escudo
Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


First Previous 3 4 5 Next Last
5463 resultados
Año: 2019
Número de dictamen: 284/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por Dª. X y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 284/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 12 de febrero de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por Dª. X y otros, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 30/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 27 de mayo de 2016 se presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial, dirigido al Servicio Murciano de Salud (SMS), formulado por D. Y, en representación de Dª. X, D. Z, Dª. W y D. T, así como de Dª. V, en su condición de madre, hermanos e hija, respectivamente, de D. B, y de Dª. C, en nombre ésta de sus hijas menores Dª. D y Dª. F, hijas asimismas del citado B, en el que, en síntesis, expresa lo siguiente.


D. B, de 53 años, falleció el 11 de julio de 2015 a causa de un infarto agudo de miocardio por el que se avisó al servicio de emergencias del SMS, demorándose la asistencia aproximadamente 30 minutos, por lo que llegó tarde y sin posibilidad de remontar al paciente. Éste se encontraba en su casa de verano en El Mojón cuando empezó a mostrar síntomas de estar sufriendo un infarto, por lo que inmediatamente, a las 17:30 horas, su hermano avisó telefónicamente al servicio de emergencias 112. La llamada se derivó al Servicio de Urgencias de San Pedro del Pinatar. Los sanitarios se personaron en el domicilio 30 minutos después de recibir el aviso y, tras intentar reanimar al paciente durante unos 45 minutos, éste falleció.


Aproximadamente una hora después de finalizar las maniobras de reanimación acudió una médica forense de los juzgados de San Javier quien, tras examinar el cadáver, certificó que el fallecimiento se debía a un infarto agudo de miocardio.


Consideran los reclamantes que existió una defectuosa asistencia sanitaria porque los servicios de emergencias tardaron aproximadamente unos 30 minutos en acudir al aviso, demora incomprensible teniendo en cuenta la distancia desde la que venían. Este retraso supuso un empeoramiento en el pronóstico vital del paciente.


Se cuantifica el daño reclamado de forma global en 500.000 euros, más la correspondiente actualización, conforme al artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), y los intereses previstos en la legislación sobre seguros, estos últimos sólo para la aseguradora de la Administración.


Se propone a efectos probatorios que se solicite informe de la asistencia al servicio de emergencias 112, incluyendo los archivos de audio de la llamada de urgencias y de su gestión, así como el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Cartagena, e informe de los facultativos actuantes y de la Inspección Médica. Adjunta documentación acreditativa de la condición de hijos del finado de los antes indicados como tales.


SEGUNDO.- El 2 de junio de 2016, el Director Gerente del SMS dicta resolución de admisión a trámite de la reclamación, lo que fue notificado a los interesados, solicitándole al compareciente, además, la acreditación de la condición familiar alegada respecto de la madre y hermanos del fallecido, lo que cumplimentó mediante escrito y documentación adjunta presentada el 21 de junio de 2016.


TERCERO.- Solicitada a la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 los antecedentes del caso e informes de los profesionales implicados en en el proceso asistencial de referencia, mediante oficio de 19 de julio remitió la historia clínica del señor B, documentación sobre la gestión del asunto por parte de dicha Gerencia y un CD con la grabación de las llamadas recibidas el día en que ocurrieron los hechos.


Mediante oficio de 3 de octubre de 2016 remitió informe de es fecha la dra. L, facultativa actuante en el caso, que expresa lo siguiente:


"... el día 11 de junio de 2015 trabajé en SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) de San Pedro del Pinatar. He prestado mis servicios como médico de urgencias de refuerzo con el horario de 15:00 hasta las 22:00 de la tarde (sic). De 15:00 hasta las 17:50 del día 11 de junio de 2015 he estado dentro del Centro de Salud prestando mi servicio a los pacientes que acudieron directamente a la consulta del SUAP. Al saber que hay aviso de 061 aproximadamente sobre las 17.50 he abandonado la consulta de SUAP para el traslado al domicilio del señor B, su domicilio -El Mojón.


