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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2000
Número de dictamen: 06/00
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejerí­a de Industria, Comercio,Turismo y Nuevas Tecnologí­as
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. F.R.M. por los daños sufridos en la ITV de Cartagena.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
La voluntad del órgano competente para resolver ya ha sido manifestada, poniendo fin al procedimiento, en un momento anterior a la emisión del dictamen preceptivo de este Órgano Consultivo e, incluso, del informe evacuado por la Dirección de los Servicios Jurídicos. De esta manera nos encontramos ante un acto nulo de pleno derecho por estar incurso en la causa prevista en el artículo 62.1, e) LPAC. La jurisprudencia ha venido equiparando la ausencia de trámites esenciales o inexcusables en el procedimiento, como es el caso del dictamen del Consejo Jurídico, a la falta absoluta del procedimiento legalmente establecido, de tal forma que cuando el dictamen es preceptivo, resulta obligado que dicho parecer sea recabado por la Administración activa. En sentido análogo se ha pronunciado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes. Consecuencia directa de la configuración del dictamen del Consejo Jurídico como un trámite esencial, imprescindible e insubsanable, cuando es preceptivo, es que su omisión constituye un vicio invalidatorio determinante de la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, al entenderse dictado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".


ANTECEDENTES
PRIMERO.
Mediante escrito de 19 de agosto de 1997, D. F.J.R.M. presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños que le habían producido en su vehículo (F.T., matrícula MU-AV) durante la realización de la última de las pruebas a que debió someterlo en la Estación de I.T.V. de Cartagena; los daños se concretaban en la rotura del parabrisas delantero. Dicha solicitud, junto con el informe del Jefe de la I.T.V. evacuado al día siguiente, fue remitida por oficio de 30 de septiembre de 1997, del Director General de Industria, Energía y Minas, a la Secretaría General de la Consejería de que dependía, en aquellas fechas, la de Industria, Trabajo y Turismo. En el informe se afirmaba la inexistencia de responsabilidad de la I.T.V., toda vez que la grieta observada en el parabrisas del vehículo partía de la huella de un fuerte impacto recibido de una piedra anteriormente, hecho que había reconocido el denunciante, no habiendo sido sometido el vehículo en la estación a tensiones o vibraciones que pudieran afectar a la zona en que se encontraba.
SEGUNDO. Por Orden de 1 de julio de 1998, el titular de la Consejería mostró su conformidad al inicio del expediente para determinar la posible responsabilidad de la Administración respecto de los daños denunciados, nombrando instructor y ordenando la notificación al interesado, al que se concede plazo para que formular alegaciones.
TERCERO. El día 14 de julio de 1998 tuvo entrada en la oficina de Cartagena de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, un escrito del reclamante adjuntando una fotocopia del informe favorable de la I.T.V. en el que no consta la existencia de desperfecto alguno en el parabrisas, de donde deduce que el daño se causó allí, pues de haber sido preexistente a su realización no hubiera superado el examen. Concluía reclamando una "... indemnización del limpiaparabrisas delantero...", sin cuantificar.
CUARTO. Solicitado un nuevo informe sobre las alegaciones hechas por el interesado, fue evacuado el 22 de octubre de 1998 por un Inspector Técnico Industrial de la Dirección General. En él, tras exponer los hechos de manera coincidente con el primer informe evacuado por el Jefe de la I.T.V. de Cartagena, y señalar que la grieta observada no afectaba a la visibilidad, concluía diciendo que, siendo indudable que el agrietamiento del parabrisas delantero pudo producirse durante la inspección técnica, no consideraba que necesariamente ésta hubiera sido la causa.
QUINTO. Requerido el interesado para presentar la documentación acreditativa de la evaluación económica de los daños sufridos presentó un presupuesto ascendente a 70.753 pesetas, elaborado por la empresa "M.C.S.A.", fechado el día 18 de noviembre de 1998.
SEXTO. Formulada propuesta de resolución desestimatoria el día 17 de mayo de 1999 por no existir relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento del servicio público, el titular de la Consejería mostró su conformidad con la misma el 4 de junio siguiente, sin que conste su notificación.
SÉPTIMO. El expediente fue informado por la Dirección de los Servicios Jurídicos el 21 de julio de 1999, en el sentido de que procedía desestimar la solicitud "... al no apreciarse la concurrencia de los elementos constituyentes de la responsabilidad patrimonial".
Y en este estado de tramitación V.E. dispuso su remisión a este Órgano Consultivo mediante escrito que tuvo entrada el día 28 de septiembre de 1999.
