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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2012
Número de dictamen: 111/12
Tipo: Nulidad, interpretación y resolución de contratos administrativos
Consultante: Ayuntamiento de Lorca
Asunto: Resolución del contrato de obras de construcción de la Escuela Municipal de Música, Artes Plásticas y sede de la banda de música de Lorca.
Dictamen:

Dictamen nº 111/2012


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2012, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca, mediante oficio registrado el día 9 de abril de 2012, sobre  resolución del contrato de obras de construcción de la Escuela Municipal de Música, Artes Plásticas y sede de la banda de música de Lorca (expte. 97/12), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 24 de junio de 2010 se formaliza contrato administrativo entre el Ayuntamiento de Lorca y --, --, --, para la ejecución de las obras de construcción de la Escuela Municipal de Música, Artes Plásticas y Sede de la Banda de Música de Lorca, por un precio de 1.366.956,10  euros y un plazo de ejecución de seis meses desde la fecha del acta de comprobación del replanteo, debiendo estar finalizadas las obras antes del 31 de diciembre de 2010, a tenor de lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 de octubre (cláusulas segunda y cuarta del contrato).


Aunque no consta incorporada al expediente el acta de replanteo, tanto el Ayuntamiento como la contratista señalan como fecha de dicho replanteo la del 31 de agosto de 2010.


SEGUNDO.- La dirección facultativa de las obras emite, con fecha 15 de marzo de 2011, informe en el que, tras exponer que en el transcurso de la obra han aparecido variaciones en la ejecución de la misma debidas a nuevas necesidades o causas imprevistas, así como nuevas unidades de obra no contempladas en el proyecto adjudicado, solicita se inicien los trámites para aprobar un modificado al proyecto inicial. El 18 de marzo siguiente la Junta de Gobierno Local acordó autorizar a la dirección facultativa la redacción de la modificación propuesta.


El citado órgano de gobierno local en su reunión del día 25 de marzo de 2011, conoce de la siguiente moción del Teniente de Alcalde delegado de Economía y Hacienda:


"Habiéndose acordado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 18 de marzo de 2011, el autorizar al director facultativo de las obras de "Construcción de la Escuela Municipal de Música, Artes Plásticas y Sede de la Banda de Música de Lorca", la redacción del proyecto modificado de tales obras, para elevarlo a la aprobación del órgano de contratación competente, y habiéndose presentado en el día de la fecha dicho proyecto modificado, no suponiendo el mismo variación del precio inicial del contrato, y supervisado favorablemente que ha sido el mismo, a tenor de lo preceptuado en el artículo 217 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público".


Tras la aprobación por la Junta de Gobierno Local de dicho Proyecto Modificado, se suscribe documento administrativo que obra al folio 34 del expediente, en cuya cláusula segunda se refleja que el plazo de ejecución de las obras será como máximo hasta el de prórroga aprobado y autorizado, sin que se haya incorporado documento alguno en el que de forma directa se concrete dicho plazo, aunque según se desprende de algunos informes y del escrito de alegaciones de la contratista, concluiría el 30 de junio de 2011.


TERCERO.- Con fecha 28 de noviembre de 2011 la dirección facultativa de la obra emite el siguiente informe:


"Que el día 11 de mayo y debido a los terremotos sufridos por la ciudad de Lorca, se vieron afectadas las obras con desperfectos de los que de manera resumida describimos algunos de ellos:


- Fueron derribados todos los petos de cubierta que se habían colocado hasta el momento, al igual que los lucernarios del aula de dibujo y los cerramientos que se habían construido hasta el entonces en la planta baja. Todos ellos hubo que reconstruirlos.


- En dos forjados del ala de dibujo, se apreciaron unas grietas no estructurales en la unión de viga perimetral con placa alveolar que tuvieron que ser saneadas y reparadas.


- La losa del ascensor se desplazó por el movimiento del seísmo y tuvo que ser reforzada.


Debido a los desperfectos a reparar y a la situación vivida en la ciudad se perdieron 60 días de trabajo.


Que a día de hoy la obra está ejecutada, según la última certificación firmada por la Dirección Facultativa, que se corresponde con la número 8 del mes de Octubre, en un 42%, quedando por ejecutar los capítulos de particiones interiores, instalaciones y acabados interiores y de fachadas, principalmente.


Que la empresa contratista de las obras, --, --, --, actualmente, se encuentra en una situación económica delicada, ya que está en la situación previa al concurso de acreedores, teniendo un plazo para llegar a un acuerdo con bancos y acreedores para hacer frente a su situación de insolvencia.


