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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 386/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 386/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 15 de octubre de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 29 de julio de 2019 (COMINTER 249688/2019), sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 245/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 12 de julio de 2016 el abogado D. Y, actuando en nombre y representación de D. X, formula una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración sanitaria regional.


En ella expone que a su mandante se le diagnosticó de hernia inguinal izquierda y que por eso, en junio de 2015, se le incluyó en Lista de Espera Quirúrgica para realizarle una hernoplastia inguinal con prótesis, bajo anestesia intradural. En el Documento de Admisión en ese programa se hacía constancia expresa de que el paciente requería estudio preoperatorio, valoración preanestésica y electrocardiograma preoperatorio.


Asimismo, relata que el interesado fue intervenido el 28 de octubre de 2015 en el Hospital General Universitario Santa María del Rosell (HSMR), de Cartagena, pero destaca que, pese a lo que se había previsto, se efectuó bajo sedación profunda con Propofol y Remifentanilo y apoyo de mascarilla laríngea.


El reclamante presentó en el postoperatorio inmediato un cuadro de dolor torácico, hipotensión y alteraciones electrocardiográficas por lo que se le trasladó al Hospital General Universitario Santa Lucía (HSL), de la misma ciudad, para que fuese valorado por el Servicio de Cardiología. En este segundo centro hospitalario se decidió realizar una coronariografía urgente.


Inmediatamente después se le trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA), de Murcia, donde se emitieron los siguientes diagnósticos:


1.- Infarto agudo de miocardio (IAM) antero-lateral perioperatorio. Enfermedad del tronco coronario izquierdo, y arteria coronaria circunfleja y descendente anterior revascularizadas percutáneamente.


2.- Shock cardiogénico que precisó de asistencia circulatoria doble balón de contrapulsación intraórtico, oxigenación por membrana extracorpórea y tratamiento inotrópico con drogas vasoactivas a dosis altas.


3.- Disfunción sistólica moderada [Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 36%] secundaria al IAM.


Al paciente se le dio el alta hospitalaria el 13 de noviembre de 2015.


Tras el alta, el paciente se sometió revisiones en Consultas Externas de Cardiología del HUVA los días 23 de noviembre y 4 de diciembre de 2015 y 13 de enero de 2016. En todas dichas revisiones se pudo constatar una disfunción sistólica moderada-severa del ventrículo izquierdo (FEVI 36%).


A juicio del letrado interviniente, en este caso se ha producido una doble y grave vulneración de la lex artis enlazada causalmente con la producción del resultado: un IAM anterolateral masivo, perioperatorio, con aparición de shock cardiogénico grave y secuela de una disfunción moderada-severa ventricular izquierda, motivadas por las siguientes razones:


a) Una incorrecta evaluación preoperatoria. Existe constancia -ya reseñada- de haber efectuado una valoración preanestésica y un electrocardiograma (ECG) preoperatorio.


En mayo de 2016 el interesado solicitó su historial clínico y, una vez obtenido, pudo constatar la inexistencia de registro de ECG preoperatorio. Consta, no obstante, la interpretación del mismo por parte del Servicio de Medicina Intensiva del HSL: "El ECG de la valoración preanestésica mostraba la infradesnivelación generalizada del segmento ST". Es evidente, pues, que el ECG preoperatorio era francamente anómalo. A la vista del mismo, el paciente pudo y debió haber sido adecuadamente estudiado desde un punto de vista cardiológico que hubiese detectado la muy severa enfermedad coronaria del mismo y hubiese permitido una adecuada revascularización antes de la aparición del IAM.


b) Una incorrecta selección de la anestesia practicada. Se había programado una anestesia intradural. Se sustituyó la misma por una anestesia general con mascarilla laríngea, procedimiento que desencadenó el IAM.


c) El daño originado. Un IAM anterolateral extenso, complicado con un grave shock cardiogénico que puso al actor en serio peligro de muerte y con resultado secuelar de una disfunción ventricular severa (FEVI 36%) era totalmente previsible y evitable con un adecuado estudio preoperatorio y un adecuado manejo médico-quirúrgico posterior.


Por lo que se refiere a la valoración de los daños por los que reclama [Días de hospitalización; días de baja médica (desde la intervención quirúrgica 28 de octubre de 2015 hasta el alta médica); insuficiencia cardiaca grado III; severa disfunción ventricular; perjuicio estético; invalidez permanente absoluta; síndrome depresivo reactivo, necesidad asistencia domiciliaria por tercera persona y gastos de tratamiento farmacéutico] los concreta -aunque no explica el procedimiento utilizado para ello- en la cantidad de 281.400 euros.


