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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2012
Número de dictamen: 30/12
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por x, en nombre y representación de su hijo, debida a accidente escolar.
Dictamen:

Dictamen nº 30/2012


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2012, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Educación, Formación y Empleo (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 9 de mayo de 2011, sobre responsabilidad patrimonial instada por x, en nombre y representación de su hijo, debida a accidente escolar (expte. 122/11), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


  PRIMERO.- Con fecha 2 de febrero de 2011 tiene entrada en el Registro de la Consejería consultante escrito de la Directora del Instituto de Educación Secundaria (IES) "Pedanías Altas", de La Paca- Lorca, al que adjunta reclamación de daños y perjuicios formulada por x, en nombre y representación de su hijo x a consecuencia del accidente sufrido por éste el día 9 de noviembre de 2010, cuando estando desayunando en el recreo "un compañero le cogió por la espalda y como se estaba bebiendo un actimel, del golpe le saltó el diente".


  La solicitud viene acompañada de la siguiente documentación:


  1. Factura de una clínica odontológica por importe de 340 euros.

  1. Copia del Libro de Familia acreditativo del parentesco que une a la reclamante con el menor.

  1. Informe de la Directora del Centro en el que se relatan los hechos del siguiente modo: "El alumno afectado se encontraba en el patio en el recreo. Un compañero lo agarró por detrás, sin ánimo de agresión y el alumno afectado se dio en la mano del otro compañero con la barbilla, perdiendo un diente. La profesora no estaba presente. El alumno se dirigió a ella posteriormente al hecho".

SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación y designada instructora mediante Resolución del Secretario General de la Consejería consultante, aquélla solicita del Centro Educativo informe en que se relate pormenorizadamente los hechos, se identifique a la profesora que estaba de guardia, se señale si los alumnos estaban riñendo o peleándose o si existía algún problema anterior entre ellos, así como cualquier otra circunstancia que se estime conveniente. El requerimiento es cumplimentado con la remisión, por parte de la Directora, del siguiente informe:


"1ª. Relato pormenorizado de los hechos:


El alumno x se encontraba a las 12,25 horas aproximadamente, en el horario de recreo desayunando junto a compañeros de clase y amigos.


El alumno x que estaba en el mismo grupo, se situó a su espalda y lo rodeó con los brazos, situando sus manos en el pecho de x.


Según relato de los alumnos implicados, se trató de un forcejeo en modo de juego sin intención de provocar lesión.


X bajó la cabeza y se golpeó la boca con las manos del alumno que lo rodeaba, a causa de lo cual perdió un diente.


Tras este hecho, x se dirigió a la profesora de guardia de patio, la cual no presenció el accidente debido a que se encontraba en otro punto del patio en ese momento, y le contó lo sucedido.


X no precisó asistencia médica ya que no presentaba hemorragia, sólo un leve sangrado.


Se le aplicó un lavado bucal que resultó suficiente.


Se avisó a la familia y el alumno continuó el resto de su jornada lectiva en el centro.


2o. Identificación de la profesora de guardia de recreo.


La profesora x se encontraba de guardia en ese momento.


3o. Los alumnos, y siempre según el relato de los implicados, no estaban riñendo ni peleándose, se trató de un juego, un forcejeo en broma.


4o. Según, los datos de que disponemos en este momento, los alumnos no tenían ningún problema anterior, ni peleas ni enemistad manifiesta. Posteriormente al hecho, los dos alumnos mantienen una relación cordial.


5o. La profesora de guardia relata los hechos tal y como se especifican en el apartado 1 de este informe.


No se encontraba presente en el momento del accidente, ya que estaba en otro punto del patio.


6o. El estado del firme del patio se encuentra en buen estado de conservación".


TERCERO.- Con fecha 23 de marzo de 2011 se concede trámite de audiencia a la reclamante, sin que hiciera uso del mismo, al no comparecer ni presentar documento o alegación alguna.


CUARTO.- El día 4 de mayo de 2011 fue formulada propuesta de resolución desestimatoria de la solicitud, al considerar que no existe nexo causal entre los daños sufridos por el alumno y el funcionamiento del servicio público prestado por el centro donde se produjo el accidente.


  En tal estado de tramitación, y tras incorporar los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos, V.E. remitió el expediente en solicitud de dictamen, mediante escrito que tuvo entrada en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia el pasado 9 de mayo de 2011.  


