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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2001
Número de dictamen: 12/01
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación y Universidades
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.P.T. en nombre y representación de su hijo menor de edad J.P.T.S., debida a accidente escolar.
Dictamen:
Extracto de Doctrina

El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que no está completa la instrucción del expediente, toda vez que deben incorporarse al mismo las actuaciones que inició el Juzgado de Menores de Murcia,


ANTECEDENTES

PRIMERO. El 12 de abril de 2000, el Director del Colegio Público «Nuestra Señora de la Consolación», de Molina (Murcia), dirige al Consejero de Educación una «comunicación de accidente escolar» ocurrido el día 11 anterior, a consecuencia del cual el alumno J. P. T. S., que cursa segundo de Educación Secundaria Obligatoria, sufre contusiones y la rotura de varias piezas dentales cuando, siendo las 15 horas y 25 minutos de tal día, un compañero le presta la bicicleta con la que se cae en el patio del colegio, estando al parecer trucada para que se saliera la rueda delantera.
SEGUNDO. El día 27 de abril de 2000, el padre del menor presentó escrito de solicitud de indemnización fundamentado en la responsabilidad patrimonial que a la Administración incumbe, según los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), pidiendo el abono de 62.000 pesetas en concepto de daños y perjuicios, que justifica mediante presupuesto expedido por el Dr. D. J. R. L., médico estomatólogo con NIF 74.336.553R. A la solicitud acompaña un informe del referido facultativo, varias fotos, copia del parte de asistencia en el servicio de urgencias de la Gerencia de Atención Primaria, así como del Atestado nº 2.759 de la Oficina de Denuncias de la Comisaría de Molina de Segura, de 13 de abril de 2000. La anterior documentación, junto con otros ocho expedientes de similar naturaleza, es enviada el 10 de mayo siguiente por el Director General de Centros y Ordenación Educativa a la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades. El siguiente día 19, se remite la factura original de los gastos satisfechos, expedida con el nº 122, el 15 de mayo de 2000, por el facultativo antedicho, y con importe igual al consignado en el presupuesto. Ante el extravío de la solicitud de indemnización, con fecha 24 de julio de 2000, desde la Secretaría General de la Consejería se requiere a la Dirección del Colegio para que la remita junto con el informe sobre los hechos.
TERCERO. Admitida a trámite la reclamación y designado instructor (Resolución de 14 de septiembre de 2000), se recibió el preceptivo informe del centro, fechado el día 12 anterior, indicando el Director del mismo que «J.P. T. S., alumno de 2º de ESO de este centro el pasado curso 1999-2000, fue invitado insistentemente por otro alumno del centro (F. H. P.) a subir a su bicicleta dentro del patio del recreo del colegio, a lo que accedió cayendo inmediatamente porque la bicicleta se partía por la mitad. Este hecho sucedió a las 15,25 horas, cinco minutos antes de entrar a la sesión de tarde de las clases (15,30)». Continúa el informe indicando que «el alumno causante de los hechos fue encontrado culpable por la Comisión de Convivencia del centro. También fue visto el caso por el Juzgado de Menores de Murcia sin que hasta la fecha haya indemnizado con cantidad alguna a su compañero». Y concluye: «Considero de justicia que, dados la hora y el lugar del suceso, la Consejería de Educación se haga cargo de los gastos». Tras ello, fue conferido trámite de audiencia al reclamante que no compareció.
CUARTO. El 7 de noviembre de 2000 fue formulada la propuesta de resolución, consistente en desestimar la solicitud por considerar que no existe nexo causal entre los daños sufridos por el alumno y el funcionamiento del Colegio Público «Nuestra Señora de la Consolación». Solicitado informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, fue remitido el día 22 de noviembre de 2000, coincidiendo sus consideraciones y conclusiones con las de la propuesta de resolución.
Ultimado el procedimiento, la solicitud de Dictamen tuvo entrada en el Consejo Jurídico el día 12 de diciembre de 2000.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Carácter del Dictamen.
La propuesta de resolución, que culmina las actuaciones practicadas, trata de finalizar un procedimiento iniciado para resarcir los daños que se dicen causados por el funcionamiento de los servicios públicos regionales.
Por ello, el Dictamen se emite con carácter preceptivo, al así ordenarlo el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial
(RRP).
SEGUNDA. Tramitación.
El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que no está completa la instrucción del expediente, toda vez que deben incorporarse al mismo las actuaciones que inició el Juzgado de Menores de Murcia, según afirma el Director del Centro en su informe de 12 de septiembre de 2000 (folio número 25). Su incorporación se estima imprescindible, sobre todo teniendo en cuenta que por aplicación del artículo 10.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), así como del artículo 114 de la Ley de 14 de septiembre de 1882, de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), de haberse instruido un procedimiento penal no debió continuarse la actuación administrativa, tal como reconoce la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 5 de noviembre de 1997. Ha de pensarse que, a la vista de tales actuaciones judiciales, la propuesta de resolución del expediente instruido puede verse afectada de manera sustancial, al igual que el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA
. Que no procede emitir dictamen sobre el fondo del asunto sometido a su consideración en tanto no se complete la instrucción con la incorporación de las actuaciones practicadas por el Juzgado de Menores de Murcia y, a su vista, sea ratificada la propuesta formulada o, en otro caso, se redacte la que proceda, que habrá de someterse nuevamente a informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos.
No obstante, V.E. resolverá.