En relación con los medios de prueba de los que pretende valerse propone la documental consistente en las copias de la documentación clínica del reclamante que se encuentren depositadas en los tres hospitales ya citados.


Junto con la reclamación aporta una copia de la escritura de apoderamiento otorgado a su favor y numerosos documentos de carácter clínico.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la solicitud de indemnización el 21 de julio de 2016, el día 25 de ese mes se comunica su presentación a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la correduría de seguros del Servicio Murciano de Salud (SMS).


De igual modo, se solicita a las Direcciones Gerencias de las Áreas de Salud I y II que remitan copias de las historias clínicas del interesado y los informes de los profesionales que le atendieron.


TERCERO.- El 23 de septiembre de 2016 se recibe la documentación demandada al Área de Salud I, que incorpora un disco compacto que contiene los resultados de las pruebas de imagen.


Se acompaña, asimismo, el informe realizado el día 11 de ese mes por el Dr. Z, facultativo especialista del Servicio de Cardiología del HUVA en el que explica la asistencia que se le dispensó al enfermo en ese Servicio. Además, en lo que aquí interesa, señala que "basado en lo que he podido leer acerca del curso clínico previo al momento en el que asistí al paciente, Z sufrió un Síndrome coronario agudo como complicación durante la cirugía del 28 de octubre de 2015, estos cuadros de oclusión coronaria se deben habitualmente a la rotura de un placa arterioesclerótica presente con anterioridad, normalmente debido a un mayor estrés hemodinámico durante la cirugía en combinación con procesos de inflamación vascular y alteraciones en la vasomoción y la hemostasis relacionados con el acto quirúrgico.


La aparición de complicaciones quirúrgicas no es infrecuente, y aparece hasta en un 7-11% de las intervenciones, con una mortalidad que oscila entre un 0,8 y un 1,5% a nivel global (...). Predecir y prevenir estas complicaciones es una tarea compleja e inexacta que se basa en considerar los antecedentes del paciente, las características de la cirugía y el resultado de determinadas pruebas complementarias (...). Por tanto, no puedo pronunciarme acerca de lo adecuado o no del estudio preoperatorio puesto que no asistí a la entrevista previa a la cirugía ni he podido valorar el resultado de estas pruebas complementarias".


CUARTO.- Junto con un escrito fechado el 14 de diciembre de 2016 se remite el informe elaborado el día 12 de ese mes por el Dr. P, Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva del HSMR, en el que se ofrecen las siguientes respuestas acerca de las imputaciones efectuadas en la reclamación:


"1. Incorrecta evaluación preoperatoria. Desde nuestro punto de vista la evaluación preoperatoria fue correcta, si bien ésta es realizada por el Servicio de Anestesia y Reanimación. La infradesnivelación del segmento ST no siempre significa isquemia miocárdica.


2. Incorrecta selección de anestesia practicada. La selección anestésica la realiza el Servicio de Anestesia y Reanimación. En nuestra opinión, la opción elegida, anestesia general por mascarilla laríngea, es la más adecuada ya que provoca menos hipotensión que la anestesia raquídea sugerida en la reclamación (la hipotensión puede desencadenar con mayor facilidad episodios de isquemia cardíaca).


3. Daño originado. El infarto anterolateral producido fue consecuencia de la enfermedad coronaria previa y no de la intervención quirúrgica. En ese sentido, podría haberse producido en cualquier otro momento, y posiblemente habría tenido consecuencias letales".


QUINTO.- El 23 de diciembre se recibe el informe realizado el día 13 de ese mes por la Dra. Q, Jefe de Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor, en el que explica lo que seguidamente se transcribe:


"Adjunto la contestación por escrito de las dos personas responsables tanto de la evaluación preanestésica como del acto anestésico.


Y con respecto a la prueba nº1, Solicitud de Ingreso - Intervención CMA, al Servicio de Admisión, decir que el apartado que pone tipo de anestesia está rellenado por una persona ajena a nuestro servicio, por lo que EN ABSOLUTO ES VINCULANTE para nosotros. El tipo de anestesia lo decide el anestesista, dependiendo de la intervención, el régimen de ésta y el riesgo ASA.


No se adjunta en los anexos la hoja de evaluación preanestésica, en donde se refleja que el enfermo no tenía ninguna clínica cardiaca, a excepción de hipertensión en tratamiento, por lo que se evaluó dentro de su rango ASA II.


