la realidad de los daños así como la relación de causalidad que existe entre ellos y el mal funcionamiento del servicio público de caza, que la responsabilidad de la Administración es objetiva en este caso y que está acreditada su histórica y reiterada denuncia de los daños sin que la Administración haya resuelto el problema.


QUINTO.- Ante las alegaciones realizadas por el interesado, el instructor del procedimiento solicita un nuevo informe a la Subdirección General de Política Forestal, dependiente de la Dirección General de Medio Natural.


Ese informe se elabora el 4 de septiembre por el mismo Técnico de Gestión con el visto bueno, de igual forma, del Subdirector General, y en él se expone que los agentes auxiliares forestales han avisado al interesado en varias ocasiones de los riesgos provocados por la existencia de arruís y jabalíes. De igual forma, se reitera la consideración de que "es de sentido común (aunque no obligatorio)" que cualquier titular de fincas que quiera obtener un aprovechamiento agrícola de ellas debe protegerlas mediante un vallado. En este caso se destaca de nuevo que ya existía población de arruí en esa zona 30 años antes de que el reclamante se adquiriese esas parcelas por lo que se propone la desestimación de la reclamación presentada.


No obstante, y para el caso de que se estimase procedente indemnizar los daños causados, se considera correcta la valoración presentada por el interesado, efectuada sobre la base del precio establecido en la citada Orden de 30 de diciembre de 2014 de la Consejería de Agricultura y Agua.


SEXTO.- El 18 de septiembre de 2018 se formula propuesta de resolución estimatoria, en parte, de la reclamación presentada, de modo que se sugiere reconocer el derecho del interesado a percibir la mitad de la cantidad reclamada, es decir, 1.609,5 euros.


En este sentido, se explica en la citada propuesta que concurren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración regional pero que no se aprecia una mala gestión de la reserva regional de caza ni la falta de mantenimiento del vallado cinegético de ese espacio. De manera contraria entiende que sí que cabe apreciar, en plano de igualdad, un comportamiento negligente del reclamante, que no puso los medios que normal y lógicamente impedirían o amortiguarían esos daños, como son el vallado de sus fincas y la solicitud de permisos para la batida de ejemplares.


Por lo tanto, como no se discute la valoración de los daños que se contiene en la solicitud de indemnización, se propone que ésta quede fijada en el 50% de lo solicitado (3.219/2), esto es, en la cantidad mencionada de 1.609,5 euros.


Una vez incorporados el preceptivo índice de documentos -aunque no el correspondiente extracto de secretaría-, se remite el expediente en solicitud de Dictamen, mediante escrito recibido en este Consejo Jurídico el 20 de septiembre de 2018.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo de interposición de la acción de resarcimiento y procedimiento seguido.


I. La reclamación ha sido interpuesta por una persona interesada que ha acreditado ser la propietaria de las fincas en la que se produjeron los daños que alega y que es, por tanto, la que sufre el daño patrimonial por el que solicita una indemnización.


La Administración regional está legitimada pasivamente por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


II. El artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, determina que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.


En el presente supuesto de hecho, los daños por los que se demanda una indemnización se produjeron entre los meses de abril y mayo de 2017 y la acción de resarcimiento se interpuso el día 23 de ese último mes, de forma temporánea, por tanto.


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial en relación con las especies cinegéticas. Planteamiento general y normas aplicables.


I. El ordenamiento jurídico español contempla un sistema de responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos que encuentra su fundamento en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución y que se regula en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.


Precisamente, de acuerdo con lo que se establece en ese último precepto, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.


Por lo tanto, de conformidad con lo que se establece en ese bloque normativo, en la constante jurisprudencia que lo interpreta y en la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Jurídico, son requisitos que deben concurrir para afirmar la responsabilidad extracontractual de las Administraciones Públicas los siguientes:


1º. Que se produzca en los bienes y derechos de los particulares una lesión antijurídica, es decir, un perjuicio que no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La antijuridicidad se entiende de manera objetiva, en el sentido de que no exista causa de justificación legalmente prevista que imponga el referido deber de tolerancia.


2º. Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


3º. Que sea imputable a una Administración pública por el ejercicio de su actividad, ya se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y provenga tanto de un hecho como de un acto jurídico.