(La) Llegada a su domicilio ha sido sobre las 18:00. Al llegar hemos encontrado el paciente inconsciente y sin pulso, en el mismo minuto empezaron maniobras de RCP (resucitación cardiopulmonar), abrimos vías respiratorias (tubo de guedel, mascarilla Ambú con oxigenoterapia 100%), presiones torácicas con frecuencia 30:2.


Al coger vía intravenosa empezaron fluidoterapia con adrenalina 1 ml vía intravenosa, y suero fisiológico 0,9%-500 ml (en total usábamos 6 amp. de Adrenalina).


A la misma hora sobre las 18:00 por el chofer de nuestro equipo ha sido avisado el Servicio de 061 para solucionar urgente (sic) el equipo de 061 de UCI tras diagnosticar parada cardiorrespiratoria.


A las 18:35 llegó el equipo de 061 y seguimos con maniobras de RCP sin éxito".


Asimismo, por parte de la Gerencia del 061 se remite justificación de que la Unidad Medicalizada de Urgencias (UME) de San Javier estaba atendiendo otro asunto cuando se produjo la petición de asistencia por parte de los reclamantes.


CUARTO.- Mediante oficio de 2 de noviembre de 2016 se comunica a los interesados la incorporación de pruebas al expediente, indicando a los reclamantes que deben ser ellos los que aporten el informe del Instituto de Medicina Legal señalado en la reclamación, compareciendo el 12 de diciembre de 2016 el representante de aquéllos para tomar vista del expediente.


QUINTO.- El 30 de diciembre de 2016 dicho representante presenta el informe realizado por el Instituto de Medicina Legal sobre el fallecimiento de referencia, que expresa lo siguiente:


"Descripción de los hechos: Estando previamente bien comienza con dolor precordial acompañado de cortejo vegetativo. Es tratado con cafinitrina mientras espera la llegada de la ambulancia y a la llegada de la misma y tras maniobras de reanimación avanzadas por parte de dos servicios médicos se produce el fallecimiento, siendo este presenciado por los servicios médicos a pesar de lo cual se niega emitir el certificado de defunción.


Antecedentes patológicos: con referencia de la fuente de información: Sin antecedentes médicos según relata la familia.


Asistencia médica recibida: Tratamiento para infarto agudo de miocardio y maniobras de reanimación.


Conclusiones:


Tipo de Muerte: Natural.


Etiología: Natural.


Existe inconveniente (Si/No): No existe inconveniente para incineración.


Causa inicial: Infarto agudo de miocardio.


Data estimada de la muerte: 18,20 horas del día 11/07/2015".


SEXTO.- Mediante oficio de 12 de enero de 2017 la instrucción, a petición de los reclamantes, solicita a la ya mencionada Gerencia un informe sobre la UME de San Javier y su posible intervención en los hechos, contestando el Gerente, en oficio del 14 de febrero de 2017, que la misma no estaba disponible en la fecha y hora en cuestión, detallando las circunstancias en las que estaba prestando otro servicio.


SÉPTIMO.- Mediante oficio de 22 de febrero de 2017 el citado Gerente remite un nuevo oficio al que adjunta el informe y la historia clínica aportados por el Dr. M, que prestaba en aquellas fechas servicio en la UME de Los Alcázares (UMELA) y que también fue movilizado por el Centro Coordinador de Urgencias 061 a solicitud del equipo del SUAP de San Pedro del Pinatar para que le apoyara en la asistencia sanitaria domiciliaria al interesado.


En dicho informe, de 21 de febrero de 2017, dicho facultativo expresa lo siguiente:


"...la unidad fue activada según historia clínica a las 18:01 hrs. por el CCU (Centro Coordinador) y la hora de llegada se registra a las 18:18 hrs.


