escudo
Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


First Previous 2034 2035 2036 Next Last
3344 resultados
escudo
Año: 2006
Número de dictamen: 143/06
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. D. H. S. L., como consecuencia de los daños sufridos en un vehículo de su propiedad.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Conviene aquí recordar la muy asentada doctrina jurisprudencial que admite la ruptura del nexo causal y consecuentemente la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en los supuestos en que, como el presente, el resultado lesivo es imputable a la conducción impropia del accidentado (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo y 8 de octubre de 1998).

ANTECEDENTES
PRIMERO.-
Con fecha 7 de septiembre de 2004, D. D. H. S. L. presenta reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, con la pretensión de ser indemnizado por los daños físicos y materiales sufridos con ocasión del accidente de circulación acaecido el 26 de marzo de ese mismo año en la Autovía del Noroeste.
Según el reclamante, cuando circulaba en sentido Mula a muy poca velocidad, pues estaba lloviendo copiosamente, al cambiar del carril izquierdo al derecho, "
pisó una gran cantidad de agua que, formando una especie de pequeño río, cruzaba ambos carriles de la autovía, del izquierdo al derecho", lo que le hizo perder el control del vehículo, saliéndose de la vía y "dando una o dos vueltas de campana".
Para el reclamante la causa del accidente es el "
deficiente diseño y ejecución material de los carriles de la Autovía del Noroeste (...), puesto que no parece lógico que la calzada esté peraltada o inclinada de tal forma que al llover con cierta intensidad, el agua que moja los carriles de circulación, en razón del grado y sentido de inclinación de los mismos, se reúna en un cierto punto y caiga hacia el exterior de la calzada atravesando ambos carriles de circulación y formando para ello un pequeño río". La existencia de la corriente de agua sobre la calzada, unido a su carácter imprevisible es lo que causa el accidente.
A consecuencia del mismo, el reclamante permaneció de baja laboral hasta el 23 de abril de 2004. El vehículo siniestrado, por su parte, sufrió daños cuyo presupuesto de reparación asciende a 5.791,10 euros, superior a su valor venal (4.381 euros), por lo que el interesado optó por no repararlo e instar la baja definitiva del automóvil.
La pretensión indemnizatoria contenida en la reclamación asciende a 5.821,30 euros en concepto de días de incapacidad temporal, gastos farmacéuticos y de rehabilitación, y valor venal del vehículo.
Propone el interesado los siguientes medios de prueba:
a) Interrogatorio de los dos agentes de la Guardia Civil que le socorrieron inmediatamente después del accidente. Al ignorar su nombre y número de identificación (sólo afirma conocer su pertenencia al destacamento de Caravaca de la Cruz), solicita de la Administración que se efectúen las actuaciones necesarias para posibilitar su identificación y posterior práctica de la prueba.
b) Documental, consistente en que por la Administración se traigan al procedimiento las reclamaciones patrimoniales habidas por los mismos motivos y en el mismo lugar, aun cuando fueren de fechas distintas.
Asimismo, aporta junto a su reclamación copia de la siguiente documentación:
- Informe de alta en Urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
- Partes médicos de baja (el 26 de marzo de 2004) y alta (el 23 de abril siguiente) de incapacidad temporal por contingencias comunes.
- Presupuesto de reparación del automóvil siniestrado.
- Certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil.
- Página del "Boletín Estadístico Ganvam" donde consta el valor venal asignado a los vehículos de la marca y modelo del siniestrado.
- Factura de un centro de quiromasaje por valor de 15 euros.
- Comprobante de compra de una farmacia, por valor de 14,36 euros.
SEGUNDO.- La instructora del procedimiento requiere al interesado para que "subsane y mejore" su solicitud, mediante la aportación de diversa documentación, al tiempo que le traslada la información a la que hace referencia el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
En fecha 5 de noviembre de 2004, el reclamante presenta la documentación requerida.
