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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2002
Número de dictamen: 197/02
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Sanidad y Consumo
Asunto: Responsabilidad patrimonial por la apertura de una oficina de farmacia en la Urbanización Mar de Cristal, instada por D. C. S. P., en nombre y representación de D.ª A. M. B. S. y D. A. Q. P.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. El artículo 142.4 LPAC establece que si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva. Por otro lado el artículo 4.2 RRP señala que el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme. La posible antinomia entre ambas disposiciones que, en virtud del principio de jerarquía normativa, debería resolverse a favor de lo establecido en el texto legal, ha sido objeto de análisis por el Tribunal Supremo que mediante sentencia de fecha 18 de abril de 2000, ha venido a sentar el criterio según el cual la compatibilidad entre dichos preceptos es evidente ya que el Reglamento se ha limitado a precisar el dies a quo del plazo establecido por la Ley.
2. La posibilidad de pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos, no sólo diferentes sino incluso contradictorios, es un dato de la experiencia. El problema se nos suscita especialmente (y con ello nos aproximamos ya al tema de fondo del Dictamen) cuando una resolución administrativa ha sido corregida en sentido distinto por la judicatura. Derivar de aquí la responsabilidad patrimonial de la Administración es el punto debatido. De nuevo la necesidad de acudir a un deslinde y tratamiento diferente, en supuestos asimismo distintos, se hace necesario pues, en principio, el grado de indeterminación de la norma no puede ser siempre un criterio decisivo para establecer la responsabilidad o no responsabilidad patrimonial de la Administración.
3. Con alguna frecuencia, sin embargo, los conceptos jurídicos indeterminados que podrían hacer que la resolución administrativa se considerara razonablemente fundada, aun cuando deviniera corregida y anulada por la Jurisdicción Contenciosa, a los efectos de afirmar o exonerar a aquélla de la responsabilidad patrimonial pese al carácter objetivo y directo del instituto, deriva tanto del tenor de las normas como de operaciones en que es necesario introducir también factores técnicos, no propiamente jurídicos, que complementan y concretan el contenido normativo. Los datos numéricos, paradójicamente, pueden convertirse en conceptos jurídicos indeterminados cuando, fijada la cantidad (por ejemplo, número de habitantes), queda indeterminado el sistema de cómputo o las operaciones realizables para llegar a él. Si, junto a todo ello, nos encontramos con una jurisprudencia oscilante, se hace defendible conceder a la Administración un cierto margen de tolerancia en su función, imprescindible y necesaria, de resolver, siempre con respecto al Derecho aplicable, las cuestiones que se le suscitan.


ANTECEDENTES

PRIMERO.- El día 8 de enero de 2001 D. C. S. P. formula, en nombre y representación de D.ª A. M. B. S. y Don Á. Q. P., reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración regional por los daños y perjuicios ocasionados a sus representados como consecuencia de haberse autorizado indebidamente a D.ª R. L. S. la apertura de una Oficina de Farmacia en la Urbanización Mar de Cristal, mediante Orden de la entonces Consejería de Sanidad y Política Social que fue anulada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 28 de septiembre de 1998. Los reclamantes solicitan una indemnización equivalente a los beneficios generados por las ventas efectuadas por la señora L. desde la fecha de su indebida apertura hasta la fecha de su efectivo cierre.
SEGUNDO.- Por Orden de 30 de enero de 2001, el Consejero de Sanidad y Consumo acuerda admitir la reclamación, ordenando la tramitación del expediente y designando instructor del mismo.
Mediante escrito fechado el día siguiente se da traslado al interesado de la citada Orden, así como de la primera providencia del instructor por la que, con base en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LPAC), se solicita se subsane la solicitud inicial respecto de determinados extremos exigidos por el artículo 6.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (en adelante RRP).
TERCERO.- El 22 de febrero de 2001, el Sr. S. presenta escrito mediante el que, en síntesis, formula las siguientes alegaciones:
1.ª Fundamenta su reclamación en el detrimento o perjuicio económico que ha sufrido el patrimonio de sus representados por la merma en las ventas de su oficina de farmacia, como consecuencia de la autorización y posterior apertura de una farmacia en Mar de Cristal.
2.ª En atención a dicha autorización de apertura que fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, se afirma que durante el tiempo en que indebidamente estuvo abierta al público la citada oficina de farmacia se produjo, de manera correlativa, un perjuicio por el beneficio dejado de obtener por las ventas no realizadas en la farmacia de su titularidad.
3.ª Aducen los interesados que el lucro cesante padecido se corresponde exactamente con las ganancias o beneficios percibidos indebidamente por la titular de la otra oficina de farmacia, desde el momento de la apertura hasta el cierre del establecimiento. Por este motivo, la proposición esencial de prueba que plantean a la Administración consiste en la práctica de documental pública tendente a averiguar tales datos, es decir, las ventas realizadas por dicha oficina, tanto de facturación de medicamentos a la Seguridad Social como de venta libre, entendiendo que de manera aproximada ésta se cifra en un 44% de la facturación pública.
4.ª Al escrito de alegaciones se adjunta informe de un economista en el que, tras examinar las declaraciones de pago fraccionado de IRPF de los reclamantes, y con base a las diferencias de ingresos computables correspondientes a los ejercicios 1999 (en el que la farmacia de la Sra. L. S. estuvo abierta durante todo el año) y 2000 (en el que dicha farmacia sólo permaneció abierta hasta el día 28 de julio) concluye que los ingresos no obtenidos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2000, ascienden a 5.236.307 pesetas. Extrapolando este dato al resto del tiempo que permaneció abierta la citada oficina de farmacia, los reclamantes cifran el perjuicio sufrido en 34.035.995 pesetas (204.560,44 euros).