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


  El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


Si bien es cierto que el artículo 12.2 RRP, señala que el dictamen del órgano consultivo competente se ha de pronunciar sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización, también lo es que para un correcto pronunciamiento sobre dichos extremos el Consejo Jurídico ha de valorar el resto de presupuestos que inciden sobre dicha institución, incluido el examen del procedimiento seguido en orden a determinar su corrección y las consecuencias que sobre aquél pudieran tener los defectos formales en los que se hubiera podido incurrir.


La legitimación activa reside, cuando de daños corporales se trata, en quien los ha padecido, en este caso el menor x, cuya representación legal corresponde, a tenor de lo establecido en el artículo 162 del Código Civil, a sus padres. En este concepto formula la reclamación x al identificarse como madre del alumno lesionado y pedir en su nombre la correspondiente indemnización. El parentesco alegado queda debidamente acreditado con la incorporación al expediente de la copia compulsada del Libro de Familia.


La legitimación pasiva la ostenta la Consejería consultante, en la que se integra el IES en el que se produjeron los hechos.


La acción de reclamación se ha interpuesto dentro del plazo de un año a que se refiere el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).


El resto del procedimiento seguido por la Administración instructora se ha acomodado, en términos generales, a las normas jurídicas aplicables a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la LPAC (Título X, Capítulo I) y del RRP.


  TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.


Según el artículo 139 LPAC cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos ocasiona un daño a los particulares, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. De esta manera, la responsabilidad patrimonial de la Administración se presenta configurada como una responsabilidad objetiva y directa.


Ahora bien, a este respecto el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, ha de destacar que si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999).


Por otra parte, el Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de febrero de 1998, indicó que "durante el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y complementarias el profesorado tiene el deber de observar la diligencia propia de los padres de familia". En el supuesto examinado puede afirmarse que ese grado de diligencia no demandaba mayores medidas de prevención y protección que las adoptadas, ya que el evento se produjo de forma fortuita, dentro del riesgo que supone el desarrollo de actividades de esparcimiento libre durante el tiempo dedicado al recreo y no por la falta de vigilancia exigible a los profesores, puesto que resulta imposible evitar las consecuencias que estas actividades lúdicas conllevan, salvo que las mismas se prohibiesen totalmente, lo que llevaría al absurdo de impedir la libre expansión de los alumnos en el tiempo pensado y dedicado precisamente a esta finalidad.


En un supuesto similar al que nos ocupa, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 2001 declara que no cabe imputar lesión alguna a la Administración docente cuando, exclusivamente, deriva y trae causa directa e inmediata del golpe fortuito recibido de un condiscípulo, "sin que, por ende, pueda, desde luego, afirmarse que la lesión fue consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos docentes, so pretexto de encontrarse los alumnos en el recreo, en el interior del patio, dedicados a la práctica de los habituales juegos, pues tales circunstancias, sobre no denotar falta del debido control por el profesorado del Colegio, ya que la lesión se habría producido, cualquiera que hubiera sido la vigilancia"; es de tener en cuenta que la forma puramente fortuita en que se causó la lesión "en sí misma es insuficiente para anudar el daño a la gestión pública", que resultaría ajena a su generación. En el supuesto sometido a consulta, el carácter meramente casual del forcejeo que se produjo entre los menores viene avalado por el relato que del mismo realiza la Directora, basándose para ello en las propias declaraciones de los alumnos presentes, versión que no ha sido combatida por la interesada en el trámite de audiencia.


Por otro lado, el Consejo de Estado en reiterados Dictámenes, entre los que podemos citar el número 229/2001, mantiene un criterio similar al jurisprudencial, al señalar que el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no implica que "deba responder necesariamente de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros públicos, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial, deberán darse los requisitos que la caracterizan, legalmente establecidos en los artículos 139 a 146 LPAC". Doctrina también compartida por este Consejo Jurídico en numerosos dictámenes similares al presente, como el 179/2002, el 2/2003 y el 177/2010, entre otros muchos.


En definitiva, para que resulte viable la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, es preciso que concurra el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño irrogado al particular y, en el supuesto que nos ocupa, si bien es cierto que el daño existe y se acredita y, además, se produce con ocasión de la prestación del servicio público educativo, no lo fue como consecuencia de su funcionamiento y, por tanto, la falta de antijuridicidad y la inexistencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del Centro educativo, impiden que los hechos aquí examinados desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


  ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por no quedar acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por el menor y la prestación del servicio público educativo.


  No obstante, V.E. resolverá.