TERCERO.- Solicitado informe a la Dirección General de Carreteras y al Parque de Maquinaria dependiente de la misma, la primera acompaña informe de la empresa concesionaria encargada de la vigilancia y mantenimiento de la vía, en el que, tras afirmar la titularidad regional de la vía en que acaece el accidente, manifiesta lo siguiente:
"A.-En la fecha y lugar indicados el siniestro en cuestión fue atendido por el personal de vigilancia de esta empresa concesionaria según consta en los registros y partes de los que se dispone. Dicho accidente es pues, cierto y real.
B.-A la espera del informe oficial solicitado al Instituto Nacional de Meteorología que acredite la intensidad de lluvia caída, se dispone del dato provisional facilitado igualmente por dicho organismo y que es de 31 mm acumulados en 24 horas.
Si bien la estación de registro se encuentra en las proximidades del lugar donde se reprodujo el accidente (Parque de bomberos de la Puebla de Mula), la naturaleza de este parámetro -precipitación acumulada- no permite cuantificar la cantidad de precipitación caída puntualmente en un momento determinado, aunque comparativamente indica que supuso uno de los días de mayor precipitación en dicho mes.
Consideramos que el conductor, ante la presencia de una fuerte lluvia localizada en la zona, no actuó con la debida precaución al no adecuar la velocidad a las circunstancias que se estaban produciendo en ese momento.
C-Estimamos que no existe relación de causalidad entre el servicio público que presta esta empresa concesionaria y el siniestro, pues tanto el firme como los elementos señalizadores y de seguridad de la vía se encontraban en perfecto estado de conservación y uso, cumpliendo además con la normativa vigente.
D.-Según lo anteriormente expuesto, no debe imputarse a la Administración ni al servicio de conservación y explotación contratado con esta empresa concesionaria, responsabilidad alguna por la reclamación efectuada.
E.-La señalización tanto vertical como horizontal, así como el balizamiento en toda la autovía y accesos, es la preceptiva según la normativa vigente. Al tratarse de una vía de gran capacidad que discurre alejada de zonas urbanas no dispone de iluminación en ningún tramo, como es usual en este tipo de vías.
En la fecha del siniestro, el aglomerado asfáltico de la carretera se encontraba en perfecto estado de conservación, si bien las condiciones de rodadura de la calzada en ese momento no eran las óptimas al encontrase mojada por la lluvia.
Las condiciones de drenaje y del peralte de la calzada son las que se definen en la normativa vigente (normas 5.2 IC de drenaje y 3.1 IC de trazado) y que se aplican en el Proyecto de construcción que sirve de base para la ejecución de la obra.
F.-Al no ser materia de su competencia, esta concesionaria no puede emitir ninguna valoración de los daños materiales y físicos alegados por el reclamante.
G.-Como particularidad de la vía en cuestión, debemos decir que la capa de firme que sirve de rodadura, está constituida por una mezcla bituminosa drenante que mejora considerablemente las condiciones de evacuación del agua de lluvia respecto a las mezclas convencionales utilizadas normalmente en la mayoría de carreteras.
No obstante, una lluvia intensa y puntual como la que se produjo, puede producir la aparición en un momento dado de una fina película de agua al ser incapaz el firme de evacuar tan excesiva cantidad de líquido y tener que realizarse dicha evacuación en superficie. Este fenómeno se produce en cualquier vía y es independiente del tipo del firme empleado.
La posible aparición de una pequeña corriente de agua -lo que el reclamante define como una especie de río- en un determinado punto, se debe a la concurrencia de la evacuación de las aguas de escorrentía en dicho punto coincidiendo con el cambio de peralte de las calzadas. Este fenómeno, que se produce cuando la intensidad de la precipitación es considerable, es inherente al trazado de cualquier vía (ver apartado E).
Ante esta situación, resulta obligado tomar las debidas precauciones extremando la atención y adecuando la velocidad a las circunstancias que concurran en cada momento (artículo 45 del Reglamento General de Circulación), además de prestar la debida atención a los mensajes de limitación de velocidad (CON LLUVIA - 90 KM/H) que se disponen en los paneles luminosos desde el centro de control cuando la situación así lo aconseja".