A nuestra llegada encontramos en el domicilio a equipo médico SUAP San Pedro, coordinado por una médico que me informa del suceso, al parecer el paciente sufre un dolor precordial con marco y sudoración con sensación de ahogo, sufre parada cardio respiratoria presenciada (sic) con reanimación cardiopulmonar básica inmediata, la unidad SUAP San Pedro continúa la asistencia hasta nuestra llegada, se procede a reanimación cardiopulmonar avanzada realizando compresiones torácicas de calidad, aspiración de secreciones con aislamiento de la vía aérea, ventilaciones asistidas con mecanismo manual y con oxígeno F1O2 100% y se coloca vía periférica permeable con aplicación de drogas vasoactivas; el paciente presenta ausencia de constantes vitales en todo momento según la electromedicina con la que se contaba y los signos clínicos presentados, evoluciona en todo momento con un ritmo cardiaco de asistolia. Se detiene la reanimación cardiopulmonar avanzada a los 45 min. Aproximadamente, determinando hora de la muerte a las 19:19 hrs. del 11 de julio de 2015".


OCTAVO.- El 14 de marzo de 2017 comparece el representante de los reclamantes para tomar vista del expediente y presenta un escrito de alegaciones el siguiente 29, en el que, en síntesis, expresa que se debió avisar a la UME de Los Alcázares al estar la UME de San Javier ocupada, y que existieron varias pérdidas de tiempo en la asistencia: la primera de 19 minutos, desde que se notifica que la primera UME está ocupada y se avisa a la UME de Los Alcázares, y la segunda de 6 minutos, desde que se avisa al SUAP de San Pedro hasta que es avisada la Dra. L. A su entender, las drogas vasoactivas sólo se administraron por la UME y no por la Dra. L y hay que tener en cuenta que la RCP que se realizó por el SUAP era de carácter básico y hasta que no llegó la UME no se realizó una RCP de carácter avanzado. Señala también un error en la hora del fallecimiento que se indica en el informe del Dr. M, pues según el informe forense, fue a las 18:20 h.


NOVENO.- Consta en el expediente un Decreto de 27 de abril de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Región de Murcia, de admisión a trámite del recurso contencioso administrativo PO nº 132/2017, interpuesto contra la desestimación presunta de la reclamación.


DÉCIMO.- Solicitado en su día por la instrucción el informe de la Inspección Médica de la Consejería consultante, y siendo reiterado dicho requerimiento por la indicada Sala a instancia de los reclamantes, fue emitido el 20 de junio de 2017, en el que, tras analizar los hechos y realizar diversas consideraciones sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios de emergencia, finaliza con las siguientes conclusiones:


"1.- El 11/07/2015 desde la recepción de la llamada al 112, el 061 mientras recoge los datos del paciente tarda 4 minutos en llamar al SUAP, que sale del Centro de S. Pedro del Pinatar 8 minutos después, llegando al domicilio a las 18:00 h, encontrando al paciente inconsciente y sin pulso, es decir, ya estaba en Parada Cardiorrespiratoria.


El tiempo de llegada al domicilio fue de 26 minutos desde la llamada de emergencias y 21 minutos tras la pérdida de conciencia de las 17:39:33 h; teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de los Servicios de Urgencias es generalmente mayor de 10 minutos y óptimo en menos de 30 minutos, no se puede decir que fue la demora la causa de empeoramiento del pronóstico vital del paciente.


2.- El SUAP al llegar al domicilio a las 18:00h y encontrar al paciente en Parada Cardiorrespiratoria, de forma correcta urgentemente empiezan con la resucitación cardiopulmonar (RCP) con colocación del tubo de Guedel, oxigenoterapia, compresiones torácicas, monitorización con ECG, administración de adrenalina vía intravenosa, hallándose el paciente en asistolia confirmada por ECG. Con el paciente sin pulso e inconsciente continuaron correctamente con RCP y 6 ampollas de adrenalina vía intravenosa como tratamiento adecuado de la asistolia hasta la llegada de la UME de Los Alcázares.


3.- A la llegada de la UME a las 18:18h al persistir la Asistolia, se le continuó correctamente con el tratamiento de elección, que fue aumentar la dosis de la adrenalina y no interrumpir las compresiones torácicas, que se prolongaron durante 45 minutos hasta cesar las maniobras de resucitación, considerando el médico responsable de la resucitación la hora de la muerte sobre las 19:19h. El médico forense a posteriori pudo considerar la hora de las 18:18 h como momento irreversible de muerte".


Dicho informe fue enviado a la referida Sala del TSJ el 21 de junio de 2017.


