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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2002
Número de dictamen: 199/02
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación y Cultura
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. J. L. E. como consecuencia del robo de una bicicleta de su propiedad en el recinto de la Escuela Oficial de Idiomas.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Es abundante la doctrina sentada por el Consejo de Estado en supuestos similares al presente que propugna que la sustracción de objetos de los centros públicos de enseñanza no puede imputarse a una falta de vigilancia de los profesores o demás responsables del centro, porque éstos "no asumen en ningún caso la específica obligación de conservación de las pertenencias de los alumnos del centro -como sería propio de un depositario-, más allá de su genérica obligación de guarda y custodia". Por todos, Dictamen núm. 3015/2001.


ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 4 de junio de 2001 tiene entrada en el Registro General de la Consejería de Educación y Universidades escrito formulado por D. J. L. E., nacido el 23 de mayo de 1978, alumno de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, mediante el que, con fundamento en la responsabilidad patrimonial que a la Administración incumbe según los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPAC), solicita una indemnización de 25.000 pesetas (150,25 euros), importe de una bicicleta que le fue sustraída el día 18 de diciembre de 2000, del aparcamiento de la citada Escuela de Idiomas. Aclara que la bicicleta se hallaba sujeta con un candado. Acompaña al escrito la siguiente documentación: a) Copia de la reclamación que dirigió con fecha 10 de enero al Director de la Escuela Oficial de Idiomas; b) escrito de A., S.y R., S.A., mediante el que se indica que la póliza que tiene suscrita la Escuela Oficial de Idiomas no cubre la contingencia de robo a un tercero; c) copia de la denuncia del robo efectuada ante Jefatura Superior de Policía de Murcia; d) factura de la bicicleta sustraída por el importe señalado.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación y designada instructora mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Universidades de fecha 14 de junio de 2001, aquélla solicitó el preceptivo informe del Centro, que fue remitido el siguiente día 18 de julio, indicando el Director lo siguiente:
"El alumno D. J. L. E., nos reclamó una bicicleta que le había sido sustraída en el aparcamiento exterior de la Escuela.
Se contactó con el seguro de la Escuela, que nos informó que no se responsabilizaba de tal sustracción. A dicho alumno se le informó y se le dio copia del comunicado del seguro. Dicho seguro es A., U. F., nº de Póliza 331006123. En este centro no hay persona alguna responsable de alumnos, dichos alumnos pueden salir o entrar de la escuela siempre que lo desean al ser estas enseñanzas no obligatorias de régimen especial. Sí hay profesores que imparten un idioma y están a cargo de un grupo desde el punto de vista académico".
Tras recibir dicho informe, con fecha 1 de octubre de 2001 fue conferido trámite de audiencia al interesado, sin que éste compareciese.
TERCERO.- Formulada propuesta de resolución desestimatoria al considerar que no existe nexo causal entre los daños sufridos por el alumno y el funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia, se recabó de la Dirección de los Servicios Jurídicos la emisión de su preceptivo informe, que es evacuado el día 8 de mayo de 2002, coincidiendo sus consideraciones y conclusiones con las de la propuesta de resolución.
En tal estado de tramitación V.E. dispuso la remisión del expediente al Consejo Jurídico en solicitud de Dictamen, mediante escrito que tuvo entrada el día 18 de junio de 2002.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
SEGUNDA.- Tramitación.
El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, sin que se aprecien carencias formales.
La reclamación ha sido formulada por quién está legitimado para ello al haber quedado acreditado ser el propietario de la bicicleta sustraída, y presentada en plazo, ya que según dispone el artículo 142.5 LPAC el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
En lo que respecta a la legitimación pasiva, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Siendo la actual Consejería de Educación y Cultura la competente para resolver el presente procedimiento, al tratarse de unos presuntos daños imputados al funcionamiento del servicio público regional de educación en el que se integra la Escuela Oficial de Idiomas de Murcia.
TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.
Según el artículo 139 LPAC cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño a los particulares, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley. De esta manera, la responsabilidad patrimonial de la Administración se presenta configurada como una responsabilidad objetiva y directa.
Ahora bien, respecto de la sustracción de objetos en dependencias de la Administración, el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en supuestos similares al presente (Dictámenes números 76/1999 y 84/2002), ha de destacar que "el instituto de la responsabilidad patrimonial no puede desnaturalizarse de manera que se convierta en un seguro a todo riesgo, convirtiendo a la Administración en un centro de imputación de cualquier lesión, que conduciría a la larga a la paralización de la vida, administrativa o no, ya que la simple coexistencia en el tiempo y en el espacio de acciones no ligadas causalmente, constituirían al titular de tales acciones en asegurador universal de cualquier contingencia; en tal sentido la STS, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 6ª, de 4 de mayo de 1998". En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de la misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998, y cabe añadir que mantener sin más que cualquier objeto sustraído o perdido en los locales públicos en general y en los centros escolares en particular, pueda desplegar los efectos indemnizatorios de la responsabilidad patrimonial, constituiría una interpretación desmesurada de este instituto jurídico.
También es abundante la doctrina sentada por Consejo de Estado en supuestos similares al presente que propugna que la sustracción de objetos de los centros públicos de enseñanza no puede imputarse a una falta de vigilancia de los profesores o demás responsables del centro, porque éstos
"no asumen en ningún caso la específica obligación de conservación de las pertenencias de los alumnos del centro -como sería propio de un depositario-, más allá de su genérica obligación de guarda y custodia". Por todos, Dictamen núm. 3015/2001.
Aun cuando los criterios generales son suficientemente claros, debe tenerse en cuenta, además, que la sustracción del objeto, en el presente supuesto, se realizó en el
"aparcamiento exterior de la Escuela", según informe del Director.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial, por no quedar acreditada la relación de causalidad entre el daño sufrido por el alumno y la prestación del servicio público educativo.
No obstante, V.E. resolverá.