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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 370/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 370/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 30 de mayo de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 142/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 18 de septiembre de 2015, D.ª X, y sus hijos D. Y, D.ª Z, D.ª M y D. N, presentan reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración regional por el daño moral derivado del fallecimiento de D. P, esposo y padre respectivamente de los reclamantes, que estos imputan a la defectuosa asistencia sanitaria que le fue dispensada por el Servicio Murciano de Salud.


Relatan los actores que su familiar falleció el 23 de septiembre de 2014 en el Hospital "Virgen del Castillo" de Yecla, como consecuencia de un deterioro progresivo de la función renal y de su situación clínica, cuyo diagnóstico fue de "neoplasia pulmonar con metástasis óseas, EPOC tipo enfisema, sobreinfección respiratoria, insuficiencia respiratoria crónica agudizada, insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular crónica, estenosis aórtica ligera, insuficiencia mitral ligera e insuficiencia renal crónica".


Desde el año 2011 el paciente fue tratado en dicho Hospital por los Servicios de Cardiología, Medicina Interna, Urología, Cirugía y Digestivo, así como en varios episodios en el Servicio de Urgencias, siendo ingresado en diversas ocasiones. En marzo de 2013 le efectuaron una TAC torácica debido a sus problemas cardíacos y respiratorios.


Durante el año 2014 y desde el mes de abril se suceden los ingresos hospitalarios, afirmando los reclamantes que durante dichas estancias en el hospital no se le efectúan al paciente ni una TAC ni ecografías torácicas hasta el 18 de septiembre, fecha en la que se realiza una TAC de tórax que desvela la presencia de la lesión neoplásica que acabaría con la vida del paciente tan sólo cinco días después, el 23 de septiembre.


Con fundamento en tales hechos, imputan los reclamantes al Servicio Murciano de Salud un defectuoso funcionamiento del servicio público sanitario, infringiendo la lex artis en el momento del diagnóstico al omitir la realización de pruebas específicas para detectar la patología pulmonar, incurriendo en una omisión de los medios necesarios y disponibles para alcanzar el diagnóstico correcto, determinante de una pérdida de oportunidad.


Se solicita una indemnización cuya cuantía no se precisa, aunque se anuncia que se concretará más adelante, se requiere asimismo a la Administración para que informe acerca de la existencia de seguro de responsabilidad civil que cubra el daño por el que se reclama, y finalmente, se designa como representante a una Letrada.


La reclamación se acompaña de copia de diversa documentación clínica acreditativa del proceso asistencial seguido por el paciente.


SEGUNDO.- Requeridos los actores para subsanar la solicitud mediante la aportación de documentación acreditativa de su legitimación para reclamar, así como para fijar la evaluación económica del daño, se atiende dicho requerimiento el 20 de octubre de 2015, mediante la aportación de copia compulsada del Libro de Familia y fijando el montante económico de la reclamación en 124.621,44 euros (86.276,40 para la viuda y 9.586,26 euros para cada uno de los hijos del finado), utilizando para su cálculo el sistema de valoración de daños a las personas en accidentes de circulación.


TERCERO.- El 26 de octubre de 2015 se admite a trámite la reclamación y se ordena su tramitación al Servicio Jurídico del Servicio Murciano de Salud, que procede a comunicar a los reclamantes la información prescrita por el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), al tiempo que da traslado de la reclamación a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la aseguradora del referido ente público sanitario.


Del mismo modo, requiere a la Gerencia del Área de Salud V para que remita copia compulsada de la historia clínica del paciente e informe de los facultativos que le prestaron asistencia.


CUARTO.- Remitida la documentación solicitada, constan sendos informes de la Jefe del Servicio de Urgencias y del Jefe de Servicio de Medicina Interna del hospital "Virgen del Castillo".


La primera facultativa señala que se solicitaron las pruebas diagnósticas oportunas para realizar un diagnóstico de urgencias y determinar la gravedad de sus síntomas para su tratamiento y estabilización. Dicho diagnóstico se basa en un estudio de urgencias y no presupone un diagnóstico definitivo, por lo que niega que pueda considerarse la existencia de negligencia o error en los diagnósticos evacuados en el Servicio de Urgencias.


El Servicio de Medicina Interna, por su parte, tras remitirse a los informes de alta que constan en la historia clínica, manifiesta que "nos parece nuestra actuación correcta en todo momento; puesto que el paciente presentaba además de otras patologías, una EPOC tipo enfisema, reagudizada por sobreinfección respiratoria, con insuficiencia respiratoria crónica agudizada secundaria y el aumento de tamaño hiliar lo justificaba la hipertensión arterial pulmonar de su EPOC, máxime en presencia de un TAC torácico previo normal, realizado en Marzo de 2013. Fue en su último ingreso, dos meses más tarde, en septiembre, cuando se detectó un mayor aumento de tamaño en hilio izquierdo, que junto con la afectación ósea en parrilla costal, nos hizo sospechar la existencia de una masa pulmonar en LSI que se confirmó en el TAC torácico realizado en ese momento".


