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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2012
Número de dictamen: 180/12
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Agricultura y Agua
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por x, en nombre y representación de la Cooperativa Agraria --, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios dependientes de la Consejería de Agricultura y Agua.
Dictamen:

Dictamen nº 180/2012


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 24 de julio de 2012, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 16 de mayo de 2012, sobre responsabilidad patrimonial instada por  x, en nombre y representación de la Cooperativa Agraria "--", como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios dependientes de la Consejería de Agricultura y Agua (expte. 136/12), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 11 de julio de 2011, x, en nombre y representación de la Cooperativa Agraria "--", presenta reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración regional, por los daños que dice haber sufrido como consecuencia del funcionamiento de sus servicios públicos.


El daño se identifica como haber dejado de percibir la ayuda extraordinaria a la retirada del mercado de fruta (melocotón y nectarina), que se imputa a la actuación negligente de un funcionario -controlador PAC- de la Dirección General para la Política Agraria Común. El 14 de junio de 2011, dicho empleado público, encargado de realizar los controles de conformidad de los productos a retirar, rechaza la retirada extraordinaria solicitada por la Cooperativa, al considerar que incumple normas de comercialización (podredumbre). Como consecuencia de esta decisión, la Cooperativa reclamante deja de percibir la ayuda prevista para dicha retirada en el Reglamento (CE) 1580/2007, de la Comisión, de 21 de diciembre, y en el Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011, de 7 de junio de 2011.


El relato fáctico de la reclamación señala que con motivo de la crisis alimentaria europea generada por un brote de la bacteria "E.coli", y en el marco de las medidas de crisis adoptadas por la UE, con fecha 13 de junio de 2011, la Cooperativa notifica a la Dirección General para la Política Agraria Común la operación de retirada extraordinaria de 15.000 kilos de nectarina y 30.000 de melocotón, para destinarlos a alimentación animal.


El 14 de junio de 2011, se persona en las instalaciones de la entidad cooperativa el controlador PAC, quien, durante las tres horas que duró la operación de retirada, adopta una actitud pasiva, incompatible con las funciones de control físico inherentes a su trabajo y previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011. A pesar de ello decide no autorizar finalmente la retirada del producto, por "podredumbre".


El daño se evalúa en 4.496,80 euros, cantidad a que asciende la pretensión indemnizatoria.


Se propone prueba testifical de dos personas pertenecientes a la Cooperativa (un técnico y la gerente) y la documental que se aporta junto a la reclamación, que acredita la representación del Letrado actuante, así como la solicitud de retirada del mercado y su rechazo por el funcionario controlador.


SEGUNDO.- Con fecha 4 de octubre de 2011, el Secretario General de la Consejería de Agricultura y Agua resuelve admitir a trámite la reclamación, declara iniciado el procedimiento general de responsabilidad patrimonial y designa instructora.


TERCERO.- Solicitado informe al Servicio de Intervención y Regulación de Mercados, de la Dirección General para la Política Agraria Común, órgano al que se encuentra adscrito el funcionario a cuya actuación se imputa el daño, se emite el 17 de octubre de 2011 por el titular de la citada Dirección General, con el siguiente tenor literal:


"1.- En las reuniones mantenidas en esta Consejería con los representantes del sector hortofrutícola en relación con la crisis originada por la bacteria E. Coli, los días 30 de mayo, 2 de junio y 3 de junio, se manifestó con toda claridad que no se conocían con seguridad qué productos podrían recibir ayudas.


2.- Igualmente, se dejó claro que quienes desearan realizar retiradas o no cosecha (sic) lo harían bajo su responsabilidad y sin seguridad alguna de que pudieran ser compensadas.


3.- Que, finalmente, cuando la Comisión publicó la lista de productos que iban a recibir compensación económica, éstos solo eran cinco: pepino, tomate, lechuga, calabacín y pimiento, por lo que los melocotones y nectarinas quedaron sin ayuda, al igual que otros productos que también habían sido retirados, como melón, sandía, etc.


4.- Que si el controlador hubiera aceptado el lote a retirar, los melocotones retirados hubieran quedado también sin ayuda.


5.- Que, por tanto, no procede estimar la reclamación formulada".


CUARTO.- Con fecha 21 de octubre de 2011, el interesado reitera su propuesta de prueba, acordando la instructora admitir la documental y rechazar, por innecesaria, la testifical propuesta, toda vez que, independientemente de la actuación del controlador, la Cooperativa no podría haberse beneficiado de las ayudas, al quedar la fruta retirada fuera del ámbito material de cobertura de las mismas.


