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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2011
Número de dictamen: 117/11
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Sanidad y Consumo
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por x y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Extracto de doctrina
En un caso de muerte súbita, no ha quedado acreditado en el expediente que el fallecimiento haya sido consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario (por la no adopción de las medidas adecuadas) sino proveniente de una evolución imprevisible de la enfermedad o dolencia (en estos supuestos el Consejo de Estado considera que la Administración no viene obligada a indemnizar, según Dictamen 4.428/96, de 20 de febrero de 1997).

Dictamen 117/2011


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2011, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Secretario General de la Consejería de Sanidad y Consumo (por delegación de la Excma. Sra. Consejera), mediante oficio registrado el día 26 de enero de 2011, sobre responsabilidad patrimonial instada por x y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 19/11), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 18 de diciembre de 2008, x, y, z, en su condición de esposa e hijos, respectivamente, del fallecido x, presentan reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Servicio Murciano de Salud, al que atribuyen una deficiente asistencia sanitaria.


Según relatan los reclamantes, el 18 de diciembre de 2007 avisaron a los Servicios de Urgencias al encontrarse mal el paciente, enviando una ambulancia sobre las 0,40 horas, siendo asistido por el personal sanitario, que dejó constancia en el historial de la dificultad respiratoria y de los siguientes síntomas: pitidos, picor en brazos y náuseas. Se le diagnosticó una crisis de ansiedad y se le prescribió orfidal.


Pese a que sus familiares insistieron para que se le practicara alguna prueba más, al no tener buen aspecto, la facultativa que le atendió afirmó que el diagnóstico era claro y que "ella sabía lo que tenía que hacer".


El x falleció en su domicilio veinticuatro horas después de la asistencia descrita, es decir el 19 de diciembre de 2007, a las 00,54 horas.


En opinión de los reclamantes, hubo un defectuoso tratamiento en la asistencia dispensada al paciente por los servicios médicos públicos, puesto que no se logró determinar la patología que padecía, lo que ocasionó su fallecimiento.


Señalan que el informe preliminar de autopsia judicial de 19 de diciembre de 2007 concluye que la causa de fallecimiento fue una insuficiencia cardiaca aguda y en el dictamen núm. 07/15605 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de 4 de abril de 2008, se apunta como posible causa del fallecimiento del paciente la muerte súbita.


Se reclama la cantidad 136.431,21 euros, conforme al baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico correspondiente al año 2007 (Resolución de 7 de enero de 2007 de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones), desglosada en los siguientes conceptos:  


- Para la viuda del fallecido la cantidad de 99.222,70 euros.


- Para su hija x, menor de veinticinco años, la cantidad de 16.537,11 euros.


- Para su hijo x, mayor de 25 años, la cantidad de 8.268,56 euros.


A las cantidades anteriores, le aplican el factor de corrección del 10%, incrementando la cuantía anterior en 12.402,84 euros.


Después de reseñar la normativa en la que se fundamenta la reclamación interpuesta, y de definir los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial, los reclamantes expresan que tales requisitos concurren en el presente caso puesto que:


1. El daño resulta acreditado con el fallecimiento del paciente a las veinticuatro horas de ser atendido por profesionales del Servicio Murciano de Salud, sin someterlo a ninguna prueba médica, diagnosticándole una crisis de ansiedad.


2. También concurre la relación de causalidad entre el daño causado y el funcionamiento del servicio público, al que se acudió confiando en su adecuada prestación, puesto que una crisis de ansiedad no puede ser motivo del fallecimiento de una persona en el transcurso de veinticuatro horas desde su diagnóstico. Tampoco se le realizó ninguna prueba que evidenciara si con los síntomas que presentaba el paciente podría estar sufriendo una insuficiencia cardiaca que, finalmente, fue la causa de su fallecimiento.


3. Se produjo una infracción de la lex artis, que ha producido un daño antijurídico que debe ser reparado, al haberse dispensado una prestación sanitaria deficiente y cometido un error en el diagnóstico, puesto que los sanitarios que asistieron al paciente ni le realizaron un electrocardiograma en la misma ambulancia en la que se le atendió, ni tampoco dispusieron su traslado a un Hospital para que se pudiese determinar el origen de sus dolencias y su correcto tratamiento.


