escudo
Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


First Previous 5210 5211 5212 Next Last
5567 resultados
Año: 2002
Número de dictamen: 01/02
Tipo: Nulidad, interpretación y resolución de contratos administrativos
Consultante: Ayuntamiento de La Unión
Asunto: Resolución de contrato de obras de infraestructuras de transporte urbano en el término municipal de La Unión.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. La aceptación municipal de la oferta supuso una adjudicación, nula, de un uso privativo demanial, pues se produjo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido al efecto en los citados preceptos del RBEL con evidente perjuicio para los terceros que no pudieron aspirar al otorgamiento de la concesión de explotación mediante concurso público, que era lo exigido, y provocando además que la concesión fuera "sine die" al no fijar su plazo, determinación exigida por el citado reglamento.
2. La parte viciada de nulidad, relativa a la concesión publicitaria, era de tal importancia que, por imperativo de la oferta de la empresa, el acto administrativo de adjudicación no podía haberse dictado sin aceptar tal determinación, lo que, al haberse producido efectivamente, acarrea la nulidad íntegra de dicho acto, al estar viciado de nulidad de pleno Derecho una parte esencial de su contenido (art. 64.2 LPAC).


ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 27 de enero de 1999, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión acordó convocar concurso público para la adjudicación de unas denominadas "obras de infraestructura de transportes" en los núcleos urbanos de su término municipal, con arreglo a la Memoria Técnica redactada por Técnico municipal, por importe de 11.085.470 ptas., así como aprobar el Pliego de condiciones económico-administrativas que regiría la adjudicación. Dichas obras consistían, realmente, en el suministro, con instalación en diferentes lugares, de 15 marquesinas de parada de autobús, según se desprende de la citada Memoria Técnica. Ésta se redactó para que el Ayuntamiento se acogiera a las subvenciones que a tales efectos convocaba la Orden de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma de 19 de enero de 1998.
SEGUNDO.- Tramitado el expediente de contratación por el procedimiento abierto, según disponía el citado Pliego, se presentaron dos ofertas, emitiendo el redactor de la Memoria un informe, de 5 de abril de 1999, en el que proponía la adjudicación a la mercantil "N. de P., S.L.", por el importe antes indicado, fundado en las mejoras que dicha empresa ofrecía, señalando a tal efecto la colocación de 15 postes modulares de señalización e información en la parada de autobús, una marquesina para una parada de taxi y la limpieza, mantenimiento y aseguramiento por daños de los mismos, operaciones estas últimas que realizaría la empresa en contraprestación por la adjudicación de la explotación publicitaria de dichos postes modulares, mejora que, según indicaba ésta, debía ser incluida en su contrato de concesión de la explotación de la señalización y del mobiliario urbano (contrato que, al parecer, tenía suscrito con el Ayuntamiento).
TERCERO.- Con fecha 6 de abril de 1999, la Comisión Especial de Cuentas, en funciones de Comisión Informativa de Contratación, propone a la Comisión de Gobierno la adjudicación del contrato a la citada empresa "por presentar la oferta más ventajosa económicamente y ajustada al Pliego de Condiciones", lo que es aceptado por dicha Comisión de Gobierno mediante Acuerdo del 8 de abril siguiente.
CUARTO.- Con fecha 4 de mayo de 1999 se formaliza el contrato por el Sr. Alcalde y representantes de la citada empresa. En la misma fecha, aquél nombra Director Técnico del contrato a un Técnico municipal.
QUINTO.- El 15 de septiembre de 1999, y en presencia del contratista, el Ayuntamiento levanta acta en la que hace constar que se han dejado en el terreno cuantos hitos y señales se han considerado necesarios para la ejecución de las obras (la instalación de las marquesinas).
SEXTO.- El 19 de noviembre de 1999, el Sr. Alcalde formula escrito en el que, tras indicar que el plazo de suministro e instalación de las marquesinas terminó el 15 de ese mes (a los dos meses de levantarse el acta de replanteo reseñada en el Antecedente Quinto, conforme al Pliego de condiciones) y constatar que no se ha efectuado dicha instalación, requiere a la empresa para que proceda a ello en el plazo máximo de diez días, bajo apercibimiento de la aplicación del régimen sancionador previsto en el Pliego.