4º. Que exista una relación de causalidad entre el hecho o acto y el daño que se alega, de modo que no concurra causa de fuerza mayor, y se reclame en el plazo de un año.


Ahora bien, no resulta necesario hacer especial hincapié en la idea de que, pese a que el tenor literal del citado artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se refiere exclusivamente al funcionamiento de los servicios públicos, la doctrina y la jurisprudencia vienen admitiendo que a tal supuesto debe añadirse el de las lesiones causadas por el no funcionamiento de los servicios públicos, esto es, por omisión administrativa, cuando el dañado tuviera el derecho a que la Administración hubiese actuado de manera positiva para, en la medida de lo posible, prevenir y evitar el daño.


II. Como resulta conocido, la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña se creó por la Ley 2/1973, de 17 de marzo, de creación de trece reservas nacionales de caza. En virtud de lo que se dispone en la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, la Reserva Nacional de Caza de Sierra Espuña pasó a denominarse Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña. En el Anejo de la citada Ley 2/1973 se describen los linderos de la reserva de caza y se considera especie cazable el muflón del Atlas, es decir, el arruí.


También es sabido, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 65.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNB), que "La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que determinen las Comunidades autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las prohibidas por la Unión Europea".


Por lo que se refiere a la consideración jurídica del arruí coexisten en la actualidad dos regímenes jurídicos distintos:


a) En primer lugar, el que le atribuye la condición de especie cazable.


Así, la condición de especie cazable del arruí ya se contiene en el Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección y el Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y de pesca comercializables y se dictan normas al respecto. Según se ha explicado, este régimen sólo resulta de aplicación supletoria a las Comunidades Autónomas, puesto que les corresponde a ellas la elaboración de las listas de especies susceptibles de caza y pesca (ex art. 148.1.11ª de la Constitución española y art. 65.1 LPNB).


En el mismo sentido, la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, modificada en este aspecto por la Ley 10/2002, de 12 de noviembre, confiere a los arruis (Ammotragus lervia) la consideración de especie cazable, dado que lo incluye en el Anexo IV relativo a las Especies de la fauna silvestre susceptibles de comercialización, en vivo o en muerto, en la Región de Murcia.


De igual modo, se debe apuntar que el anexo de la Ley 7/2003, de 12 noviembre, ya mencionada, incluye al arruí entre las especies de la fauna silvestre susceptible de aprovechamiento en la Región de Murcia y le atribuye ese carácter de especie cazable.


Lo que se ha expuesto determina que resulte de aplicación en este caso las previsiones generales que se contienen en el Código Civil (CC) y la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza (LC).


Así, en el artículo 1906 CC se dispone que "El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla".


De otra parte, el artículo 33 LC, que se refiere a la responsabilidad por daños, establece lo siguiente:


"1.º Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos.


2.º La exacción de estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como la repetición de responsabilidad en los casos de solidaridad derivados de acotados constituidos por asociación.


3.º De los daños producidos por la caza procedente de Refugios, Reservas Nacionales y Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales.


4.º En aquellos casos en que la producción agrícola forestal o ganadera de determinados predios sea perjudicada por la caza, el Ministerio de Agricultura, a instancia de parte, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente dentro de éstas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus cultivos.


5.º Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza".


Finalmente, cabe reseñar que por Decreto 13/1995, de 31 de enero, se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Espuña (incluido Barrancos de Gebas) y se declara como paisaje protegido los Barrancos de Gebas. En el artículo 35.1 de esa disposición se dispone que "La Consejería de Medio Ambiente compensará los daños a la agricultura y la ganadería producidos por animales silvestres en los terrenos agrícolas del Parque Regional, en particular aquellos debidos al Arruí y al Jabalí".


b) El segundo régimen es el que le atribuye la condición de especie exótica invasora.


De manera particular, el artículo artículo 64 ter de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se refiere a las especies catalogadas como exóticas invasoras introducidas en el medio natural con anterioridad a la entrada en vigor de esa misma ley, objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético.


En el apartado 1 de dicho artículo se contempla la posibilidad de autorizar la caza en los límites de las áreas de distribución, de esas especies, anteriores a esa fecha. Sin embargo, en el apartado 2 se prohíbe la caza cuando se detecte la presencia de ejemplares de especies catalogadas objeto de aprovechamiento cinegético fuera de sus áreas de distribución. En este caso, las administraciones competentes deben proceder, en la medida de sus posibilidades, al control y posible erradicación de estas especies mediante metodologías apropiadas.


