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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2006
Número de dictamen: 98/06
Tipo: Revisión de Oficio
Consultante: Ayuntamiento de Cieza
Asunto: Revisión de oficio para la declaración de nulidad de la resolución 129/2003, de 17 de marzo, por la que se concedió licencia de apertura para la ampliación de actividad de engorde de cerdos, en el paraje "Loma Fonseca, Venta del Olivo" (Cieza).
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Salvo que el procedimiento de revisión se hubiera iniciado a instancia de parte, extremo que no figura en el expediente remitido, el transcurso del plazo de los tres meses desde la iniciación del procedimiento (el 16 de febrero de 2006), sin dictarse resolución expresa, produce la caducidad del mismo (artículo 102.5 LPAC), por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44.2 del mismo texto legal, procede su declaración, sin perjuicio de la posibilidad de incoar uno nuevo.


ANTECEDENTES
PRIMERO.-
Por Resolución de la Alcaldía de 16 de febrero de 2006, se acuerda iniciar el procedimiento de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de la Resolución núm. 129/2993, de 17 de octubre, por la que se concedió licencia de apertura para ampliación de la actividad de "engorde de cerdos" a la mercantil "E. P. C., S.L."
SEGUNDO.- Durante la instrucción se ha otorgado trámite de audiencia a la mercantil peticionaria de la licencia, habiéndose dictado por el instructor del expediente la correspondiente propuesta de resolución, de 17 de marzo de 2006, estimando procedente la declaración de nulidad de la Resolución precitada, al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1,e de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPAC), por haberse tramitado por un cauce distinto al previsto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
TERCERO.- Con fecha 24 de abril de 2006, se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, sin que conste que se haya adoptado por el órgano consultante la suspensión del plazo máximo legal para resolver el presente procedimiento de revisión de oficio (tres meses), con motivo de la solicitud del presente Dictamen, conforme al artículo 102.5 LPAC, en relación con el 42.5,c) de la misma Ley.
A la vista de los referidos Antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.6 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con los artículos 53 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL), y 102.1 LPAC, al versar sobre una propuesta de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho (artículo 62.1, apartado e, LPAC) de una licencia de apertura (hoy de actividad, según el artículo 214,b de la Ley del Suelo de la Región de Murcia) otorgada por el Alcalde de la Corporación.
SEGUNDA.- Sobre la tramitación del expediente.
Consta la audiencia a la mercantil interesada, que no se opone a la revisión de oficio, siempre y cuando la Administración municipal tramite la autorización ambiental y le otorgue nueva licencia de actividad.
En cuanto a la propuesta de resolución que suscribe el instructor, el Consejo Jurídico considera que debe ser ratificada por la Alcaldía, en su condición de órgano proponente, puesto que, aunque no exista previsión concreta sobre el órgano competente para resolver la declaración de nulidad de pleno derecho, salvo en lo que respecta a los municipios de gran población según la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, acudiendo a una interpretación sistemática de los artículos 21 y 22 LBRL habría que entender que si al Alcalde le corresponde la iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de su competencia (artículo 21.1,l), igualmente le corresponde la facultad de propuesta de la declaración de nulidad de pleno derecho al Pleno de la Corporación, considerando a este último órgano como el competente para resolver, al igual que le compete la declaración de lesividad de los actos de la Corporación (artículo 22.2,k), como se ha sostenido, entre otros, en los Dictámenes núms. 14/1998, 12 y 65 del año 1.999. Apoyaría también esta última interpretación el artículo 110.1 LBRL que establece que corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de pleno derecho, y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria. Por el contrario, como hemos indicado anteriormente, para los municipios de gran población se contemplan expresamente las facultades de la Alcaldía para revisar de oficio sus propios actos (artículo 124.4, m, LBRL, tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, ya citada).
TERCERA.- Sobre la documentación remitida.
Se realizan las siguientes observaciones:
1ª. Aunque se acompaña el proyecto, puesto que la ampliación de la actividad fue sometida al procedimiento de calificación ambiental, debe remitirse la Memoria Ambiental exigida por el artículo 28.1,b) de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio Ambiente para la Región de Murcia (en lo sucesivo Ley 1/1995) para dicha calificación por parte del órgano ambiental municipal, a la que hace referencia el informe del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de 13 de agosto de 2003.