SÉPTIMO.- El 25 de noviembre de 1999, la empresa presentó un escrito en el que, ante las "diferencias de interpretación" con el órgano contratante, alegaba lo siguiente:
- Que, a pesar del título de la Memoria Técnica (que se refería a "obras de infraestructura de transportes"), el objeto del contrato es el suministro de 15 marquesinas, con su posterior instalación-montaje, por lo que es aplicable el régimen jurídico establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para el contrato de suministro.
- Que el plazo de dos meses a que se refiere el escrito del Alcalde es aplicable sólo a la instalación de las 15 marquesinas, no a las mejoras, para las que se disponía de un plazo de seis meses, según se desprendía de su escrito de oferta.
- Que se ha cumplido el plazo para el suministro e instalación de las marquesinas, e instaladas éstas, y al objeto de que el Ayuntamiento no pierda la subvención se deberían facturar las mismas, sin perjuicio de la posterior realización de las mejoras, para la que aún disponían del citado plazo de seis meses.
- Que respecto de la publicidad de los MUPI (mobiliario urbano de publicidad e información, que son unos paneles ubicados en uno de los soportes laterales de las marquesinas, destinados a insertar en ellos publicidad), el apartado j) de su oferta contemplaba que su explotación comercial la llevarían a cabo como adjudicatarios, con la excepción de que en determinadas fechas (fiestas locales y festivales) se pusiera a disposición del Ayuntamiento una cara de dichos paneles; es decir, que el resto del año los explotaría la empresa.
- Que adjuntaba fotografías del modelo de marquesina Millenium para que el Ayuntamiento prestara su conformidad al mismo.
Por todo ello, concluía su escrito solicitando del Alcalde "su conformidad con las puntualizaciones arriba recogidas".
OCTAVO.- El 26 de noviembre de 1999, el Ayuntamiento recibe un escrito del Director General de Transportes y Puertos de la Comunidad Autónoma en el que le comunica que, de conformidad con el Convenio suscrito al amparo de la Orden de 19 de enero de 1998, si antes del 31 de diciembre de 1999 no ha acreditado la realización de las inversiones previstas (las 15 marquesinas) deberá reintegrar los fondos percibidos al efecto.
NOVENO.- Con fecha 27 de enero de 2000, el Alcalde dicta providencia en la que, a la vista del transcurso del plazo de dos meses establecido, y no habiendo ejecutado la contratista las obras, ordena a los servicios técnicos que informen sobre el incumplimiento para proceder a la adopción de las medidas que legalmente correspondan.
DÉCIMO.- El 31 de enero de 2000, el Técnico municipal redactor de la Memoria que sirvió de base a la contratación informa que a esa fecha no se habían ejecutado las obras y que, habiendo retirado el Ayuntamiento cuatro de las antiguas marquesinas y no siendo reemplazadas por las nuevas contratadas, se habían ocasionado perjuicios por valor de 288.160 pesetas, por gastos de personal, grúa y obras de reposición del pavimento a su estado anterior.
DECIMOPRIMERO.- Con fecha 7 de febrero de 2000, el Alcalde acuerda conceder a la contratista un plazo de diez días para alegaciones y vista del expediente de resolución del contrato, solicitando ésta el 17 siguiente ampliación por cinco días, lo que es concedido y comunicado a la empresa mediante oficio de 17 de febrero de 2000 de la Secretaría del Ayuntamiento.
DECIMOSEGUNDO.- El 24 de febrero de 2000, la empresa presenta escrito alegando que, efectivamente, existen causas de resolución del contrato, pero por culpa de la Administración, ya que ésta demoró en más de un mes el plazo establecido en el artículo 142 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), lo que, según su artículo 150, a), otorga al contratista el derecho a instar la resolución y al abono de una indemnización del 2% del presupuesto de adjudicación; también alega que no estaban disponibles los terrenos en donde habían de colocarse las marquesinas, ni se señalizó debidamente la ubicación de las mismas. Alega que, de las nueve a sustituir, no se habían retirado hasta la fecha cinco de ellas, y las otras cuatro lo habían sido fuera del plazo de ejecución (a principios de diciembre de 1999).