La Dirección Facultativa detectó en los últimos meses la ralentización de los trabajos, pidiéndole las oportunas aclaraciones y justificaciones a la empresa constructora e informando verbalmente al promotor de las obras, y desde principios del mes de noviembre la empresa ha dejado de trabajar, ha retirado su material y herramientas de trabajo de recinto de las obras y ha paralizado totalmente la ejecución del edificio.


Que debido a todo lo anterior, la Dirección Facultativa considera que se ha retrasado la ejecución de la obra aproximadamente en unos cuatro meses, que es lo que se considera necesario para dar por finalizadas las obras, considerando dicho tiempo como tiempo de trabajo en obra, al margen de los plazos administrativos y burocráticos que tal situación conlleva y el necesario para la reincorporación y puesta en marcha de las instalaciones y obras por parte de la empresa contratista.


Por todo lo expuesto anteriormente, esta Dirección Facultativa considera que es conveniente la suspensión temporal total de la ejecución de las obras, para evitar siga computando el plazo de ejecución de las mismas, hasta aclarar la situación en la que se encuentra la empresa contratista con respecto a su relación contractual con el promotor para poder tomar una decisión final y conseguir la finalización las obras de la Escuela de Música, Artes Plásticas y sede de la Banda de Música de Lorca".


CUARTO.- El Jefe de Servicio de Contratación de la Corporación Local emite, con fecha 2 de diciembre de 2011, informe que figura al folio 38 del expediente, del que conviene destacar lo siguiente:


1. La obra objeto del contrato que nos ocupa  se financia con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, regulado en el Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre,  y, por lo tanto, según dispone su artículo 16.1, la obra debía estar finalizada al 31 de diciembre de 2010.


2. A tenor de lo establecido en el artículo 16.2 del citado Real Decreto Ley, el Ayuntamiento tenía un plazo para acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras, hasta la finalización del primer trimestre de 2011. No obstante, se prevé en dicho precepto que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado. En este caso, la justificación deberá presentarse dentro del mes siguiente a la conclusión de la citada prórroga.


3. Amparándose en esta posibilidad la Junta de Gobierno Local, con fecha 3 de diciembre de 2010, solicitó a la Dirección General de Cooperación Local la conformidad con la prórroga del plazo de ejecución de las obras correspondiente al contrato que nos ocupa por un plazo de seis meses.


4. La posible duración de dicha prórroga fue ampliada hasta doce meses en virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2011, de 8 abril; afirmando textualmente lo siguiente: "para ello la Dirección General de Cooperación Local en la que se acordó la ampliación del plazo de prórroga hasta el nuevo plazo legal, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2001" (sic., debe entenderse 31 de diciembre de 2011).


5. La disposición adicional segunda de la Ley 31/2011, de 4 de octubre, por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, establece que "en los proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en cuya tramitación se haya dictado auto judicial o resolución administrativa decretando la suspensión de la ejecución de las obras, la Dirección General de Cooperación Local podrá acordar con carácter excepcional, la interrupción del plazo de ejecución durante el tiempo en el que se mantenga vigente la medida cautelar mencionada".


6. Constatada, según informe de la dirección facultativa, la paralización de la obras, los trámites a seguir para poder acceder a dicha prórroga extraordinaria, consistiría en la suspensión de las obras de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, RD 1098/2001) y la posterior iniciación del expediente de resolución del contrato con base en la demora por parte del contratista en el cumplimiento de los plazos.


QUINTO.- La Junta de Gobierno Local en sesión de 9 de diciembre de 2011, adoptó los siguientes acuerdos:


1. Acordar y aprobar la suspensión temporal de las obras, levantándose acta a tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 RD 1098/2001.


2. Iniciar expediente para la clarificación y resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 109 RD 1098/2001.


3. Conceder trámite de audiencia tanto al contratista como a la entidad avalista.


4. Solicitar a la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Política Territorial, la prórroga excepcional prevista en la Disposición Adicional de la Ley 31/2011, para la terminación y recepción de las obras antes del día 30 de junio de 2012.


Consta acreditada en el expediente la solicitud de dicha prórroga, aunque no lo está la resolución que sobre la misma haya podido recaer.


SEXTO.- Mediante solicitud presentada en el registro general de la Corporación Local el día 29 de diciembre de 2011, la contratista manifiesta que al no haber podido acceder al expediente para obtener copia de diversa documentación que se menciona en el acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del contrato, solicita ampliación del plazo para formular alegaciones.


La Junta de Gobierno Local mediante acuerdo de fecha 13 de enero de 2012, accede, aunque no lo diga expresamente, a tal solicitud, concediendo un nuevo plazo de diez días a la contratista para que formule alegaciones.