UNDÉCIMO.- El 21 de julio de 2017, a instancia de los interesados, se dicta Decreto por dicha Sala declarando tener por desistidos a los recurrentes en el mencionado procedimiento contencioso-administrativo.


DUODÉCIMO.- Mediante oficio de 4 de octubre de 2017 se acuerda un trámite de audiencia y vista del expediente para los interesados, presentando los reclamantes el siguiente 10 un escrito de alegaciones en el que, en síntesis, expresa que no se explica por qué, "siendo claros los síntomas del paciente" (de que sufría un infarto, se deduce), no se avisó a la UME de los Alcázares inmediatamente después de saber que la de San Javier estaba ocupada, ya que el no hacerlo con tal prontitud llevó a que la UMELA llegara a los 43 minutos de la primera llamada, a prestar entonces, ya con un retraso inadmisible, la asistencia de RCP avanzada que precisaba el paciente.


DECIMOTERCERO.- El 5 de febrero de 2018 se formula una propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación; en síntesis, y a la vista del informe de la Inspección Médica, por no existir relación de causalidad entre los daños por los que se solicita indemnización y la actuación sanitaria cuestionada.


DECIMOCUARTO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 142.3 LPAC y el 12 RRP, normas aplicables vista la fecha de iniciación del procedimiento.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. En cuanto a la legitimación activa, habiendo reclamado la madre, hijas y hermanos del fallecido, no hay obstáculo alguno en reconocer dicha legitimación a la madre e hijas (salvo circunstancias excepcionales que aquí no se acreditan), para solicitar resarcimiento económico por el dolor moral inherente a su condición familiar, conforme a conocidos criterios jurisprudenciales y doctrinales.


En relación con los hermanos del fallecido, mayores de edad y de los que no consta su dependencia con éste, debemos remitirnos a nuestra doctrina, recogida en el Dictamen nº 162/2016, de 6 de junio, en el que expresamos lo siguiente:


"No obstante, en relación con los hermanos del fallecido, ambos mayores de edad a la fecha del óbito, según se infiere de la copia del Libro de Familia aportado junto a la reclamación, ha de precisarse que a tenor de lo establecido en el artículo 139.1 LPAC, en relación con el 4.1 RRP, su legitimación derivará de su condición de interesados para reclamar, la cual, a su vez, vendrá determinada por la circunstancia de haber sufrido o no un daño indemnizable.


Como señalamos en nuestro Dictamen 320/2013, la efectividad de este daño se presume en grados de parentesco próximos entre reclamante y fallecido (padres, hijos, hermanos) y no está necesitada de prueba. En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha señalado que "el ámbito del daño moral por un fallecimiento es siempre amplio y difícil de delimitar, pues alcanza a diversos familiares, no siempre los más cercanos, además de amigos, vecinos y compañeros de trabajo o de actividades diversas. De modo necesario el ordenamiento tiene que fijar alguna regla para deslindar qué daños morales se presumen y se satisfacen sin especiales requisitos de prueba y cuáles no" (Dictamen 1174/2011). Y tal regla la establece el sistema de valoración del daño personal en los accidentes de circulación, que aun aplicado en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas con carácter meramente orientativo, no contempla la indemnización a los hermanos mayores de edad en las circunstancias del fallecido, es decir, sin cónyuge ni hijos, aunque sí con ascendientes (Tabla I, Grupo IV del Anexo al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre).


En tal situación, el indicado baremo sólo recoge como perjudicados a los hermanos menores de edad convivientes con la víctima. Ello no puede interpretarse en el sentido de que los perjudicados extratabulares (como los hermanos mayores de edad del paciente) "no puedan ser indemnizados en ningún caso; pero será preciso para ello que, al no verse favorecidos por ninguna presunción legal o sociológica de la existencia de daño moral resarcible por la muerte de la víctima, cumplimenten satisfactoriamente la carga de probar su dependencia ecónomica, su convivencia o sus estrechos vínculos afectivos con la persona fallecida en el momento de su muerte" (Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4ª, núm. 4/2004, de 21 mayo, que recoge y aplica la doctrina sentada por la STC 244/2000).


