escudo
Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


First Previous 5252 5253 5254 Next Last
5367 resultados
Año: 1999
Número de dictamen: 59/99
Tipo: Anteproyectos de Ley de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito
Consultante: Consejería de Economía y Hacienda
Asunto: Anteproyecto de Ley de Modificación del artículo 23.1 de la Ley 12/1998, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 1999, y de Suplemento de Crédito por un importe de 90.60.493 de pesetas para financiar las nuevas retribuciones de los Diputados de la Asamblea Regional y la homologación de las prestaciones de los altos cargos de la Administración Regional con las de determinados altos cargos de la Administración General del Estado.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. No existe inconveniente alguno para que el Consejo de Gobierno remita a la Asamblea Regional esta modificación de la Ley 12/1998, siempre y cuando se acomode el trasfondo económico de la decisión a los requerimientos fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Dicha Ley (nº 49/1998) establece en su artículo 20 que el crecimiento global de las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público para el presente ejercicio 1999 no podrá superar en 1,8 por ciento las de 1998, comparación que ha de realizarse en términos de homogeneidad.
2. A los suplementos de crédito se refiere el artículo 38 de la Ley 3/1990, indicando que el gasto a financiar debe reunir los requisitos de ser, no ya necesario, sino además inaplazable hasta el ejercicio siguiente, y extraordinario. El expediente no ha abundado en las razones por las cuales el expresado gasto reúne tales requisitos haciéndose merecedor del privilegio presupuestario en que consiste el suplemento. La calificación como inaplazable o extraordinario puede depender de múltiples factores respecto a los cuales sólo cabe decir que el control último a ejercer por la Asamblea Regional debería haberse facilitado con una exposición razonada de los motivos por los que entiende el órgano gestor que concurren esas circunstancias. Respecto a la parte del suplemento de crédito que se destina a la Asamblea Regional, debe destacarse que el anteproyecto ha previsto la derogación de la disposición transitoria segunda de la Ley 12/1998, que ya había prefijado otro mecanismo para financiar el incremento retributivo; tal derogación resulta esencial en cuanto que la mera solicitud de un suplemento de crédito implica el cambio de técnica de financiación, y la derogación permite hacer cierta la afirmación del citado Director General de Presupuestos de que no es posible atender tales gastos, en lo referido a la Asamblea Regional, con el sistema de modificaciones presupuestarias.


ANTECEDENTES
PRIMERO.-
El Presidente de la Asamblea Regional dirigió al Consejero de Economía y Hacienda un escrito, fechado el 30 de agosto de 1999, solicitando un crédito extraordinario de 40 millones de pesetas para financiar el nuevo régimen de percepciones económicas de los Diputados, aprobado por la Mesa de la Cámara el 26 de julio anterior. Posteriormente, el 8 de septiembre, remitió memoria económica.
SEGUNDO.- La Dirección General de Recursos Humanos y Organización Administrativa elevó propuesta económica para un suplemento de crédito destinado a las retribuciones de los altos cargos de la Administración Regional, el día 6 de septiembre de ese mismo año, evacuando informe el mismo día el Director General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos en el que expone las razones por las que es necesario el suplemento de crédito dado que, a su juicio, concurren los requisitos a que se refiere el artículo 38.1 de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia.
TERCERO.- El 8 de septiembre de 1999 el Servicio Jurídico de la Consejería de Economía y Hacienda informó favorablemente el anteproyecto, y también ese día el Consejo de Gobierno acordó solicitar el dictamen de este Consejo Jurídico, en el que tuvo entrada la solicitud, acompañada del expediente, el día 10 de ese mismo mes y año.
A la vista de tales antecedentes, procede desarrollar las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.-
Carácter del Dictamen.
La Ley 2/1997, de 19 de mayo, reguladora del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, establece en los apartados 2 y 10 de su artículo 12 que corresponde a dicho Consejo emitir dictamen preceptivo en los anteproyectos de ley con carácter general y, particularmente, en los que se refieran a suplementos de crédito. La preceptividad de la consulta se arbitra a través de dos títulos competenciales distintos, que sirven para analizar en esta sede el total contenido del anteproyecto remitido, que contiene una norma compleja integrada por disposiciones calificables como «ley ordinaria» y otras circunscribibles sólo al ámbito particular de la técnica presupuestaria en que consisten los suplementos de crédito.
SEGUNDA.- Estructura y procedimiento.
El anteproyecto elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda se estructura en tres artículos, una disposición adicional, una derogatoria y dos finales (sobre entrada en vigor y habilitación al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario). El primero de los artículos comprende la modificación del artículo 23.1 de la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1999 fijando los efectos desde el día 1 de agosto de 1999; el segundo y tercero comprenden, respectivamente, la concesión del suplemento de crédito con identificación de las partidas del presupuesto de gastos a los que se destina, y la concreción de su fuente de financiación (concepto 111 del estado de ingresos, «impuesto sobre el patrimonio», mayores ingresos). La disposición adicional cuantifica en cómputo anual las nuevas retribuciones siguiendo los conceptos a los que remite el artículo primero, y la derogatoria, por su parte, produce ese efecto respecto a la disposición transitoria segunda de la Ley de Presupuestos citada.