DECIMOTERCERO.- El 25 de febrero de 2000 (por error, se consigna 1999), el Director Técnico del contrato informa que en el acta de 15 de septiembre de 1999, firmada por el contratista, se consignó que se dejaron sobre el terreno cuantos hitos y señales se consideraron necesarios para la instalación de las marquesinas. Añade que se acordó quitar las marquesinas a medida que se dispusiera de las nuevas, y que en un día se quitaron cuatro de ellas, pudiéndose hacer lo propio con las cinco restantes, tiempo más que suficiente para no paralizar en ningún momento la posible marcha de trabajo de la empresa.
DECIMOCUARTO.- Con fecha 28 de febrero de 2000, la Secretaría del Ayuntamiento emite informe en el que estima que procede acordar la resolución del contrato por incumplimiento de la contratista del plazo de dos meses establecido para la instalación de las marquesinas, previo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
DECIMOQUINTO.- El 28 de febrero de 2000, el Sr. Alcalde propone a la Comisión de Gobierno Municipal, entre otros aspectos, que declare en suspenso la ejecución del contrato, y solicitar dictamen de este Consejo Jurídico, lo que así acuerda dicha Comisión el 3 de marzo de 2000.
DECIMOSEXTO.- Con fecha 17 de marzo de 2000 tiene entrada en este Consejo Jurídico un escrito del Sr. Alcalde solicitando Dictamen, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Reglamento General de Contratación del Estado, acompañando parte del expediente tramitado.
DECIMOSEPTIMO.- En sesión celebrada el 3 de abril de 2000, el Consejo Jurídico acuerda, en aplicación del artículo 47.2 de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, requerir al Ayuntamiento para que remita los siguientes documentos del expediente:
1) Proyecto Técnico aprobado por la Comisión de Gobierno el 25 de marzo de 1998.
2) Documentación presentada por los licitadores.
3) Propuesta de resolución del expediente de resolución contractual que debe formular el instructor.
DECIMOCTAVO.- El 14 de abril de 2000 tiene entrada en este Consejo escrito del Alcalde remitiendo la documentación reseñada en los puntos 1 y 2 anteriores.
DECIMONOVENO.- El 15 de mayo siguiente el Consejo Jurídico de la Región de Murcia emitió su Dictamen 28/00, en el que, previas sus Consideraciones, concluyó lo siguiente:
"Procede declarar la caducidad del procedimiento para la resolución contractual incoado por el Ayuntamiento de La Unión contra "N. de P., S.L.", sin perjuicio de la posibilidad de que inicie un nuevo procedimiento al efecto, conforme a lo expresado en la Consideración Segunda de este Dictamen".
VIGÉSIMO.- Mediante Providencia de 28 de junio de 2001, el Alcalde acordó incoar nuevo procedimiento al efecto, sin dictar resolución expresa de caducidad del anterior, si bien tal declaración puede considerarse como contenido implícito de dicha Providencia, máxime cuando en la citada Providencia se refería al Dictamen de este Consejo.
VIGESIMOPRIMERO.- Con la misma fecha, el Técnico municipal antes citado emite informe en el que indica que se mantiene invariable la situación del contrato, por lo que se ratifica en los informes ya emitidos.
VIGESIMOSEGUNDO.- Otorgado trámite de audiencia al contratista, reitera lo manifestado en su escrito de 24 de febrero de 2000 reseñado en el Antecedente décimosegundo, tras lo cual el citado Técnico municipal vuelve a emitir informe el 24 de julio de 2001 ratificándose en sus anteriores informes.