QUINTO.- La Aseguradora del Servicio Murciano de Salud aporta informe médico pericial de fecha 21 de diciembre de 2015, elaborado por facultativa especialista en Medicina Interna y en Neumología, que contiene las siguientes consideraciones y conclusión:


"1. D. P, paciente con EPOC, insuficiencia cardiaca, fibrilación auricular, insuficiencia renal crónica estaba siendo atendido en el Hospital de Yecla desde el 2011.


2. En el año 2013 se realizó un TAC de tórax que no mostró ninguna lesión sugestiva de cáncer de pulmón.


3. A lo largo del 2014 sufrió hasta 7 ingresos por causas variadas.


4. La mayoría de los mismos fueron por reagudización de EPOC con insuficiencia cardiaca que mejoraban con tratamiento médico.


5. En todos los ingresos se realizaron estudios de RX de tórax, sin datos que hicieran sospechar un cáncer de pulmón.


6. Los datos ecocardiográficos, radiológicos, clínicos y de laboratorio no ponen en duda ni la reagudización de EPOC y la descompensación de insuficiencia cardiaca que fueron correctamente diagnosticados y tratados.


7. En el ingreso de septiembre refirió la existencia de dolor costal de 2 meses de aparición que relacionaba con un traumatismo por lo que estaba pendiente de una parrilla costal.


8. Este síntoma no había sido referido en los ingresos previos.


9. Al realizar la parrilla costal se hizo evidente una lesión en la 9ª costilla con afectación de partes blandas.


10. Se solicitó un TAC donde se objetivó una lesión del lóbulo superior izquierdo, es decir una lesión contralateral a la lesión costal, que no pudo ser filiada histológicamente por deterioro del paciente, desde el punto de vista cardiológico y renal.


11. No se puede asegurar el tipo de tumor, ni si ambos eran el mismo, pero podría tratarse de un cáncer de pulmón estadio IV.


12. El fallecimiento el 23 de septiembre NO se debe al cáncer sino a las comorbilidades presentes. EPOC con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal, condiciones preexistentes en el paciente.


CONCLUSION


La atención recibida por D. P es correcta y ajustada a lex artis a lo largo del año 2014 de acuerdo a los diferentes datos clínicos que sufría".


SEXTO.- Solicitado el preceptivo informe de la Inspección Médica, se evacua el 31 de julio de 2017, con las siguientes conclusiones:


"1. La presencia de una masa que comprimía el bronquiolo en el lóbulo superior izquierdo del pulmón se observó en este paciente mediante el TAC de tórax que le fue realizado el día 18/09/2014.


2. Previamente se había realizado una radiografía de la parrilla costal derecha el día 08/09/2014 en la que apreciaba una lesión lítica altamente sospechosa de un proceso médico agresivo.


3. Es decir entre ambas pruebas diagnósticas transcurrió un periodo de tiempo de 10 días.


4. El momento en el cual el paciente comenzó con el dolor costal (que refería desde hacía dos meses antes de su ingreso hospitalario en el mes de septiembre de 2014 y que correlacionó con un posible traumatismo) puede considerarse como la expresión de la sintomatología dolorosa secundaria a la lesión lítica debida a una (probable) metástasis ósea costal asociada a una neoplasia del pulmón.


5. En los estudios médicos realizados previamente al mes de septiembre de 2014 no se había identificado ninguna masa en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, ni tampoco ninguna lesión costal derecha (9o arco costal), según consta en los informes médicos emitidos por los facultativos que asistieron al paciente.


6. Desde el punto de vista médico la asistencia realizada al paciente D. P se ajustó a la praxis médica actual ya que a medida que el paciente fue presentando los distintos episodios médicos ocasionados por las distintas comorbilidades que padecía fue tratado de los mismos por el SMS.


7. No están definidas las distintas causas de muerte en este paciente (causa inmediata, intermedia-as, fundamental, otros procesos) en la documentación médica recibida con el expediente de la RP, pues como se ha especificado anteriormente (en el apartado de hechos), no consta en dicho expediente de la RP el certificado médico de defunción ni otros informes médico-legales (informes de la necrósica o de la autopsia) en el cual se determinen dichas causas".