5.ª Por último, se propone la práctica de la siguiente prueba:
a) Que se requiera al Colegio de Farmacéuticos de Murcia para que aporte copia del expediente de apertura de la farmacia de la Sra. L. S., en el supuesto de que el mismo obre en su poder, o, en su caso, si se encontrase en la Consejería de Sanidad y Consumo que se una copia del mismo al expediente de responsabilidad patrimonial.
b) Que se oficie a dicho Colegio a fin de que, en relación con el período de tiempo en el que estuvo abierta la oficina de farmacia de Mar de Cristal, certifique el número e importe de las facturas presentadas por la Sra. L. S. al Seguro Obligatorio de Enfermedad.
c) Que se requiera a las principales empresas proveedoras de medicamentos: H., C., E. M. y C. F., al objeto de que certifiquen acerca de la facturación realizada por la mencionada farmacia durante el tiempo que permaneció abierta.
d) Se adjunta, como prueba documental, circulares del Colegio Oficial de Farmacéuticos y de la firma de Auditores y Consultores "U. G. T.", alusivos a la sentencia de la Audiencia Nacional dictada en el recurso número 19.722/1989, que reconoce como porcentaje de venta libre de las farmacias, es decir, como porcentaje de facturación del mercado privado el 44% del que pudiera corresponder a la facturación pública.
e) Se propone prueba pericial consiste en que, a la vista de los datos obtenidos con dichas certificaciones y de aquellos otros que la Administración regional considere necesario, por tres economistas auditores de cuentas, se emita informe acerca de los daños y perjuicios ocasionados a los reclamantes como consecuencia de los beneficios no obtenidos por la apertura de la oficina de farmacia de Mar de Cristal.
CUARTO.- Mediante providencia de 8 de marzo de 2001 el instructor admite y ordena la práctica de las pruebas propuestas por los interesados correspondientes a los apartados 5.a) y 5.d) del antecedente tercero del presente Dictamen, llevándose a cabo de oficio las siguientes:
1.ª Incorporación de copia del expediente de la ejecución de la sentencia de cierre.
2.ª Incorporación de copia del expediente de traspaso a favor de los reclamantes y copropiedad de la farmacia situada en Islas Menores, así como, en su caso, de los períodos de apertura y cierre de la misma.
3.ª Incorporación de copia del acta inicial de apertura de la farmacia de Mar de Cristal, así como, en su caso, de los períodos de apertura y cierre de la misma.
4.ª Petición de certificación de la Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria, acerca de la existencia de Centros de Salud o Consultorios Médicos en los núcleos de Mar de Cristal e Islas Menores.
Asimismo, en dicha Providencia, se rechaza la práctica de las siguientes, manifiestamente improcedentes o innecesarias por los motivos que se indican:
1.ª Se rechaza la propuesta de oficiar al Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Murcia, para que certifique el número e importe de las facturas presentadas por la farmacia de la Sra. L. S. al SOE, ya que, por un lado, al actuar en este ámbito dicho Colegio como entidad colaboradora del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no podría facilitar dichos datos sin vulnerar lo preceptuado al respecto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en tanto que, por otro lado, la prueba propuesta es improcedente para dilucidar la reclamación patrimonial que nos ocupa al haber centrado la misma en la existencia de un lucro cesante, para cuya fijación habría que tener en cuenta los datos económicos de los propios reclamantes.
2.ª Por los mismos motivos sustentados para rechazar la prueba a la que se refiere el apartado anterior, no se admite la propuesta de requerir a las principales empresas proveedoras de medicamentos para que certifiquen acerca de la facturación de la farmacia de la Urbanización Mar de Cristal durante el período de tiempo en el que permaneció abierta.
3.ª Se rechaza asimismo la prueba pericial propuesta consistente en que, a la vista de los datos obtenidos por la práctica de las dos anteriores pruebas, tres economistas, auditores de cuentas, que también estarían facultados para solicitar la documentación que estimen precisa teniendo en cuenta además que con el paso del tiempo se pueden ir obteniendo nuevos datos, emitan informe pericial acerca de los daños y perjuicios ocasionados a los reclamantes por la apertura de la farmacia de D.ª R. L. S. Se aduce por el instructor como motivo de inadmisión, lo ya especificado respecto de las dos anteriores pruebas en relación con la vulneración de la Ley Orgánica 15/1999, pues supondría la autorización a los peritos para solicitar documentación relativa a la explotación de la oficina de farmacia de la Sra. L. S., circunstancia a la que cabría adicionar el hecho de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.214 del Código Civil, la prueba de los daños reclamados constituye una carga de los reclamantes.
QUINTO.- Practicada la prueba admitida con los resultados que obran en el expediente, en fecha 27 de abril de 2001 el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad y Consumo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 RRP, emite informe en el que concluye lo siguiente:
1.º Que no se ha acreditado la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, cuya determinación y cálculo corresponde a los reclamantes que, al tratar de probar la concurrencia de un lucro cesante, debería haberse llevado a cabo mediante la práctica rigurosa de pruebas al efecto, no pudiendo tener tal consideración la afirmación de que todos los ingresos brutos obtenidos por la farmacia de la Sra. L. S. se corresponden con los beneficios netos dejados de percibir por los interesados.
Por otro lado -continúa el informe- tampoco se ha acreditado que los ingresos declarados por cada uno de los reclamantes (que aparecen en las declaraciones fiscales aportadas) tengan como única fuente de procedencia la oficina de farmacia; resultando además extraño que los ingresos declarados por ambos titulares no sean idénticos cuando ostentan una copropiedad de dicha oficina del 50%.