VIGESIMOTERCERO.- Mediante Providencia de 3 de agosto de 2001, el Alcalde acuerda solicitar el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, mediante oficio registrado en este Consejo el 17 de agosto siguiente.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen tiene carácter preceptivo de conformidad con lo establecido en el artículo 60.3, a) LCAP en relación con el 12.7 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al versar sobre un expediente de resolución de un contrato administrativo en el que se ha formulado oposición del contratista.
SEGUNDA.- Cuestiones procedimentales.
No hay reparos que oponer a las actuaciones practicadas, si bien falta la preceptiva propuesta de resolución que ha de culminar la instrucción y que es el acto que, conforme a la normativa reguladora de este Consejo Jurídico, debe ser sometido a Dictamen. No obstante lo anterior, lo que se expone en la siguiente Consideración hace innecesario devolver el expediente para que aquélla se formule.
TERCERA.- Cuestión de examen preferente a la resolución del contrato: su nulidad de pleno Derecho. Planteamiento.
Como es unánimemente admitido, no procede resolver una relación contractual si resultara que la misma está viciada de nulidad de pleno Derecho, pues, en tal caso, lo que procede es declarar dicha nulidad, salvo que operase alguno de los límites establecidos a tal efecto en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), lo que no es el caso. La existencia de una causa de nulidad radical de las establecidas en el artículo 62.1 LPAC, al que se remite el artículo 62, a) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) y, antes, la Ley 13/1995, de la que trae causa, supone la inexistencia "a radice" de la relación contractual, por lo que no puede resolverse lo que jurídicamente ha de considerarse nulo, y así ha de declararse por razones de orden público inherentes a la gravedad de esta clase de infracciones.
En concreto, y como se va a razonar seguidamente, el acto de adjudicación del contrato a la mercantil Norsan de publicidad, S.L., está incurso en el motivo de nulidad previsto en el artículo 62.1, e) en relación con el 64.2, "in fine", LPAC y con la normativa sobre concesión de uso privativo de bienes de dominio público municipales, en concreto, los artículos 78 a 81 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL).
CUARTA.- El objeto del contrato según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y según la oferta aceptada por el Ayuntamiento: El contrato previsto y el contrato adjudicado.
A) El objeto de la licitación según el PCAP.
El epígrafe I del PCAP que rige la presente contratación, denominado "objeto del contrato", dispone lo siguiente:
"Constituye el objeto del presente pliego la contratación mediante concurso de las obras correspondientes a la Memoria Valorada denominada "Obras de infraestructura de transportes en los núcleos urbanos del término municipal de la Unión", redactado por el Técnico Municipal D. S. G. G., por un importe de ejecución por contrata de 11.085.470 pesetas.
Las obras habrán de ejecutarse con arreglo a las características técnicas determinadas en el citado proyecto técnico y pliego de condiciones facultativas del mismo, considerándose, tanto uno como otro formando parte integrante del presente Pliego de Condiciones, y a su vez, ambos, del contrato, mediante el que se formalice, en su día, la adjudicación definitiva de la obra."
En el epígrafe II, denominado "Criterios que han de servir de base para la adjudicación", se incluye, entre éstos, el "6-. Cualquier mejora que en relación al concurso y obras presenten los licitadores", tal y como se permite en esta forma de contratación (artículo 85, b) TRLCAP).
La remisión a la Memoria Técnica obliga a destacar algunos extremos de la misma, que definen el objeto del contrato:
1) Instalación y número de marquesinas de parada de autobús: Epígrafe 1.4.1 de la Memoria:
"Las obras que recoge esta memoria y que son substancialmente accesorias y complementarias de la Infraestructura de Transporte por Carretera dentro de este Municipio, son las siguientes:
1.- Reposición de 9 marquesinas existentes: 1 en Roche, 2 en Portmán y 6 en la Unión.
2.- Reposición de 6 marquesinas nuevas en zonas estratégicas para la espera de pasajeros: 3 en Roche y 3 en La Unión."
b) Características de las marquesinas: Epígrafes 1.4.2 al 1.4.5 de la Memoria, a los que hemos de remitirnos dada su extensión y contenido técnico. Conviene destacar, además, que la Memoria prevé la posibilidad de añadir soportes publicitarios a las marquesinas, aunque no lo exige (epígrafe 1.3. "criterios de diseño", párrafo segundo).