A los anteriores antecedentes son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.
Carácter del Dictamen.
La solicitud de dictamen se ha formulado en cumplimiento de lo establecido en el número 9 del artículo 12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. De acuerdo con ello se emite con carácter preceptivo.
SEGUNDA. De la instrucción del procedimiento.
La resolución del procedimiento depende de la constatación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP). Esa alusión se entiende hecha no sólo a los que podrían calificarse como sustantivos (lesión resarcible, imputación a la Administración, relación de causa a efecto entre el hecho que se le atribuye y el daño producido, y que éste sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas), sino también a los procedimentales. Es del examen de estos últimos de los que se obtiene un juicio negativo sobre la instrucción del expediente, motivado por la excesiva e injustificada duración y, lo que es más importante, por la inobservancia de trámites de cualificada significación.
En primer lugar, el artículo 11.1 RRP dispone que se dé trámite de audiencia al interesado cuando esté instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. No se hizo así en el caso examinado. Después del escrito de alegaciones presentado por él el día 14 de julio de 1998 hubo dos actos de instrucción, uno a cargo suyo (la presentación de un presupuesto de reparación de los daños), y el otro realizado por la Administración (la emisión del segundo informe pericial, el 22 de octubre del mismo año), tras lo cual, sin darle nueva audiencia, se redactó la propuesta de resolución. Esta forma de proceder, considerada en abstracto, sería por sí sola de gravedad suficiente para que el Consejo Jurídico se pronunciase a favor de la retroacción del expediente al momento inmediatamente anterior a la propuesta de resolución. Ahora bien, teniendo en cuenta que el segundo informe no aporta nada sustancial-mente distinto del primero, puede entenderse que su desconocimiento no provoca al reclamante una situación de indefensión, por lo que, advertida la irregular conducta, no ha de convertirse en causa que impida la continuación del procedimiento.
En segundo lugar, el artículo 12.1 RRP, en concordancia con el artículo 12.12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, exige la emisión del dictamen del Consejo Jurídico después de concluido el trámite de audiencia y, obviamente, antes de que se dicte el acto resolutorio. Es el caso que, integrada en el documento de la propuesta, figura una Orden del titular de la Consejería, firmada el día 4 de junio de 1999, que expresamente dispone: "Vista la anterior propuesta, esta Consejería la considera conforme y resuelve en el sentido en ella expresado". Es decir, la voluntad del órgano competente para resolver ya ha sido manifestada, poniendo fin al procedimiento, en un momento anterior a la emisión del dictamen preceptivo de este Órgano Consultivo e, incluso, del informe evacuado por la Dirección de los Servicios Jurídicos. De esta manera nos encontramos ante un acto nulo de pleno derecho por estar incurso en la causa prevista en el artículo 62.1, e) LPAC. La jurisprudencia ha venido equiparando la ausencia de trámites esenciales o inexcusables en el procedimiento, como es el caso del dictamen del Consejo Jurídico, a la falta absoluta del procedimiento legalmente establecido, de tal forma que cuando el dictamen es preceptivo, resulta obligado que dicho parecer sea recabado por la Administración activa. En sentido análogo se ha pronunciado el Consejo de Estado en numerosos dictámenes. Consecuencia directa de la configuración del dictamen del Consejo Jurídico como un trámite esencial, imprescindible e insubsanable, cuando es preceptivo, es que su omisión constituye un vicio invalidatorio determinante de la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, al entenderse dictado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
En el caso presente se aprecia la existencia del vicio invalidatorio pues la Orden de 4 de junio de 1999 se produjo omitiendo el dictamen de este Órgano Consultivo, por lo que es obvio que debe ser considerada nula de pleno derecho por aplicación del artículo 62.1, e) LPAC. A pesar de lo dicho, no puede desconocerse que esa Orden aún no ha sido notificada, por lo que aún se desenvuelve en el ámbito interno de la Administración.