El Servicio Jurídico de la Consejería, también manifiesta su disconformidad respecto de los cálculos efectuados por los interesados para fijar el importe de los daños sufridos por lucro cesante, al considerar que
"el detrimento en las ventas no supone sin más, una ganancia neta que no se percibe, puesto que de toda venta o ingreso bruto deben detraerse los gastos fijos y variables que tales ingresos comportan (material fungible, luz, contribución, gastos de personal, compra de medicamentos e instrumental...). Pues bien, de las dos declaraciones aportadas, pese a la diferencia de ingresos entre ambas, puede comprobarse que el promedio de beneficio neto obtenido en los dos años aportados asciende a un 17,2% de los ingresos brutos (en el año 99 el beneficio fue de un 16,9% y en el 2000 de un 17,5%). En consecuencia, el hipotético perjuicio o lesión en el patrimonio no vendría dado por las ventas o ingresos totales no percibidos, sino por el beneficio neto que de los mismos se obtiene una vez restado los gastos".
2º. Que no acreditada la efectividad del daño ni la cuantía, tampoco puede establecerse relación de causalidad alguna entre éste y la actuación administrativa.
3º. Afirma el servicio informante, con base en abundante cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo, que no existe lesión antijurídica ya que el derecho farmacéutico (y más concretamente en lo que refiere a la apertura de establecimientos farmacéuticos por la vía del artículo 3.1.b) del Decreto 909/1978), constituye
"un ámbito normativo que exige una valoración subjetivada en aplicación de conceptos indeterminados y considerar que el pronunciamiento de la Administración, aun cuando fue revocado y declarado no conforme a derecho, se encuentra dentro de los límites normales de interpretación de los hechos concurrentes y de la normativa aplicable".
SEXTO.- Conferido trámite de audiencia y vista del expediente los interesados, a través de su representante, presentan escrito de alegaciones fechado el día 18 de mayo de 2001, en el que, resumidamente, manifiestan lo siguiente:
1.º Que cuando un acto administrativo se deja sin efecto por un tribunal es por ser antijurídico, y si el acto administrativo es contrario a derecho no se puede pretender que no lo sean las lesiones por él producidas.
2.º Que en cuanto a la valoración del daño que se le alega, el artículo 6 RRP establece el requisito de evaluar económicamente los daños cuando esto "fuera posible", y, según los reclamantes, dicha evaluación se habría llevado a cabo de forma detallada en su escrito de fecha 22 de febrero de 2001.
3.º Que se les ha negado la prueba pericial propuesta para la averiguación de los ingresos de la oficina de farmacia de Mar de Cristal, y no se ha tenido en cuenta su valoración contenida en el documento núm. 2 de los acompañados a su escrito de fecha 22 de febrero de 2001.
4.º Que casi el cien por cien de los habitantes de los núcleos de población de Mar de Cristal e Islas Menores, está formado por población estacional que ocupa viviendas secundarias, variando mínimamente los porcentajes de ocupación para cada uno de los meses del año.
5.º Que según el contrato privado suscrito entre los copropietarios y aportado como documento núm. 2 junto con su escrito de fecha 8 de enero de 2001, D.ª A. M.ª B. S. participa de un 60% del beneficio neto de la farmacia, y D. Á. Q. P. de un 40%, lo que explica la diferencia de ingresos obtenidos por ambos en el año 2000.
6.º Que en aplicación del artículo 1214 del Código Civil, resulta que los hechos negativos han de ser probados por quien los alega, por lo que corresponde a la Administración probar que los ingresos que el solicitante ha declarado que proceden de la explotación de la farmacia pueden serlo también de otro tipo de explotación.
7.º Que no están de acuerdo con la disquisición del apartado 5 del informe del Servicio Jurídico de la Consejería en lo referente a los gastos, ya que a una farmacia que en dos meses del año recauda el 75% de sus ingresos, no le produce ningún gasto añadido la existencia de otra farmacia.
8.º Que el nexo causal es evidente.
9.º Que el daño es antijurídico, ya que lo fue la orden de concesión de licencia para la apertura.
SÉPTIMO.- Con fecha 31 de mayo de 2001, el instructor formula propuesta de resolución en la que concluye que procede desestimar la reclamación al considerar que no existe un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado sin que, por otro lado, haya quedado establecida la necesaria existencia de un nexo de causalidad entre los daños alegados y el funcionamiento de los servicios públicos (por los interesados solamente se señala que el citado nexo "resulta obvio"), añadiendo que aun cuando existiera relación de causalidad entre la anulación del acto de autorización y los daños alegados, los reclamantes tendrían el deber jurídico de soportarlos puesto que la anulación se produjo no como consecuencia de una actuación temeraria y carente de fundamento de la Administración, sino por la valoración que el órgano judicial llevó a cabo de conceptos jurídicos indeterminados en los que existe un margen de apreciación que hace compleja la interpretación y aplicación de las normas al caso concreto, supuesto en el que el Tribunal Supremo, en abundantes sentencias, entre las que señala las de 5 de febrero de 1996, 29 de septiembre de 1998, 6 de marzo, 11 de marzo, 6 de septiembre y 16 de septiembre de 1999, estima que, aun existiendo un acto ilegal, el particular tiene el deber jurídico de soportar los daños causados por la anulación del mismo.
