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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 135/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por una caída en la vía pública.
Dictamen:

Dictamen nº 135/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, mediante oficio registrado el día 24 de mayo de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por una caída en la vía pública (expte. 125/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 9 de julio de 2015 D.ª X presenta en el Ayuntamiento consultante una solicitud de indemnización fundamentada en la responsabilidad que incumbe a la Administración de acuerdo con lo que se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), entonces vigente.


La interesada expone en el escrito "Que andando por la acera de la Ciudad Jardín tropieza con una losa levantada y se cae y se rompe un hombro". Por ese motivo demanda "La indemnización correspondiente por la caída y gastos del Hospital que dice que se tiene que hacer cargo el seguro del Ayuntamiento".


Junto con la reclamación aporta un dossier en el que se contienen ocho fotografías del lugar en el que supuestamente debió producirse la caída y un informe clínico de urgencias expedido el 8 de julio de 2015, de cuya lectura se deduce que la reclamante ingresó en el citado servicio del Hospital Comarcal del Noroeste, de Caravaca de la Cruz, a las 10:36 horas de ese día y que se le diagnosticó una fractura subcapital y de troquiter derecho y una contusión en la rodilla del mismo lado.


SEGUNDO.- La interesa formula el 10 de julio de 2015 una denuncia ante la Policía Local de dicho Ayuntamiento en la que expone "Que el pasado día 8 de Junio (sic) de 2015, y sobre las 10,15 horas cuando iba caminando por la Ciudad Jardín, frente al supermercado --, tropezó en la losa que sobresalía en la acera, y cayó al suelo.


Que como consecuencia de la caída se produjo una lesión en el hombro derecho, y erosiones en la rodilla derecha, teniendo que ser trasladada en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Comarcal.


Que al lugar, también acudió una patrulla de la Policía Local, la cual pudo constatar el hecho.


Que adjunta parte médico de asistencia en el Hospital, en el que se le diagnostica fractura subcapital en hombro derecho y herida erosiva en rodilla derecha".


TERCERO.- Obra en el expediente una copia de la Diligencia de exposición de hechos realizada el 16 de julio de 2015 por un instructor con ocasión de la denuncia formulada por la interesada. En ese documento se pone de manifiesto "que de cuanto se desprende del parte de servicio de la Policía Local (...) el pasado miércoles, día 8 de Julio de 2015, y cuando prestaban servicio de vigilancia por la población tuvieron conocimiento por medio de llamada telefónica efectuada a las Dependencias de la Policía Local, de que en la calle Ciudad Jardín, una persona había caído al suelo.


Que trasladados al citado lugar, identifican a Doña X (...).


Que la citada manifiesta que cuando iba caminando por la acera ha tropezado en unas losas que sobresalen y ha caído al suelo.


Que preguntadas varias personas que se encontraban atendiendo a la señora, si habían visto la caída, manifiestan que no".


Con la diligencia se adjunta un reportaje fotográfico del lugar en el que se debió producir el percance, compuesto por cuatro fotografías en color.


CUARTO.- A solicitud del Secretario General del Ayuntamiento el Jefe de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios emite un informe el 30 de julio de 2015 en el que expone que "... el Técnico que suscribe practica visita a la zona objeto de informe, y tras una inspección ocular general de la zona, se observan las siguientes incidencias:


- En la citada zona existe un amplio jardín público delimitado por un murete perimetral y un acerado de un ancho aproximado de 90 cm, formado por bordillo de hormigón y pavimento de losas de terrazo.


- Debido a la antigüedad del mismo y al arbolado interior existente en el mencionado jardín público, el crecimiento natural de sus raíces, han ido provocando paulatinamente el levantamiento o abombamiento parcial de dicho acerado perimetral.


- Recientemente, se han llevado a cabo los trabajos de renovación y reparación de los tramos de acerado más deteriorados y que suponían posibles riesgos inminentes en su uso peatonal.


- No obstante, existe un pequeño tramo del mencionado acerado perimetral, que aún no ha sido reparado de forma general aunque sí se han llevado a cabo pequeñas reparaciones puntuales de mantenimiento, que permitían su uso en condiciones normales, hasta que pudiera afrontarse la ejecución del tramo restante".


QUINTO.- Por resolución de la Alcaldía de 18 de septiembre de 2015 se requiere a la interesada para que, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 71 LPAC, subsane su solicitud y efectúe la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, indique si ha recibido el alta de las lesiones que se produjo y proponga los medios de prueba de los que pretenda valerse, como impone el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial (RRP).