El Parque de Maquinaria, por su parte, confirma el valor venal del vehículo alegado por el interesado y considera que el presupuesto de reparación presentado junto a la reclamación es acorde con el coste real de aquélla. Asimismo indica que los daños que presenta el vehículo son compatibles con una salida de la vía a una velocidad mínima de 90 km/h e impacto con el canal de hormigón que, a tres metros del borde exterior del arcén y a un desnivel negativo de un metro respecto a la cota de la calzada, corre paralelo a la misma.
La velocidad en la zona en que se produce el siniestro está limitada a 120 km/h, si bien unos 200 metros antes del puente del río Mula, a que alude el reclamante en su escrito para situar la zona del accidente, existe un pórtico con información luminosa que, según la empresa concesionaria, estaba funcionando en el momento de producirse aquél, y que recomendaba no exceder la velocidad de 90 km/h en condiciones de firme mojado por lluvia. Finaliza el informe indicando la conveniencia de limitar la velocidad, mediante señalización vertical, en la zona donde se produjo el accidente y apuntando como causa más lógica de éste la falta de adecuación de la velocidad a las condiciones de la vía.
CUARTO.- Por la instructora se requiere a la Guardia Civil de Caravaca que remita copia de las diligencias instruidas con motivo del accidente y que informen acerca de la identidad de los agentes intervinientes.
Contesta el Jefe del Destacamento de Caravaca afirmando que no existen diligencias relativas al accidente, si bien sí hay constancia de que dos agentes de dicha unidad, a los que identifica por sus correspondientes números, "
a las 19,30 horas solicitaron una grúa para el mencionaado vehículo, ya que había sufrido una salida de vía en el Km. 19,500 de la C-415".
QUINTO.- La instructora del procedimiento acuerda, el 13 de marzo de 2006, abrir el período de prueba para que el interesado presente su permiso de conducir, lo que cumplimenta pocos días después.
SEXTO.- Conferido trámite de audiencia al reclamante, éste se limita a dar por reproducido todo lo expuesto en sus anteriores escritos.
SÉPTIMO.- El 5 de julio de 2006 se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al considerar que no existe relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daño sufrido por el particular, a cuya actuación imprudente, al no adecuar su velocidad a las circunstancias de la vía, se imputa la producción del accidente.
En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos, se remitió el expediente al Consejo Jurídico en solicitud de Dictamen, mediante escrito recibido el pasado 12 de julio de 2006.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Carácter del Dictamen.
Este Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
SEGUNDA.- Plazo, legitimación y procedimiento.
A) La reclamación se presentó dentro del plazo de un año previsto en el artículo 4.2 RRP, dado que entre la fecha del accidente -el 26 de marzo de 2004- y la presentación de la reclamación -el 7 de septiembre siguiente-, tan sólo había transcurrido algo más de cinco meses.
B) La legitimación activa para reclamar corresponde, cuando de daños en las cosas se trata, a quien sufre el perjuicio patrimonial. En el supuesto sometido a consulta cabe reconocer dicha legitimación al reclamante, en tanto que consta como propietario del vehículo accidentado, de conformidad con el certificado de destrucción del mismo.
La legitimación pasiva corresponde a la Administración regional, a través de la Consejería consultante, en virtud de su condición de titular de la vía a cuyo defectuoso diseño y ejecución se imputa el daño, sin que el hecho de que se trate de una vía cuya explotación, incluído el mantenimiento y conservación, se encuentre concedida a una empresa, altere dicha legitimación. Todo ello sin perjuicio de que la relación entre concedente y concesionaria incida en la determinación de quién habría de asumir el pago efectivo de una eventual indemnización.