Una visión formal de la estructura del anteproyecto permite afirmar su corrección, tanto por el rango de la norma, como por su concepción. En cuanto a lo primero, debe recordarse que los artículos 7.1, f) y 32.2 de la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración Pública Regional, en unión del 12 de la Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad Política, remiten a los presupuestos de la Comunidad Autónoma la fijación de las retribuciones de los altos cargos, razón por la que cualquier medida trascendente en torno a una materia sometida a esta peculiar reserva de ley exige actuar mediante norma de tal rango; también la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia, dispone que los suplementos de crédito se aprueben mediante ley. La concepción de la norma, por su parte, se ha realizado dentro de parámetros usualmente aceptados como correctos desde el ángulo de la técnica normativa, al situarse la modificación en el texto legal reformado y no como ley independiente.
Tratándose de un suplemento de crédito, constan los elementos formales del expediente que exige la citada Ley 3/1990 (art. 38.1), y se han seguido los trámites esenciales del procedimiento de elaboración previstos en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
TERCERA.- Contenido del anteproyecto.
El anteproyecto es complejo, como se ha expuesto, en cuanto comprende medidas de dos ámbitos diferenciados que, aunque unidos en sus efectos, deben ser objeto de análisis separado.
I. Modificación del artículo 23.1 de la Ley 12/1998, de 31 de diciembre.
La parca regulación existente sobre derechos económicos de los altos cargos no conforma lo que podría denominarse un sistema que determine o permita inferir los criterios que deben presidir sus remuneraciones. Se deduce, en consecuencia, que la normativa ha dejado esa concreción al ámbito de la libre decisión política la que, como todas las decisiones que nacen del ámbito público, quedará limitada por la normativa general y básica pero no por particulares prescripciones que, como se ha dicho, no existen en el ámbito autonómico.
Cualquier decisión que al respecto se adopte podrá por ello ser objeto de valoración, pero desde el estricto ámbito de la legalidad vigente sólo cabe decir que, en ese análisis jurídico, no existe inconveniente alguno para que el Consejo de Gobierno remita a la Asamblea Regional esta modificación de la Ley 12/1998, siempre y cuando se acomode el trasfondo económico de la decisión a los requerimientos fijados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999, en ejercicio de la competencia exclusiva del Estado sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Dicha Ley (nº 49/1998) establece en su artículo 20 que el crecimiento global de las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público para el presente ejercicio 1999 no podrá superar en 1,8 por ciento las de 1998, comparación que ha de realizarse en términos de homogeneidad.
El Director General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos, en informe de 8 de septiembre de 1999, indica que no se supera ese límite.
Despejada la viabilidad del anteproyecto en este aspecto no cabe desconocer que, sin embargo, la medida que se va a proponer a la Asamblea no ha descendido a acreditar y justificar los criterios en los que se asienta, si bien la Exposición de Motivos razona alguno de los elementos que la pueden justificar. Las retribuciones de los altos cargos se conciben legislativamente en el marco general de las retribuciones del personal al servicio del sector público (Título III, Capítulos 1 y 2 de la Ley estatal 49/1998, y Capítulo III de la Ley regional 12/1998) y es lógico que su fijación atienda, entre otros factores, a la relación de las mismas con las del personal funcionario y con las que correspondan a los titulares de otros poderes de la Comunidad Autónoma. Pero lo deseable es que la indiciaria bondad de los argumentos se ratifique con la certera precisión de los datos, y, en tal sentido, la memoria del anteproyecto no desarrolla suficientemente lo expuesto como motivos (art. 22.2 de la Ley 50/1997) ni describe el entorno en que se sitúan las retribuciones por relación con las de otras Comunidades Autónomas, otras instituciones regionales y otros colectivos.
II. Concesión de un suplemento de crédito.
A los suplementos de crédito se refiere el artículo 38 de la Ley 3/1990, indicando que el gasto a financiar debe reunir los requisitos de ser, no ya necesario, sino además inaplazable hasta el ejercicio siguiente, y extraordinario. El expediente no ha abundado en las razones por las cuales el expresado gasto reúne tales requisitos haciéndose merecedor del privilegio presupuestario en que consiste el suplemento. La calificación como inaplazable o extraordinario puede depender de múltiples factores respecto a los cuales sólo cabe decir que el control último a ejercer por la Asamblea Regional debería haberse facilitado con una exposición razonada de los motivos por los que entiende el órgano gestor que concurren esas circunstancias.
Respecto a la parte del suplemento de crédito que se destina a la Asamblea Regional, debe destacarse que el anteproyecto ha previsto la derogación de la disposición transitoria segunda de la Ley 12/1998, que ya había prefijado otro mecanismo para financiar el incremento retributivo; tal derogación resulta esencial en cuanto que la mera solicitud de un suplemento de crédito implica el cambio de técnica de financiación, y la derogación permite hacer cierta la afirmación del citado Director General de Presupuestos de que no es posible atender tales gastos, en lo referido a la Asamblea Regional, con el sistema de modificaciones presupuestarias.
En virtud de lo expuesto, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia dictamina las siguientes
CONCLUSIONES
PRIMERA.-
Puede elevarse a la consideración del Consejo de Gobierno el presente Anteproyecto de Ley.
SEGUNDA.- La legitimidad de la propuesta se acrecentaría si se completase la memoria en el sentido expuesto en la Consideración Tercera, Apartado I, así como con las razones que permitan a la Asamblea Regional valorar el carácter extraordinario e inaplazable del gasto al que se refiere el artículo 38.1 de la Ley 3/1990, de 5 de abril, de Hacienda de la Región de Murcia.
No obstante, V.E. resolverá.