De igual modo, se le advierte de que, en caso de que no lleve a cabo la subsanación requerida, se la tendrá por desistida de su reclamación y se procederá al archivo de la solicitud de indemnización.


SEXTO.- La reclamante presenta el 6 de octubre siguiente un escrito en el que reitera el contenido de su reclamación y en el que manifiesta que el Ayuntamiento incumplió la obligación que le corresponde de mantener las vías peatonales en un estado que permita su uso sin que se coloque a los viandantes en situación de peligro.


De otra parte, manifiesta que inició el tratamiento rehabilitador el pasado mes de septiembre por lo que no puede presentar una valoración económica de las lesiones que sufre.


Finalmente, propone la práctica de la prueba testifical de las personas que le acompañaban cuando sufrió la caída aunque no concreta sus nombres.


Con el escrito adjunta varios documentos de carácter clínico y una nueva copia del dossier fotográfico ya que presentó.


SÉPTIMO.- La peticionaria presenta nuevos escritos los días 28 de junio de 2016 y 6 de julio de 2017 en los que expresa que no se ha recuperado todavía de las lesiones sufridas; que se encuentra de baja médica y laboral; que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente, que se encuentra pendiente de valoración de incapacidad permanente y que, por tanto, no puede presentar la determinación económica que le fue solicitada.


OCTAVO.- El 23 de febrero de 2018 aporta la interesada otro escrito en el que explica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido en situación de incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual, lo que justifica con la copia de la resolución dictada en ese sentido por la Directora Provincial de esa Entidad Gestora el 4 de julio de 2017.


Además, valora los daños físicos que sufrió en la cantidad total de 123.838,32 euros, que desglosa del siguiente modo:


- Días impeditivos (726, a razón de 58,41 €/día) y factor de corrección (10%): 46.646,22 euros.


- Secuelas sufridas por la reclamante -que tenía 55 años en el momento en que se produjeron los hechos- (5 puntos, a razón de 788,45 €/punto) y factor de corrección (10%): 4.336,47 euros.


- Incapacidad permanente total para su profesión, por una limitación o déficit funcional del hombro mayor del 50%, con un límite de abducción del 70%: 72.855,63 euros.


Para fijar esa cantidad aporta un informe médico de valoración, realizado el 7 de julio de 2017 por un médico traumatólogo de Caravaca de la Cruz, y varios documentos clínicos.


NOVENO.- Por resolución de la Alcaldía de 2 de marzo de 2018 se admite a trámite la reclamación y se nombra al instructor y a la secretaria del procedimiento. Ese acuerdo se le notifica a la interesada y a la empresa aseguradora del Ayuntamiento consultante.


DÉCIMO.- Abierto un período de proposición y práctica de prueba, la reclamante presenta un escrito el 3 de abril de 2018 en el que propone la documental conformada por los documentos fotográficos, clínicos y médicos que ya presentó con sus anteriores escritos; más documental, consistente en otro dossier que incorpora otras ocho fotografías de la acera en la que se produjo el accidente y la testifical de D.ª Y, hermana de la interesada, de la que se dice que presenció la caída.


UNDÉCIMO.- Obra en el expediente un nuevo informe emitido el 4 de abril de 2018 por el Jefe de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios cuyo contenido es idéntico al del que ya realizó el 30 de julio de 2015 y que se transcribe en el Antecedente cuarto anterior.


DUODÉCIMO.- El 19 de abril de 2018 se lleva a efecto la declaración de la testigo propuesta en la que relata que "Íbamos por la baldosa de Ciudad Jardín (por la acera), como es estrecha, ella iba delante y yo detrás. No se podía pasar por otro lado, están los coches.


Ella tropezó y cayó al suelo. Yo casi tropiezo también. Me puse nerviosa de verla en el suelo. Enseguida acudió gente. No sabe quién llamó a la ambulancia, pero llegó enseguida. También vinieron los municipales".


También explica la testigo que miraba a su hermana, que iba delante de ella, mientras andaba; que las dos iban con cuidado de no caerse, que su hermana llevaba puestas unas zapatillas deportivas y que normalmente no pasaban por ese lugar.


De igual forma, responde que antes de la caída no pudo advertir el mal estado en que se encontraba la baldosa; que no hay ningún paso de peatones por donde ellas caminaban; que no había llovido, que su hermana no miraba para otro sitio que no fuese el suelo y que ni hablaba por el móvil ni estaba despistada y que la reclamante tropezó y que no resbaló.


DECIMOTERCERO.- Mediante providencia del instructor del procedimiento de 23 de abril de 2018 se confiere el oportuno trámite de audiencia a los interesados, con la finalidad de que puedan formular alegaciones y presentar los documentos e informes que estimen pertinentes.