OCTAVO.- Solicitado a la Dirección de los Servicios Jurídicos la emisión de su preceptivo informe, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23.4 m) del Decreto Regional 59/1996, de 2 de agosto, es evacuado el 17 de julio de 2001 en el mismo sentido y parecidas consideraciones a las de la propuesta de resolución.
En este estado de tramitación, el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Sanidad y Consumo, por delegación del Excmo. Sr. Consejero, solicita de este Consejo Jurídico la emisión de su preceptivo Dictamen, acompañando el expediente, extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional.
SEGUNDA.- Procedimiento.
Si bien es cierto que el artículo 12.2 RRP señala que el dictamen del órgano consultivo competente se ha de pronunciar sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización, también lo es que para un correcto pronunciamiento sobre dichos extremos el Consejo Jurídico ha de valorar el resto de presupuestos que inciden sobre dicha institución, incluido el examen del procedimiento seguido en orden a determinar su corrección y las consecuencias que sobre aquél pudieran tener los defectos formales en los que se hubiera podido incurrir.
Entre estos requisitos debe examinarse, en primer lugar, si la reclamación de responsabilidad patrimonial ha sido formulada dentro del plazo legalmente establecido. Al respecto el artículo 142.4 LPAC establece que si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva. Por otro lado el artículo 4.2 RRP señala que el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme. La posible antinomia entre ambas disposiciones que, en virtud del principio de jerarquía normativa, debería resolverse a favor de lo establecido en el texto legal, ha sido objeto de análisis por el Tribunal Supremo que mediante sentencia de fecha 18 de abril de 2000, ha venido a sentar el criterio según el cual la compatibilidad entre dichos preceptos es evidente ya que el Reglamento se ha limitado a precisar el
dies a quo del plazo establecido por la Ley. Añade el Alto Tribunal que la interpretación contraria no podría prevalecer por las siguientes razones:
"a) La precisión introducida por el Reglamento comportaría una autorrestricción para las Administraciones públicas que tendría un sentido de extensión de la garantía de los derechos, por lo que sería susceptible de ser introducida mediante un precepto de rango reglamentario.
b) La interpretación que realiza la Sala de instancia es conforme con la reiterada doctrina de esta Sala en relación con la aplicabilidad de la doctrina del nacimiento de la acción al ámbito de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Venimos entendiendo que el cómputo del plazo de prescripción de un año no se inicia sino desde que se conocen con plenitud los aspectos de índole fáctica y jurídica que constituyen presupuestos para determinar el alcance de la acción ejercitada. La firmeza de la sentencia es sin duda uno de estos elementos, pues hasta que la resolución judicial anulatoria no es firme no puede determinarse con certeza la responsabilidad derivada de la anulación pronunciada, pues el pronunciamiento podría ser modificado por vía de recurso.
c) La interpretación que realiza la Sala de instancia es, además, conforme con la efectividad del derecho a la tutela judicial consagrado en la Constitución (artículo 24) y con el derecho a un proceso equitativo consagrado en el Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 6). En efecto, en un caso en el que este Tribunal y el Tribunal Constitucional habían considerado conforme a la Constitución que se iniciase el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial por anulación de la Orden Ministerial de 10 de agosto de 1985 a partir de la fecha de publicación de la sentencia de anulación de la referida Orden, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 25 de enero de 2000, núm. 38366/1997 (asunto Miragall Escolano y otros c. España), ha declarado que dicho juicio constituye una interpretación no razonable de un requisito de procedimiento que ha impedido el examen en el fondo de una demanda de responsabilidad. Recordando precisamente la doctrina de la "actio nata" o del nacimiento de la acción acogida de modo inmemorial por este Tribunal, estima el Tribunal Europeo que el derecho de acción o de recurso debe ejercitarse a partir del momento en que los interesados pueden efectivamente conocer las decisiones judiciales que les imponen una carga o que puedan afectar a sus derechos o intereses. Esta Sala no puede, en consecuencia, patrocinar la interpretación "especialmente rigurosa" (en palabras de la citada sentencia), que postula la parte recurrente".
Partiendo de esta premisa -inicio del plazo en la fecha de la firmeza-, en el asunto objeto del presente Dictamen (teniendo en cuenta que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que anulaba la Orden de autorización de apertura de la farmacia fue dictada el día 28 de septiembre de 1998 y devino firme al dictar el Tribunal Supremo su auto de 31 de enero de 2000, por el que declaraba inadmisibles los recursos de casación que contra aquella resolución judicial habían interpuesto la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y D.ª R. L. S.), resulta que la reclamación de responsabilidad patrimonial, deducida el día 8 de enero de 2001 por D.C. S. P. en nombre y representación de D.ª A. M. B. S. y Don Á. Q. P., fue presentada antes de que expirara el plazo preclusivo.
D.ª A. M. B. S. y D. Á. Q. P. se encuentran legitimados para iniciar el presente procedimiento de responsabilidad patrimonial, al ser cotitulares proindiviso de la oficina de farmacia de Islas Menores, que adquirieron a su anterior propietaria Doña C. H. M. según resulta acreditado con la escritura de compraventa otorgada ante el Notario D. J. P. G., número 89 de su protocolo y haber sido autorizado el traspaso de la actividad farmacéutica de dicha oficina mediante Orden del Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales fechada el día 7 de abril de 1995. Resulta, pues, que durante el período de tiempo en el que pudieron producirse los daños -el transcurrido desde la apertura de la oficina de farmacia de Mar de Cristal (10 de julio de 1997) y su efectivo cierre (28 de julio de 2000)-, los reclamantes habrían sufrido en su patrimonio la disminución de beneficios alegadas.