C) Respecto al procedimiento debe dejarse constancia de la excesiva tardanza en tramitar y resolver la reclamación, pues ya se ha superado ampliamente la duración máxima que para el mismo fija el artículo 13 RRP en seis meses. Ello no obstante, el procedimiento ha seguido, en líneas generales, lo establecido en su normativa reguladora, sin que se observen carencias esenciales. Dicho lo anterior, sí cabe poner de manifiesto ciertas irregularidades que, sin producir indefensión y sin tener entidad suficiente como para anular las actuaciones, deben ser objeto de consideración. En este sentido, a lo largo del procedimiento se ha variado de instructor, sin que conste en el expediente ni la inicial atribución de tal condición ni su posterior modificación, lo que podría ser contrario al derecho reconocido por el artículo 35, letra b) LPAC, que otorga al ciudadano el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
Una vez más es necesario reiterar el inadecuado uso que la instrucción realiza del trámite de mejora de la solicitud en orden a requerir al interesado la aportación al expediente de documentos o datos que aquél considera necesarios para una adecuada resolución de la solicitud. La doctrina de este Consejo Jurídico al respecto es sobradamente conocida por la Consejería consultante, pues ha sido expuesta en numerosos Dictámenes evacuados a solicitud suya -por todos, el 75/2003-, cuyos razonamientos al respecto cabe dar aquí por reproducidos.

D) Mención específica merece la no práctica de una de las pruebas propuestas por el interesado: el interrogatorio de los Guardias Civiles que le asistieron tras el accidente.
En efecto, según el reclamante, si bien desconoce si los agentes llegaron a presenciar el siniestro, sí que podrían testificar acerca de la existencia de la corriente de agua sobre la calzada y su carácter imprevisible (folio 13 del expediente). Desconociendo el nombre y número de los guardias, ofrece a la Administración datos suficientes para poder llegar a identificarlos y propone formalmente la prueba de su interrogatorio.
Por la instrucción se requiere al Destacamento de Caravaca de la Cruz que se remitan las diligencias relativas al siniestro y que informe acerca de la identidad de los dos agentes que auxiliaron al interesado. En la contestación dada por el Jefe del puesto, se identifica por sus números a los dos guardias, al tiempo que informa de la ausencia de las diligencias requeridas.
La inexistencia de atestado policial hacía aún más necesaria, si cabe, la práctica de la prueba testifical propuesta en orden a la determinación de las posibles causas el accidente, a pesar de lo cual, no consta que se haya llevado a efecto el interrogatorio solicitado.
Como ya advirtiera el Consejo Jurídico en Dictamen 165/2003, el derecho a la utilización de los medios de prueba en el procedimiento no es omnímodo, y así lo ha entendido el legislador en el artículo 80.3 LPAC, al posibilitar al instructor rechazar pruebas propuestas por los interesados, aunque, dada su trascendencia para el ejercicio de su derecho por el ciudadano, rodee tal decisión de garantías. Tal carácter cabe predicar de la exigencia de una resolución expresa, garantía aparentemente formal pero que presenta evidentes repercusiones de índole material, pues ha de ser motivada. Y dicha motivación ha de atender, precisamente, al carácter improcedente o innecesario de la prueba propuesta, bien porque no guarde relación con el objeto del procedimiento -prueba improcedente o, en terminología del artículo 283.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), impertinente-, o bien porque no resulte idónea para la aclaración de los hechos -prueba innecesaria o inútil (artículo 283.2 LEC)-. Además, la improcedencia o no necesidad de la prueba, según el artículo 80.3 LPAC, habrá de ser manifiesta, esto es, que se presente de forma clara y patente.
Ningún pronunciamiento contiene el expediente acerca de la prueba propuesta, ni siquiera con ocasión de la apertura del período de prueba, que la instructora limita a la comprobación de que el conductor del vehículo se encontraba en posesión del correspondiente permiso de conducir. Este inmotivado rechazo de la prueba cabe calificarlo de arbitrario y podría dar lugar a indefensión cuando, sin justificación expresa alguna, se impide al interesado traer al procedimiento elementos de juicio y pruebas que convienen a su defensa.
