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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2002
Número de dictamen: 195/02
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Presidencia
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. J. S. M. por daños sufridos en las instalaciones deportivas del «Polideportivo Mariano Rojas».
Dictamen:
Extracto de Doctrina
La Administración tiene el deber administrativo de mantener las instalaciones e infraestructuras de acceso público en condiciones de practicabilidad y seguridad (SSTSJ de Asturias y del País Vasco de 17 de junio de 1998 y 13 de abril de 2000, respectivamente). En todo caso, es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquélla se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, según prescribe el artículo 139.1 LPAC, y recoge la STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 1997.


ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 8 de enero de 2002 (registro de entrada de la Delegación del Gobierno en Murcia), D. J. S. M., presenta escrito de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos como consecuencia de una caída sufrida en una instalación deportiva, titularidad de la Comunidad Autónoma, cuando jugaba al frontón.
Los hechos ocurridos son relatados por el reclamante:
"
El pasado 4 de julio, aproximadamente a las 11,20 horas, en el Pabellón Mariano Rojas (también conocido por las pistas de San Fernando), propiedad de esta Comunidad Autónoma y situado en la calle Nicolás de las Peñas de Murcia, cuando jugaba al frontón, sufrí una caída a causa de un profundo desnivel que hay dentro de la pista, donde, sin advertirlo, pisé, perdí el equilibrio, me golpeé en la cabeza contra una farola y caí, lesionándome. Además de las lesiones físicas, en dicha caída perdí una lentilla y, debido a las lesiones, me vi privado de realizar un trabajo de administrativo en la empresa M. S.L., en principio, con un contrato de tres meses (...)
De las lesiones sufridas, me prestó el primer auxilio J. L., el encargado de las instalaciones, tras ello, fue atendido en el Servicio de Urgencia de la Clínica "V. V." y, seguidamente, recibí el tratamiento médico y rehabilitador necesario prescrito por el Dr. J. S. J. en el Centro Médico J., de Murcia, hasta el 19 de octubre de 2001 (...)".
Imputa al funcionamiento del servicio público la situación del desnivel existente en la pista, sin cubrir y excesivamente profundo, estimando que es la causa eficiente y próxima de la caída en la que resultó lesionado. Añade a este respecto: "
siendo, además, palmario el riesgo objetivo para las personas que entraña un hueco semejante en un lugar cual es una pista de frontón donde la concentración en el juego impide tomar otras precauciones, lo cual no es absolutamente inevitable si con la diligencia debida se hiciera una vigilancia adecuada del estado de las pistas, que tienen el carácter de públicas, de instalación destinada al uso y disfrute de los ciudadanos en general".
En consecuencia, solicita una indemnización de 7.101,07 euros, desglosada en las siguientes partidas:
- Por las lesiones sufridas, teniendo en cuenta factores de edad, posibilidades laborales y los días de baja médica, 5.192,64 euros, que resulta de estimar los 108 días de baja a 48,08 euros por día.
- Por gastos diversos, como taxi (63,34 euros), farmacia (227,79 euros), ortopedia (49,49 euros) y reposición de lente de contacto (270,46 euros).
- Por la pérdida de trabajo de administrativo en la empresa M.S.L., 1300 euros, a razón del salario mínimo interprofesional (433,45 euros en el 2001), por cada uno de los tres meses previstos.
Finalmente, acompaña su reclamación con una serie de documentos (del 1 al 14) y pide el recibimiento a prueba.
SEGUNDO.- Recabado el parecer de las unidades correspondiente del centro presuntamente causante de la lesión, la Dirección General de Deportes, figuran los siguientes informes:
- Del jefe de negociado de instalaciones, de 15 de enero de 2002, que confirma que el reclamante hizo uso de la pista de frontón C el día 4 de julio de 2001, en horario de 11 a 12. También que no se ha tenido conocimiento del accidente ocurrido en la misma.
- Del arquitecto técnico, de 16 de enero de 2002, que, tras la comprobación realizada, determina:
"
Que el estado actual de la instalación de frontón responde a su concepción y ejecución realizada en el año 1987 con supervisión de la Federación Española de Pelota.
Que presenta un buen estado de conservación no existiendo ningún "profundo desnivel".
Que en toda la longitud de la contracancha existe un pequeño escalón de aproximadamente seis (6) centímetros de altura.
Que entre el borde del escalón y el límite de la instalación existe una anchura de treinta y tres (33) centímetros.