En la hoja 6, se describe por el Servicio de UCI tanto la anestesia durante la intervención como el postoperatorio inmediato en el Servicio de Reanimación del Hospital Santa María del Rosell. Nosotros no hemos tenido acceso a estos registros de anestesia en papel, puesto que no se encuentran en su historia clínica archivada con lo que no entendemos de dónde sacan esa información".


Así pues, se aportan dos informes médicos adicionales. El primero de ellos es el realizado el 28 de noviembre de 2016 por el Dr. S, facultativo especialista del citado Servicio, en el que expone lo siguiente:


"1.- El paciente (...) fue citado el 17 de septiembre del 2015 a la consulta de preanestesia para una evaluación preoperatoria por un diagnóstico de Hernia inguinal izquierda y necesitar intervención quirúrgica de Herniorrafia inguinal con prótesis.


2.- Durante el interrogatorio habitual que se realiza a todos los pacientes, se le pregunta sobre antecedentes médicos de importancia, manifestando que solamente sufría de hipertensión arterial.


3.- Como antecedentes quirúrgicos refiere solo haber sido operado de una prostatectomia varios años atrás con anestesia general sin ninguna complicación en el Hospital Naval no contando con el preoperatorio respectivo de esa ocasión.


4.- Negó el consumo de tabaco y alcohol, no alergias conocidas.


5.- La medicación habitual era: Olmesartan 10 mg, amlodipino 10mg, para la hipertensión arterial la cual la tenía muy bien controlada en el momento de la evaluación preanestesia y orfidal 1 mg por las noches.


6.- En la exploración física, presentaba un estado general bueno, la auscultación cardiaca y pulmonar normal, en la evaluación de la vía aérea no se encontrón criterios de intubación difícil.


7.- En la analítica y exámenes complementarios, la bioquímica, el hemograma y la coagulación se encontraban dentro de la normalidad.


8.- En el ECG se encontró ligera taquicardia sinusal y alteraciones en el ST y en la onda T motivo por el cual se le interroga al paciente si en los últimos tiempos presenta síntoma de dolor precordial en reposo o con el esfuerzo, disnea o sincope, manifestando que en ningún momento presenta molestias alguna, teniendo una vida totalmente activa.


9.- Como resultado final de la evaluación se le considero un Riego Anestésico ASA II al presentar una enfermedad sistémica la HTA controlada y no incapacitante, y un riego cardiaco NYHA grado I.


10.- Una vez hablado el procedimiento quirúrgico y los tipos de anestesia con el paciente y considerándose la intervención quirúrgica de Hernia inguinal una de menor gravedad que se realiza de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), con el riesgo anestésico encontrado, se decidió darle el pase para su intervención".


El segundo informe es el elaborado el 2 de diciembre de 2016 por la Dra. T, facultativa especialista del mismo Servicio, en el que argumenta que se realizó una correcta selección del tipo de anestesia practicada para la intervención y en el que manifiesta que "El documento de inclusión en la lista de espera quirúrgica para la corrección de la hernia inguinal (...), es un documento redactado por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Santa Lucía, donde el cirujano atribuye de manera orientativa el tipo de anestesia a realizar (intradural).


Es responsabilidad del anestesiólogo la elección de la técnica anestésica a utilizar en todo proceso quirúrgico en virtud del conjunto de conocimientos científicos, protocolos y técnicas propias de la especialidad. Aplicando dichas técnicas según su buen criterio y en función de la patología del paciente y el tipo de cirugía a llevar a cabo.


La anestesia general es la técnica anestésica más utilizada para la seguridad del paciente, con una menor agresión y el empleo de fármacos de corta duración y pocos efectos adversos en pacientes programados que cumplen criterios de Cirugía Mayor Ambulatoria (como era el caso).


El uso de la mascarilla laríngea para apoyo de la ventilación durante la anestesia general, conlleva una menor respuesta cardiovascular proporcionando mayor estabilidad hemodinámica que la laringoscopia y la intubación orotraqueal que son maniobras más agresivas con mayor respuesta refleja y simpática que se puede traducir a nivel cardiovascular en un mayor compromiso hemodinámico para el paciente.


La anestesia intradural disminuye el tono simpático por el bloqueo neuroaxial y con ello aumenta el riesgo de inestabilidad hemodinámica perioperatoria (disminuye el retorno venoso, hay mayor riesgo de hipotensión brusca y grave, disminuye el gasto cardíaco y aumenta el consumo de oxígeno del miocardio).


