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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2001
Número de dictamen: 08/01
Tipo: Proyectos de Reglamentos o Disposiciones Generales
Consultante: Consejería de Presidencia
Asunto: Proyecto de Decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia y se regula el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de la Región de Murcia.
Dictamen:
Extracto de Doctrina

Por así exigirlo el artículo 105, a) CE, procede otorgar el preceptivo trámite de audiencia a los Colegios Profesionales indicados en la Consideración Segunda, con caracter previo a la emisión de nuestro Dictamen sobre el fondo del Proyecto.


ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 15 de marzo de 2000, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia emite un informe sobre un borrador de Decreto que desarrolla parcialmente la Ley 6/1999, de 4 de noviembre, de los Colegios Profesionales de la Región de Murcia (LCPMU) y regula el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios creado por ésta.
SEGUNDO. El 17 siguiente se dirigen oficios al resto de Consejerías adjuntando el citado borrador, a los efectos de que formulen las alegaciones oportunas, lo que realizan las de Política Territorial y Obras Públicas, Trabajo y Política Social e Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, con observaciones no sustanciales al texto.
TERCERO. El 10 de abril de 2000, se formula oficio mediante el que se remite el borrador, para alegaciones, a 37 Colegios Profesionales con implantación en la Región de Murcia, contestando los de Abogados de Murcia y Cartagena, de Arquitectos, de Gestores Administrativos, y de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, con observaciones, en general, favorables, y algunas de carácter puntual para que se introduzcan algunas matizaciones en su texto.
CUARTO. El 27 de junio siguiente, el citado Servicio Jurídico emite un informe en el que analizan las referidas alegaciones, al que se adjunta un segundo borrador, que es remitido a la Dirección de los Servicios Jurídicos para su preceptivo informe, que es evacuado el 27 de julio, en el que se advierte la omisión de la memoria económica y del informe del Secretario General, junto a consideraciones puntuales sobre mejora del texto.
QUINTO. El 28 de julio de 2000, se emite un informe, rubricado por el Secretario General, sobre las últimas modificaciones introducidas en el borrador, que se remite al Consejo Económico y Social, el cual emite Dictamen favorable el 10 de noviembre siguiente.
SEXTO. Con fecha 22 de noviembre de 2000, tiene entrada en este Consejo Jurídico un oficio del Consejero de Presidencia solicitando nuestro preceptivo Dictamen, acompañando el expediente y el extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes es procedente realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo al versar sobre un proyecto de reglamento que desarrolla la LCPMU, concurriendo, pues, el supuesto previsto en el artículo 12.5 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
SEGUNDA. Procedimiento.
El artículo 105.a) de la Constitución establece que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
Ello se ha cumplido mediante el artículo 24.1,c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el que se dispone que esa audiencia deberá realizarse durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente «o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupan o los representan, y cuyos fines guarden relación directa con el objto de la disposición», precepto que ha de considerarse materialmente básico del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las peculiaridades que, respecto de otros aspectos del procedimiento de elaboración de reglamentos, puedan introducir las respectivas Comunidades Autónomas.
Es claro que los Colegios Profesionales tienen atribuida por su legislación específica la representación legal de los intereses de los profesionales a los que agrupan y, por ende, los del mismo Colegio como institución en sí misma considerada.
El Proyecto de Decreto que se analiza puede dividirse, como apunta su título, en dos partes: su Capítulo II establece unas normas de alcance fundamentalmente interno en orden a la intervención de dos Consejerías en el procedimiento de creación, fusión, segregación, disolución o cambio de denominación de un Colegio Profesional, mientras que en el Capítulo III se establecen normas sobre el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios y sobre la calificación de la legalidad de los actos inscribibles, sobre su inscripción y, en el caso de los Estatutos del Colegio, su publicación y consiguiente entrada en vigor, con una afectación evidente sobre los Colegios Profesionales de ámbito exclusivamente autonómico, a los que alcanza la obligación de inscribir en tal Registro determinados actos y normas de funcionamiento (artículo 25 LCPMU), siendo potestativa la inscripción para las demarcaciones o delegaciones en la Región de los Colegios Profesionales de ámbito superior al autonómico (Disposición Adicional Primera de dicha Ley).

Resulta así que la mayor y principal afectación del contenido del citado Capítulo III del Proyecto es sobre los Colegios Profesionales de competencia autonómica, a los que por ello ha de darse audiencia en el procedimiento de elaboración de éste, bajo sanción de nulidad de la disposición (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 6 de julio de 1992 y 22 de mayo de 1997, entre otras). Sin embargo, examinado el expediente, se advierte que no se dió el oportuno traslado a los Colegios Profesionales de Fisioterapeutas, de Podólogos, de Ingenieros en Informática, y de Ingenieros Técnicos en Informática, creados, respectivamente, por las Leyes regionales 9/1996, de 12 de diciembre, 10/1996, de 17 de diciembre, 1/1998 y 2/1998, de 28 de abril, así como al Colegio Territorial de Administradores de Fincas, objeto de traspaso de competencias por el Real Decreto 2172/1993, de 10 de diciembre, todos ellos con funciones exclusivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, por lo que procede concederles el preceptivo trámite de audiencia con carácter previo a la emisión de nuestro Dictamen sobre el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.2,4º, en relación con el 47.2 del Decreto 15/1998, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA
. Procede otorgar el preceptivo trámite de audiencia a los Colegios Profesionales indicados en la Consideración Segunda, con caracter previo a la emisión de nuestro Dictamen sobre el fondo del proyecto.
No obstante, V.E. resolverá.