La reclamante presenta un escrito el 8 de mayo siguiente en el que analiza detenidamente el resultado de la prueba practicada y su relación con el funcionamiento del servicio viario municipal. De igual forma, reitera el contenido de su pretensión resarcitoria.


DECIMOCUARTO.- Obra en el expediente administrativo un informe de la Secretaria General del Ayuntamiento consultante, de 21 de mayo de 2018, en el que concluye que no ha resultado acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño alegado.


DECIMOQUINTO.- Con fecha 22 de mayo se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación -que no está firmada por el instructor del procedimiento- por no existir relación causal entre los daños sufridos por la interesada y el funcionamiento del servicio municipal de mantenimiento y conservación de las vías públicas.


Una vez incorporados el índice de documentos -aunque no el preceptivo extracto de secretaría-, se remite el expediente en solicitud de Dictamen mediante escrito recibido en este Consejo Jurídico el 24 de mayo de 2018.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, ya que versa sobre una reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial se ha formulado ante el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, de conformidad con lo establecido en los artículos 12.9 y 14 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y los artículos 142.3 LPAC y 12.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial (RRP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico aplicable; legitimación, plazo de interposición de la acción de resarcimiento y procedimiento seguido.


I. En cuanto al régimen jurídico que resulta de aplicación a este procedimiento conviene recordar que la LPAC ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que este nuevo Cuerpo legal y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


Sin embargo, la Disposición transitoria tercera, apartado a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que no resulta de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, sino que se regirán por la normativa anterior. De conformidad con ello, el régimen legal que resulta aplicable en este caso es el que se contenía en la LPAC.


II. La reclamante está legitimada para interponer la acción resarcitoria puesto que es la persona que sufrió los daños de carácter físico por los que solicita una indemnización.


La legitimación pasiva corresponde a la Administración titular del servicio público a cuyo funcionamiento se imputa el daño. En el supuesto sometido a consulta, corresponde al Ayuntamiento consultante, que debe garantizar el mantenimiento de las vías públicas de manera que hagan posible la deambulación y la circulación por ellas en las oportunas condiciones de seguridad.


III. En relación con el requisito del plazo, el artículo 142.5 LPAC establece que, en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.


En el caso que nos ocupa se advierte que la acción de resarcimiento se interpuso el 9 de julio de 2015, es decir, el día siguiente a aquel en que la interesada sufrió el percance. Por lo tanto, con independencia del momento en que pudieron quedar estabilizadas las secuelas que presenta, se debe entender que la reclamación se presentó de manera temporánea, dentro del plazo establecido al efecto.


IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos.


De hecho, consta realizada la audiencia a la compañía de seguros de la Administración municipal conforme a la doctrina de este Consejo Jurídico que se recoge en la Memoria correspondiente al año 2000. En ese documento se dispone que "Cuando los potenciales daños generados por la responsabilidad patrimonial de la Administración estén cubiertos a través de contratos de seguro, es necesario (...) emplazar como interesada a la compañía correspondiente".


No obstante, se pueden formular las siguientes observaciones:


a) Así, se advierte que no se considera adecuada la práctica de posponer la admisión de la reclamación al hecho de que se realice la valoración del daño por el que se reclama. En este sentido, debe advertirse que la solicitud de indemnización se presentó en julio de 2015 y que su admisión a trámite no se acordó hasta marzo de 2018.


Por ello conviene reiterar que ya dejó señalado este Consejo Jurídico, y así se recoge en su Memoria correspondiente al año 2002, que la actuación instructora de requerir al interesado la aportación de diversos documentos cuando el escrito de reclamación cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 70 LPAC no puede ampararse en el siguiente precepto legal, es decir, en el 71, dado que dicha documentación no es exigida como preceptiva por la normativa reguladora de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, al aludir el artículo 6 RRP únicamente a los documentos que se consideren oportunos.


Y también ha puesto de manifiesto (por ejemplo, en sus Dictámenes núms. 148/2015 y 113 y 235 de 2018, entre otros) que tampoco puede vincularse con ese requerimiento de documentación el efecto de que quede en suspenso el plazo para resolver el procedimiento cuando -como sucede en este caso- dichos documentos no revisten el carácter de preceptivos de conformidad con la norma reguladora del procedimiento.