La anestesia intradural no es la técnica anestésica de elección en Cirugía Mayor Ambulatoria, ya que genera un retraso significativo en la recuperación de los pacientes y con ello un retardo en el alta a domicilio de dichos pacientes en comparación con la anestesia general. Existe mayor riesgo de retención urinaria, riesgo de prolongación excesiva del bloqueo motor (con el riesgo aumentado de caídas del paciente tras la bipedestación), posibilidad de cefaleas postpunción dural y posibilidad de irritación radicular transitoria".


Por esos motivos concluye que "La anestesia general es una técnica anestésica adecuada, correcta y segura, de elección en base a criterios de Cirugía Mayor Ambulatoria tanto por el procedimiento quirúrgico a realizar (herniorrafia unilateral abierta con prótesis) como por los criterios médicos (paciente ASA II según valoración preanestésica y como únicos antecedentes documentados, una hipertensión arterial y una cirugía antigua de próstata por un adenoma), psicosociales y ambientales del paciente".


SEXTO.- El 17 de enero de 2017 se remiten sendas copias del expediente administrativo a la Inspección Médica y a la correduría del SMS para que se puedan realizar los informes valorativo y pericial correspondientes.


SÉPTIMO.- Con fecha 22 de febrero de 2018 se solicita a la Dirección Gerencia del Área II de Salud que se aporte al procedimiento una copia de la historia clínica correspondiente al Servicio de Anestesia y Reanimación, tanto de la evaluación preanestésica como de las intervenciones realizadas los días 17 de septiembre y 28 de octubre de 2015.


OCTAVO.- El 23 de marzo siguiente se recibe la información demandad al Área de Salud II, que se remite el 10 de abril de 2018 a la Inspección Médica y a la correduría de seguros del SMS.


NOVENO.- El instructor del procedimiento dicta una resolución el 8 de abril de 2019 en la que recuerda que el 17 de enero de 2017 se solicitó a la Inspección Médica que emitiera su informe valorativo y que, sin embargo, ha transcurrido en exceso el plazo de tres meses previsto en materia de procedimiento administrativo común y al que también se refiere el Protocolo de Agilización del Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Acuerdo del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, el 27 de mayo de 2011. En consecuencia, acuerda solicitar con esa misma fecha al Jefe de Servicio de Aseguramiento y Prestaciones del SMS que emita informe sobre los hechos reclamados.


DÉCIMO.- Obra en el expediente un informe realizado el 29 de abril de 2019 por el Jefe de Servicio de Aseguramiento y Prestaciones del SMS en el que se expone (Conclusión 8ª) que el día de la consulta preanestésica "El reclamante presentaba un ECG anormal (signos de isquemia) por lo que tendría que haber sido remitido a Cardiología para un estudio más pormenorizado y/o solicitud de prueba de esfuerzo o ecocardiograma".


De igual modo, concluye (19ª) que "Las exploraciones efectuadas con anterioridad a la intervención quirúrgica que categorizaron al paciente en riesgo anestésico ASA II y Grado 1 de la clasificación mundial funcional NYHA de riesgo cardíaco, no desaconsejaban una intervención con anestesia general. Sin embargo, hubiese resultado adecuado haber remitido al paciente para su valoración por el Servicio de Cardiología tras la constatación de la existencia de un ECG claramente patológico presente en la consulta preanestésica del 17 de septiembre de 2015".


El 6 de mayo de 2019 se remite una nueva copia del expediente administrativo a la correduría de seguros del SMS.


UNDÉCIMO.- También se contiene en las presentes actuaciones un Dictamen para Valoración de Daños Corporales emitido el 28 de octubre de 2015 por la División Médico Sanitaria de Aon, en el que se alude a la siguiente lesión: "El paciente, tras cirugía programada de hernia inguinal sufre un shock cardiogénico por infarto de miocardio".


Además se contiene el siguiente comentario:


"Consideramos como días hospitalarios desde el 18-10-15 al 13-11-15 día del alta esto supone 17 días de los que restamos 2 que hubiera estado en el hospital aunque no hubiera habido complicaciones y desde el alta hospitalaria al 6-7-16 los consideramos impeditivos estos son 236 de los que restamos 10 por el mismo motivo anteriormente expuesto.


Como secuela consideramos acreditada una insuficiencia cardiaca con fracción de eyección del 36% (entre 30-40% se valora en una horquilla de 30-60 puntos) y le otorgamos 40 puntos.