Por último, solicitan como medios de prueba que se incorporen al procedimiento los documentos que se acompañan al escrito de reclamación: copia del parte de la asistencia dispensada por el Servicio de Urgencias el 18 de diciembre de 2007, en el que se recoge el diagnóstico de crisis de ansiedad; informe preliminar de autopsia judicial del Instituto de Medicina Legal de Murcia de 19 de diciembre de 2007, y dictamen núm.7/15605 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de 4 de abril de 2008. También proponen como documental la copia de la historia clínica del paciente.


SEGUNDO.- La Jefa de Servicio Jurídico del Servicio Murciano de Salud, mediante oficio de 19 de enero de 2009, se dirige a los reclamantes para que acrediten su condición de interesados, aportando éstos copia de los certificados de matrimonio del fallecido y de nacimiento de sus hijos traducidos al español (folios 16 a 28).


TERCERO.- Admitida a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 11 de marzo de 2009, es notificada a las partes interesadas.


Al mismo tiempo se solicitó copia de la historia clínica del paciente e informes de los facultativos que le atendieron a la Gerencia de Atención Primaria de Murcia, que fueron remitidos mediante nota interior de 7 de abril de 2009 (folios 36 a 39).


De dicha documentación destaca el informe emitido por la médica de familia del Servicio de Urgencia de Atención Primaria MU-INFANTE, que asistió al paciente el 18 de diciembre de 2007, relatando lo siguiente:


"PRIMERO.- Que sobre la media noche del día 18 de diciembre de 2007 recibió un aviso del Centro Coordinador de Emergencias, motivo por el cual se desplazó en el vehículo SUAP-2, en compañía del conductor y un DUE, hasta Puente Tocinos, -- (...).


SEGUNDO.- Una vez dentro de la vivienda procedió a examinar a un varón de unos cincuenta años, que estaba en compañía de su familia, que refería los siguientes síntomas: dificultad respiratoria, palidez, picor en brazos y náuseas.


TERCERO.- los resultados de la exploración fueron: clínicamente asintomático, constitución atlética, SAT 02:97%, FC: 76 Ipm, AC: rítmica sin soplos a 76 Ipm. AP: MVN, TA: 130/80.


CUARTO.- Del resultado de la exploración, de la información facilitada por el propio paciente y su familia respecto del historial de enfermedades y hábitos, se determinó la ausencia de síntomas asociados a la insuficiencia cardiaca, tales como disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores, cardiomegalia, edema agudo de  pulmón, galope por tercer ruido, reflujo hepato-yugular, tos nocturna, sibilancias, edemas, astenia, anorexia o letargia, etc. Por ello se diagnosticó una crisis de ansiedad, prescribiéndosele como tratamiento orfidal y control por su médico de familia.


QUINTO: De la lectura del informe forense, en modo alguno puede deducirse que la existencia de una mala praxis fuera el elemento causal del fallecimiento del paciente".


CUARTO.- Habiéndose solicitado al Juzgado de Instrucción núm. 7 de Murcia el testimonio de las Diligencias Previas núm. 245/2008, incoadas con motivo del fallecimiento de x, son remitidas el 24 de abril de 2009, siendo incorporadas al procedimiento (folios 40 y ss.), destacándose las siguientes actuaciones:


1. El informe preliminar de autopsia judicial del Instituto de Medicina Legal de Murcia de 19 de diciembre de 2007, que, tras el examen externo e interno del cadáver, hace constar que el fallecimiento de x fue de origen natural, que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardiaca aguda, y que la hora de la misma puede establecerse a las doce horas y cincuenta y cuatro minutos del 19 de diciembre de 2007. No obstante, se puntualiza que tales conclusiones eran provisionales, hasta la recepción de los resultados del estudio anatomopatológico.


2. El dictamen núm. 7/15605, de 4 de abril de 2008, del Servicio de Histopatología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que en el análisis de la muestra de su corazón resume los siguientes resultados:


"Corazón: Probable hipertrofia cardiaca. Ateromatosis coronaria con estenosis focal estimada del 50-70% en la coronaria dcha. y 40% en la circunfleja.