Así pues, la presunción -iuris tantum- de existencia de un daño moral efectivo y resarcible, cuando de hermanos se trata, ha de referirse a los menores de edad convivientes con la víctima, por así quedar establecido en el sistema de valoración utilizado como pauta orientativa, de modo que a los mayores de edad no les corresponde indemnización alguna, salvo que prueben que el fallecimiento les ha irrogado un perjuicio resarcible, para lo que será necesario indagar en la intensidad afectiva de la relación existente, pues sólo así podrá determinarse si existe verdadero daño moral o no, dado que éste no se identifica con un mero sentimiento de pena o pesar por la pérdida del familiar, sino que, por el contrario, ha de producir en quien lo sufre el desgarro afectivo propio de la muerte de los seres más cercanos, dotando a ese daño de una profundidad e intensidad particulares.


Así lo indica también la STSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 9ª, núm. 139/2009 de 24 febrero, que rechaza la indemnización en favor de los hermanos mayores de edad de la víctima, en la medida que no acreditan la concurrencia de "ninguna circunstancia personal justificadora del daño moral por el que se reclama (tales como su convivencia y relación de afectividad con el fallecido, su dependencia económica del mismo, su condición de herederos, etc.), sin que, entiende la Sala, se les pueda considerar perjudicados por la mera relación de parentesco (...), pues ello supondría una interpretación extensiva en demasía de dicho concepto de perjudicado". En el mismo sentido, el Consejo de Estado, en Dictamen 1224/2009.


Del mismo modo, aunque desde una perspectiva distinta, el Consejo de Estado restringe el concepto de perjudicado a los padres en detrimento de los hermanos mayores de edad de la víctima, cuando señala que "la regla general no consiste en indemnizar a toda persona que alegue daños morales (aunque verosímilmente los padezca), sino en escoger aquellos en quienes los daños son de mayor intensidad, y concretar en ellos la cuantía del resarcimiento. En el presente caso, a la vista de las circunstancias concurrentes, considera el Consejo de Estado que el derecho de indemnización de los hermanos debe ceder ante el de los padres" (Dictamen 468/2004).


Corolario de lo expuesto es que, en la medida en que los hermanos mayores de edad del fallecido no han acreditado la concurrencia de circunstancias que permitan considerar justificado y existente un daño moral resarcible en los términos expresados (ni siquiera consta que convivieran con el fallecido), y concurriendo con los padres de la víctima, no procede reconocerles la condición de perjudicados a los efectos de reclamar su indemnización."


Dicha doctrina ha sido confirmada por la STSJ de la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, nº 60/2017, de 17 de febrero, dictada sobre el mismo asunto respecto del que versó el citado Dictamen.


Lo allí expresado es plenamente aplicable al presente caso visto el expediente, por lo que la resolución finalizadora del procedimiento deberá recoger lo expuesto y, en su parte dispositiva, denegar la legitimación activa a los referidos hermanos del fallecido.


Por su parte, la Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse los daños al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios de su titularidad.


II. En cuanto a la temporaneidad de la acción, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 142.5 LPAC, no hay reparo que oponer, vista la fecha de los hechos y la de la presentación de la reclamación.


III. En cuanto al procedimiento tramitado, se ha seguido, en lo sustancial, lo establecido legal y reglamentariamente al efecto.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa en materia sanitaria. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los razonablemente posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada "lex artis ad hoc", o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03, entre muchos otros, de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis ad hoc" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta en el caso de que se trate, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. La "lex artis", por tanto, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa, cuando del ámbito sanitario se trata.


Así, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: "ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".


Asimismo, la STS, Sala 3ª, de 23 de marzo de 2011, expresa que "la actividad sanitaria no permite exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, ya que su función ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia sanitaria, utilizando al efecto los medios y conocimientos que el estado de la ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir en todo caso la curación del paciente".


El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala 1ª, de 24 de mayo de 1999, entiende que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia (...) y ello supone tomar en consideración el caso concreto en el que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo) o exógenos (incidencia de sus familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar el acto como conforme o no a la técnica media normal requerida".