También tenemos que considerar con esa insuficiencia cardiaca una invalidez permanente absoluta que dada la edad la consideramos en un 10%".


En consecuencia, se propone el reconocimiento de una indemnización de 188.208,37 euros con arreglo al siguiente desglose:


1.- Incapacidad temporal:


a) 15 días hospitalarios, a razón de 71,85 euros/día, 1.077,60 euros.


b) 226 días impeditivos, a razón de 58,41 euros/día, 13.200,66 euros.


2.- Incapacidad permanente:


a) 40 puntos de secuela por insuficiencia cardiaca grado III, a razón de 1.523,94 euros/punto, 60.957,60 euros.


b) Factores totales de corrección; 112.972,51 euros.


DUODÉCIMO.- El 4 de junio de 2019 se concede audiencia al reclamante para que formular alegaciones y aportar los documentos y justificantes que estime convenientes.


Su abogado presenta el 23 de julio siguiente un escrito en el que manifiesta que se ratifica en el contenido de la reclamación de responsabilidad patrimonial que presentó en su momento.


En ese sentido, destaca que el estudio de la documentación obrante en el expediente administrativo instruido, y particularmente de la Hoja de evaluación preanestésica de 17 de septiembre de 2015 (folio 251), permite entender que el trazado del electrocardiograma era claramente patológico y que el paciente debió haber sido remitido al Servicio de Cardiología, que tras haber efectuado las pruebas diagnósticas pertinentes (ecocardiografía, prueba de esfuerzo y coronariografía) habría alcanzado un diagnóstico de enfermedad severa de 3 vasos y hubiera procedido, en consecuencia, a su revascularización miocárdica o, en su caso, quirúrgica. Por lo tanto, considera que el infarto agudo de miocardio era perfectamente previsible y evitable.


Por lo que se refiere a la valoración de los daños que se contiene en el Dictamen realizado por la correduría de seguros del SMS, muestra su plena conformidad con ella. No obstante, advierte que se debe indemnizar además la secuela psicológica residual de trastorno depresivo adaptativo (10 puntos) que se le ha provocado al interesado y los gastos provocados por la necesidad de sufragar los gastos de alquiler de una vivienda en Murcia y de compra de fármacos, cuyos documentos justificativos se han traído al procedimiento.


DECIMOTERCERO.- Con fecha 25 de julio de 2019 se formula propuesta de resolución estimatoria de la reclamación por existir relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales y los daños alegados, cuya antijuridicidad también ha quedado acreditada. En consecuencia, se sugiere indemnizar al interesado con la cantidad ya citada de 188.208,37 euros.


Una vez incorporados el preceptivo índice de documentos y el extracto de secretaría, se remite el expediente en solicitud de Dictamen, mediante escrito recibido en este Consejo Jurídico el día 29 de julio de 2019.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, ya que versa sobre una reclamación que en concepto de responsabilidad patrimonial se ha formulado ante la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con los artículos 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), y 12.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (RRP).


SEGUNDA.- Régimen legal de aplicación; legitimación, plazo de ejercicio de la acción de resarcimiento y procedimiento seguido.


I. En cuanto al régimen jurídico que resulta de aplicación a este procedimiento, conviene recordar que la LPAC ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y que este nuevo Cuerpo legal y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


Sin embargo, la Disposición transitoria tercera, apartado a), de la LPACAP dispone que no resulta de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su entrada en vigor, sino que se regirán por la normativa anterior. De conformidad con ello, el régimen legal que resulta aplicable en este caso es el que se contenía en la LPAC.


No obstante, se constata que, por error, se formula la propuesta de resolución con arreglo al régimen jurídico que se contempla en la LPACAP y en la LRJSP a pesar de que aún no estaban vigentes cuando se presentó la reclamación, el 12 de julio de 2016.


II. Se ha promovido la pretensión resarcitoria por una persona interesada que es quien sufre los daños personales, físicos y psíquicos, y patrimoniales por los que solicita una indemnización.


La Administración regional está legitimada pasivamente por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos sanitarios de su competencia.


III. En relación con el requisito del plazo, el artículo 142.5 LPAC establece que, en todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.


En el presente supuesto la acción resarcitoria se interpuso el referido 12 de julio de 2016 cuando el informe de alta del Servicio de Cardiología se emitió el día 6 de ese mismo mes. Por lo tanto, es evidente que la reclamación se presentó dentro del plazo establecido al efecto y, por tanto, de forma temporánea.