A lo que se ha mencionado hay que añadir lo que el Consejo de Estado advierte en su Memoria correspondiente a los años 2012 y 2013, en la que denuncia "que, en ocasiones, se asiste a un uso extremado de esas potestades se subsanación, como es el que se produce en los casos en los que los administrados son requeridos, en la fase inicial de los correspondientes expedientes administrativos, a especificar o concretar aspectos de sus pretensiones, con expresa invocación a que, de no hacerlo, se les aplicará el aludido régimen de desistimiento. Así se produce, por ejemplo, con ocasión de reclamaciones de índole indemnizatoria, en la que los órganos instructores demandan que los interesados especifiquen y cuantifiquen los perjuicios que aducen, con aportación de los oportunos documentos o elementos probatorios.


En realidad, en esos casos no se está ante un defecto en el modo de plantear las solicitudes, sino en la invocación de datos genéricos y no suficientemente individualizados, lo que debe canalizarse, según los casos, a través de una doble vía distinta de las subsanaciones bajo advertencia de desistimiento, como son:


- De un lado, la aplicación del régimen de mejoras o modificaciones de las solicitudes (...).


- De otro, el trámite probatorio, en el que corresponde a los interesados aportar los elementos probatorios que estén a su alcance o corran a su cargo y acrediten las diversas cuestiones que los interesados hayan suscitado.


En ese sentido, es claro que, de no producirse tal aportación de elementos probatorios, los afectados deberán estar al restante material probatorio que obre en el expediente y a la resolución que los órganos actuantes construyan a partir de tal material".


b) De otra parte, también se ha constatado desde un punto de vista meramente formal, como ya se ha expuesto, que la propuesta de resolución de la que aquí se trata carece de la firma del instructor del procedimiento y que no se aportó con la consulta el extracto de secretaría al que se refiere el artículo 46.2,b) del Decreto 15/1998, de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este Consejo Jurídico.


TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.


I. En el ámbito de las Administraciones locales, el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), dispone que "Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa".


Por otra parte, el artículo 3.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece que "Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad local". Y es incuestionable que los Municipios ostentan competencia en materia de pavimentación y, por extensión, de mantenimiento de las vías públicas urbanas, tanto calzadas como aceras [artículos 25.2.d) y 26.1.a) LBRL], al objeto de garantizar unas objetivas condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos y personas.


Atendiendo la remisión a la legislación general en materia de responsabilidad patrimonial que se contiene en la normativa de carácter local, según se desprende de lo establecido en el artículo 139 LPAC, cuando la Administración Pública ocasiona un daño a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de sus servicios públicos, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. De esta manera, la responsabilidad patrimonial de la Administración se presenta configurada como una responsabilidad fuertemente objetivada y directa.


Ahora bien, a este respecto, el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes, ha de destacar que si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999, entre otras).


A pesar de que la redacción del citado artículo 139 LPAC se refiere exclusivamente al funcionamiento de los servicios públicos, la doctrina y la jurisprudencia vienen admitiendo que a tal supuesto debe añadirse el de las lesiones causadas por el no funcionamiento de los servicios públicos, esto es, por omisión administrativa, cuando el dañado tuviera el derecho a que la Administración hubiese actuado de manera positiva para, en la medida de lo posible, prevenir y evitar el daño.


II. En el presente caso, hay que señalar que el análisis de la documentación que obra en el expediente no permite apreciar la concurrencia de una causa de imputación adecuada y suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración local sobre la base de que se hubiese producido un anormal funcionamiento de los servicios públicos encargados de garantizar que el tránsito de viandantes por las calles de titularidad municipal se realizase en las debidas condiciones de seguridad.


Sí que es cierto que ha quedado acreditado que la interesada sufrió el 8 de julio de 2015 la fractura subcapital y de troquiter derecho que alega pues así resulta del parte del servicio diario de la Policía Local de Caravaca de la Cruz de ese día que se ha traído al procedimiento (Antecedente tercero de este Dictamen) y de los numerosos documentos de carácter clínico que, asimismo, se han aportado.


Pese a ello, resulta necesario destacar desde este primer momento que no se conocen las causas que pudieron motivar que cayera sobre la acera de la calle Ciudad Jardín de esa localidad, ni tampoco la mecánica con la que pudo producirse ese accidente. De hecho, de la lectura del expediente administrativo se deduce que no hubo ningún testigo de lo sucedido, como así manifestaron las personas que atendieron a la interesada después de que sufriera el percance y hasta que llegaron los agentes de Policía y luego la ambulancia para trasladarla al hospital.


De manera concreta se debe advertir que este Órgano consultivo no puede atribuir ninguna verosimilitud al relato de los hechos que ofreció en su declaración la hermana de la interesada porque, de manera contraria a lo que la reclamante y ella misma sostienen, no se deduce del estudio del citado expediente que ella la hubiera acompañado en ese momento y que hubiese sido testigo de lo sucedido.