Comentario: La patología cardiaca observada por sí sola tiene una leve-moderada probabilidad de tener relación causal con la muerte, siempre que se hayan descartado otras causas. No obstante, la causa más probable de la muerte ha de ser valorada por la médico forense, a la vista de todos los datos conocidos del caso, y resultados de otros análisis complementarios".


3. El informe de toxicología del Instituto de Medicina Legal de Murcia, que, sobre una muestra de sangre extraída, hace constar que el resultado de alcoholemia era negativo y positivo para cafeína.


4. El Auto de 4 de junio de 2008 del Juzgado de Instrucción núm. 7 de Murcia, por el que se decreta el sobreseimiento libre y el archivo de las Diligencias Previas 245/2008, al no revestir carácter de infracción criminal los hechos denunciados.


QUINTO.- Por la Compañía Aseguradora del Servicio Murciano de Salud se aportó dictamen pericial sobre el contenido de la reclamación, en el que tras relatar el objeto de la misma y formular las oportunas consideraciones médicas, se concluye lo siguiente (folios 85 a 105):


"1. Con los datos disponibles, la atención médica en el domicilio puede considerarse correcta.


2. Se realizó la anamnesis y una adecuada exploración física.


3. El diagnóstico era compatible con los síntomas y signos que presentaba el paciente.  


4. El tratamiento fue adecuado, aunque debió emplearse la vía sublingual.


5. El paciente falleció a las 24 horas de esta Atención Médica. Desconocemos el motivo por el que no consultó al Médico de Familia como se había indicado. Desconocemos la evolución clínica del proceso en las horas siguientes a la consulta con el 061.


6. No hay datos suficientes, que sustenten de forma clara, que existió un proceso previo, ni diagnosticado y con posibilidad de prevención del evento final en las horas previas al fallecimiento".  


SEXTO.- Consta que se ha interpuesto por los reclamantes recurso contencioso administrativo frente a la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (recurso núm. 926/2009), y que el citado Tribunal solicitó el expediente original y se instó el emplazamiento de los interesados, requerimientos que fueron debidamente cumplimentados.


SÉPTIMO.- Solicitado informe a la Inspección Médica, es evacuado el 21 de octubre de 2010 con las siguientes conclusiones:


"1) Varón de 55 años, sin antecedentes de enfermedad, ni factores de riesgo cardiovascular, que estando en su domicilio es atendido por el equipo del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) sobre las 0,40 horas del 18/12/07 tras avisar por dificultad respiratoria.


2) Se procedió a la exploración descartando patología pulmonar y cardiaca y diagnosticándole de crisis de ansiedad al presentar síntomas compatibles con esta patología, tratándole con un ansiolítico y recomendado seguimiento por médico de familia, al que no acude.


3) La noche siguiente vuelve a encontrarse mal, cuando llega el equipo médico le realiza la RCP sin éxito, constando la data de la muerte a las doce cincuenta y cuatro (a las 24 horas aproximadamente del anterior aviso).


4) A la vista de la autopsia se confirma lo hallado en la exploración física del enfermo, no hubo causa pulmonar en el fallecimiento, tampoco hubo infarto agudo de miocardio, ni signos de insuficiencia cardiaca crónica por lo que se diagnostica la posible causa de la muerte compatible con una muerte de origen natural, secundaria a insuficiencia cardiaca aguda. En un 15% de los casos la primera manifestación de la enfermedad cardiaca será la muerte súbita.


5) No podemos asegurar que el proceso previo estuviera relacionado con el fallecimiento. La actuación de los profesionales en Urgencias fue ajustada a una práctica médica correcta y no se pudo prever la muerte".


OCTAVO.- Otorgado un trámite de audiencia a los interesados, no consta que formularan alegaciones, tras lo cual se formula propuesta de resolución desestimatoria, por no concurrir los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial, al no apreciarse infracción de la lex artis.


  NOVENO.- Con fecha 26 de enero de 2011 se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo.  


A la vista de los referidos Antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


  El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).


  SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


1. Los reclamantes, en su condición de viuda e hijos del finado, ostentan la condición de interesados para ejercitar la acción de reclamación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en relación con el artículo 4.1 RRP.


2. La legitimación pasiva deriva de la titularidad pública predicable de la asistencia sanitaria a la que se atribuye el daño, concretamente la prestada por el personal sanitario del Servicio de Urgencias de Atención Primaria del Infante, de Murcia.


  3. La reclamación, presentada el 18 de diciembre de 2008, se ha interpuesto dentro del año previsto en el artículo 142.5 LPAC, puesto que las Diligencias Previas 245/2008 fueron archivadas el 4 de junio de 2008, remitiéndose el Consejo Jurídico a su doctrina sobre la interrupción del plazo de prescripción en tales supuestos (por todos, Dictamen núm. 82/2007).


  4. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, salvo el plazo máximo para resolver, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.3 RRP.


  TERCERA.- Responsabilidad patrimonial en materia sanitaria. Requisitos.


  La responsabilidad patrimonial exigida por la actuación en el campo sanitario está sometida a los principios de la responsabilidad de la Administración que rigen en nuestro Derecho, derivada del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.


  Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, de naturaleza objetiva, son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


  a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupos de personas.


  b) Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal.


  c) Ausencia de fuerza mayor.


  d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


  Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


  La actuación del sanitario ha de llevarse a cabo por la denominada "lex artis ad hoc" o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en que la misma se desarrolle (Dictámenes números 49/01 y 97/03 del Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de una lesión, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo para determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente (STS, Sala 3ª, de 14 de octubre de 2002).


  Por ello, la doctrina jurisprudencial lo utiliza como parámetro que permita determinar el grado de corrección de la actividad de la administración sanitaria a la que se imputa el daño, diferenciando los supuestos en los que el resultado dañoso se puede imputar a la actividad administrativa de aquellos otros casos en los que el resultado se ha debido a la evolución natural de la enfermedad y al hecho de la imposibilidad de garantizar la salud en todos los casos, y ello porque, como ha manifestado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (sentencias de 4 de abril de 2000 y 17 de mayo de 2004, entre otras muchas), el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es el de la adecuación objetiva al servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado.


  CUARTA.- Falta de acreditación de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial en el presente caso.


Los reclamantes atribuyen al servicio público sanitario un error en el diagnóstico y una prestación sanitaria deficiente, pues, en su opinión, ante los síntomas que presentaba el paciente de dificultad respiratoria, pitidos, picor en brazos y náuseas, se le diagnosticó una crisis de ansiedad, sin practicarle ninguna otra prueba, ni un electrocardiograma in situ en la ambulancia, ni se le derivó al Hospital que le correspondiese para intentar averiguar su patología y para que le realizasen más pruebas que detectaran la insuficiencia cardiaca, que finalmente fue la causante del daño que consideran antijurídico.


Sin embargo, salvo sus aseveraciones, los interesados no han aportado un juicio técnico (que sólo puede corresponder a los profesionales de la medicina) que valore dicha asistencia y en qué medida se podía haber identificado la patología del paciente, cuando, según se infiere de la instrucción, ni tan siquiera se puede aseverar que el proceso previo estuviera relacionado con el fallecimiento, correspondiendo a los reclamantes la carga de la prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Por el contrario, las precitadas imputaciones de la parte reclamante han sido refutadas de forma motivada por la Inspección Médica, cuyo carácter técnico ha sido destacado por este Consejo Jurídico (Dictámenes núms. 133/04 y 56/05), resaltando la propuesta elevada que la causa de la muerte del paciente fue súbita (natural, inesperada y rápida), sin factores de riesgo conocidos, conforme expresa el acta de inspección ocular de la Jefatura Superior de Policía, en la que se recoge el testimonio de la viuda de que su marido no estaba medicado, ni padecía enfermedad alguna; en todo caso, en la exploración física de la facultativa de los Servicios de Urgencia se comprobó que no padecía dolencia pulmonar, ni sufría infarto de miocardio, ni presentaba signos de insuficiencia cardiaca crónica.