En el cuerpo de dicho acuerdo se hace referencia, como posible causa de resolución, no sólo a la demora en el cumplimiento de los plazos (art. 206 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, LCSP), sino también a la declaración de concurso o insolvencia en cualquier otro procedimiento (art. 207 LCSP).


SÉPTIMO.- Figura en el expediente escrito dirigido a la --, por el que se le comunica el inicio del expediente de resolución de contrato en el que se propone incautar la fianza. La avalista no hace uso de su derecho al no comparecer ni formular alegación alguna.


OCTAVO.- El 30 de enero de 2012, la empresa presenta un escrito en el que expone lo siguiente:


1.º Que el retraso en la ejecución de las obras no es imputable al --, pues el mismo se produjo por circunstancias totalmente ajenas a su voluntad, tales como:


a) Necesidad de redactar, nada más iniciadas las obras, un proyecto de modificación de las obras por causas no atribuibles a la empresa.


b) Los daños ocasionados en las obras como consecuencia del seísmo acaecido en la localidad de Lorca el día 11 de mayo de 2011, que como circunstancia de fuerza mayor que es generó a favor de la empresa un resarcimiento económico de los mayores costes de la obra, que no han sido exigidos por estar manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento a fin de redactar una nueva modificación del Proyecto, con las correspondientes variaciones de precio y de plazo de ejecución.


2.º No existe causa de resolución del contrato imputable a --.


Niega la contratista la aplicación de la causa de resolución prevista en el artículo 206.d) LCSP por las razones aducidas en la anterior alegación. En cuanto a la causa contemplada en el artículo 206.b) LCSP, (la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento), incluida  en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 23 de enero de 2012, alega que tampoco concurre ya que la LCSP se refiere a la declaración, y -- "únicamente ha efectuado la comunicación prevista en el artículo 5.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que hayan transcurrido los plazos para que resulte necesario efectuar la solicitud de declaración de concurso y sin que esta declaración judicial se haya producido".


Asimismo señala la improcedencia de la medición y liquidación de las obras, ya que tal como se establece en el artículo 222 LCSP, dichos trámites proceden una vez resuelto el contrato.


Finaliza solicitando la nulidad de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 9 de diciembre de 2011 y 13 de enero de 2012, así como que se acuerde la suspensión de las obras con motivo de los excepcionales acontecimientos de los terremotos acaecidos el día 11 de mayo de 2011, para la adecuada continuación y finalización de la obra antes de junio de 2012.


NOVENO.- El 6 de marzo de 2012, la Asesoría Jurídica y el Servicio de Contratación del Ayuntamiento, emiten informe conjunto, en el que, tras exponer  las actuaciones reseñadas en los Antecedentes Primero a Sexto del presente Dictamen, concluyen, en síntesis, que no procede estimar las alegaciones de la contratista y sí continuar con el trámite de resolución del contrato, al quedar constatado en el expediente el abandono de las obras por parte de la empresa.


DÉCIMO.- El 9 de marzo de 2012, la Junta de Gobierno Local acuerda solicitar al Consejo Jurídico de la Región de Murcia su Dictamen preceptivo en el expediente de resolución contractual que nos ocupa, debido a la oposición expresa que a la misma ha formulado la contratista.


UNDÉCIMO.- Mediante oficio registrado en este Consejo Jurídico el día 9 de abril de 2012, el Alcalde del Ayuntamiento de Lorca solicita nuestro preceptivo Dictamen, acompañando copia del expediente y un índice de los documentos que lo integran.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.-  Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, por versar sobre una propuesta de resolución de un contrato administrativo a la que ha formulado su oposición el contratista, concurriendo con ello el supuesto previsto en el artículo 211.3, a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 12.7 de la Ley regional 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.


SEGUNDA.- Cuestiones formales y de procedimiento.


Examinada la documentación remitida a este Consejo Jurídico, se advierten las siguientes anomalías procedimentales que deberán subsanarse:


  1.ª El expediente no incorpora un extracto de secretaría, deficiencia que deberá ser subsanada, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2,b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo Jurídico, aprobado por Decreto 15/1998, de 2 de abril (RCJ).


2.ª Las actuaciones realizadas han de culminar con la formal propuesta de resolución que contenga la voluntad del órgano instructor respecto de la resolución del procedimiento, que debe ser el objeto del Dictamen interesado, lo que se subsana mediante la formulación de dicha propuesta, que ha de incluir la debida separación entre hechos y fundamentos jurídicos aplicables y la parte dispositiva de la misma (art. 46.2,b)1.º RCJ), en la que deberá constar la voluntad de resolver y la causa que fundamenta dicha decisión. También debe figurar en dicha parte dispositiva el pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía (art. 225.4 TRLCSP); sin embargo, no debe llevarse a esa parte del acuerdo resolutorio la propuesta de liquidación, pues, del artículo 239.1 TRLCSP se desprende que la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas es posterior al de su resolución.