QUINTO.- Conferido el preceptivo trámite de audiencia, la Cooperativa presenta escrito de alegaciones en el que reitera los mismos argumentos esgrimidos en la reclamación inicial y adjunta las declaraciones efectuadas por la gerente, el técnico y el encargado del almacén de la Cooperativa Agraria, en el seno de la información reservada previa a la eventual incoación de expediente disciplinario al funcionario a cuya actuación se imputa el daño.


SEXTO.- El 13 de febrero de 2012, la instructora formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al considerar que no concurren los requisitos necesarios para la declaración de la responsabilidad patrimonial, singularmente la efectividad del daño y el nexo causal entre éste y el funcionamiento del servicio público.


En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos, se remite el expediente en solicitud de Dictamen, mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el pasado 16 de mayo de 2012.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


Este Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se ha iniciado a instancia de parte interesada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 RRP, condición que concurre en la cooperativa agraria actora en su calidad  de potencial beneficiaria de las ayudas comunitarias por cuya no concesión se reclama.


La representación del Letrado actuante ha quedado debidamente acreditada en el expediente mediante la aportación de copia de escritura de poder para pleitos y del acuerdo del órgano de gobierno de la Cooperativa por el que se otorga tal representación.


La legitimación pasiva corresponde a la Consejería de Agricultura y Agua en su doble condición de órgano de adscripción del funcionario y de titular del servicio público a cuya actuación y funcionamiento, respectivamente, se imputa el daño.


II. La reclamación se ha presentado el 11 de julio de 2011, dentro del plazo anual establecido por el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) para la prescripción del derecho a reclamar, cuyo dies a quo cabe identificar con el momento de la producción del daño. A falta de otras referencias temporales en el expediente, en el supuesto sometido a consulta, cabe considerar como fecha de inicio del referido plazo anual la del rechazo de la solicitud de la Cooperativa, el 14 de junio de 2011.


III. A la luz del expediente, cabe afirmar que se han cumplimentado los trámites exigidos por las normas reguladoras de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, sin que se aprecien carencias esenciales. Así, consta en el expediente el informe preceptivo del servicio a cuyo funcionamiento se imputa el daño, el trámite de audiencia a la cooperativa interesada, el acuerdo motivado de la instructora en relación con la admisión e inadmisión de la prueba propuesta y la solicitud de este Dictamen.  


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa tiene su fundamento primario en el artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". A partir de lo anterior, los elementos constitutivos de esta institución vienen establecidos en los artículos 139 y siguientes de la LPAC, interpretados por abundante jurisprudencia. En síntesis, para que proceda estimar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública deben concurrir los siguientes requisitos:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran interrumpir el nexo causal.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. La reclamante imputa la producción de los daños por los que pretende ser indemnizada a la indebida actuación de un funcionario, encargado de efectuar las comprobaciones exigidas por la normativa comunitaria, cuya actitud pasiva en el control físico de la mercancía no le impidió certificar que la fruta no reunía las condiciones adecuadas de comercialización. Considera la entidad actora que esa negligente actitud del funcionario y el consiguiente rechazo a la solicitud de retirada del mercado fue determinante a la hora de no poder percibir las ayudas establecidas por la Unión Europea para paliar las consecuencias de la crisis agroalimentaria surgida en el verano de 2011.


Sin embargo, al margen de la actitud del funcionario, la empresa no tenía derecho a percibir la ayuda en cuestión, toda vez que la normativa aplicable excluía de su ámbito de cobertura a la fruta (melocotones y nectarinas) y únicamente establecía ayudas para la retirada del mercado de determinadas hortalizas frescas (tomates, lechugas y escarolas, pepinos, pimientos y calabacines), de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 585/2011 de la Comisión, de 17 de junio, que establece, con carácter temporal, medidas excepcionales de apoyo al sector de las frutas y hortalizas. A pesar de que su aprobación y publicación data de días posteriores a la fecha de los hechos en que se basa la reclamación, dicha norma era aplicable a la retirada del mercado solicitada por la Cooperativa actora, pues su artículo 1.1 establecía que a él podrían acogerse las retiradas producidas entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2011.


Consecuencia de lo expuesto es que, como bien señala la propuesta de resolución, aun en el supuesto de que el funcionario actuante hubiera certificado de conformidad la retirada de la fruta en cuestión, la entidad actora no habría podido obtener la ayuda solicitada, al no encontrarse el producto en el ámbito de cobertura de aquélla, lo que impide apreciar el imprescindible nexo causal entre el funcionamiento de la Administración y el daño alegado, el cual tampoco podría ser considerado antijurídico, toda vez que la no percepción de las ayudas está amparada por el ordenamiento, careciendo la cooperativa de un derecho a su cobro.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, que no aprecia la concurrencia de nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daño alegado.


No obstante, V.E. resolverá.