Por último, se debe destacar que el arruí se encuentra incluido en el Catálogo español de especies exóticas invasoras que se regula en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. En su artículo 10.5 se establece que "Se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el catálogo cuya introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha".


CUARTA.- Sobre el fondo del asunto.


Como se ha puesto de manifiesto, el interesado solicita que se le indemnice por los daños que la acción de arruís procedentes de la Reserva Regional de Caza de Sierra Espuña ha causado en numerosos almendros que había en fincas de su propiedad que se encuentran situadas en los límites del Parque Regional de Sierra Espuña y en el interior de esa reserva.


Se debe partir del dato de que la Administración regional ha reconocido, y así se admite en la propuesta de resolución de este procedimiento, que las fincas se encuentran emplazadas en el lugar que se alega. Asimismo, se reconoce la realidad de los daños alegados por el interesado y que fueron provocados por animales provenientes de dicha reserva de caza. Así se recoge en los citados informes de 22 de mayo y 27 de agosto de 2018 de la Subdirección General de Política Forestal de la Dirección General de Medio Natural que ya se mencionaron.


No obstante, en la propuesta se plantea la concurrencia plena o no del último de los requisitos que resultan necesarios para que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial administrativa, es decir, la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio de conservación de especies cazables y los daños que se han mencionado.


Para los técnicos de la citada Subdirección General la responsabilidad administrativa existe desde el momento en que la valla que rodea la Reserva Regional presenta desperfectos por los que salen los animales al exterior, causados porque no se ha mantenido debidamente y porque los senderistas la han inutilizado en algunos puntos. De hecho, está normativamente impuesto que sea la Administración regional la que mantenga el cercado cinegético de la Reserva Regional de Caza (art. 35 del Real Decreto 13/1995, de 31 de marzo, ya citado).


Y esa asunción de responsabilidad se reconoce a pesar de que se deduce de la lectura de los informes de la Subdirección General de Política Forestal que a partir de 2015 se apreció un drástico descenso en la población del arruí en el entorno de Sierra Espuña y que en la zona de El Purgatorio los Agentes Medioambientales y los Agentes Auxiliares Forestales abatieran 20 ejemplares entre los años 2017 y 2018. Y de que se ha comprobado que no existe presencia de arruí durante los últimos meses en esa zona.


De lo dicho se infiere que la Administración regional debe responder de los daños causados en las fincas colindantes por dichos animales, en los que concurre la doble condición de pertenecer a una especie exótica invasora pero cazable dentro de los límites de lo que debe entenderse que es su área natural de distribución.


Pese a ello, los citados técnicos entienden que también concurre la culpa del perjudicado en este caso porque no colocó protectores a los cultivos o no realizó el vallado de sus parcelas. En apoyo de esta consideración alegan que "Durante muchos años en la Reserva se entregaba malla cinegética y postes a los propietarios que querían proteger sus cultivos". Sin embargo, de lo que exponen y del hecho de que no aludan expresamente al año 2017 cabe entender que eso pudo hacerse en algún momento del pasado, pero que no se realizaba durante ese año en particular.


De otra parte, argumentan que el interesado no solicitó autorización de caza de ejemplares de arruí por daños a la agricultura, que se permitía por Resolución de 4 de agosto de 2016 de la Directora de Medio Natural por la que se delega la firma de determinadas autorizaciones en funcionarios del cuerpo de agentes medioambientales, en virtud de lo que se establece en el artículo 10.5 del citado Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto.


Así pues, se señala en la propuesta de resolución que no cabe entender que sólo la mala gestión de la Reserva Regional de Caza, por mantener un número de ejemplares de arruí muy superior al establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y por la falta de mantenimiento del vallado, sea la causa única y exclusiva del resultado lesivo producido. Se apunta en ella, para fundamentar la existencia de una concurrencia de culpas al 50 por 100 entre la Administración y el interesado, que hay que sumar, en plano de igualdad, la actitud y el comportamiento del reclamante, que no puso los medios que hubieran impedido o permitido reducir esos perjuicios.