SÉPTIMO.- Conferido el 6 de octubre de 2017 trámite de audiencia a los interesados, el 23 de octubre los actores presentan escrito de alegaciones en el que, en síntesis, se reafirman en las contenidas en la reclamación inicial. En relación con la consideración contenida en el informe de la Inspección Médica acerca de la ausencia de informes médico-legales acreditativos de la causa de la muerte del Sr. P, manifiesta que no es imputable a los reclamantes.


Finaliza el escrito de alegaciones reiterando su solicitud de indemnización por la pérdida de oportunidad de obtener un diagnóstico y un tratamiento precoz de la patología pulmonar.


OCTAVO.- Con fecha 25 de mayo de 2018, el instructor formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al considerar que no concurren los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial, singularmente el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño padecido, toda vez que la actuación facultativa pretendidamente contraria a normopraxis no se habría probado.


En tal estado de tramitación y una vez incorporados los preceptivos extracto de secretaría e índice de documentos, se remite el expediente en solicitud de dictamen mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el 30 de mayo de 2018.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, ya que versa sobre una reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial se ha formulado ante la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con los artículos 142.3 LPAC y 12.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (RRP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico aplicable, legitimación, plazo y procedimiento.


I. En cuanto al régimen jurídico que resulta de aplicación a este procedimiento, conviene recordar que la LPAC ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), que junto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


Sin embargo, la Disposición transitoria tercera, apartado a), de la LPACAP dispone que no resulta de aplicación a los procedimientos que, como el que es objeto del presente Dictamen, se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor, que se regirán por la normativa anterior. En consecuencia el régimen legal aplicable en el supuesto sometido a consulta es el que establecía la LPAC.


     II. Los reclamantes están legitimados para solicitar indemnización por el daño moral asociado a la pérdida afectiva que para una esposa y unos hijos supone la muerte de un familiar tan cercano como su cónyuge y padre, respectivamente.


     La Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


     III. En relación con el requisito del plazo, el artículo 142.5 LPAC establece que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Atendida la fecha del óbito del paciente, lo que ocurrió el 23 de septiembre de 2014, la reclamación formulada el 18 de septiembre de 2015 ha de considerarse tempestiva.


     IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario: consideraciones generales.


La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


     Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


     - La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


     - Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


     - Ausencia de fuerza mayor.


     - Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


     Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


     La actuación de éste ha de regirse por la denominada lex artis ad hoc, o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03 de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente (SAN, Sección 4ª, de 18 de septiembre de 2002, y STS, Sala 3ª, de 14 de octubre de 2002). La lex artis, así, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa cuando del ámbito sanitario se trata, como tiene declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones. Por todas, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: "ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".


El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala 1ª, de 24 de mayo de 1999, entiende que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia (...) (ello) supone tomar en consideración el caso concreto en el que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo) o exógenos (incidencia de sus familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar el acto como conforme o no a la técnica media normal requerida".


De modo que sólo en el caso de que se produzca una infracción de la lex artis responde la Administración de los daños causados, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado parámetro de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad, que podría declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que no pudieran evitar la muerte de un paciente, o las lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica realizada conforme a la lex artis, entre otros supuestos posibles.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


Para la Administración, además de los informes de los facultativos intervinientes, de preceptiva incorporación al procedimiento ex artículo 10.1 RRP, su principal apoyo probatorio habrá de ser el informe de la Inspección Médica, dadas las peculiares características que reúne y que pone de manifiesto la STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 430/2014, de 9 de junio, al señalar en relación con el indicado informe que "en la valoración conjunta de la prueba se han de ponderar sus consideraciones médicas y sus conclusiones como elementos de juicio para la apreciación técnica de los hechos jurídicamente relevantes para la decisión de la litis, considerando que su fuerza de convicción reside, además de en su motivación y coherencia, en la circunstancia de que la Inspección Sanitaria informa con criterios de profesionalidad, objetividad, e imparcialidad respecto del caso y de las partes".


La prueba pericial, sin embargo, no ha sido utilizada por los reclamantes, que se han limitado a proponer como único medio probatorio la documental consistente en la historia clínica del paciente. Ello ha de tener negativas consecuencias para la prosperabilidad de su acción, pues de la sola contemplación de los documentos contenidos en el expediente un órgano lego en Medicina como es este Consejo Jurídico difícilmente podrá concluir en contra de lo apreciado por los facultativos, el perito y el Inspector informantes, quienes en el supuesto ahora sometido a consulta de forma invariable sostienen la adecuación a normopraxis de lo actuado.


CUARTA.- Actuaciones anómalas que se imputan a la Administración sanitaria.


