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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2011
Número de dictamen: 283/11
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por x, como consecuencia de los daños sufridos en un vehículo de su propiedad.
Dictamen:

Extracto de doctrina
La presencia incontrolada de animales en las carreteras no genera la obligación de indemnizar, habida cuenta que no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público viario, sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad viaria, que enerva la relación de causalidad.

Dictamen nº 283/2011


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2011, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 9 de marzo de 2011, sobre responsabilidad patrimonial instada por x, como consecuencia de los daños sufridos en un vehículo de su propiedad (expte. 53/11), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- En fecha 4 de noviembre de 2008 x, letrada del Ilte. Colegio de Abogados de Lorca, en representación de x y de la compañía aseguradora --, presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de dicha asegurada con matrícula --, por el accidente sufrido el 11 de noviembre de 2007 en la carretera regional C-3211, sentido Lorca, a la altura del punto kilométrico 42,8, como consecuencia de la irrupción de dos jabalíes en la calzada. Alega una deficiente conservación de la carretera al carecer de vallado que impidiese el paso de dichos animales a la calzada, así como ausencia de señal alguna indicativa de la presencia de animales sueltos. Solicita que, previa la instrucción del correspondiente expediente, se dicte Resolución admitiendo la reclamación e indemnizando a su representada  en la cantidad de 1.528,37 euros, importe de la reparación del vehículo según factura que adjunta.


Se une la siguiente documentación:


1. Informe ARENA de la Guardia Civil de Tráfico en cuyo apartado destinado a "comentarios" se afirma lo siguiente: "la conductora del vehículo implicado circulaba sentido Lorca y al llegar al lugar del suceso interceptó su trayectoria dos jabalíes que cruzaban la calzada, produciéndose el atropello de los mismos, causándole daños al turismo".


2. Factura de un taller mecánico por el importe antes señalado.


Propone los siguientes medios de prueba:


1. Documental que se adjunta a la reclamación.


2. Testifical de los agentes instructores del atestado y del expedidor de la factura.


SEGUNDO.- Con fecha 26 de enero de 2009 se requiere a la letrada la subsanación o mejora de la reclamación presentada, mediante la aportación de una serie de documentos entre los que figura el que acredite fehacientemente la representación con la que dice actuar en nombre de la reclamante.


El requerimiento es cumplimentado por x, Procurador de los Tribunales de Lorca y, según afirma, de la reclamante, mediante escrito fechado el 16 de febrero de 2009, al que adjunta una serie de documentos entre los que no se encuentra la escritura de poder otorgada a su favor y al de la letrada x, a pesar de que en el encabezamiento del escrito anuncia su presentación.


TERCERO.- Solicitado el preceptivo informe de la Dirección General de Carreteras se emite el 10 de febrero de 2009, en el que, tras afirmar la titularidad regional de la vía en la que se produjo el atropello, se indica lo siguiente:


"A) No se tiene conocimiento del evento lesivo hasta la presente reclamación patrimonial, por lo que no se puede confirmar la realidad y certeza del evento lesivo.


B) No se puede determinar la existencia de fuerza mayor o actuación inadecuada del perjudicado o de un tercero.


C) No existe constancia de otros accidentes similares en el mismo lugar.


D) No existe relación de causalidad entre el siniestro y el funcionamiento del servicio público de carreteras.


E) No se puede determinar la imputabilidad de la responsabilidad a esta Administración o a otras administraciones, contratistas o agentes.


F) No se ha realizado ninguna actuación en este tramo de carretera relacionada con el evento lesivo.


G) El tramo de carretera, con buena visibilidad, no tiene ninguna señalización que merezca significar en relación con el evento lesivo.


H) No se pueden valorar los daños causados.


I) No existen aspectos técnicos para determinar la producción del daño.


J) El tramo de la carretera C-3221 en el que ocurrió el supuesto accidente es una carretera convencional, por lo que no es preceptivo el control regulado de accesos ni vallas metálicas de cerramiento".


CUARTO.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia y vista del expediente, el 18 de mayo de 2009 el procurador x presenta alegaciones, en las que, en síntesis, manifiesta lo siguiente:


1. Se ratifica en el contenido de la reclamación presentada en su día en nombre de la x.


2. Adjunta escritura de poder otorgada por la aseguradora -- a favor de la letrada x y del procurador compareciente.


3. Propone la práctica de las siguientes pruebas testificales:


a) Del agente instructor de la Guardia Civil interviniente en el informe ARENA, con carnet (x), para que se ratifique en el contenido de dicho informe.


b) Del legal representante del taller que emite la factura de reparación del vehículo para que se ratifique en la misma.


c) De x, titular de un coto contiguo a la zona del siniestro, a fin de que manifieste cuanto sepa sobre la presencia de jabalíes en la zona y sus peligros, así como sobre las medidas solicitadas a la Administración y las que se han adoptado.


d) De x, legal representante de Explotaciones Agrícolas --, titular de un coto contiguo al lugar de los hechos.


4. Adjunta informe de la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, relativo a las titularidades de los cotos colindantes a la carretera en la que se produjo el accidente. Asimismo une documento de matrícula anual de coto privado de caza 2008 de x, acreditativo de ser coto de caza menor.


