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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2000
Número de dictamen: 88/00
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación y Universidades
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por Dª M.P.P. en nombre y representación de su hija menor de edad Dª M.C.P., debida a accidente escolar.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. El accidente se produjo sin conexión con la actividad educativa, al acaecer fuera del horario lectivo y una vez fuera de las aulas, en un uso voluntario del patio de recreo consentido por los padres de los menores y no en desarrollo de actividad escolar o extraescolar organizada, dirigida o autorizada por el centro. Es decir, salvo prohibir juegos en el patio fuera del horario escolar o, incluso, la permanencia de los alumnos en esas instalaciones, acción desproporcionada dados los usos por todos aceptados, tal accidente no pudo haberse evitado por la Administración. Además, no hubo mal funcionamiento del servicio, porque el estandar medidor del mismo, que hubiese sido un deficiente o inadecuado estado de las instalaciones, no se ha probado infringido.
2. Con carácter general, el Consejo de Estado rechaza que la diligencia exigible a los servidores públicos de los colegios incluya un cuidado total sobre las personas que se encuentren en el servicio y las conductas, del tipo que sean, que se desarrollen en él (Dictamen 289/94), habiendo precisado otros órganos consultivos autonómicos que los accidentes escolares producidos en actividades espontáneas de los alumnos, fuera de los horarios lectivos y de actividades extraescolares organizadas u ordenadas por el profesorado (como jugando en el patio, a la salida del horario escolar), no pueden imputarse a la Administración, al no existir nexo causal (entre otros, Dictámenes 55 y 70, de 1999, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y Dictamen 4/99, del Consell Consultiu de Les Illes Balears).

3. No cabe desconocer que el ámbito del servicio público de educación, gestionado por la Administración autonómica, no se limita a la obligación de diligencia que compete a los responsables de los centros educativos. La legislación básica estatal configura los parámetros de tal servicio que, conviene recordar, gira en la órbita de un derecho fundamental (art. 27.1 CE) normado, entre otras, por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), la cual, después de resaltar que la educación básica es obligatoria y gratuita (art. 1), dice que los alumnos tienen, como básico, "derecho a protección social en los casos de infortunio familiar y accidente" (art. 6.1, h).
4. El reconocimiento del derecho de todos los estudiantes a la protección social, entendida como una asunción de riesgos por el Estado, puede implicar la obligación administrativa de compensar a la víctima de daños no imputables al funcionamiento de los servicios públicos, pero que, por razones de solidaridad colectiva, resultan socializados. El título de pedir no tiene en tal caso origen en la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos proclamada por el artículo 106 CE, sino en una atención provisoria relacionada con el Estado social (art. 1 CE), con unos principios rectores y fundamentos constitucionales diferentes (STS , Sala 4ª, de 4 de febrero de 1999).
5. Debe añadirse a ello que no existe articulada esa cobertura de seguridad social para los estudiantes de Educación Primaria, cobertura que sería la propia del seguro escolar, y que esta consecuencia no puede considerarse como un adecuado funcionamiento de los servicios públicos, pero, por el momento, no de los de educación, sino de los de protección social. La interpretación que la doctrina especializada viene haciendo del artículo 41 CE, indica que las prestaciones sociales a cargo de la seguridad social para caso de necesidad pueden entenderse bajo el concepto genérico de "protección social", que ha adquirido carta de naturaleza entre los tratadistas. No obstante ello, el grave incumplimiento que supone la desatención a los perjudicados por unos hechos dignos de protección según el artículo 6.1, h) LODE, es causa suficiente para que la Consejería consultante pueda arbitrar por otras vías a su alcance la cobertura de tales daños y, al propio tiempo, instar a la Administración competente para que realice actuaciones que permitan superar esta irregular situación. Esta recomendación tiene su origen en la inadecuación general del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas para atender reclamaciones de origen semejante a la presente, reflexión que ha llevado al Consejo de Estado a afirmar, en la Memoria de 1998, que tales reclamaciones "permiten comprobar un cierto desajuste en la protección social de algunos de estos temas, debiendo preverse una mejor articulación con los sistemas genéricos de protección social y también una mayor apertura del insuficiente sistema de seguro escolar, complementado en su caso con otras posibles fórmulas asegurativas de carácter privado".