En este sentido, pues, debe concluirse en que sólo si se produce una infracción de la "lex artis" responde la Administración de los daños causados que puedan imputarse a dicha actuación infractora, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado criterio de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad administrativa, que habría de declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que, por ejemplo, no pudieran evitar la muerte de un paciente, o la producción de lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica, cuando la correspondiente actuación sanitaria fue realizada conforme a la "lex artis"; responsabilidad que, por lo dicho, no puede admitirse en estos casos u otros análogos.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


En cuanto a la Administración, la valoración de la asistencia prestada será ofrecida, además de por los médicos intervinientes, cuyo informe resulta preceptivo de conformidad con el artículo 10.1 RRP, por el de la Inspección Médica, que, en su calidad de órgano administrativo, se encuentra obligado a efectuar un análisis especialmente objetivo e imparcial de las actuaciones realizadas por los facultativos de la sanidad pública, lo que le otorga un singular valor a efectos de prueba.


CUARTA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y los daños por los que reclama indemnización. Inexistencia.


I. Como se desprende de su final escrito de alegaciones, los interesados imputan el fallecimiento de su familiar a lo que consideran un injustificado retraso de 43 minutos en la asistencia de la UME de Los Alcázares (UMELA) al domicilio del afectado, alegando, en concreto, que no se explica por qué, siendo claros los síntomas del paciente (de que sufría un infarto, se deduce), no se avisó a dicha UMELA inmediatamente después de saber que la UME de San Javier estaba ocupada, ya que el no hacerlo con tal prontitud llevó a que la primera llegara a los 43 minutos de la primera llamada de los familiares solicitando asistencia sanitaria, lo que constituye un retraso inadmisible a efectos de prestar al paciente las operaciones de RCP avanzada que precisaba.


II. En cuanto a la existencia de los daños por los que se solicita indemnización, el acreditado fallecimiento del hijo y padre de los reclamantes (excluyendo, pues, a sus hermanos, por las razones expresadas en la Consideración Segunda, I, del Dictamen) implica el padecimiento por aquéllos de un daño moral personal inherente a dicho suceso y a dicha condición familiar, y que resultaría resarcible si concurrieran los requisitos que determinan la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria regional.


Ahora bien, como se indicó en la anterior Consideración, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial administrativa se necesita acreditar una adecuada relación de causalidad entre la actuación sanitaria cuestionada y los daños por los que se solicita indemnización, lo que exige, a su vez, examinar dicha causalidad desde dos perspectivas: a) una meramente fáctica, en el sentido de verificar que los daños tienen su origen en la cuestionada actuación (u omisión, en su caso) médica sin entrar a analizar inicialmente la corrección de ésta, y ello porque dicha relación causal fáctica es, junto a la acreditación de daños, un presupuesto inicial esencial del instituto de la responsabilidad patrimonial; b) otra perspectiva, de carácter jurídico aunque ligada también a la ciencia médica, a analizar en un momento lógico posterior a la primera, que consiste en determinar si, aun proviniendo fácticamente el daño de la cuestionada actuación u omisión sanitaria, ésta fue contraria o no a la "lex artis ad hoc" médica, pues de no serlo la relación de causalidad entre los daños y dicha actuación sanitaria habría de considerarse como no adecuada, en términos jurídicos, a efectos de generar responsabilidad patrimonial, dada la obligación de medios y no de resultados exigible en este ámbito a la Administración sanitaria.


1. En cuanto al primer aspecto, puede admitirse, a los meros efectos del análisis de este presupuesto previo que, con carácter general, la más pronta aplicación de maniobras de RCP avanzada incrementa las posibilidades de supervivencia de una persona que sufre un síndrome coronario, por lo que, en mera hipótesis, la mayor tardanza en la asistencia de los servicios domiciliarios de urgencias de una UME tendría alguna virtualidad causal para generar una pérdida de oportunidad en las posibilidades terapéuticas del paciente y, por tanto, darían lugar a la apreciación de un margen (sumamente incierto, eso sí) en la evitación del resultado final, el fallecimiento de aquél. Ello sin perjuicio de las consideraciones expresadas a este respecto en el informe de la Inspección Médica en las que afirma, a la vista de los síntomas comunicados en cada momento por la familia, que las posibilidades terapéuticas de dichos servicios, respetando el margen de respuesta estándar admisible en estos casos (30 minutos desde la primera llamada), eran, en el presente caso, prácticamente nulas.