-
De D. J. L. S., de 15 de enero de 2002, funcionario de la Dirección General de Deportes, quien manifiesta que después del tiempo transcurrido no recuerda haber atendido al reclamante, siendo un hecho habitual que cuando cualquier usuario de las instalaciones deportivas sufre algún pequeño percance o lesión, es atendido en el botiquín existente en dichas instalaciones deportivas.
Asimismo consta el traslado de la reclamación a la compañía aseguradora W., con la que el centro directivo correspondiente tiene contratado el seguro de responsabilidad civil.
TERCERO.- Los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia emiten informe, en fecha 22 de marzo de 2002, indicando, además de la posibilidad de no concurrencia de nexo causal por la distancia existente entre el límite de la pista de frontón y el borde del escalón que se encuentra dentro de los parámetros normales necesarios para el ejercicio de la actividad deportiva (aconsejando una nueva comprobación), la necesidad de requerir al reclamante para que subsane los defectos que presenta la evaluación económica de la cantidad reclamada.
CUARTO.- Previo requerimiento de la Dirección General de Deportes en fecha 22 de abril de 2002, sobre la acreditación de los días de baja laboral, su cuantificación, y datos concretos sobre la pérdida del contrato que iba a suscribir, D. J. S. M., presenta escrito especificando, en cuanto a la pérdida de un contrato de trabajo por las lesiones sufridas, que incrementa la cuantía reclamada a 2.865,93 euros, a razón de 955,31 euros por mes, de acuerdo con la carta que acompaña, según la cual el trabajo se hubiera prestado entre los días 16 de julio y 16 de octubre de 2001 y el sueldo era de 955,31 euros al mes. En consecuencia, solicita una cuantía indemnizatoria global de 8.666, 65 euros.
QUINTO.- La oficina técnica del centro directivo competente emite un nuevo informe, en fecha 9 de mayo de 2002, sobre las condiciones de las citadas instalaciones deportivas, en el que se detalla: "la instalación del frontón existente en dicho polideportivo ha sido supervisada por la Federación Española de Pelota, según se especifica en el informe presentado por D. J. A. P. B., del día 16 de enero de 2002 y permite la práctica de dicha modalidad deportiva, como lo confirma la realización de una competición organizada por la Junta Central de E.F. y Deportes del Ejército del Aire, según documentación aportada".
SEXTO.- Durante el periodo de prueba, el reclamante presta declaración ante el órgano instructor, respondiendo a un pliego de preguntas, entre ellas, la forma en la que ocurrió la lesión: "Mientras estabamos calentando jugando unos peloteos, situados en la pista de forma perpendicular al sentido normal de la cancha de frontón, no a lo largo de la pista, trató de recoger una pelota que salió desviada, cayéndose en un desnivel que había y chocando contra una farola, produciéndose una lesión en el tobillo y la pérdida de una lentilla".
SÉPTIMO.- Practicada la prueba testifical con la persona con quien estaba jugando el reclamante, éste comparece ante el órgano instructor y contesta a las preguntas formuladas, y, en concreto, a la forma de producción del accidente: "al ir a recoger una pelota mientras estaban jugando a lo largo del frontón, mi compañero metió el pie en un desnivel que había, chocando con la valla".
OCTAVO.- Asimismo, el órgano instructor solicita del reclamante que acredite la identidad de la persona que suscribe el escrito de oferta de trabajo, en firme, por parte de la mercantil M. S. L., contestando a este respecto la administradora única de la sociedad mercantil que, aunque dicha persona ya no tiene relación laboral, ratifica la oferta en firme de trabajo que se efectuó.
NOVENO.- Otorgado un trámite de audiencia al reclamante, éste formula alegaciones en fecha 17 de julio de 2002 (registro de entrada), entendiendo que ha quedado acreditada tanto la realidad del daño como la responsabilidad de la Administración regional, por la existencia de un escalón en la pista de frontón en la que jugaba, el cual, dice, es objetivamente peligroso para las personas que la usan, puesto que 6 cm. es suficiente para desequilibrar a una persona, mientras corres y miras hacia la pelota tratando de alcanzarla. Añade que dicho riesgo era previsible y pudo evitarse configurando la pista de otro modo, sin que de los informes existentes en el expediente se desprenda la necesidad de dicho escalón, debiendo estar al mismo nivel el límite de la pista de frontón y el de la instalación.