5. Finaliza su escrito afirmando que la Administración ha de asumir la responsabilidad derivada de los hechos por los que se reclama, al no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la presencia de jabalíes en la vía, siendo constatable por los propios titulares de los cotos del lugar la presencia cada vez mayor de estos animales en la zona, así como el incremento de siniestros de tráfico que causan, sin que se haya desplegado actividad alguna de prevención del peligro a pesar de los múltiples requerimientos efectuados por los propios titulares de los cotos.


QUINTO.- Admitida la prueba se señala para su práctica el día 23 de septiembre de 2009, sin que llegada dicha fecha compareciesen los testigos, por lo que el órgano instructor volvió a señalar fecha, el día 29 de octubre de 2009, compareciendo en este caso solamente la testigo x que, tras responder a las generales de la ley, contesta a las preguntas que le formula la letrada de la reclamante en el siguiente sentido:


"1.ª ¿Es usted titular de un coto contiguo al lugar del accidente C 3211 km --, en el término municipal de Lorca Murcia?


Respuesta: Contiguo no pues hay dos cotos entre medias. Mis sobrinos son los propietarios de la zona del coto más próxima al lugar del accidente pero yo soy el titular del coto.


2.a ¿Es usted conocedora de la existencia de un gran número de jabalís en la zona?


Respuesta: No.


3.ª ¿Tiene usted conocimiento de que hayan ocurrido en este tramo de carretera accidentes de tráfico ocasionados por la presencia de jabalís?


Respuesta: He oído decir que sí.


4.ª ¿Es usted conocedora de que en los últimos años se ha multiplicado el número de jabalís en la zona causando grandes destrozos en las fincas colindantes?


Respuesta: Hace muchos años entraron en mi finca pero desde hace tiempo no. No voy mucho por la finca.


5.- ¿Es usted conocedora si por su parte o por parte de los titulares de otros cotos colindantes se han solicitado medidas a la Administración para dar mayor seguridad a la vía?".


El acta de prueba testifical que obra al folio 95 del expediente no refleja contestación alguna a esta última pregunta.


SEXTO.- Otorgado nuevo trámite de audiencia la letrada de la reclamante presenta escrito el 10 de diciembre de 2009, por el que viene a ratificar las declaraciones contenidas en las comparecencias realizadas con anterioridad en el procedimiento.


SÉPTIMO.- Seguidamente se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por considerar que la presencia incontrolada de animales en las carreteras no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público viario, sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad viaria, que excluye la relación de causalidad exigible para generar la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues el acceso de tales animales a la vía puede resultar inevitable, atendiendo las diferentes formas por las que pueden acceder a la calzada.


Dicha propuesta de resolución, remitida a este Consejo Jurídico en unión del expediente tramitado y su extracto e índice reglamentarios, en solicitud de su preceptivo Dictamen, constituye el objeto del presente.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, concurriendo con ello el supuesto previsto en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.


SEGUNDA.- Procedimiento,


I. Justificación del examen del procedimiento seguido en la instrucción.


Cabe afirmar que el procedimiento seguido se ha ajustado en términos generales a los trámites previstos en el artículo 6 RRP. No obstante, conviene recordar que el Consejo Jurídico viene, al menos desde nuestro Dictamen 56/2001, indicando la conveniencia de introducir la práctica administrativa de exigir un informe adicional de los servicios técnicos del Parque Móvil, pues ello asegura la necesaria correspondencia entre el accidente y los daños cuya indemnización se reclama, recomendación que, en el presente caso, no se ha seguido.


II. Plazo.


La acción de responsabilidad ha sido ejercitada dentro del plazo establecido en el artículo 142.5 LPAC,  toda vez que la reclamación se interpuso antes de que transcurriera un año desde la fecha en que ocurrieron los hechos.


III. Legitimación y representación.


La legitimación activa corresponde, cuando de daños materiales en las cosas se trata, a quien ostenta su propiedad, dado que éste será el que sufra el perjuicio patrimonial ocasionado por el funcionamiento de los servicios públicos; en el caso que nos ocupa, reside en x, puesto que si bien no ha acreditado en el expediente ser la propietaria del vehículo siniestrado, sí ha quedado constatado que ella corrió con los gastos de reparación del vehículo que conducía.


Se advierte, sin embargo, la falta de acreditación de la representación que la firmante del escrito inicial (la letrada compareciente) y el procurador que actuó con posterioridad, dijeron tener conferida de la interesada x,  pues no obra en dicho escrito (ni en ningún otro posterior) la rúbrica de ésta al efecto de poder considerar acreditado el otorgamiento de la citada representación conforme a lo dispuesto en el artículo 33.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), sin que tampoco la escritura de poder que se ha incorporado al expediente cumpla con tal fin, pues con ella sólo queda acreditado que los comparecientes han sido designados para su representación por --, pero no por la reclamante. Por ello, previamente a la resolución del procedimiento, es necesario que la interesada ratifique los actos realizados por quienes comparecieron en su nombre; en caso contrario, no podrá resolverse el procedimiento en lo tocante a la cuestión de fondo, al carecer los pretendidos representantes de toda legitimación al efecto.