Así, en sus conclusiones, la Inspección Médica señala:


"El tiempo de llegada al domicilio fue de 26 minutos desde la llamada de emergencias y 21 minutos tras la pérdida de conciencia de las 17:39:33 h; teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de los Servicios de Urgencias es generalmente mayor de 10 minutos y óptimo en menos de 30 minutos, no se puede decir que fue la demora la causa de empeoramiento del pronóstico vital del paciente".


No obstante, se analizará la praxis médica del caso y se ampliará el anterior aspecto analizado.


2. Como se ha expuesto, es necesario un análisis de los hechos desde la perspectiva del estándar de funcionamiento exigible en el presente caso a los servicios sanitarios regionales de asistencia domiciliaria de urgencia (que es en lo que se traduce, en estos específicos casos, el general examen de la adecuación de la "lex artis ad hoc", tan repetido en la Consideración previa).


Así, el informe destaca que el 11 de julio de 2015 el servicio de emergencias del 112 recibe una llamada a las 17:34 h para atender a una persona de 52 años de edad por tener "dificultad respiratoria, le cuesta respirar, se ha desmayado varias veces y ahora se encuentra consciente". A las 17:35 el 112 avisa al Centro de Coordinación de Emergencias municipal (CECOPAL) de San Pedro del Pinatar, transmitiendo información adicional obtenida del familiar llamante: "estaba durmiendo la siesta cuando le ha pasado esto, se ha orinado encima, no padece nada, es la primera vez que le ocurre". A continuación se recoge que a las 17:39 se activa al SUAP de San Pedro del Pinatar, misma hora en que se recibe otra llamada de un familiar diciendo que el afectado "está confuso y ha perdido la conciencia", llegando dicho SUAP al domicilio a las 18:00 horas, encontrándole inconsciente y sin pulso, diagnosticando parada cardiorespiratoria, por lo que proceden a realizar maniobras de RCP básica (soporte vital básico) pero con actuaciones también de la RCP avanzada y, a la vez, solicitando una UME, acudiendo la UMELA a las 18:18 h, que aplica maniobras de RCP avanzada durante 45 minutos, tras lo que, al persistir asistolia sin obtener ritmo cardíaco ni actividad eléctrica, detiene la reanimación por exitus.


A estos efectos, se destacan las siguientes consideraciones del informe de la Inspección, sin existir prueba en contrario:


"Es decir, el 11/07/2015, a los 5 minutos tras la llamada de emergencia de las 17:34h, el paciente pierde la conciencia (síntoma de inicio de alerta de PCR) y a las 18:00h el SUAP cuando llega al domicilio se encontró con un paciente inconsciente y sin pulso, o sea en parada cardio-respiratoria, situación por la que se inició de inmediato las maniobras de resucitación cardiopulmonar, oxigenoterapia, colocación del tubo de Guedel, ECG y seis ampollas de adrenalina vía intravenosa, es decir, el SUAP realizó un Soporte vital básico instrumentado, con actuaciones del Avanzado como la monitorización con ECG y el tratamiento con adrenalina intravenosa, que es el grupo de medidas encaminadas al tratamiento de los estados de inminente PCR para el restablecimiento espontáneo de las funciones cardiorespiratorias. Incluye la optimización de la vía aérea con apertura de la boca evitando la caída de la base de la lengua hacia la pared posterior de la faringe, con el uso de cánulas faríngeas, siendo la más común la de Guedel que se usó, así como la oxigenación y la ventilación mecánica que se llevará a cabo con mascarilla facial tipo ambú y oxígeno al 100%, aspiración de secreciones para evitar un posible broncoespasmo, la administración parenteral de drogas y líquidos, que en el caso de B fue la adrenalina, la monitorización del ritmo cardiaco con ECG con un resultado de asistolia, por lo que la terapia eléctrica no se usó. Estas medidas son óptimas cuando se realizan en los primeros 8 minutos, y en nuestro caso pasaron 21 minutos desde la pérdida de conocimiento de las 17:39h hasta la llegada al domicilio a las 18:00h.