DÉCIMO.- La propuesta de resolución, de 22 de julio de 2002, desestima la reclamación al considerar que no existe una relación de causalidad entre la lesión producida al reclamante y el funcionamiento del servicio público, al estimar que hubo una conducta inadecuada o negligente por parte del sujeto perjudicado que motivó la producción del daño, siendo la actuación administrativa indiferente frente al hecho que originó la lesión o daño.
DÉCIMOPRIMERO.- Con fecha 1 de agosto de 2002 (registro de entrada) se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, acompañado del expediente administrativo.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El Consejo Jurídico ha de ser consultado preceptivamente en las reclamaciones que, en concepto de responsabilidad patrimonial, se formulen ante la Administración regional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico
SEGUNDA.- Legitimación y plazo de reclamación.
El reclamante ostenta la condición de interesado para ejercitar la acción de reclamación, de conformidad con lo previsto en los artículos 139.1 y 31.1, a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), en relación con el artículo 4.1 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
En cuanto a la legitimación pasiva, ha quedado acreditado en el expediente que la pista de frontón C de las instalaciones deportivas "Mariano Rojas", en el municipio de Murcia, es de titularidad de la Administración regional, según los informes que obran en el expediente (Antecedente Segundo).
Por último, en cuanto al plazo para el ejercicio de la acción de reclamación, ésta se ha presentado dentro del año previsto en el artículo 142.5 LPAC que establece, en caso de daños de carácter físico a las personas, que el plazo empezará a computarse desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.
TERCERA.- Procedimiento.
La tramitación de la reclamación se ha ajustado al procedimiento previsto en el artículo 6 y ss. RRP, habiéndose acordado la práctica de las pruebas propuestas por el interesado (salvo el reconocimiento médico), y solicitado los informes estimados como necesarios para resolver la reclamación. No obstante, cuando una prueba no se considere pertinente, por ser innecesaria o improcedente, ha de ser rechazada mediante resolución motivada del órgano instructor (artículo 9 RRP). Pese a este defecto formal, su omisión no ha producido un efecto invalidante sobre el procedimiento, puesto que su práctica no ha sido reiterada por el interesado en las alegaciones presentadas al trámite de audiencia, fase en la que tomó vista del expediente y se le hizo entrega de los informes obrantes en el ya instruido.
En otro orden de ideas, consta el traslado de la reclamación a la compañía aseguradora W., con la que el centro presuntamente causante de la lesión tiene contratado un seguro de responsabilidad civil, según el informe del jefe de sección de Instalaciones y Espacios Deportivos, sin que se haya personado en el procedimiento, desconociéndose las condiciones particulares de la póliza suscrita, la cual no se aporta en el expediente. A este respecto, el Consejo Jurídico destacó (Dictamen nº. 56/2000) la conveniencia de que el órgano instructor incorporara inicialmente al expediente la póliza correspondiente, por cuanto el conocimiento de su contenido resulta imprescindible para la correcta resolución final que ha de adoptar la autoridad competente. En todo caso, la resolución que se adopte por el órgano competente sobre el presente expediente de responsabilidad patrimonial habrá de ser notificada a la Compañía de Seguros citada.
CUARTA.- Sobre la concurrencia de los requisitos que determinan la responsabilidad patrimonial.
El reclamante imputa a la Administración regional, como titular de las instalaciones deportivas, un funcionamiento anómalo del servicio público al incumplir sus deberes de mantenimiento y conservación de las citadas instalaciones, al permitir el uso de la pista de frontón, cuando existía un riesgo objetivo en dicha pista, cual es el desnivel existente, sin cubrir y excesivamente profundo. Por lo tanto, atribuye una responsabilidad por "omisión", al no haber funcionado el servicio responsable ("culpa in ommittendo"), lo que ha producido un resultado dañoso.
Para determinar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas han de concurrir los siguientes requisitos, previstos en los artículos 139 y 141.1 LPAC:
a) Que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos, real, concreta y susceptible de evaluación económica.
b) Que la lesión sea antijurídica, en el sentido de que el perjudicado no tenga obligación de soportarla.
c) Que la lesión sea imputable a la Administración Pública y consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público.
d) Que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, y no sea ésta consecuencia de fuerza mayor.
Veamos la aplicación de estos requisitos al presente supuesto:
1.
Efectividad de los daños producidos.