Para llegar a esta conclusión basta con hacer referencia a la Diligencia de exposición de hechos, de 16 de julio de 2015, en la que se recoge el contenido del parte del servicio diario de la Policía Local referente a la caída de la interesada. De acuerdo con lo que ahí se expone los agentes preguntaron a varias personas que se encontraban atendiendo a la reclamante si habían visto la caída y todas ellas manifestaron que no.


Y es que nada hubiera sido más fácil para la hermana de la interesada que haber ofrecido sus datos personales, haber declarado en ese momento que sí que había presenciado el accidente y haber explicado aunque fuese sucintamente cómo sucedió.


Como apoyo de esta argumentación se debe recordar que cuando la reclamante propuso en su escrito de 6 de octubre de 2015 (Antecedente sexto) la práctica de la prueba testifical de las personas que le acompañaban cuando sufrió la caída no especificó ningún nombre, sino que manifestó que aportaría los datos completos de todos ellos cuando tuviera conocimiento de ellos (folio 18 del expediente).


Si, como ya se ha expuesto, la hermana de la interesada la hubiese acompañado aquel día y hubiera presenciado lo sucedido, no hubiese sido necesario referirse a personas que iban con ella en ese momento y, por el contrario, hubiera ya facilitado su nombre y dirección para que se la pudiese citar.


En este sentido, se debe recordar también que no fue hasta que la reclamante presentó otro escrito de alegaciones en abril de 2018 (Antecedente décimo) -prácticamente dos años y medio después- cuando propuso la prueba testifical de su hermana.


Lo que se ha dicho hasta ahora acerca de la falta del testimonio necesario que sirva para acreditar la causa y el modo en que pudo producirse el accidente serviría por sí solo para declarar la inexistencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público viario y el daño alegado y, por tanto, para proponer la desestimación de la reclamación.


Sin embargo, a ese razonamiento se le debe añadir en este supuesto el que se refiere a las circunstancias en las que pudo haberse producido esa supuesta caída. Para ello, se debe partir del dato incuestionable, al que alude el Jefe de Obras Municipales y Mantenimiento de Servicios en sus informes de 30 de julio de 2015 (Antecedente cuarto) y 4 de abril de 2018 (Antecedente undécimo), de que el pavimento de la acera se encontraba en aquel punto levantado y parcialmente abombado debido a su antigüedad y por efecto del crecimiento natural de las raíces de los árboles que hay en el jardín.


De ello hay que concluir que el estado de conservación del pavimento asfaltado en esa zona concreta no era óptimo ni perfecto -sino claramente mejorable- pero que se encontraba en el límite de los márgenes de normalidad que cabe exigir al estado de las calles o vías (calzadas y aceras) y al funcionamiento de los servicios de mantenimiento viario de las Administraciones públicas.


En clara conexión con ello, debe apuntarse que el estudio de las diversas fotografías que se han traído a las actuaciones permite entender que el desnivel de la loseta era fácilmente apreciable a simple vista, pues no era muy acusado, y máxime la hora del día (sobre las 10:15 de la mañana) en la que se produjo el accidente. Por ello puso de manifiesto el citado técnico municipal que a pesar de esa clara irregularidad del pavimento era posible su uso en condiciones normales.


Resulta evidente que la interesada hubiera podido fácilmente sortear, eludir o hacer frente a esas irregularidades si hubiera empleado en la deambulación por la calle una atención y una diligencia normales.


Así pues, las circunstancias que han quedado reflejadas a lo largo de este Dictamen hubieran dado a entender también, de manera contraria a lo que sostiene la interesada, que la caída sobre la acera se produjo de manera accidental, que no fue provocada de modo directo por el mal estado del pavimento sino que obedeció a un infortunio que le corresponde soportar por constituir un riesgo inherente al desenvolvimiento de los viandantes por los lugares de tránsito público.


En definitiva, y como consecuencia de lo expuesto con anterioridad, debe insistirse en que no ha quedado debidamente acreditado el nexo causal que pudiera existir entre el daño sufrido por la reclamante y el funcionamiento de los servicios municipales de mantenimiento y conservación de las vías públicas.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria por no concurrir los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración local toda vez que no se ha acreditado la existencia de una relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos municipales de mantenimiento y conservación de las vías públicas y el daño alegado por la interesada, cuya antijuridicidad tampoco ha quedado demostrada.


No obstante, V.S. resolverá.