3.ª Un correcto análisis del incumplimiento que el Ayuntamiento imputa a la empresa contratista exige el estudio de los pliegos y demás documentos a cuyo contenido se ha de ajustar la prestación del contratista  (cláusula primera del contrato), y que, sin embargo, no se han incorporado al expediente, circunstancia que debe subsanarse tanto en lo que se refiere al contrato original como a sus posteriores modificaciones.


4.ª La concreta causa de resolución que se imputa a la empresa: la demora en el cumplimiento de los plazos, requiere que se informe indubitadamente y se documenten debidamente las prórrogas que se han producido en la duración del contrato, a fin de obtener certeza sobre el plazo final de ejecución de la obra.


TERCERA.- Normativa aplicable. Caducidad del procedimiento.


I. Vista la fecha de adjudicación del contrato cuya resolución se pretende, la normativa de aplicación viene constituida por la citada LCSP así como por el RD 1098/2001, en lo que no se oponga a aquélla.


II. A la vista del tiempo transcurrido desde la iniciación del presente procedimiento, aún sin resolución expresa, este Consejo Jurídico ha de entrar a considerar los efectos de la aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación subsidiaria a tenor de lo prevenido en el Disposición Final Octava LCSP,  por las consecuencias que ello acarrearía si estuviera incurso en caducidad.


La legislación contractual aplicable a la resolución del presente contrato no establece plazos específicos de duración de esta clase de procedimientos, si bien contempla, como afirmamos anteriormente, la aplicación supletoria de la LPAC.


En este punto, y respecto a los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite facultades de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, debe señalarse que, de la interpretación conjunta de los artículos 44.2 y 42.3 LPAC, resulta que el vencimiento del plazo establecido (tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación) producirá la caducidad, con los efectos previstos en el artículo 92 LPAC.


La aplicación supletoria de los indicados preceptos de la LPAC a los procedimientos de resolución contractual no ha estado exenta de controversia hasta fechas recientes, en las que la doctrina jurisprudencial se ha decantado por su aplicación, como más adelante se expondrá.


Por el contrario, el Consejo de Estado (por todos, Dictamen 78/2003) ha mantenido, con carácter general, la inaplicación del instituto de la caducidad establecido en el artículo 44.2 LPAC a los procedimientos de resolución contractual, por las razones indicadas en nuestro Dictamen 96/2009, al que nos remitimos.


Muy tempranamente, este Consejo Jurídico (por todos, Dictamen 57/2000) sostuvo una posición integradora entre la normativa contractual y la procedimental, que se concreta, en términos generales, en que son aplicables a la legislación de contratos las prescripciones de la LPAC sobre caducidad de los procedimientos en el supuesto de que se esté ante una resolución contractual por causa imputable al contratista, pues el procedimiento incoado por la Administración es de los llamados de intervención y susceptible de producir efectos desfavorables a los interesados, es decir, es uno de los previstos en el artículo 44.2 LPAC, dado que, de prosperar la pretensión administrativa, acarreará la pérdida de la fianza prestada, la indemnización de los daños y perjuicios causados a la Administración y concurrirá el presupuesto legal para, en su caso, declarar la prohibición del contratista de contratar con aquélla.


Sin embargo, también el Consejo Jurídico, conociendo las peculiaridades inherentes a la contratación administrativa y la especial presencia del interés público que en cada caso la justifica, consideró que esta circunstancia podría excluir en algunos supuestos la declaración de caducidad, con base en el artículo 92.4 LPAC, que impide declararla cuando la cuestión suscitada afecte al interés general. Si bien ha señalado asimismo que esta excepción debe aplicarse con cautela, sólo a los casos en que el contrato afecte al mantenimiento de un servicio público esencial, pues de entenderse de un modo general, a estos precisos efectos de caducidad, que el interés público concurre en toda contratación administrativa, no sería nunca operativa la aplicación de este instituto, siendo como es una garantía que se ofrece al afectado para evitar una excesiva pendencia del procedimiento. Así se consideró esta excepción en nuestro Dictamen 103/2003.


En fechas más recientes, la doctrina del Tribunal Supremo sostiene la plena aplicabilidad del instituto de la caducidad en los procedimientos de resolución contractual iniciados de oficio (SSTS, Sala 3ª, de 2 de octubre de 2007, y 13 de marzo de 2008).