Cuestión distinta la constituye la representación que de ambos dice ostentar el abogado D. C. S. P., esgrimiendo como título acreditativo de la realidad de dicha afirmación el poder otorgado ante la Notaria del Ilustre Colegio de Albacete, Doña M. T. N. M., número de 552 de su protocolo. No obstante, examinado el aludido documento notarial se constata que el mismo constituye un poder general para pleitos extendido a favor de varios Procuradores y Letrados de los respectivos Ilustres Colegios de Murcia, entre los que, efectivamente, figura el Sr. S., pero dicho apoderamiento sólo procede de Doña A. M. B. S. que, según se indica en el documento público que se examina, actúa única y exclusivamente en su propio nombre y derecho.
Según establece el artículo 32 LPAC los interesados podrán actuar por medio de representante, exigiendo este precepto para los supuestos en los que se pretenda formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos, que dicha representación quede acreditada por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Sin embargo, para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá la representación.
En el concreto supuesto que nos ocupa, se trata de iniciar un procedimiento en el que, además, se está ejerciendo una acción resarcitoria de daños y, por tanto, resulta preciso que la representación quede debidamente acreditada en los términos señalados en el citado artículo 32, circunstancia que no es predicable respecto de uno de los interesados, en concreto, de D. Á. Q. P. Ahora bien, al analizar la cuestión suscitada se ha de tener en cuenta que ambos interesados, la Sra. B. y el Sr. Q., constituyen los dos únicos comuneros de la Comunidad de Bienes por ellos constituida mediante documento privado suscrito el día 2 de enero de 1995, cuya cláusula decimosexta recoge la designación de ambos como administradores solidarios, estableciéndose, además, la aplicación supletoria de lo dispuesto en los artículos 392 a 406 del Código Civil y demás normas complementarias que resulten de aplicación. Aclarada pues la naturaleza jurídica de la relación que une a los reclamantes: comunidad de bienes, cabe afirmar con el Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 6 de junio de 1997 y 25 de febrero de 1999) que la representación de un copropietario respecto de los demás se ha de presumir cuando interviene en un procedimiento defendiendo los intereses comunes. El Tribunal Supremo llega más lejos al reconocer, en su sentencia de 4 de junio de 1996, la legitimación de parte en un proceso a un comunero para ejercitar o para defender los derechos de la comunidad en que, con otros, aparece integrado, siempre que lo haga en beneficio del colectivo, cualidad que puede afirmarse de la reclamación por responsabilidad patrimonial que ha dado origen a las presentes actuaciones.
En lo que se refiere a la legitimación pasiva, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siendo la actual Consejería de Sanidad y Consumo competente para resolver el presente procedimiento, al tratase de unos presuntos daños imputados al funcionamiento del servicio público regional que tiene atribuidas las competencias en materia de ordenación farmacéutica, estando residenciadas dichas funciones en la citada Consejería a tenor de lo establecido en el Decreto 117/2002, de 27 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y Consumo.
TERCERA.- Sobre el fondo del asunto.
El instituto de la responsabilidad patrimonial nace con la finalidad de compensar a los particulares por los perjuicios derivados del funcionamiento de los servicios públicos y, traduciéndose frecuentemente el quehacer de las administraciones en la emisión de actos administrativos, una parte de los supuestos de responsabilidad patrimonial planteados tendrá su causa en la adopción de actos de tal naturaleza que posteriormente sean anulados por considerarlos contrarios al ordenamiento jurídico. La LPAC da respuesta a este supuesto de hecho regulándolo de modo específico. Así en el artículo 102.4 (incardinado en el título VII donde se regula revisión de los actos administrativos) establece:
"Las Administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 139.2 y 141.1 de esta Ley; sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma". Por su parte el artículo 142.4 del título X de dicho texto legal destinado a regular la responsabilidad patrimonial dispone: "La anulación en vía administrativa o por el Orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5". El RRP también se refiere a esta modalidad de responsabilidad patrimonial, estableciendo en el artículo 4 que "La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá en el plazo de un año desde la fecha en que la sentencia de anulación hubiera devenido firme, no siendo de aplicación lo dispuesto en el apartado siguiente".
Estos preceptos, según reiterada jurisprudencia y doctrina, deben interpretarse en el sentido de que el efecto indemnizatorio no se asocia automáticamente a la anulación de una resolución administrativa, de suerte que tal anulación se erija en título por sí suficiente para que surja el derecho a indemnización. La procedencia de la indemnización se determinará una vez constatada la existencia del daño o lesión patrimonial, y la concurrencia de los requisitos que las disposiciones reguladoras de la responsabilidad patrimonial establecen como necesarios para que éstos puedan imputarse a la Administración, lo que exigirá verificar lo siguiente:
a) Que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de un servicio público o, con otras palabras, de una actuación u omisión de la Administración.
b) Que el daño producido sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado o individualizable respecto de una persona o grupo de personas, y que sea antijurídico, es decir, que no exista la obligación de soportarlo.
c) Que haya un nexo causal adecuado, inmediato, exclusivo y directo entre la acción u omisión administrativa y el resultado lesivo producido.
Procede ahora analizar si estos requisitos concurren en el supuesto que se dictamina:
I. Existencia de nexo causal.
Admitido que la producción de actos contrarios al ordenamiento jurídico constituye un funcionamiento anormal de la Administración, pues ésta debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, cuando se produce la anulación de un acto administrativo por incurrir en ilegalidad el nexo causal entre la actuación administrativa y el daño, si es que éste se ha producido, resultaría clara. Desde este punto de vista existiría relación de causalidad entre los daños alegados y la Orden de autorización de apertura de la oficina de farmacia en la Urbanización Mar de Cristal, en cuanto fue anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa por considerarla contraria al ordenamiento jurídico. Cuestión distinta es que, como veremos más adelante, no se haya probado que exista una lesión en sentido técnico- jurídico.