Ha quedado acreditada la realidad del daño (cervicalgia por contractura muscular y esguince de tobillo izquierdo), como recoge la propuesta de resolución, a través de los partes del servicio de urgencias de la clínica V. V. (folio 15 y 16) y del informe del traumatólogo que le atendió en el centro médico J., S.L. (folio 17). Sin embargo, esta afirmación no es predicable de la cantidad reclamada, en cuanto a determinadas partidas y su valoración, aspecto que será objeto de consideración posteriormente.
2)
Imputación del daño al funcionamiento del servicio público.
Aun cuando el informe del funcionario encargado del botiquín de las instalaciones (folio 5) indica que no recuerda haber atendido al reclamante dado el tiempo transcurrido, ni la Dirección General ha tenido conocimiento del accidente (folio 4), la utilización de la pista del frontón C de las instalaciones del Polideportivo Mariano Rojas, de titularidad autonómica, por D. J. S. M., en la fecha del accidente, y posterior caída, ha quedado probado en el expediente, por cuanto:
a) La Jefa del Negociado de Instalaciones de la Dirección General de Deportes informa que D. J. S. M., hizo uso de la pista de frontón el 4 de julio de 2001, en horario de 11 a 12 horas, abonando la cantidad de 622 pts (3,73 euros).
b) Que a las 11,39 horas del mismo día acudió al Servicio de Urgencias de la Clínica V. V., por torcedura de tobillo y dolor por inflamación de tobillo, según acredita el parte aportado por el reclamante (Doc. nº. 3).
Ahora bien, que la caída ocurriera en dichas instalaciones no acarrea necesariamente la responsabilidad patrimonial de la Administración si no concurrre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño alegado, pues como afirma la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, Sentencia de la Sala 3ª, de 5 de junio de 1998) no es acorde con el principio de responsabilidad objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, aun de forma mediata, indirecta o concurrente, de manera que, para que exista aquélla, es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o daño producido.
3)
Existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño alegado.
De la instrucción del presente expediente se deriva que la caída ocurrida al reclamante en la pista de frontón tiene su origen en dos factores concurrentes:
a) En mayor medida, de su actuación al utilizar la pista de forma inadecuada, no respetando el sentido normal para la práctica de dicho deporte, como declara él mismo al órgano instructor: "
mientras estábamos calentando jugando unos peloteos, situados en la pista de forma perpendicular al sentido normal de la cancha de frontón, no a lo largo de la pista, trató de recoger una pelota que salió desviada, cayéndose en un desnivel que había y chocando contra una farola, produciéndose una lesión en el tobillo y la pérdida de la lentilla", versión que prima frente a la declaración del testigo, amigo con quien compartía la práctica del juego (folio 53), que la contradice al afirmar que estaban jugando a lo largo del frontón. Las condiciones en las que estaba practicando el juego tienen una gran importancia en la determinación de la responsabilidad, pues como recoge la propuesta de resolución, al no respetar el sentido normal de la pista: "origina que no cumpla con las distancias requeridas y suficientes para su ejercicio con la seguridad suficiente para poder ejercitar dicha actividad, sin correr riesgos de lesión, puesto que al colocarse de forma perpendicular al sentido de la pista, está menoscabando la distancia y margen apropiado de seguridad, en la concepción normal de las dimensiones, distancias y sentido de la pista, necesarias para la práctica de dicha modalidad y homologadas por la Federación de pelota".
b) En menor medida, de la existencia de un desnivel en toda la longitud de la contracancha, cuyas fotografías acompaña el reclamante. Este desnivel, que es calificado inicialmente por el reclamante de "profundo", sin embargo, es descrito por el arquitecto técnico de la Dirección General de Deportes (Antecedente Segundo) como un pequeño escalón, de aproximadamente seis centímetros de altura, considerado, no obstante, como suficiente por el reclamante para desequilibrar a una persona, cuando estás concentrado en la práctica del deporte ("corres y miras a la pelota"). A este respecto, los informes de la Oficina Técnica evidencian que la pista presenta un buen estado de conservación, que cumple las dimensiones oficiales y que ha sido utilizada, entre otros, por una competición organizada por la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército del Aire; pero también es cierta la afirmación del reclamante de que se ha omitido en los informes la valoración del riesgo que genera la existencia de dicho escalón, que es justificado en la propuesta de resolución "
como separación entre la pista de frontón y la existencia de otra pista dedicada a la práctica de otro deporte, y que no se encuentra totalmente pegada a la primera, existiendo una separación entre ambas, por lo que resulta lógico que pueda existir un desnivel por razones de configuración o construcción del complejo deportivo". Sin embargo, en las fotografías aportadas por el reclamante, se observa que la valla de separación entre instalaciones no coincide con la existencia del desnivel (resta un espacio), sin que exista ninguna medida indicadora del riesgo de su utilización (STS, Sala 3ª, de 21 de abril de 1998). Y la Administración tiene el deber administrativo de mantener las instalaciones e infraestructuras de acceso público en condiciones de practicabilidad y seguridad (SSTSJ de Asturias y del País Vasco de 17 de junio de 1998 y 13 de abril de 2000, respectivamente). En todo caso, es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquélla se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, según prescribe el artículo 139.1 LPAC, y recoge la STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 1997.