No obstante, y sin perjuicio de indicar que debería completarse la propuesta de resolución con un pronunciamiento motivado acerca de la prueba propuesta y no practicada, diversas circunstancias llevan a este Consejo Jurídico a considerar que no procede retrotraer las actuaciones para llevar a efecto la prueba. En primer lugar, el largo período de tiempo transcurrido desde que se produjo el accidente (26 de marzo de 2004) hasta el momento en que pudiera interrogarse a los guardias, incide negativamente en el valor probatorio que cabría otorgar a sus declaraciones. Además, la existencia de la corriente de agua sobre la calzada, único hecho que se pretende probar a través del interrogatorio solicitado según las propias manifestaciones del reclamante, no ha sido negada por la Administración, ni en la propuesta de resolución, ni en el informe técnico elaborado por la concesionaria de la Autovía, que llega a justificar su aparición como una circunstancia "
inherente al trazado de cualquier vía", que se produce al coincidir la evacuación de las aguas de escorrentía con el cambio de peralte de las calzadas. En consecuencia, teniendo por cierta la Administración la existencia del agua sobre la autovía, cabría calificar la prueba propuesta de innecesaria. Así parece entenderlo también el propio reclamante, quien con ocasión del trámite de audiencia guarda silencio ante la omisión de la actuación instructora por él solicitada.
TERCERA.- Sobre el fondo.
El artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en sus bienes y derechos, cuando dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En similares términos se expresa el artículo 139 LPAC, configurando una responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser en principio indemnizada.
No obstante, el Tribunal Supremo viene declarando de forma constante (por todas, Sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el citado principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, de manera que para que exista tal responsabilidad es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso sufrido, sin que la responsabilidad objetiva de la Administración pueda extenderse a cubrir cualquier evento. Ello, en definitiva, supone que la prestación por la Administración de un determinado servicio público, y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación, no implica que dicha Administración se convierta en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, ya que, de lo contrario, el actual sistema de responsabilidad objetiva se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento.
En suma, de acuerdo con lo establecido por los artículos 139 y 141 LPAC, son requisitos para que se reconozca la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, los siguientes:
a) Que exista un daño real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
b) Que el daño tenga su causa en el funcionamiento de los servicios públicos.
c) Que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño.
d) Que no exista fuerza mayor.
No puede dudarse de la producción del accidente ni de los daños ocasionados al vehículo, pues la empresa concesionaria de la explotación de la vía confirma la realidad del percance, y el Parque de Maquinaria ha avalado la correspondencia entre los daños sufridos y la forma en que, según el reclamante, se produjo el accidente.
No ocurre lo mismo, sin embargo, en relación con el nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos y el daño padecido, para cuya determinación será preciso atender a la prueba practicada durante la instrucción del procedimiento, y ello a la luz de las normas sobre reparto del
onus probandi.
Puede ya anticiparse que la insuficiencia de la actividad probatoria va a ser determinante en la decisión sobre la reclamación planteada, ya que, tal como señala el Tribunal Supremo en repetidas sentencias,
"...toda reclamación de daños y consiguiente indemnización de perjuicios que se pudiera causar por aquellos daños, requiere como elemento indispensable y necesario, el acreditar la realidad de ambos y la necesaria relación de causa a efecto entre el acto o actividad de que se trate y el resultado dañoso, incumbiendo la prueba de todo ello al que reclama" (entre otras, Sentencia de 29 de junio de 1988); añadiendo en la de 11 de septiembre de 1995 que "esa responsabilidad se configura por la efectividad de un daño evaluado económicamente e individualizado, la relación directa, inmediata y exclusiva de causalidad entre el daño y el funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos, y la inexistencia de fuerza mayor. La prueba de las dos primeras condiciones corresponde al actor, mientras que la de la última, excluyente de esa responsabilidad, corresponde a la Administración".
Abunda en esta línea el Consejo de Estado, cuya doctrina en relación con las reclamaciones por responsabilidad patrimonial pone de manifiesto que
"la carga de la prueba pesa sobre la parte reclamante de acuerdo con los viejos aforismos "necessitas probandi incumbit ei qui agit" y "onus probandi incumbit actori" y con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil" (entre otros muchos se pueden citar los Dictámenes números 968/2002, 62/2003 y 2.396/2003).