Veamos, pues, con mayor detalle el juicio crítico sobre la asistencia sanitaria realizado por la Inspección Médica:


1. Cuando los Servicios de Urgencias llegan al domicilio del paciente (de 55 años de edad, 90 Kg. de peso y 180 cms. de talla) a las 0,40 horas del día 18 de diciembre de 2007, tras ser avisados por presentar dificultad respiratoria, el paciente se encuentra bien, según se anota en el parte de asistencia de dichos Servicios aportado por los reclamantes: "enfermedad actual: dificultad respiratoria, pálido y picor en brazos. Náuseas. A la llegada está perfectamente. Refiere que ha durado 8 minutos".


2. Posteriormente la facultativa procede a la exploración, descartando la patología pulmonar por los datos que expresa, comprobando que la frecuencia cardiaca era normal con auscultación rítmica sin soplos, al igual que la tensión arterial, sin que se detectaran síntomas de insuficiencia cardiaca (folio 37). Según expresa la Inspección Médica, la anamnesis y exploración física orientan hacia la etiología de disnea, diagnosticándole crisis de ansiedad al resultar compatibles los síntomas con dicha patología, recomendando, no obstante, su seguimiento por el médico de familia, a cuya consulta el paciente no acudió al día siguiente.    


  No se prescribieron nuevas pruebas complementarias porque no se dudó de la causa de la disnea, al encontrarse el paciente estabilizado en aquel momento.  


  3. Conviene destacar que en la autopsia se confirma lo hallado en la exploración física del enfermo, dado que no hubo causa pulmonar en el fallecimiento, ni infarto agudo de miocardio, ni signos de insuficiencia cardiaca crónica, por lo que la posible causa de la muerte se diagnostica como insuficiencia cardiaca aguda.


  4. Si la asistencia sanitaria, que se produjo 24 horas, aproximadamente, antes de su fallecimiento, resultó insatisfactoria para la familia no se explica por qué el paciente, en el caso de que se hubiera seguido encontrándose mal a la mañana siguiente, no acudió a su médico de familia o centro hospitalario.  Además, el fallecimiento, en un paciente que no presentaba factores de riesgo conocidos, cumple en opinión de la Inspección Médica los requisitos de la muerte súbita, que puede esperarse como primera manifestación de la enfermedad cardiaca en un 15% de casos, según sus conclusiones.    


De lo expuesto se desprende que no cabe concluir, como pretenden los reclamantes, que en la primera asistencia de urgencias pudiera detectarse la verdadera naturaleza de su mal, pues, atendidas las circunstancias, la médica actuó de acuerdo con la "lex artis". En efecto, realizó las pruebas diagnósticas que tenía a su alcance (exploración física e interrogatorio de antecedentes personales y familiares) y el resultado de las mismas orientó su juicio clínico hacia una patología que resultaba compatible con los síntomas que presentaba el paciente, según confirma la Inspección Médica, sin que haya quedado acreditado en el expediente que la "lex artis ad hoc" aconsejara la realización de pruebas complementarias para conseguir un diagnóstico diferencial, cuando el paciente se encontraba bien cuando acudieron los Servicios de Urgencias, según se anota en el parte de asistencias aportado por la parte reclamante, y se confirma por los parámetros que se describen en el historial por la facultativa (folio 37).


Como también indicamos en nuestro Dictamen 48/1998 en un caso de muerte súbita, no ha quedado acreditado en el expediente que el fallecimiento haya sido consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario (por la no adopción de las medidas adecuadas) sino proveniente de una evolución imprevisible de la enfermedad o dolencia (en estos supuestos el Consejo de Estado considera que la Administración no viene obligada a indemnizar, según Dictamen 4.428/96, de 20 de febrero de 1997).


En suma, a la vista de las valoraciones técnicas de la asistencia prestada por la facultativa, constituida por el informe de la Inspección Médica y por el aportado por la compañía de seguros, se ha de concluir que la actuación de la profesional del Servicio de Urgencias fue ajustada a una práctica médica correcta y no se pudo prever la muerte del paciente.


  En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


  ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al no concurrir los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


  No obstante, V.E. resolverá.