Descrita la incidencia de las actuaciones del reclamante y de la Administración al supuesto concreto, se ha de determinar si la actuación del primero, por utilizar incorrectamente la pista de frontón, determina la exclusión o ruptura del nexo causal o, por el contrario, concurren distintas responsabilidades que consiguientemente moderan la cuantía de la indemnización.
La jurisprudencia ha señalado, a este respecto, que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél; la consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez deben reservarse para aquellos casos de fuerza mayor, a los cuales importa añadir la culpa exclusiva de la víctima en la producción del daño (STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 1997). No siendo ineludible el requisito de la exclusividad en el nexo causal para que la Administración pueda ser declarada responsable, aunque pueden existir concausas (culpa del perjudicado e intervención de un tercero), que corrijan la indemnización a su cargo.
En el presente supuesto, tras verificar la trascendencia de la actuación del reclamante en la producción del daño, se considera que su conducta ha coadyuvado de forma importante en la producción del mismo, determinándose el porcentaje de culpa del interesado en un 70%, y el de la Administración en un 30%, pues la circunstancia de que el interesado haya utilizado incorrectamente la pista determina que este asumiendo el riesgo de menoscabar la distancia y margen apropiado de seguridad en la concepción normal de las dimensiones, distancias y sentido de la pista.
QUINTA.- Cuantía indemnizatoria.
Se solicita una cuantía indemnizatoria de 8.666,65 euros (1.442.009 pts), que desglosa en las siguientes partidas que van a ser contrastadas con la documentación que aporta:
1) Indemnización por baja médica: 108 días, a razón de 48,08 euros por día, lo que resulta un total de 5.192,64 euros.
Esta cuantía solicitada por el reclamante en función de su edad, posibilidades laborales y los días de baja médica, necesita de las precisiones que siguen a continuación.
No distingue los días de baja impeditiva (en los que el interesado estaría incapacitado para desarrollar su ocupación o trabajo habitual) de los no impeditivos, habiendo valorado todos los días (108) de la misma manera, cuando del expediente se desprende que su situación clínica varió durante este tiempo, pues el informe médico, de 27 de julio de 2001, refiere que ha seguido tratamiento médico con vendaje funcional y comienza tratamiento rehabilitador, prescribiéndole unas plantillas flexibles con cuña interna de talón (documento 6).
En consecuencia, en ausencia de prueba del interesado, a quien compete acreditarlo habiendo sido requerido para ello (folio 39 y ss,), el Consejo Jurídico estima que la cuantía propuesta (48,08 euros) no puede ser considerada porque la Resolución de 30 de enero de 2001 de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones la establece en 41,806 euros que serán aplicados a los días de baja impeditiva, que pueden ser identificados con los 24 días primeros días, coincidentes con los días de tratamiento médico con vendaje funcional y con los reseñados en el parte de Servicio de Urgencias de la Clínica V. V., sobre el tratamiento aconsejado (18-20 días), pues a partir del día 27 de julio de 2001 (previa prescripción de las citadas plantillas flexibles), comienza el tratamiento rehabilitador, y no acredita que estuviera impedido para su ocupación o trabajo habitual, teniendo en cuenta, además, su profesión (administrativo), según el escrito de oferta de trabajo que aporta. La cantidad resultante por los días impeditivos sería de 1.003,34 euros.