También este Consejo Jurídico ha venido destacando que la carga probatoria incumbe a los reclamantes respecto a la acreditación de estas circunstancias (entre otros, Dictámenes números 107/2003, 28/2004 y 85/2004).
Y es que el título a través del cual pretende el actor imputar los daños sufridos a la Administración es un eventual defectuoso diseño y ejecución material de la carretera, según se desprende del hecho segundo de la reclamación. Para el reclamante, no es lógico que la calzada esté peraltada o inclinada de tal forma que, al llover con cierta intensidad, el agua atraviese los dos carriles de circulación formando para ello un pequeño río.
Dichas imputaciones, sin embargo, no se ven respaldadas por una prueba que las ampare, la cual, dado el carácter eminentemente técnico de la cuestión suscitada, debería ser una pericial que permitiera discernir si, bien el proyecto, bien la construcción material de la carretera, se apartan de las instrucciones o normas técnicas de preceptiva aplicación en el diseño y ejecución de las carreteras. Son tales normas las que definen, de forma apriorística, objetiva y general el estándar de calidad o nivel de prestación del servicio exigible (STSJ, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 385/2205, de 6 de mayo) de forma que, en principio, no podrán reputarse como defectuosos ni el diseño ni la ejecución que se ajusten a sus prescripciones.
Ante la ausencia de una prueba rigurosa de las imputaciones del interesado, que se limita a efectuar una consideración estrictamente subjetiva y personal acerca de los peraltes de la autovía y la evacuación de las aguas pluviales, la Administración ha traído al procedimiento un informe técnico, elaborado por el Jefe de Explotación de la empresa concesionaria, del que se desprenden las siguientes circunstancias, ninguna de las cuales ha sido desvirtuada, ni tan siquiera combatida, con ocasión del tramite de audiencia, por el actor:
a) Que el aglomerado asfáltico de la carretera se encontraba en perfecto estado de conservación.
b) Que la capa de firme que sirve de rodadura está constituida por una mezcla bituminosa drenante, que mejora considerablemente las condiciones de evacuación del agua de lluvia, en comparación con las mezclas habituales.
c) Que las condiciones de rodadura de la vía en el momento de ocurrir el accidente, no eran las más óptimas al encontrarse mojada por la lluvia.
d) Que las condiciones de drenaje y del peralte de la carretera son las que se definen en la normativa técnica vigente (normas 5.2 IC de drenaje y 3.1 IC de trazado).
e) Que la señalización, tanto vertical como horizontal, así como el balizamiento en toda la autovía, son los preceptivos.
Considera el Consejo Jurídico que, atendida la naturaleza técnica de las imputaciones efectuadas por el interesado, la instrucción debería haber procurado contrastar tales afirmaciones con el correspondiente departamento de la Consejería consultante, singularmente la Oficina de Supervisión de Proyectos o similar, en orden a obtener otro autorizado pronunciamiento que permitiera confirmar o no la corrección técnica del diseño y ejecución de la carretera en el lugar donde se produjo el accidente. Ello no obstante, las reglas antes expuestas acerca de la carga de la prueba imponían al interesado acreditar la relación causal que une el daño con el funcionamiento de los servicios públicos de carreteras, no habiéndolo conseguido.