2ª. Debería aclararse por el instructor si la licencia de actividad concedida por la Resolución que ahora se propone revisar, que hace referencia únicamente a ampliación de "actividad de engorde de cerdos", se extendió también a una planta de producción de fertilizantes orgánicos sólidos y líquidos, según el título del proyecto aportado en el expediente.
3ª. En el escrito de alegaciones presentado por D. J. P. G., en representación de mercantil "E. P. C., S.L." (folio 30), se hace referencia a que, por la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, se presentó el Estudio de Impacto Ambiental ante la Dirección General de Calidad Ambiental, quedando registrado como expediente núm. 691/04, y que el Servicio de Inspección y Verificación Ambiental de la citada Dirección respondió a su solicitud señalando que dicha actividad está sujeta a la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, si bien no tiene constancia que el Ayuntamiento esté llevando a cabo la tramitación del citado expediente.
En la medida en que para la declaración de nulidad de pleno derecho el Consejo Jurídico ha de determinar la esencialidad de los trámites omitidos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62.1,e) LPAC (autorización ambiental integrada, que incluya a su vez la evaluación de impacto ambiental y que corresponde al órgano ambiental de la Administración regional, en lugar de la calificación ambiental por el órgano municipal correspondiente), o, en su defecto, para determinar si el acto que se revisa incurre en un vicio de anulabilidad por infracción del ordenamiento jurídico (artículos 103 en relación con el 63 de la LPAC), debería aportarse al expediente la contestación de la Dirección General de Calidad Ambiental a la solicitud efectuada por el peticionario, incluso solicitándose al interesado si fuera procedente, así como debería aclararse por el Ayuntamiento si ha remitido la documentación exigida por el artículo 16.3 de la Ley 1/1995 al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma para la Evaluación de Impacto Ambiental, que forma parte de la autorización ambiental integrada, según el artículo 11.4 de la Ley 16/2002, ya citada, o, en su defecto, si tiene conocimiento de la tramitación de la autorización ambiental integrada por parte de la Administración regional.
CUARTA.- Los efectos del transcurso del plazo máximo para resolver: la caducidad del procedimiento.
Salvo que el procedimiento de revisión se hubiera iniciado a instancia de parte, extremo que no figura en el expediente remitido, el transcurso del plazo de los tres meses desde la iniciación del procedimiento (el 16 de febrero de 2006), sin dictarse resolución expresa, produce la caducidad del mismo (artículo 102.5 LPAC), por lo que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 44.2 del mismo texto legal, procede su declaración, sin perjuicio de la posibilidad de incoar uno nuevo, pues así lo permite el artículo 92.3 LPAC, que establece que la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, como hemos sostenido en nuestros Dictámenes núms. 7/2002, 138/02, 34/2003 y 107/2005, entre otros. Dicha circunstancia impide a este órgano consultivo entrar a considerar el fondo de las cuestiones planteadas. Por lo tanto, procede dictar resolución por el órgano consultante en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 LPAC, se declare la caducidad del procedimiento de revisión de oficio, notificándose a la mercantil interesada, sin perjuicio de incoar un nuevo procedimiento para revisar el acto viciado.
Por ello, y para evitar la caducidad de este tipo de procedimientos, por la perentoriedad del plazo para resolver, se aconseja que el órgano competente adopte la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la nueva petición de Dictamen al Consejo Jurídico sobre el fondo del asunto, y la recepción del mismo, en los términos previstos en el artículo 42.5, c) LPAC, decisión que debe comunicarse al interesado.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSION
ÚNICA.-
Procede declarar la caducidad del procedimiento objeto de este Dictamen, al haber transcurrido el plazo de tres meses desde que se inició el mismo, sin perjuicio de la posibilidad de incoar uno nuevo (Consideración Cuarta), pudiendo conservarse las actuaciones ya obrantes en el expediente e incorporando las indicadas en la Consideración Tercera, con la posibilidad de que el órgano proponente adopte la suspensión del procedimiento por el tiempo que medie entre la nueva petición de Dictamen al Consejo Jurídico sobre el fondo del asunto y la recepción del mismo.
No obstante, V.S. resolverá.