El resto de los días (84), computados a partir de esta última fecha y el 19 de octubre de 2001, cuando el facultativo indica que se encuentra actualmente recuperado (folio 21), han de ser valorados como no impeditivos, y de conformidad con los criterios orientadores del sistema para valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, correspondiente a la actualización de 2001 (fecha del accidente), la cuantía sería de 22,513 por día, resultando la cantidad de 1.891,09 euros.
La suma resultante de esta partida indemnizatoria alcanzaría la cantidad de 2.894,43 euros, frente a la cantidad reclamada por el interesado, por este concepto, de 5.192,64 euros.
2) En cuanto a la partida de gastos diversos (taxi, farmacia, ortopedia y reposición de lente de contacto), se han acreditado en el expediente los siguientes:
Los gastos de taxi podrían ser subsumidos en la cuantía indemnizatoria, puesto que coinciden con los días que el reclamante tenía un vendaje funcional (hasta el 27 de julio), sin embargo, no ha acreditado que él fuera el beneficiario de la prestación del servicio, coincidiendo en este aspecto con la propuesta de resolución, lo que imposibilita su valoración.
Los gastos de farmacia y ortopedia han quedado acreditados (folios 26 y 27) en la medida que son proporcionales al daño sufrido, si bien su formalización adolece de ciertas deficiencias puesto que en una de las facturas no consta la fecha, y en otra no consta su prescripción por parte del especialista correspondiente.
Según la propuesta de resolución, el gasto en concepto de una lentilla perdida no ha sido acreditado; sin embargo, en la declaración prestada ante el órgano instructor, en contestación al pliego de preguntas, el reclamante, al describir como se produjo la lesión, reitera que se le perdió la lentilla, extremo sobre el cual la Administración podría haber solicitado aclaración al testigo de los hechos (folio 53).
3) En cuanto a la pérdida de trabajo en la empresa M., S.L., aporta, primero, un escrito de fecha 9 de julio de 2001 (cuya firma no identifica a la persona que suscribe), en el que señala que D. J. S. M., había sido seleccionado para un puesto de administrativo, de duración de tres meses, y que debía personarse en la asesoría laboral correspondiente para la firma del contrato; posteriormente, en fecha 22 de abril de 2002, a requerimiento del órgano instructor, remite nuevo escrito, que aparece suscrito con la misma firma anterior, que contiene los datos de duración del contrato de trabajo (de 16 de julio a 16 de octubre de 2001), el sueldo previsto de 955.31 euros y el lugar de su prestación; recabada la identidad de la persona que suscribe dichos escritos, en representación de la mercantil M., S.L., es contestado por Dª. P. C. M., en su condición de administradora única de la citada sociedad mercantil, en el que manifiesta que la persona que suscribía los anteriores escritos ya no tiene relación laboral con la empresa, sin embargo, ratifica los mismos en cuanto a la oferta de trabajo firme.
Para estimar esta partida indemnizatoria, el Consejo Jurídico entiende que debería haberse acreditado por el reclamante los siguientes extremos: a) La situación laboral del mismo antes y durante los tres meses que reclama, y si percibía el subsidio de desempleo (cantidad que disminuría las cantidades dejadas de percibir); b) Inclusive, la duración efectiva de la oferta de trabajo aportada no queda asegurada teniendo en cuenta el periodo de prueba; c) La justificación de las cantidades ofertadas por la entonces empleada de la empresa, en función de la experiencia profesional, categoría, titulación, etc., del reclamante.
En consecuencia, la cuantía indemnizatoria ascendería a la cantidad de 3.439,43 euros, y aplicando los porcentajes referidos del 70 %, imputable al interesado, y el 30 % restante a la Administración, resultaría una cuantía indemnizatoria de 1.031,82 euros, con cargo a la Administración regional.
La anterior cantidad habrá de actualizarse a la fecha en que se ponga fín al procedimiento de responsabilidad patrimonial con arreglo al índice de precios al consumo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141.3 LPAC.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula las siguientes
CONCLUSIONES
PRIMERA.- Dictaminar desfavorablemente la propuesta de resolución, por considerar que se produce en la presente reclamación la concurrencia de culpas entre el interesado y la Administración regional.
SEGUNDA.- La indemnización puede cuantificarse en la forma descrita en la Consideración Quinta, y moderarse con los porcentajes allí recogidos, que atribuyen únicamente la cuota del 30% de responsabilidad a la Administración regional, resultando una cuantía indemnizatoria a su cargo de 1.031,82 euros.
No obstante, V.E. resolverá.