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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2001
Número de dictamen: 113/01
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación y Universidades
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª P. S. G., como consecuencia de los daños sufridos por el impacto de un balón.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Está debidamente acreditado que el balón fué lanzado por alumnos del Instituto fuera de sus límites, lo que constituye un funcionamiento anormal del servicio público que debe evitar tal circunstancia. A partir de ahí, y dado que tal hecho es potencialmente dañoso, incumbe al que alega la ruptura del nexo causal por intervención de tercero acreditar tanto la existencia de la conducta negligente de éste como su identidad, so pena de trasladar al perjudicado tal obligación, a la que este último no puede estar obligado siendo como es el dañado.


ANTECEDENTES
PRIMERO.
El 12 de diciembre de 2000, Dª. P. S. G. presenta en el Registro General de la Consejería de Educación y Universidades un escrito en el que solicita una indemnización de 225.000 ptas. por los daños causados en su ojo derecho por un balón proviniente del Instituto Jiménez de la Espada, cuando paseaba por la calle Carlos III de Cartagena el día 7 de octubre de 1999. Adjunta denuncia presentada el 15 de octubre de 1999 ante la Dirección General de la Policía, documentación del juicio de faltas nº 611/1999, tramitado ante el Juzgado de Instrucción de Cartagena nº 4 e informes y factura de los servicios prestados por un oculista.
SEGUNDO.
Por Resolución de 28 de diciembre siguiente, el Consejero de Educación y Universidades acuerda inadmitir la pretensión indemnizatoria por extemporánea, al haber transcurrido más de un año desde la realización del presunto hecho dañoso. Recurrida en reposición, dicha Resolución es dejada sin efecto por otra de 7 de marzo de 2001, al reconocer eficacia interruptiva de dicho plazo a las actuaciones judiciales penales, que concluyeron mediante Auto de 19 de octubre de 2000, declaratorio de la prescripción de la presunta falta, una vez solicitada la suspensión del juicio (14 de enero de 2000) por las partes interesadas «por estar en vías de acuerdo».
TERCERO. Mediante oficio de 15 de marzo de 2001, el instructor solicita informe al Director del Instituto en cuestión, que lo emite con fecha 3 de abril siguiente, al que adjunta un escrito de dos alumnos que intervinieron en el hecho, que se analizará en las Consideraciones. También se aporta una póliza de seguro de la que se desprende que no cubre el riesgo de responsabilidad por daños a terceros.
CUARTO. Otorgado trámite de alegaciones a la reclamante, es cumplimentado mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2001, en el que, entre otras alegaciones, se ratifica en su pretensión inicial, proponiendo una terminación convencional del procedimiento si se reconoce una indemnización de 225.000 ptas.
QUINTO. Formulada propuesta de resolución desestimatoria, es remitido el expediente a la Dirección de los Servicios Jurídicos para la emisión de su preceptivo informe, que es evacuado el 22 de junio siguiente en el mismo sentido que la propuesta.
SEXTO. Mediante oficio registrado el 25 de julio de este año, el Consejero de Educación y Universidades solicita de este Consejo Jurídico la emisión de su preceptivo Dictamen, acompañando el expediente, extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.
Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
SEGUNDA. Competencia y procedimiento.
Es competente para resolver el presente procedimiento el Consejero de Educación y Universidades, al tratarse de unos presuntos daños imputados al funcionamiento de un servicio público regional como es el educativo, en el que, según se desprende del expediente, se integra el Instituto en cuestión.
La tramitación del expediente ha seguido lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y normativa de desarrollo. No obstante, y como luego se dirá, debieron practicarse adicionales actos de instrucción para determinar la intervención de un tercero en la producción del daño.
TERCERA. Existencia del daño y relación de causalidad.
De los artículos 139.1 y 141.1 LPAC se desprende que las Administraciones Públicas han de indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros que no tuvieran el deber jurídico de soportarlos.