II. Concurrencia de antijuridicidad.
Cuestión ampliamente debatida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, es la referente al deber jurídico de soportar los daños causados por la anulación de un acto administrativo cuando ésta se produce por la valoración, por el órgano judicial, de conceptos jurídicos indeterminados en los que existe un margen de apreciación que hace compleja la interpretación y aplicación de las normas al caso concreto.
1. Algunas consideraciones previas derivadas de la doctrina y la jurisprudencia.
El ámbito de aplicación del Derecho cuenta siempre con un grado mayor o menor de indeterminación que deriva, inevitablemente, de la propia naturaleza de las ciencias sociales a las que pertenece. Contrariamente a lo que sucede con las ciencias de la naturaleza, algunas denominadas o consideradas ciencias "exactas", el campo sobre el que opera el Derecho responde a lo mudable y contingente de las conductas humanas. Se utiliza, además, un instrumental normativo en ocasiones impreciso y necesitado de procesos de determinación y adaptación pues, en último término, el tipo normativo, el deber ser, ha de aplicarse a una realidad muy variada y cambiante. De aquí el necesario uso de las reglas de interpretación y el complemento de la jurisprudencia en las funciones de aplicación de las normas. Desde que el clásico estudioso del Derecho Romano definiese a éste como "el arte de separar", hasta las corrientes más realistas de la Filosofía del Derecho contemporánea, se ha visto la necesidad de distinguir situaciones para una correcta aproximación a lo justo en función del caso concreto. Con ello no se quiere olvidar ni menospreciar la lucha secular de la ciencia jurídica por alcanzar el ideal de un margen de seguridad y de objetividad que respondiera no sólo al rigor de las notas que caracterizan a toda ciencia, sino a la propia esencia o razón de ser del Derecho: el logro de la justicia.
Resulta a este respecto significativa la apertura a un cierto margen de "libre enjuiciamiento" para quien está llamado a aplicar el Derecho, como a la potestad discrecional de la Administración en sus funciones de concretar en los casos de que conoce la ejecución de la norma. Que la consecución del principio de seguridad jurídica tienda a reducir esos ámbitos de libertad no indica que los haya erradicado totalmente, aunque cada vez devienen más estrechos. Por lo que respecta a la Administración es contundente el art. 103.1, junto al 106.1, CE; la sujeción siempre a Derecho significa tanto a criterios que comprenden principios constitucionales y generales, como a las orientaciones jurisprudenciales, en tanto éstas suponen concreción de la norma a los muy diversos supuestos de que entienden y, precisamente, por la riqueza que deriva de la cambiante realidad, en ese afán de separar o distinguir para el logro de lo justo en cada caso.
El planteamiento general toma relieve cuando tratamos con conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido y alcance es incierto en mayor o menor medida. La posibilidad de pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos, no sólo diferentes sino incluso contradictorios, es un dato de la experiencia. El problema se nos suscita especialmente (y con ello nos aproximamos ya al tema de fondo del Dictamen) cuando una resolución administrativa ha sido corregida en sentido distinto por la judicatura. Derivar de aquí la responsabilidad patrimonial de la Administración es el punto debatido. De nuevo la necesidad de acudir a un deslinde y tratamiento diferente, en supuestos asimismo distintos, se hace necesario pues, en principio, el grado de indeterminación de la norma no puede ser siempre un criterio decisivo para establecer la responsabilidad o no responsabilidad patrimonial de la Administración.
Cuando de lo que se trata es de la prestación material de servicios, toda vez que no existe frecuentemente en las normas reguladoras una determinación precisa de los niveles de prestación a que tienen derecho los ciudadanos, se hace necesaria una valoración de los estándares o niveles de prestación posibles o exigibles, siempre en función del caso concreto y de lo que podría razonablemente exigírsele a la Administración prestadora, para de aquí derivar su posible responsabilidad patrimonial. Lo que puede suceder es que la acción administrativa, al ser revisada por el juez en esos niveles o estándares exigibles, sea seguida de un pronunciamiento también sobre la referida responsabilidad patrimonial. Sin embargo, cuando se trata de un acto administrativo formal anulado por la jurisdicción, o en una instancia de revisión administrativa, la cuestión se plantea en otros términos. Es preciso entonces acudir por separado a dos apreciaciones. En primer término es necesario atender a la norma, su contenido y alcance ha de verse a la luz de las formas o métodos de interpretación conocidos. En segundo lugar es necesaria frecuentemente una integración de elementos de la realidad, hechos concretos del caso que requieren muchas veces del auxilio de criterios técnicos o sociales. Pues bien, la indeterminación normativa que puede abrir zonas de duda puede venir por ambos caminos, y en ambos el complemento de una jurisprudencia constante o, al menos, no oscilante ni contradictoria, puede cerrar o encauzar la amplitud del campo de indeterminación.