ANTECEDENTES
PRIMERO.
El día 4 de febrero 2000, el Director del Colegio Público Juan González, de Lorca (Murcia), dirige al Consejero de Educación y Universidades una "comunicación de accidente escolar" ocurrido el día 14 de enero anterior, a consecuencia del cual la alumna M.C.P., de 7 años de edad, estando en el patio del colegio a las 10, 45 horas, y en presencia de los profesores de turno, sufrió la fractura de un diente (incisivo superior), ya que "jugando con un grupo de compañeros, tropezó y se dio contra una pared".
SEGUNDO. También el 4 de febrero, la madre de la menor presentó escrito de solicitud de indemnización fundamentado en la responsabilidad patrimonial que a la Administración incumbe, según los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), pidiendo el abono de 6.000 pesetas en concepto de daños y perjuicios, que justifica mediante factura de médico odontólogo.
TERCERO. Admitida a trámite la reclamación y designada instructora (Resolución de 6 de abril de 2000), ésta solicitó, el 17 de abril siguiente, el preceptivo informe del colegio, que fue remitido el 2 de mayo, añadiendo a los datos contenidos en la comunicación de accidente escolar que el mismo se produjo en tiempo dedicado a recreo, que se encontraban custodiando a los niños 5 profesores encargados y que no se estaba desarrollando ninguna actividad específica. Concedida audiencia a la reclamante, no compareció.
CUARTO. El 24 de octubre de 2000 fue formulada la propuesta de resolución, consistente en desestimar la solicitud por considerar que no existe nexo causal, ya que el accidente se produjo de manera fortuita y al margen de cualquier actividad dirigida por el centro escolar, al que no se le puede imputar ningún tipo de acción u omisión causante del daño, por lo que el mismo es ajeno a su funcionamiento. Solicitado informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, fue remitido el día 13 de noviembre de 2000, coincidiendo sus conclusiones con las de la propuesta de resolución.
Ultimado el procedimiento, la solicitud de Dictamen tuvo entrada en el Consejo Jurídico el día 11 de diciembre de 2000.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.
Carácter del Dictamen.
La propuesta de resolución, que culmina las actuaciones practicadas, trata de finalizar un procedimiento iniciado para resarcir los daños que se dicen causados por el funcionamiento de los servicios públicos regionales.
Por ello, el Dictamen se emite con carácter preceptivo, al así ordenarlo el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP), que precisa las previsiones de la LPAC.
SEGUNDA. Tramitación.
El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los elementales trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, sin que se aprecien carencias formales.
No ofrece duda la facultad de la Administración regional, y en concreto del Consejero de Educación y Universidades, para resolver el presente procedimiento, ya que el Real Decreto 938/1999, de 4 de junio, traspasó a la Región de Murcia las funciones y servicios del Estado sobre enseñanza no universitaria, según la asunción de competencia contenida en el artículo 16.1 del Estatuto de Autonomía, traspaso de servicios efectivo a partir del 1 de julio de 1999. Del Decreto 52/1999, de 2 de julio, resulta la atribución del ejercicio de tal competencia a la Consejería consultante.

La reclamación se ha interpuesto por persona legitimada y en tiempo hábil, quedando acreditada la representación de la compareciente.
TERCERA. Sobre el fondo del asunto.
I. De las actuaciones practicadas puede afirmarse, inicialmente, una primera conformidad con la propuesta de resolución que las concluye. Tal como razona la misma, así como el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos (ambos con abundantes citas de resoluciones judiciales en apoyo de la tesis sostenida), no se advierte en el supuesto sometido a Dictamen que concurran en el accidente sufrido por la alumna todos los requisitos que la LPAC exige para que la responsabilidad patrimonial de la Administración sea declarada por causa de aquél.
De una parte, es cierto que el efecto dañoso existe, que se produce en el seno del servicio público entendido como "giro o tráfico administrativo", al ser el colegio de titularidad pública y su gestión una competencia de la Administración regional, mas no existen, al menos probadas, otras circustancias que permitan imputar a la Consejería de Educación y Universidades tales efectos dañosos. El accidente se produjo sin conexión con la actividad educativa, al acaecer fuera de las aulas, en un un uso del patio de recreo espontáneamente realizado por los niños y no en desarrollo de actividad escolar o extraescolar organizada, dirigida o autorizada por el centro. Es decir, salvo prohibiendo juegos en el patio a la hora del recreo, acción desproporcionada, tal accidente no pudo haberse evitado por la Administración. Además, no hubo mal funcionamiento del servicio, porque el estandar medidor del mismo, que hubiese sido un deficiente o inadecuado estado de las instalaciones, no se ha probado infringido. En sentido contrario, más bien se percibe que el accidente se produjo debido a un infortunio, ya que la alumna tropezó por sí sola, sin que se haya constatado otra circunstancia determinante del efecto dañoso. Medidas más severas sobre el uso de tales instalaciones, que podrían también ser adoptadas, nos conducirían a estimaciones desproporcionadas que podrían asemejarse a las que realizaran una prohibición general de uso y disfrute de instalaciones y equipamientos públicos ciudadanos, por cuanto también podrían ser originadoras de lesiones fortuitas por los juegos y hábitos lúdicos de los niños.
Con carácter general, el Consejo de Estado rechaza que la diligencia exigible a los servidores públicos de los colegios incluya un cuidado total sobre las personas que se encuentren en el servicio y las conductas, del tipo que sean, que se desarrollen en él (Dictamen 289/94), habiendo precisado otros órganos consultivos autonómicos que los accidentes escolares producidos en actividades espontáneas de los alumnos, fuera de los horarios lectivos y de actividades extraescolares organizadas u ordenadas por el profesorado (como jugando en el patio a la hora del recreo o a la salida del horario escolar), no pueden imputarse a la Administración, al no existir nexo causal (entre otros, Dictámenes 55 y 70, de 1999, del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y Dictamen 4/99, del Consell Consultiu de Les Illes Balears).
En función de todo ello, la inexistencia de nexo causal entre el daño y el funcionamiento del centro educativo, impide que estos hechos desencadenen la responsabilidad patrimonial de la Administración educativa.
II. La anterior conclusión, que coincide con la propuesta de resolución dictaminada, no agota, a juicio del Consejo Jurídico, el total de cuestiones que ofrece el expediente tramitado, ya que del ordenamiento podrían derivarse otros aspectos relevantes, dignos de consideración, cuestiones estas reflejadas en nuestro Dictamen 81/2000, referido a otra consulta procedente de la misma Consejería sobre un asunto sustancial-mente semejante al presente, a cuyas Consideraciones nos remitimos.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.
Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial objeto de Dictamen, por no ser el daño imputable a la Administración regional, ni existir relación de causalidad entre el mismo y el funcionamiento de sus servicios públicos.
No obstante, V.E. resolverá.