TERCERA.- Acerca de la necesidad de que se complete la instrucción del procedimiento.


De manera inicial, se debe destacar que el examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en general, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios establecidos para este tipo de procedimientos aunque se advierte que en su tramitación se ha sobrepasado con creces el plazo de seis meses previsto en el artículo 13.3 RRP.


Sin embargo, por otra parte, debe formularse una importante observación esencial. De otra parte, como ya se ha adelantado, se ha incorporado al expediente un informe realizado por el Jefe del Servicio de Aseguramiento y Prestaciones del SMS en abril de 2019 (Antecedente décimo de este Dictamen), a pesar de que se había solicitado previamente a la Inspección Médica que emitiera su informe valorativo.


Con ello parece sortearse tanto la posibilidad de que la Inspección Médica se demore en la emisión de su parecer como la de que no se haya aportado en este caso ningún informe pericial porque el siniestro no goce del aseguramiento correspondiente. En este sentido, en el Hecho tercero de la propuesta de resolución se dice expresamente que "este siniestro carece de cobertura de compañía aseguradora" (folio 336 vuelto).


Como se argumentó detenidamente en los Dictámenes núms. 211 y 369 de 2018 y 11/2019, la intención no merece especial reproche pero en ningún caso puede considerarse que esa práctica pueda ser alternativa a la evacuación del informe de la Inspección de los Servicios Sanitarios (Inspección Médica) ya que es a esta última a la que le está atribuida específicamente la competencia para elaborar informe en estos casos.


Así lo establece el artículo 14.6,a) del Decreto 15/2008, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que se dice que, en materia de responsabilidad patrimonial le corresponde a ella "Elaborar los informes técnico-sanitarios en los expedientes de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se instruyan por el Servicio Murciano de Salud, u otros departamentos de la Administración regional que así lo soliciten".


La circunstancia de que en este caso el Jefe de Servicio de Aseguramiento y Prestaciones del SMS tenga la condición de Inspector Médico no permite entender que su actuación pueda ser atribuible a la Inspección de Servicios Sanitarios puesto que, para que así fuese, aquél tendría que ejercer sus funciones en el seno de la misma, como dispone el artículo 3.2 del citado reglamento: "La realización de las referidas funciones en el ámbito de la asistencia sanitaria se encomienda a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del órgano directivo al que esté adscrita, todo ello, sin perjuicio de las funciones que correspondan a la Alta Inspección del Estado y en colaboración con la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".


Esta exigencia de intervención de la Inspección Médica se muestra aún de manera más explícita desde el momento en que el Jefe del Servicio de Aseguramiento y Prestaciones del SMS ha acogido en su informe una de las imputaciones de mal funcionamiento del servicio público sanitario y, como consecuencia de ello, se ha propuesto la concesión al interesado de una indemnización por una suma tan elevada como son 188.208,37 euros.


Sin embargo, a juicio de este Órgano consultivo no puede soslayarse de ninguna forma la exigencia de ese informe valorativo de la Inspección Médica en aquellos casos -como el presente- en los que el riesgo de que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria aparezca muy acentuado y cuando, en consecuencia, también se muestre así la posibilidad de que se produzca una salida de fondos públicos para hacer frente al pago de las reparaciones económicas correspondientes. En estos supuestos, debe insistirse, resulta imprescindible que la Inspección Médica emita el informe valorativo al que se refieren las normas que se han mencionado más arriba sin que pueda eludirse esa necesidad de ningún modo.


En consecuencia, entiende este Consejo Jurídico que procede completar la instrucción del presente procedimiento, dar traslado a la Inspección Médica de la totalidad del expediente administrativo y reiterar a ese servicio la emisión del informe valorativo ya demandado, en el que se deberán ofrecer las respuestas que procedan a las alegaciones e imputaciones formuladas por el reclamante en sus escritos.


Realizadas tales actuaciones y tras el preceptivo trámite de audiencia al interesado, habrá de emitirse una nueva propuesta de resolución y recabar un nuevo dictamen consultivo.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina desfavorablemente la propuesta de resolución estimatoria de la reclamación por considerar que es necesario completar la instrucción del procedimiento con la realización de la actuación instructora complementaria que se detalla en la Consideración tercera de este Dictamen, con carácter previo a la emisión de un nuevo parecer sobre el fondo del asunto.


No obstante, V.E. resolverá.