Si, como queda expuesto, el diseño y la construcción de la autovía no se apartan de la Instrucción de Carreteras, Normas 5.2 IC "Drenaje superficial" y 3.1 IC "Trazado", afirmando el único informe técnico que existe en el expediente, que la formación de pequeñas corrientes de agua como la que ocasionó el accidente es inherente al trazado de cualquier vía, cabe indagar acerca de las verdaderas causas del siniestro. En este sentido, al margen de las características de la carretera, las adversas circunstancias climatológicas que concurrían en el momento de ocurrir el accidente -el propio interesado afirma que llovía copiosamente- y sus negativas consecuencias sobre la adherencia, obligaban al conductor a extremar las precauciones al circular, lo que, obviamente, no debió llevar a cabo y ésa, y no otra, parece constituir la causa desencadenante del siniestro. Y ello a pesar de que el interesado afirme circular a "
velocidad muy moderada" (pág. 14 del expediente) o a "muy poca velocidad" (pág.13), pues dichas manifestaciones quedan desvirtuadas por el dato objetivo de los desperfectos sufridos por el vehículo que, según el propio reclamante, llega a dar "una o dos vueltas de campana", lo que atendiendo a máximas de la experiencia resulta difícil de concebir a velocidades pequeñas.
Tampoco confirman tal alegación de prudencia en la conducción otros datos obrantes en el expediente. Así, el hecho de circular el interesado por el carril izquierdo de la vía, y la apreciación efectuada por el Ingeniero Técnico del Parque de Maquinaria, quien, tras analizar la configuración del tramo de vía donde se produce el accidente y el estado en que quedó el vehículo siniestrado, considera que los daños apreciables en el automóvil debieron producirse a "
una velocidad mínima de 90 km/h". A mayor abundamiento, según el informe de la empresa concesionaria y el del Parque de Maquinaria, unos centenares de metros antes del lugar del accidente un panel luminoso rebajaba el genérico límite de velocidad aplicable en autovía (120 km/h) a 90 km/h, como consecuencia de la lluvia que caía en tales momentos. De conformidad con el artículo 144.1 del Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre "los paneles de mensaje variable tienen por objeto regular la circulación adaptándola a las circunstancias cambiantes del tráfico. Se utilizarán para dar información a los conductores, advertirles de posibles peligros y dar recomendaciones o instrucciones de obligado cumplimiento".
Tales extremos parecen indicar que el interesado no ajustó su velocidad a la que imponía la señalización variable y aconsejaba la copiosa lluvia que caía en el momento del siniestro, lo que derivó en una circulación no adaptada a las circunstancias de todo orden presentes, apartándose de las prescripciones del artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, según el cual "
todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones metereológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse".
Conviene aquí recordar la muy asentada doctrina jurisprudencial que admite la ruptura del nexo causal y consecuentemente la exoneración de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en los supuestos en que, como el presente, el resultado lesivo es imputable a la conducción impropia del accidentado (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de marzo y 8 de octubre de 1998).
Tales consideraciones, unidas a la absoluta ausencia de prueba acerca de la imputación de defectuoso diseño o ejecución de la autovía, expresamente negada por el concesionario de la misma, impiden apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente sufrido por el interesado, de donde deriva la necesaria desestimación de su reclamación.
CUARTA.- Sobre la propuesta de resolución.
Si bien el Consejo Jurídico comparte el sentido desestimatorio de la propuesta de resolución, no puede hacer extensiva su conformidad a todos los extremos de la misma. En efecto, toda su argumentación se basa en la imprudencia del conductor y en la diligente observación de las obligaciones de conservación y mantenimiento de la carretera que incumben a la Administración, aun cuando la reclamación no pone en duda tal cumplimiento, sino que viene referida a un momento anterior, el de diseño del proyecto constructivo de la obra pública y su ejecución, cuestión a la que la propuesta de resolución no da respuesta.
Del mismo modo, contiene la propuesta de resolución alguna afirmación incomprensible a la luz del expediente, como es indicar que el reclamante "
era plenamente consciente de que la vía por la que discurría estaba cortada" (página 9 de la propuesta, FJ Tercero, apartado 4). Entiende el Consejo Jurídico que se trata de una simple confusión que, no obstante, ha de ser corregida.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.-
Se informa favorablemente, con las salvedades expuestas en la Consideración Cuarta de este Dictamen, la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial instada ante la Administración regional, al no apreciarse la concurrencia de todos los elementos a que el ordenamiento jurídico vincula el nacimiento de dicha responsabilidad.
No obstante, V.E. resolverá.