Además en caso de PCR, el tiempo de respuesta es crítico según un estudio de American Heart Association que muestra que por cada minuto que se retrasa la fibrilación, la probabilidad de supervivencia disminuye entre un 5-10%. Después de 10 minutos, la tasa de supervivencia es escasa, teniendo en cuenta que el tiempo de respuesta de los Servicios de Emergencias es generalmente mayor de 10 minutos, el SUAP llegó en 26 minutos desde la llamada de Emergencias, 21 minutos desde la pérdida de conciencia como signo de alarma de la PCR.


Desde que el 061 recibe la primera llamada (17:35:40h), el tiempo de localización a SUAP de S. P. Pinatar es de 4 minutos (17:39:33h), ante la llamada (17:39:33H) al 061 por pérdida de conocimiento del paciente se intenta contactar con la UME de S. Javier (17:40:28h), que estaba ocupada en otro servicio. El SUAP llega al domicilio a las 18:00h, es decir, 26 minutos desde la llamada de urgencia y 21 minutos desde la pérdida de conocimiento. La UME de los Alcázares tardó en su recorrido 17 minutos. (Informada a las 18:01:03h y llegada a las 18:18h).


La monitorización del ECG a las 18:10h registró asistolia.


(...)


A las 18:18h tras la llamada a las 18:01h, llega la UME de los Alcázares, se encontró con el paciente en plena RCP por el SUAP, con pulsos ausentes, inconsciente, patrón respiratorio ausente, auscultación ausente.


Se procedió rápidamente a la aspiración de secreciones en la vía aérea y canalización de vía intravenosa periférica para administrar más dosis de adrenalina, en total 15 ampollas, puesto que al persistir la asistolia debe considerarse la administración de altas dosis de adrenalina para mejorar el flujo y la perfusión coronaria y cerebral, pero que no se ha demostrado que logren mejores resultados en cuanto a mortalidad y secuelas, se procedió además de inmediato a la RCP realizando ciclos de compresión esternal-ventilación de calidad, que es el tratamiento de la asistolia. La respuesta al tratamiento de Asistolia es mucho peor que la FV cuando es causa por enfermedad cardíaca con una supervivencia menor del 5%, las tasas de supervivencia son mayores cuando se presenta asociada a hipotermia, ahogamiento, bradicardia, etc.


El corazón en asistolia no responderá a un desfibrilador por encontrarse el corazón ya despolarizado.


Después de 15 minutos de reanimación sin éxito en una asistolia, debe considerarse la conveniencia o no de abandonar las maniobras de RCP, ya que las posibilidades de recuperación son escasas.


Sin embargo, agotando las escasas posibilidades de recuperación, tras 45 minutos de RCP se detiene la reanimación, por lo que el médico de la UME valora exitus a las 19:19h.


Se define concepto de muerte cuando el proceso se torna irreversible. En medicina forense la muerte es un proceso en el que en un momento determinado se torna irreversible, y el médico forense pudo considerar la hora a las 18:18h como momento de irreversible".


III. A la vista de todo lo anterior y conforme con lo señalado en la Consideración precedente, debe concluirse que, a los pretendidos efectos de que se reconozca la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, no se acredita que exista una relación de causalidad jurídicamente adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios cuestionados y los daños por los que se reclama indemnización, por lo que procede desestimar la reclamación objeto de Dictamen.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria, ya que no existe relación de causalidad jurídicamente adecuada, a los efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, entre el funcionamiento de sus servicios sanitarios y los daños por los que se reclama indemnización, por las razones expresadas en las Consideraciones Tercera y Cuarta del presente Dictamen. No obstante, la resolución final deberá recoger lo indicado en la Consideración Segunda, I, del presente Dictamen sobre la falta de legitimación activa de los hermanos reclamantes, por lo allí expuesto.


No obstante, V.E. resolverá.