Resulta evidente, y así se reconoce en los referidos informes de la Subdirección General de Política Forestal, que esas dos medidas hubieran sido apropiadas y convenientes en este caso. Ya se ha dicho que el artículo 33.5 LC determina que todo cazador está obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En términos muy similares se pronuncia el artículo 35.6,a) del Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.


Esa misma previsión se contiene en numerosos preceptos de leyes autonómicas de caza, que eximen al cazador del abono de los daños que ocasione excepto cuando el hecho se deba únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. Curiosamente, en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia no se contiene un artículo similar pero no cabe duda de que el régimen en materia de responsabilidad por daños es el mismo.


De este modo, cabe citar la Ley del País Vasco 2/2011, de 17 de marzo, de caza (art. 53.2); Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia (arts. 62.2 y 83.2); Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria (art. 64.1); Ley 9/1998, de 2 de julio, de Caza de La Rioja (art. 18.1); Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana (art. 41.3); Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón (art. 68.1); Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha (arts. 24.3 y 80.1); Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (art. 32.4); Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura (art. 69); Ley 6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial (art. 50, apartados 1 y 5), Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de Madrid (art. 12.2) y Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (art. 17.1).


Así pues, entiende este Consejo Jurídico que el reclamante no ha obrado con la diligencia exigible por el hecho de no haber vallado la totalidad de sus parcelas, enclavadas en una Reserva regional de caza, y de no haber solicitado autorizaciones de caza por daños, como podía perfectamente haber hecho.


En consecuencia, procede imputar parte de la responsabilidad por el hecho lesivo producido a la Administración regional, titular de la reserva de caza citada, y declarar la responsabilidad patrimonial en la que ha incurrido. Pero también hay que declarar que el perjudicado ha contribuido con su actitud imprudente a la producción del daño.


La distribución de las cuotas de responsabilidad que la concurrencia de causas conlleva hay que atribuirla en un porcentaje más elevado a la Administración regional por los motivos que han quedado igualmente expuestos, y no de manera equitativa entre ésta y el perjudicado. Se le debe atribuir a ella la obligación de soportar un peso mayor, el 75 por 100 en este caso, mientras que el reclamante habrá de responder del 25 por 100 restante del daño ocasionado.


QUINTA.- Sobre el quantum indemnizatorio.


Admitida la efectividad de la lesión y su conexión causal con el servicio público de conservación de especies cazables, procede, como establece el artículo 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, analizar la valoración del daño producido y la cuantía y el modo de la indemnización.


El interesado ha reclamado una indemnización de 3.219 euros y la valoración de los daños la ha llevado a cabo con arreglo al procedimiento que se ha expuesto en el Antecedente primero de este Dictamen.


Según se señala en la propuesta de resolución, no se discute por la Dirección General de Medio Natural la cuantificación de los daños efectuada por el reclamante ni la forma en que ha realizado la valoración. Por ese motivo, debe considerarse ajustada a la entidad de los daños por los que reclama.


No obstante, y como se ha explicado previamente, de esa cantidad la Administración regional debe asumir el 75% y el interesado el otro 25%. Así pues, la cantidad que procede abonar al reclamante (3.219 x 0,75) sería de 2.414,25 euros.


Por último, debe tenerse en consideración que el importe de la indemnización debe ser actualizado de acuerdo con lo que se establece en el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes


CONCLUSIONES


PRIMERA.- Se dictamina de manera favorable la propuesta de resolución en cuanto que se reconoce en ella que concurren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial administrativa, en concreto una relación de causalidad entre el mal funcionamiento del servicio regional de conservación de especies cazables y los daños alegados, cuya antijuridicidad ha sido debidamente acreditada.


SEGUNDA.- De igual modo, se dictamina favorablemente la apreciación de que en la producción del resultado lesivo concurre la culpa del propio interesado, si bien se entiende que la distribución de las cuotas de responsabilidad no debe ser igualitaria sino que corresponde atribuirla en mayor grado a la Administración regional (75%) mientras que el reclamante debe asumirla en el porcentaje restante (25%), según se expone en la Consideración tercera de este Dictamen.


TERCERA.- En relación con la valoración del daño debe estarse a lo que se indica en la Consideración cuarta.


No obstante, V.E. resolverá.