Por lo que se refiere a la existencia de los daños, quedan acreditados mediante el informe médico-forense de 5 de noviembre de 1999 dentro de las actuaciones judiciales reseñadas en los Antecedentes, al igual que con los informes del oculista que atendió a la reclamante, obrantes en el expediente.
Por lo que atañe a la relación de causalidad entre el daño causado y el funcionamiento de los servicios públicos, es necesario indicar que la misma no puede considerarse rota por la intervención de un tercero como pretende la propuesta de resolución.
En efecto, ésta da por probado que el balón fue lanzado por los alumnos fuera del Instituto siendo recogido por el empleado de una pescadería cercana, que lo lanzó, a su vez, en dirección al Instituto, pero que sobrepasó sus límites y fue a caer en la calle Carlos III por donde paseaba la reclamante. Todo ello en virtud exclusivamente de la declaración de dos de los alumnos que fueron a recoger el balón. Sin embargo, tal declaración no tiene virtualidad para exonerar a la Administración en la medida en que ni siquiera se identifica a la persona que presuntamente lanzó el balón y que directamente causó el daño. Por el contrario, está debidamente acreditado que el balón fué lanzado por alumnos del Instituto fuera de sus límites, lo que constituye un funcionamiento anormal del servicio público que debe evitar tal circunstancia. A partir de ahí, y dado que tal hecho es potencialmente dañoso, incumbe al que alega la ruptura del nexo causal por intervención de tercero acreditar tanto la existencia de la conducta negligente de éste como su identidad, so pena de trasladar al perjudicado tal obligación, a la que este último no puede estar obligado siendo como es el dañado. El causante de la inicial conducta culposa que desencadenó el posterior daño (aquí, la Administración) tiene el deber de identificar al tercero responsable cuando la conducta del primero es reprochable, tal y como es la del Instituto, al permitir la indebida salida del balón de sus instalaciones. Y ello con independencia de que hubiera adoptado ciertas medidas de seguridad, que servirán para evitar daños pero no para, en casos como el presente, exonerarse de los que se produzcan aun con tales medidas.
Por tal motivo, la ruptura del nexo causal o, en su caso, la determinación de una eventual concurrencia de culpas pasa por la determinación de la identidad del tercero responsable y de la acreditación de la realidad de su conducta negligente, lo que no se ha demostrado en el expediente.
La jurisprudencia tiene sentado desde antiguo el principio de la solidaridad de la responsabilidad cuando no es posible determinar la identidad de todos los responsables o la cuota de responsabilidad que corresponde a cada uno de los intervinientes, y ello en razón del primordial principio rector en materia de responsabilidad extracontractual, cual es preservar la indemnidad de la víctima y no hacer recaer sobre ella la probanza de hechos exoneradores de uno de los agentes intervinientes en la producción del daño. Ello se funda, además, en el principio de mayor facilidad de la prueba, que en este caso corresponde a la Administración regional.
CUARTA. Determinación de la indemnización.
Si se considera que el informe médico-forense citado cifra en treinta días el período de curación de las secuelas, a 6.500 ptas./día según el baremo establecido en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, actualizada por la Resolución de la Dirección General de Seguros de 22 de febrero de 1999 (Tabla V), más las 30.000 ptas. de los honorarios médicos, el «quantum» indemnizatorio asciende a 225.000 ptas. A esa cantidad habrían de añadirse los intereses legales conforme a lo dispuesto en el artículo 141.3 LPAC, si bien si la Administración acepta la propuesta de terminación convencional del procedimiento presentada por la reclamante, que solicita exclusivamente 225.000 ptas., la actualización legal no procedería.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES
PRIMERA.
Existe relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos regionales, en los términos indicados en la Consideración Tercera de este Dictamen.
SEGUNDA. Procede que la Administración regional acepte la propuesta de terminación convencional formulada por la reclamante y, en consecuencia, indemnizarla en la cantidad de 225.000 ptas.
No obstante, V.E. resolverá.