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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2006
Número de dictamen: 122/06
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación y Cultura
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª R. P. R., como consecuencia de los daños sufridos en el desarrollo de su trabajo en un centro escolar.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Tanto este Consejo Jurídico (Dictámenes números 247/02, 143/03, 86/2004 y 88/05), como el Consejo de Estado (entre otros, Dictámenes números 2411/2000 y 1164/2001), vienen sosteniendo el principio general en virtud del cual el desempeño o la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo no puede originar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial.


ANTECEDENTES
PRIMERO.-
Con fecha 13 de marzo de 2006 tiene entrada en el registro general de la Consejería de Educación y Cultura la reclamación presentada por D. R. P. R. por el daño sufrido el 1 de marzo de 2006, en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Monte Miravete" de Torreagüera (Murcia), durante el desempeño de su trabajo como cuidadora de una alumna paralítica cerebral, que se mueve con espasmos continuos muy fuertes y, como consecuencia de estas características, le tiró las gafas que llevaba puestas, ocasionando la rotura de los dos cristales.
SEGUNDO.- Con fecha 10 de abril de 2006, el Secretaria General de la Consejería de Educación y Cultura resuelve admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial y nombrar instructora del expediente, siéndole notificada la resolución a la interesada el 19 siguiente.
TERCERO.- Con fecha 24 de abril de 2006 se dirige oficio a la interesada mediante correo certificado con acuse de recibo (siéndole notificado el 28 siguiente) comunicándole que se le concede un plazo de subsanación de 10 días para que acredite la identidad, mediante fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, y la cuantía indemnizatoria que reclama, así como para que aclare si ha percibido algún tipo de ayuda por los mismos hechos.
Con fecha 5 de mayo de 2006 (registro de entrada), la reclamante acompaña:
-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
-Factura de una óptica por importe de 350 euros.
-Escrito en el que manifiesta no haber recibido ninguna ayuda por los daños sufridos.

CUARTO.-
A petición de la instructora, el Director del Centro Escolar remite informe el 11 de mayo de 2006 sobre los hechos ocurridos:
"
Que siendo las 12 horas, aproximadamente, del día uno de marzo del presente año, el Secretario de nuestro centro, D. A. M. L., me informó de que D. R. P. R., ayudante educativo de la alumna con necesidades educativas especiales con deficiencia motórica, D. M. O. P., había sufrido un pequeño percance al intentar introducir por la puerta principal del centro a dicha alumna. Ésta la golpeó involuntariamente, de tal manera que las gafas que llevaba puestas en ese momento, cayeron al suelo, rompiéndose los cristales".
QUINTO.-
Con fecha 23 de mayo de 2006 (registro de salida) se otorga un trámite de audiencia a la reclamante al objeto de que pudiera examinar el expediente, formular alegaciones y presentar cuantos documentos y justificaciones estimase pertinentes, sin que la interesada haya hecho uso de este derecho.
SEXTO.- La propuesta de resolución, de 28 de junio de 2006, estima la reclamación de responsabilidad patrimonial por existir nexo causal entre el daño alegado y el funcionamiento del servicio público educativo.
SÉPTIMO.- Con fecha 4 de julio de 2006 se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico acompañando el expediente administrativo.
A la vista de los referidos Antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
SEGUNDA.- Tramitación.
El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, sin que se aprecien carencias formales.
La reclamación se ha interpuesto en plazo y por quien goza de legitimación activa para ello. En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo la Consejería de Educación y Cultura competente para resolver el presente procedimiento, al tratarse de unos daños imputados al funcionamiento del servicio público regional de educación en el que se integra el centro público donde ocurrió el accidente.
TERCERA.- Existencia de responsabilidad patrimonial.
Las circunstancias que concurren en el supuesto determinan el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración regional desde el momento en que se dan todos los elementos necesarios para ello. Así, ha quedado acreditado en el expediente un daño o perjuicio patrimonial efectivo, individualizado en la reclamante y valorado en 350 euros, y que ha derivado del funcionamiento del servicio público docente, dado que se produjo en el transcurso de las actividades escolares propias del mismo, existiendo por tanto una conexión suficiente con la prestación del servicio educativo, máxime al encontrarse en ese momento la alumna bajo la vigilancia de la cuidadora y, por ende, del centro escolar.
Asimismo, la antijuridicidad del daño viene determinada por la inexistencia del deber jurídico de soportarlo por parte de la reclamante, quien en el desempeño de su labor profesional como auxiliar educativo no puede venir obligada a realizar sacrificios patrimoniales. En efecto, tanto este Consejo Jurídico (Dictámenes números 247/02, 143/03, 86/2004 y 88/05), como el Consejo de Estado (entre otros, Dictámenes números 2411/2000 y 1164/2001), vienen sosteniendo el principio general en virtud del cual el desempeño o la ejecución de las funciones propias del puesto de trabajo no puede originar para el empleado público ningún perjuicio patrimonial.
Del examen del expediente resulta que la reclamante sufrió un daño, consistente en la rotura de los cristales de sus gafas, en cumplimiento de sus deberes de cuidado de una alumna paralítica cerebral con necesidades educativas especiales, quien le golpeó involuntariamente, de manera que las gafas que llevaba puestas en ese momento cayeron al suelo y se rompieron los cristales.
Cabe concluir, pues, la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, debiendo ésta reparar el daño sufrido por la reclamante en el ejercicio de su función, el cual ha sido valorado en 350 euros. No habiéndose discutido dicho importe en el expediente, la cuantía de la indemnización habrá de coincidir con la expresada, más la correspondiente actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141.3 LPAC.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.-
Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución, al ser imputables al funcionamiento de los servicios públicos de la Administración regional los daños sufridos por la reclamante, a quien se deberá indemnizar en los términos señalados en la Consideración Tercera in fine.
No obstante, V.E. resolverá.