Para los reclamantes se produjo un diagnóstico tardío de la patología neoplásica pulmonar como consecuencia de limitarse los facultativos a efectuar simples radiografías, omitiendo la realización durante los ingresos padecidos por el enfermo a lo largo del año 2014 de una TAC o de una ecografía torácica, lo que habría permitido un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano del cáncer.


Así pues, la imputación del daño al servicio público se objetiva como omisión de medios, singularmente por escatimar la Administración pruebas y recursos que hubieran revelado la verdadera naturaleza de la enfermedad, si bien también tendría cabida en este argumento el hecho de ser incapaces los médicos que atendieron al paciente de alcanzar el diagnóstico acertado con las pruebas radiológicas efectivamente practicadas.


A la luz de tales razonamientos, la determinación de si se adoptaron las medidas necesarias para llegar al temprano diagnóstico de la enfermedad se convierte en cuestión nuclear del problema, en orden a calificar el daño sufrido como antijurídico y para poder dilucidar si existe o no nexo causal entre aquél y la actuación de la Administración.


Y es que, como se ha indicado en la Consideración precedente, la obligación que incumbe a la Administración en la prestación sanitaria es de medios, no de resultados, pues si bien no se le puede exigir una curación en todos los casos, dado el carácter contingente de la salud y la vida de los pacientes, sí que viene compelida a prestar la asistencia sanitaria con el despliegue de todos los medios a su alcance. De no hacerlo así, o de no acreditar su efectiva utilización, el daño devendrá en antijurídico.


Aplicado al supuesto objeto de consulta, la antijuridicidad del daño y el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño sufrido, derivarían de la no aplicación de todos los medios diagnósticos adecuados, cuestión ésta íntimamente relacionada con el criterio jurisprudencialmente configurado de la "lex artis", como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa cuando del ámbito sanitario se trata.


Como ya se indicó supra, la acreditación de que se actuó de forma contraria a normopraxis ha de descansar necesariamente en pronunciamientos e informes técnicos periciales que, valorando la asistencia sanitaria prestada al paciente y a la luz de los síntomas y signos de enfermedad que presentaba en el momento en que demandó atención facultativa, determinen si se omitió algún medio o prueba diagnóstica que estuviera indicada o si se valoró en forma inadecuada alguno de tales síntomas o signos o los resultados de las pruebas efectuadas.


La no aportación por los actores de informe pericial alguno dificulta sobremanera la estimación de su pretensión indemnizatoria, no ya porque a ellos les incumba la carga de probar la existencia de una actuación contraria a la lex artis ad hoc en el proceso asistencial dispensado al Sr. P ex artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo arrostrar las negativas consecuencias de su no acreditación, sino también porque todos los informes obrantes en el expediente, tanto el del perito de la Aseguradora del SMS como el de la Inspección Médica, manifiestan que no se incurrió en mala praxis u omisión de medios, de modo que el diagnóstico que en cada momento se fue realizando de la patología del paciente respondía a los signos y síntomas de enfermedad que efectivamente presentaba.


En particular, la realización de la TAC que el 18 de septiembre de 2014 orienta el diagnóstico hacia una patología neoplásica se vincula con la aparición, 10 días antes, de hallazgos radiográficos compatibles con una lesión ósea en una costilla que se sospecha pueda tener su origen en metástasis de un cáncer de pulmón, que previamente no se había evidenciado en las sucesivas consultas en las que fue atendido el paciente, ni éste había referido el dolor costal que motiva la realización de la radiografía de parrilla costal que desvela la existencia de este proceso canceroso. Es decir, no es hasta el ingreso del paciente en el mes de septiembre de 2014, que éste manifiesta una dolencia que permite orientar el diagnostico hacia la neoplasia de pulmón, diferenciándolo del resto de comorbilidades respiratorias, cardíacas y renales que padecía, que fueron adecuadamente diagnosticadas según la Inspección Médica y de las que venía siendo tratado desde el año 2011.


En consecuencia, no puede considerarse que los facultativos incurrieran en error o tardanza indebida en alcanzar el diagnóstico o que omitieran la realización de pruebas que estuvieran indicadas por la ciencia médica ante la situación que en cada momento presentaba el paciente, por lo que no puede vincularse el fallecimiento del Sr. P a la no realización de las pruebas diagnósticas (TAC y ecografía torácicas) que los reclamantes consideraban necesarias, ni puede tampoco derivarse de su no realización la pérdida de oportunidad alegada, cuando sólo se invirtieron 10 días en confirmar el diagnóstico del cáncer de pulmón mediante la realización de una TAC tras la evidencia de una lesión costal que hacía sospechar la existencia de un proceso neoplásico.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria, toda vez que no se aprecian en el supuesto sometido a consulta los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración, singularmente el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y el daño alegado.


No obstante, V.E. resolverá.