B) La oferta de "N. de P., S.L", objeto de aceptación.
El contenido de la oferta de la empresa, aceptado pura y simplemente por el Ayuntamiento en el acto de adjudicación
"por presentar la oferta más ventajosa económicamente y ajustada al Pliego de Condiciones" (aunque luego veremos que esto último no es así), consistía en la instalación y montaje de los siguientes elementos, según los términos literales del escrito denominado "oferta económica":
"j) Marquesina parada de bus con MUPI: Mejora y ahorro para el Excmo. Ayuntamiento de La Unión valorado en dos millones trescientas noventa y nueve mil quinientas treinta (2.399.530) pesetas. Más LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ROTURA (excluidos siniestros por accidentes y actos de vandalismo) y PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL en contraprestación a la explotación de publicidad en los MUPI,S por la sociedad. El Excmo. Ayuntamiento dispondrá de una cara de las pantallas de MUPI (facilitando a la empresa los posters institucionales que quieran que aparezcan). En fechas puntuales (fiestas locales y festivales), previo acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento y la sociedad".
Conviene aclarar que el modelo de marquesina ofertada por la empresa incluía un panel de publicidad (el llamado "MUPI": mobiliario urbano de publicidad institucional) que se integraba dentro de una de las dos estructuras laterales de la marquesina, es decir, que se insertaba en ella como un elemento más de la misma, tal y como se aprecia en la fotografía que se acompañaba a la oferta.
A la vista del escrito de la empresa, su oferta podría dividirse en dos: a) contenido básico: el suministro e instalación de marquesinas equipadas con el citado panel publicitario, pero con la importante peculiaridad de que tal oferta va ligada o vinculada necesariamente a la correlativa adjudicación de la explotación de la publicidad a insertar en estos paneles, salvo con ocasión de fiestas locales y festivales en las que el Ayuntamiento tendría derecho a utilizar una de las caras de estos paneles, previo acuerdo con la empresa; b) como contenido accesorio o de mejora, la empresa ofrecía también 15 postes modulares y una marquesina de parada de taxis, más su limpieza, mantenimiento y aseguramiento, si bien, a su vez, a condición de que la explotación publicitaria de parte de los postes modulares debía ser adjudicada a la empresa (lo que calificaba como "ampliación de la concesión" de la explotación publicitaria de otros elementos urbanos que, según indicaba, ya tenía otorgada por el Ayuntamiento).
QUINTA.- Consecuencias de la aceptación de la oferta: A) Adjudicación de uso privativo de dominio público prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido al efecto. B) Efectos de la nulidad sobre el contrato celebrado.
A) Si se confronta el objeto contractual del PCAP y el objeto del contrato conforme a la adjudicación realizada, podrá advertirse que, efectivamente, se adjudicó el suministro e instalación de las marquesinas de autobús requeridas, incluyendo en las mismas una mejora, la inclusión de un panel publicitario, lo que, como ya dijimos, estaba permitido por el PCAP. Sin embargo, el licitador vinculó indisolublemente esta mejora a que, como contraprestación, se le adjudicase el uso de explotar publicitariamente dichos paneles, lo que sólo podía realizarse mediante el concurso público que, con este específico y distinto objeto, se debe tramitar a estos efectos en la forma y con las condiciones exigidas por los artículos 78 a 80 RBEL, lo que no se hizo. Y lo mismo cabe decir de la explotación de los 15 postes modulares y la marquesina de parada de taxis, pues su suministro e instalación venía condicionada a la adjudicación de la explotación de una parte de aquéllos.