Podemos hallarnos ante indeterminaciones normativas derivadas del propio tenor de la norma aplicable. Los conceptos jurídicos indeterminados han de ser dilucidados dentro de la estricta técnica jurídica. Es el caso contemplado en el Dictamen 29/2001 de este Consejo Jurídico. La Administración, a juicio del Tribunal Constitucional, debió plantearse si eran equiparables u homogéneas las posiciones jurídicas del personal funcionario, estatutario y laboral de la Seguridad Social, a los efectos de darles un tratamiento uniforme en la aplicación del mérito de consolidación de un determinado grado personal, con ocasión de la adjudicación de una plaza mediante concurso. El olvido por parte de la Administración de que el principio de igualdad en el acceso a funciones públicas que preconiza el art. 23.2 CE (ámbito estrictamente jurídico) no puede verse únicamente con criterios formales cuando coinciden posiciones jurídicas fundamentales y existe abundante jurisprudencia en tal sentido, derivó en la anulación de las resoluciones recurridas y en la apreciación, defendida en el Dictamen predicho, de la responsabilidad patrimonial de la Administración, pues la antijuridicidad, expresada en esos términos, no debe ser soportada por el reclamante.
Con alguna frecuencia, sin embargo, los conceptos jurídicos indeterminados que podrían hacer que la resolución administrativa se considerara razonablemente fundada, aun cuando deviniera corregida y anulada por la Jurisdicción Contenciosa, a los efectos de afirmar o exonerar a aquélla de la responsabilidad patrimonial pese al carácter objetivo y directo del instituto, deriva tanto del tenor de las normas como de operaciones en que es necesario introducir también factores técnicos, no propiamente jurídicos, que complementan y concretan el contenido normativo. Los datos numéricos, paradójicamente, pueden convertirse en conceptos jurídicos indeterminados cuando, fijada la cantidad (por ejemplo, número de habitantes), queda indeterminado el sistema de cómputo o las operaciones realizables para llegar a él. Si, junto a todo ello, nos encontramos con una jurisprudencia oscilante, se hace defendible conceder a la Administración un cierto margen de tolerancia en su función, imprescindible y necesaria, de resolver, siempre con respecto al Derecho aplicable, las cuestiones que se le suscitan. Consideramos que este es el supuesto del que trae causa el presente Dictamen.
a) Aun cuando, como vamos a ver, la jusrisprudencia del Tribunal Supremo no es del todo coincidente, partiremos de unas consideraciones generales recogidas en la Sentencia de su Sala 3.ª, Sección 6.ª, de 11 de marzo de 1999:
"El caso que contemplamos, sin embargo, no se agota en los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales dentro de los parámetros que exige el artículo 9.3 de la Constitución, sino que ha de extenderse a aquellos supuestos, asimilables a estos, en que en la aplicación por la Administración de la norma jurídica al caso concreto no haya de atender sólo a datos objetivos determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la norma antes de ser aplicada ha de integrarse mediante la apreciación, necesariamente subjetivada, por parte de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración que, en tanto en cuanto se ejercite dentro de márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría uno de los requisitos exigidos con carácter general para que pueda operar el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Ello es así porque el derecho de los particulares a que la Administración resuelva sobre sus pretensiones, en los supuestos en que para ello haya de valorar conceptos indeterminados o la norma legal o reglamentaria remita a criterios valorativos para cuya determinación exista un cierto margen de apreciación, aun cuando tal apreciación haya de efectuarse dentro de los márgenes que han quedado expuestos, conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de resoluciones."
El Tribunal Supremo va a exigir en un principio, para reconocer el derecho a indemnización de los daños derivados de un acto administrativo anulado, que la infracción del ordenamiento jurídico en que hubiera incurrido la Administración supusiere "una flagrante desatención normativa", porque no es aplicable cuando la Administración ha actuado dentro de los límites normales de interpretación de la normativa aplicable (sentencias 10 de junio de 1986, 15 de noviembre de 1989, 27 de junio 1990); defendía, por tanto, lo que se denominó "margen de tolerancia" en el actuar administrativo; pero esta doctrina va evolucionando hasta que el Alto Tribunal en su sentencia de 11 de marzo de 1999, rechaza tal posibilidad por lo que supone de introducción de elementos subjetivistas en una institución constitucionalmente configurada como objetiva. No obstante, pese a esta primera declaración, el Tribunal Supremo concluye de modo similar al afirmar, como hemos visto que, cuando hay un "margen de apreciación" en la interpretación y aplicación de un concepto jurídico indeterminado, si tal interpretación se ejercita
"dentro de márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir ... conlleva el deber del administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de resoluciones".
b) Por su parte, el Consejo de Estado ha afirmado que para que la anulación de un acto o disposición administrativa genere derecho a indemnización es necesario que se funde en una ilegalidad manifiesta, ya que la relatividad del Derecho, como la de las demás ciencias sociales, convierte en inaceptable la tesis de que todo desacierto de la Administración, cuando se produce en cuestiones esencialmente opinables, haya de derivarse forzosamente una exigencia rigurosa de responsabilidad patrimonial (Dictamen de 12 de julio de 1990). Abunda este órgano consultivo en dicha tesis en su reciente Dictamen número 2186/2001, de 27 de septiembre, en el que señala que no puede imputarse responsabilidad patrimonial de la Administración
"por la sola razón de que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa anule el acto administrativo al estimar que los fundamentos jurídicos que lo sostienen no eran los correctos, pues es inaceptable negar a la Administración el derecho a resolver según unos determinados criterios siempre opinables. Sólo si ocurre una "flagrante desatención normativa" (sentencias del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1986 y 15 de noviembre de 1989) cabría la procedencia de la indemnización."
2. Aplicación al caso dictaminado.
Concretando estos razonamientos al caso que nos ocupa se concluiría, al igual que lo hace la propuesta de resolución, afirmando que, aún admitiendo que existiese relación de causalidad entre el acto administrativo anulado y los daños alegados, los reclamantes tendrían el deber jurídico de soportarlos, porque la Administración regional habría aplicado, al dictar la Orden de autorización de apertura de la oficina de farmacia, conceptos jurídicos indeterminados que forman parte integrante de la norma aplicable.