Los daños se imputan a la Administración regional por su deficiente actuación en materia de conservación y señalización de una vía pública de su titularidad, por lo que aquélla está legitimada pasivamente para resolver la reclamación.


TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.


De los artículos 139.1 y 141.1 LPAC se desprende que la Administración debe responder por los daños y perjuicios causados a los particulares con ocasión del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que se trate de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar (en cuyo caso se habla de "lesión", en sentido estricto) y que, por ello, son indemnizables. A pesar de que el tenor literal del citado artículo 139.1 se refiere exclusivamente al "funcionamiento" de los servicios públicos, la doctrina y la jurisprudencia vienen admitiendo que a tal supuesto debe añadirse el de las lesiones causadas por el "no funcionamiento" de los servicios públicos, esto es, por omisión administrativa, cuando el dañado tuviera el derecho a que la Administración actuase positivamente para, en la medida de lo posible, prevenir y evitar el daño.


A partir de este planteamiento, la reclamante imputa a una omisión de la Administración el origen de los daños sufridos, en cuanto considera que ésta debía haber mantenido la vía vallada e instalado la correspondiente señalización de advertencia de peligro de animales en la calzada, dado que en las proximidades del lugar del accidente existían cotos de caza.


En primer lugar, debe apuntarse que la realidad del accidente, pese al desconocimiento que sobre él manifiesta tener la Dirección General de Carreteras, puede entenderse acreditada con el informe ARENA de la Guardia Civil, aunque hubiese resultado muy ilustrativo el informe del Parque Móvil en relación a la adecuación de los daños que presentaba el vehículo de la reclamante (descritos en la factura obrante al folio 2), con la descripción que la mismo da de los hechos.


En lo que atañe específicamente a la cuestión planteada en el expediente, el Consejo de Estado ha tenido la ocasión de pronunciarse en diversos y recientes dictámenes sobre cuestiones similares a la presente, concluyendo que la mera existencia de un coto de caza próximo a una carretera no era circunstancia suficiente para que en todo caso deba colocarse la señal P-24, establecida en la reglamentación de tráfico para advertir de la posible existencia de animales sueltos con peligro para la circulación.


Así, en el Dictamen 1619/08, de 13 de noviembre, dicho Órgano Consultivo expresaba que "tampoco concurre la circunstancia contemplada por la disposición adicional 9ª de la Ley de Seguridad Vial en la redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, puesto que no se aprecia una posible responsabilidad de la Administración ni en el estado de conservación de la vía ni en su señalización. En efecto, aunque la propuesta de resolución entiende que es responsable la Administración del Estado por razón de la falta de señalización (la señal P-24 que debe advertir de la presencia de animales sueltos), ello no es así. No se trata de un tramo de vía donde habitualmente tenga lugar este tipo de sucesos ni por tanto quepa prever la presencia de animales sueltos. La existencia de un coto de caza en los alrededores no significa que necesariamente haya de presumirse la falta del debido cuidado para sus terrenos, de suerte que sea previsible la presencia de animales sueltos y deba señalizarse este hecho. Cuando en algún caso se ha apreciado la procedencia de indemnización no ha sido por la falta de la posible señalización, sino por otras circunstancias relacionadas con la conservación y vigilancia de la vía, que aquí no concurren". En el mismo sentido, sus Dictámenes 717, 724/2009, 37 y 815/2010.


De igual modo puede citarse la reiterada doctrina de este Consejo Jurídico en el sentido de que "la presencia incontrolada de animales en las carreteras no genera la obligación de indemnizar, habida cuenta que no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público viario, sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad viaria, que enerva la relación de causalidad exigible a los efectos del reconocimiento de la eventual responsabilidad administrativa, si se tiene presente que su acceso a las vías públicas puede resultar inevitable. Tal doctrina, generalmente aplicada con relación a colisiones con animales ocurridas en autopistas, resulta con mayor motivo de aplicación al caso de que ahora se trata, en que no tratándose de autopista, sino de autovía, no es obligada la privación, sino la mera limitación de accesos a las propiedades colindantes". (Dictámenes 199/08 y 173/2009, entre otros). A su vez, y siguiendo la línea de razonamiento de dichos Dictámenes, resulta aún más aplicable tal doctrina a un supuesto como el presente, en que se trata de una carretera convencional, en la que ni siquiera es exigible una limitación de accesos a las propiedades colindantes con la misma, por lo que tampoco existe la obligación de mantenerla vallada como pretende la actora.


A mayor abundamiento, cabe destacar que la prueba testifical practicada a instancia de la interesada ha dejado constancia en el expediente de una realidad contraria a la que se pretendía demostrar; en efecto, la deponente manifiesta no tener conocimiento de que abunden los jabalíes por la zona.


En consecuencia, en el presente caso no existe la necesaria y adecuada relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales de conservación y mantenimiento de carreteras y los daños por los que se reclama indemnización, por lo que procede desestimar la reclamación de referencia.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Procede dictaminar favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por no concurrir la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público regional viario y los daños alegados.


  No obstante, V.E. resolverá.