Así, en la primera de las sentencias citadas se señala (F.D. Cuarto):


"...al haberse iniciado de oficio por el órgano de contratación competente para ello el procedimiento de resolución de contrato, y atendiendo a la obligación de resolver y notificar su resolución que a las Administraciones Públicas impone el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Administración hubo de resolver el procedimiento dentro de plazo, que al no estar establecido en su norma reguladora, la Ley lo fija en tres meses en el artículo citado. Lo expuesto ha de completarse con lo que mantiene el artículo 44 de la Ley 30/1992, en la redacción que le dio la Ley 4/1999, en vigor cuando se inició el procedimiento, que en su apartado 1 mantiene que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos y que en su número 2 dispone como efecto del vencimiento del plazo que "en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades (...) de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo del expediente, con los efectos previstos en el artículo 92".


Como consecuencia de lo expuesto, cuando la Administración dictó la resolución por la que resolvía definitivamente el contrato y procedía a la incautación de la garantía había transcurrido en exceso el plazo de tres meses de que disponía para hacerlo, de modo que en ese momento no podía acordar la resolución del contrato ni la incautación de la garantía (...)".


En la segunda sentencia citada (F.D. Tercero, B), se responde a las posturas que sostienen la incompatibilidad entre la caducidad del procedimiento prevista en la LPAC y los principios generales que inspiran la contratación administrativa, señalando el Alto Tribunal que dicha incompatibilidad "no se percibe en lo que ahora nos importa, esto es, en lo que hace a los procedimientos de resolución de dichos contratos, y menos aún en los que la causa de resolución sea, como en el caso de autos, la de la imputación a la contratista de un incumplimiento culpable. La previsión de la caducidad de un procedimiento persigue evitar situaciones de incertidumbre jurídica, que se prolonguen injustificadamente en el tiempo; prolongación nada deseada, sino todo lo contrario, en el seno de una relación contractual cuando una de las partes pretende poner fin a ella, extinguiéndola anticipadamente; y menos deseada, aún, cuando el origen de esa pretensión es una causa, como aquélla, que no aboca sin más a la resolución, sino que se traduce en una facultad de opción de la Administración entre forzar el cumplimiento estricto de lo pactado o acordar la resolución (...).


La anterior doctrina sobre la aplicación de la caducidad a este tipo de procedimientos ha sido ya incorporada en diversos pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos el de nuestra Región (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 11 de marzo de 2008). También las sentencias de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 7 de noviembre de 2007 y 7 de octubre de 2008.


Dicha doctrina jurisprudencial ha sido seguida por este Consejo Jurídico en los Dictámenes  90, 96 y 181 de 2009, entre otros.


Aplicado todo ello al caso que nos ocupa, y sin que en el mismo se adviertan razones de excepcional interés público que, en hipótesis, pudieran justificar la inaplicación del instituto de la caducidad, resulta que el procedimiento de referencia se inició el 9 de diciembre de 2011, por lo que en el momento de su entrada en registro de este Consejo Jurídico el pasado 9 de abril, ya había transcurrido el plazo de tres meses establecido al efecto, procediendo, en consecuencia, declarar su caducidad, sin perjuicio de incoar uno nuevo con el mismo objeto, al no haber prescrito la correspondiente potestad de la Administración.


CUARTA.- Actuaciones posteriores.


Declarada la caducidad del procedimiento por el órgano contratante, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, y notificada a los interesados, puede incoarse por el órgano de contratación un nuevo procedimiento de resolución contractual, al que se deberían incorporar en tal caso las actuaciones seguidas en el caducado, por evidentes razones de economía procesal, aunque no puede eludirse en ningún caso una nueva audiencia a la contratista y avalista, ni el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico sobre la cuestión de fondo planteada, en cuya solicitud deben atenderse las observaciones contenidas en la Consideración Segunda del presente Dictamen.


Cabe advertir, por último, que también puede adoptarse en el nuevo procedimiento, dentro del plazo, la suspensión por el tiempo que medie entre la nueva petición de Dictamen sobre el fondo del asunto al Consejo Jurídico, y la recepción del mismo, en los términos previstos en el artículo 42.5, c) LPAC, decisión que debe comunicarse a los interesados.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes


CONCLUSIONES


PRIMERA.- Procede declarar la caducidad del procedimiento de referencia y la posterior incoación y tramitación de uno nuevo con el mismo objeto, por las razones expresadas en la Consideración Tercera del presente Dictamen.


SEGUNDA.- En consecuencia, la propuesta de resolución objeto de Dictamen se informa desfavorablemente.


No obstante, V.I. resolverá