Efectivamente, la repetida Orden fue anulada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia por considerar que la Administración había estimado indebidamente cumplido el requisito establecido por el artículo 3.1,b) del Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, sobre establecimiento, transmisión e integración de oficinas de farmacia, que exige la existencia de un núcleo de población que albergue más de 2.000 habitantes. Pues bien, analizada la operación llevada a cabo por la Consejería se constata que la misma venía avalada por criterios jurisprudenciales repetidamente manifestados (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1993, 13 de enero de 1994 y 25 de septiembre de 1995) que, declarando como norte de la doctrina jurisprudencial en orden a la apertura de oficinas de farmacia, la orientación hacia la prestación de un mejor servicio farmacéutico, que por supuesto ha de venir cimentada en la observancia de los requisitos legales, interpretados a la luz de los criterios de ponderación y eficacia que se consagran en el artículo 3º del Código Civil, consideran como operación adecuada para obtener el número de habitantes en un núcleo turístico aquella que acepta como número de ocupantes para cada una de las viviendas de dicho núcleo el de 4 y como días de ocupación al año el de 214, cifra que se obtiene de considerar una ocupación plena de 15 días en Navidad, 7 días en Semana Santa, 90 días en vacaciones estivales y 102 días en fines de semana, excluidos los que se han computado en los otros períodos vacacionales; así, aplicando esta fórmula a la solicitud de apertura formulada por la Sra. L. S. (904 viviendas por 4 habitantes por 214 días de ocupación y todo ello dividido por 365 días = 2.120 habitantes), cifra que supera la exigida por el citado Real Decreto.
Ahora bien,
sensu contrario, el Alto Tribunal también ha considerado que sentencias dictadas por tribunales de instancia en las que, para computar población estacional o de temporada, estimaban como período de tiempo de plena ocupación sólo tres meses al año, no vulneraban la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Tribunal (entre otras, sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2000 y 24 de septiembre de 2001).
Asimismo se señala en la sentencia que anula la Orden de autorización de apertura de la oficina de farmacia, que en la operación llevada a cabo por la Administración se ha producido un doble cómputo ya que el número de habitantes de la Urbanización Mar de Cristal fue tenido en cuenta para conceder la autorización de apertura de la oficina de farmacia de la Urbanización Islas Menores. A este respecto también existe una doble corriente jurisprudencial. Así las sentencias de 30 de septiembre de 1985, 29 de septiembre de 1987, 1 de febrero de 1988 y 17 de julio de 1990, se pronuncian a favor de esta posibilidad de doble cómputo. Por el contrario las sentencias de 11 de marzo y 9 de diciembre de 1987 y la de 25 de abril de 1988 entienden que no es posible en una recta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico el doble cómputo de habitantes mencionado.
Lo anterior evidencia que en materia de interpretación y aplicación de la normativa relativa a la apertura de farmacias no siempre los criterios han sido absolutamente unánimes, dada la extraordinaria variabilidad de las circunstancias fácticas a tener en cuenta para fijar el alcance real de conceptos jurídicos indeterminados.
No se debe olvidar, finalmente, que a todo ello debe sumarse que los criterios informadores, en los casos en que la cifra de población discutida se halla en torno al mínimo exigido reglamentariamente, han sido los de la prevalencia del interés público y el fin de la prestación de un mejor servicio farmacéutico al usuario.
III. Acreditación de los daños que se alegan derivados de la anulación del acto.
Pese a lo argumentado en el escrito de iniciación del expediente de responsabilidad patrimonial, no puede sostenerse que se haya acreditado la existencia de un daño económicamente evaluable como consecuencia de la autorización de apertura otorgada por la Consejería de Sanidad. Los reclamantes solicitan un lucro cesante por descenso efectivo de las ventas sin que tal circunstancia haya quedado demostrada en las actuaciones que se examinan; pues, aunque también son indemnizables las ganancias dejadas de percibir, su alegación ha de resultar debidamente probada de forma rigurosa, objetiva y desprovista de todo matiz subjetivista o presuntivo. Sólo podrán ser tomados en consideración, por tanto, aquellos perjuicios efectivos sufridos que estén suficientemente demostrados por cálculos obtenidos de datos fundados en valores reales y no meramente hipotéticos, de resultados posibles pero no seguros, actividad probatoria que no ha sido desplegada en el presente caso, en el que los reclamantes parten de establecer una correlación entre los beneficios que, según ellos, habrían dejado de percibir desde la fecha de apertura de la oficina de farmacia de Mar de Cristal (10 de julio de 1997) hasta la de su efectivo cierre (28 de julio de 2000), afirmación carente de fundamento ya que, en uso del derecho a la libre elección de farmacia, es imposible determinar que los usuarios de la citada oficina de farmacia fueran clientes potenciales de los reclamantes. Los perjuicios supuestamente producidos tendrían que haber quedado individualizados con rigor, y ello sin perjuicio de otros factores que podrían haberse tenido en cuenta.
En definitiva, los reclamantes no han probado la existencia de un daño real y efectivo ni su cuantía, limitándose, como dice el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 2901/2000, emitido en un supuesto similar, a fundamentar su reclamación
"en una consideración genérica y puramente discursiva".
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de acuerdo desestimatoria de la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, pues, de un lado no se ha producido la antijuridicidad de la que pudiera derivar la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por otro, no ha quedado acreditada la existencia de los daños alegados ni en su realidad ni en su cuantía.
No obstante, V.E. resolverá.