La situación relatada permite, a juicio del Consejo Jurídico, considerar que, de la apreciación de la existencia de un vicio se deriva la necesaria revocación del acto, que procederá efectuarla de acuerdo con lo establecido en el artículo 105.1 LPAC, pues no lo contravendría al no constituir dispensa o exención no permitida por las leyes, ni supondría infracción del principio de igualdad, el interés público o el ordenamiento jurídico. Ahora bien, la decisión revocatoria, como cualquier otro acto administrativo, habría de ser dictada siguiendo el procedimiento legalmente establecido (artículo 53 LPAC), aunque no esté formalizado el aplicable al caso. Con ello, sólo después de su conclusión podría reanudarse el presente expediente hasta llegar a su resolución final. Ahora bien, aún no reuniendo la Orden estudiada todos los requisitos para calificarla ni como acto inexistente -aunque así lo podría parecer pues el mismo órgano que la dictó ha ordenado después la realización de actos de instrucción desconociéndola-, ni tampoco como acto irrelevante, hay una circunstancia que matiza la gravedad y transcendencia del vicio cometido. Esa circunstancia es que no ha sido notificada, esto es, aún no ha producido efectos frente al interesado. Solamente los está desplegando "ad intra", hacia la Administración, siendo ella la única y directa perjudicada por su existencia y, en consecuencia, la beneficiaria de su eliminación porque el efecto favorable que para el reclamante puede producir su anulación no es tal considerando que, en el momento presente, no le afecta por la falta de notificación y, antes de que ésta se produjera -momento en que se situaría en posición desfavorable cuya desaparición haría nacer el beneficio- sería revocada. Es decir, la revocación no le sacaría de una situación desfavorable por no haber estado nunca en ella. Siendo así, la decisión de revocar de plano el acto puede ser adoptada pues en nada va a afectarle. Esta forma de actuar, a juicio de este Órgano Consultivo, es coherente con un criterio de justicia material que está demandando una respuesta pronta y sin mayores dilaciones de las ya existentes a la solicitud del interesado, retrasos que, además, nunca se debieron a él pues siempre actuó de manera diligente.
Junto con lo dicho, si se examina el fondo de la cuestión, puede observarse que la suscitada en el expediente instruido se centra en la estimación o no de la solicitud de responsabilidad patrimonial de la Administración regional como consecuencia de los daños sufridos en su vehículo por el reclamante durante la realización de las pruebas de inspección técnica a que fue sometido el 18 de agosto de 1997, y que la decisión a adoptar depende de la constatación del cumplimiento o no de los requisitos exigidos en el artículo 139 y siguientes LPAC, así como en el RRP. Desde esta perspectiva el Consejo ya avanza su criterio contrario a la estimación de la solicitud formulada.
Pues bien, de los requisitos anteriormente transcritos hay uno que no se cumple, dado que no se estima que exista relación de causa a efecto entre los daños alegados por el reclamante (una grieta en el parabrisas delantero) y la actuación del servicio público. Según consta ya en el primer informe técnico, que conoció y no contradijo, él mismo reconoció que había sufrido el impacto de una piedra en su vehículo antes de su entrada en las instalaciones, impacto que le había dejado la huella de la que arrancaba la grieta del parabrisas. En ese mismo informe también se afirma que durante la realización de la inspección no se sometió al vehículo a tensiones o vibraciones que pudieran afectar a dicha zona, de lo que se deduce la inexistencia de relación de causalidad entre la grieta y las maniobras de comprobación realizadas.
Frente a lo anterior el reclamante argumentó su imposible preexistencia a la manipulación propia de las labores de inspección, pues de haber sido así el informe final no hubiera sido favorable. Siendo ésta la única prueba de que se vale, no coincide el Consejo con el razonamiento puesto que, de la interpretación conjunta de la normativa aplicable, constituída por el Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, y del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre (concretamente su artículo 11), la superación de la inspección puede producirse a pesar de la existencia de algún desperfecto en el parabrisas, siempre que no sea de tal entidad que afecte a la visibilidad. Y este es el caso puesto que, según se refleja en el segundo informe pericial, evacuado el 22 de octubre de 1998, "... Se comprobó que, efectivamente, existía una pequeña grieta de dos centímetros de longitud en sentido horizontal, que no afectaba a la visibilidad y que partía de la huella producida por el impacto de una piedra, ocurrido días antes, como el mismo reclamante reconoció". A lo ya dicho puede añadirse que de haber tenido suficiente entidad la grieta no se comprende que no la hubiera reparado inmediatamente asumiendo un riesgo grave que, en ningún caso, puede imputarse a la Administración, como parece pretender en el inciso final de su escrito de alegaciones, según el cual "Considerando que la ITV está dispuesto para el servicio del usuario reclamo la indemnización del limpiaparabrisas delantero ... con el su puesto (sic) peligro que pudiera conllevar el circular con la luna agrietada con un tiempo aproximado de unos diez meses". La obligación de mantener el vehículo en condiciones de circular recae sobre su propietario, no sobre la Administración.
A la vista de las anteriores Consideraciones, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.
Procede, previa revocación de la Orden de 4 de junio de 1999, desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 19 de agosto de 1997, por D. F.J.R.M., contra la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
No obstante, V.E. resolverá.