Así pues, la aceptación municipal de la oferta supuso una adjudicación, nula, de un uso privativo demanial, pues se produjo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido al efecto en los citados preceptos del RBEL con evidente perjuicio para los terceros que no pudieron aspirar al otorgamiento de la concesión de explotación mediante concurso público, que era lo exigido, y provocando además que la concesión fuera "sine die" al no fijar su plazo, determinación exigida por el citado reglamento. En la medida en que se aprovechó un contrato de suministro con instalación para otorgar una concesión demanial, cuyo objetivo no estaba incluido en el PCAP (lo que era lógico, pues no era éste el objeto del mismo), el acuerdo de adjudicación incurrió en nulidad de pleno Derecho por haber concedido tal uso prescindiendo del procedimiento establecido, esto es, incurriendo en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1, e) LPAC.
B) Efectos de la nulidad sobre el contrato adjudicado.
Determinada la nulidad del extremo del acto de adjudicación relativo a la concesión de la explotación publicitaria, se trata ahora de averiguar en qué medida tal vicio afecta al resto de las determinaciones de aquél, esto es, si la nulidad puede reducirse exclusivamente a tal determinación (nulidad parcial) o si se comunica y vicia a todo el acto (nulidad total), incluyendo, pues, lo relativo al suministro e instalación de las marquesinas. A tal efecto, es aplicable el artículo 64.2 LPAC, que dispone que
"la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado".
Aplicado al caso que nos ocupa, la respuesta ha de ser que la nulidad del acto de adjudicación de la explotación publicitaria de las marquesinas se transmite al acto de adjudicación del suministro e instalación de las mismas, porque la oferta de la empresa vinculaba el suministro de tales marquesinas a la concesión de su explotación publicitaria. En efecto, el tipo de marquesina ofertado incluía como elemento estructural y esencial de la misma el panel publicitario cuya explotación se pretendía y que era "conditio sine qua non" de la oferta. Quiere decirse que la empresa no habría contratado si no hubiera sido en tales condiciones, por lo que concurre en este caso lo dispuesto en el último inciso del citado artículo 64.2: la parte viciada, esto es, la adjudicación de la explotación publicitaria, es de tal importancia que sin ella el acto de adjudicación no hubiera sido dictado, es decir, no se hubiera podido producir la adjudicación del suministro e instalación de las marquesinas a esta empresa, pues esto último lo vinculaba a lo primero, que era imposible aceptar so pena de incurrir en nulidad, que es lo que sucedió.
En resumen, la parte viciada de nulidad, relativa a la concesión publicitaria, era de tal importancia que, por imperativo de la oferta de la empresa, el acto administrativo de adjudicación no podía haberse dictado sin aceptar tal determinación, lo que, al haberse producido efectivamente, acarrea la nulidad íntegra de dicho acto, al estar viciado de nulidad de pleno Derecho una parte esencial de su contenido.
SEXTA.- Actuaciones a seguir.
Determinada la nulidad radical del acto de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de fecha 8 de abril de 1999 por el que adjudica el contrato en cuestión a "Norsan de Publicidad, S.L.", procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 LPAC, que se formule la oportuna propuesta de Acuerdo de revisión de oficio por nulidad de pleno Derecho y, tras ser otorgado el preceptivo trámite de audiencia y vista al contratista, la Comisión de Gobierno acuerde declarar dicha nulidad, sin necesidad, por razones de economía procesal, de solicitar nuevo Dictamen de este Consejo, salvo que el contratista formulara alegaciones en oposición a la referida propuesta, en cuyo caso deberían ser conocidas por este Órgano consultivo y emitir nuevo Dictamen.
Declarada la nulidad del acto, las partes deberán restituirse las prestaciones a que hubiera dado lugar la adjudicación, sin que del expediente remitido se adviertan daños y perjuicios que una parte deba indemnizar a la otra, no obstante lo cual éstas tendrán a su disposición la acción indemnizatoria oportuna.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES
PRIMERA.- No procede declarar la resolución del contrato objeto de este Dictamen, por las razones expresadas en su Consideración Quinta.
SEGUNDA.- Procede declarar la nulidad de pleno Derecho del acto de adjudicación del contrato y, por ende, de éste mismo, previa audiencia del contratista, en los términos indicados en la Consideración Sexta de este Dictamen.
No obstante, V.d. resolverá.