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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2000
Número de dictamen: 47/00
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. M.G.G. como consecuencia de accidente de tráfico.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
No puede entenderse acreditada la relación de causalidad por la simple afirmación del reclamante quien se aquietó en trámite de audiencia, máxime cuando consta en el expediente que la Administración ha probado la inexistencia de señal derribada en el lugar y día en que se dice se produjeron los daños.


ANTECEDENTES
PRIMERO.
Con fecha 19 de noviembre de 1998 es registrada en la Demarcación de Carreteras de Murcia, dependiente del Ministerio de Fomento, una solicitud de D. M.G.G en la que reclama el abono de una indemnización por los daños que se ocasionaron en una rueda de su vehículo, matrícula (...), el día 15 de noviembre de 1998 cuando, circulando por la carretera MU-24F (era la MU-424), chocó contra una señal de tráfico de "prohibido adelantar" que se encontraba atravesada en la calzada. Acompañaba copia de denuncia formulada ante la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar el día siguiente.
La Demarcación de Carreteras de Murcia, apreciando que dicha carretera era de titularidad autonómica, remitió la instancia a la Consejería competente, que la registró de entrada el 7 de enero de 1999.
SEGUNDO. Con fecha 19 de enero de 1999, la instructora del expediente acuerda:
1º) Requerir al interesado para que mejore su solicitud, especialmente para que acredite el valor de los daños sufridos y presente su permiso de conducción y el de circulación del citado vehículo.
2º) Requerir a la Guardia Civil de San Pedro del Pinatar para que remita las diligencias practicadas o, en su defecto, indique el Juzgado y número de diligencias previas que se hubieran incoado.
3º) Solicitar informe de la Dirección General de Carreteras sobre el asunto.
TERCERO. A dichos requerimientos se contesta lo siguiente:
1º) Respecto al primero, el interesado aporta los permisos requeridos y una factura de reparación de una llanta de acero y embellecedor por un importe de 7.050 pesetas y un presupuesto de un neumático por valor de 7.500 pesetas.
2º) Respecto del segundo, la Guardia Civil informa que las actuaciones se remitieron al Juzgado de Instrucción nº 1 de San Javier, abriéndose diligencias previas con nº 2372/98.
3º) Por lo que se refiere al informe solicitado, la Dirección General de Carreteras indica que, teniendo constancia de trabajos realizados en diversos tramos de la referida carretera para la reposición de señales deterioradas de "prohibido adelantar", para la debida ubicación del accidente es necesario requerir al solicitante que detalle el punto kilométrico en donde se produjo el siniestro, indicándole que, a los efectos pretendidos, la carretera se puede dividir en tres tramos, los cuales se expresan.
CUARTO. Requerida al citado Juzgado copia de las actuaciones practicadas, éste remite la denuncia ya aportada por el interesado y auto de incoación y posterior sobreseimiento de las mismas, de fecha 5 de diciembre de 1998.
Requerido al reclamante lo interesado por la Dirección General de Carreteras, alega que el tramo de carretera MU-424 donde tuvo lugar el accidente fue el primero de los señalados por la Dirección, esto es, el comprendido entre la Ciudad del Aire hasta el cruce con la N-332, cerca de S. D.
QUINTO. Comunicado esto último a la citada Dirección, el 5 de diciembre de 1999 emite un informe en el que indica que, conforme con el parte de trabajo suscrito por el encargado de la conservación de la carretera de fecha 17 de noviembre de 1999, sólo consta que el 30 de noviembre de 1998 se procedió a levantar y reponer dos de estas señales en el tramo de la carretera que va desde el cruce con la N-332 a El Mirador, tramo distinto, pues, del indicado por el reclamante.
SEXTO. Con fecha 1 de febrero de 2000 el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería informa desfavorablemente la reclamación, al no quedar acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos de conservación de carreteras y el daño alegado, tras lo cual se otorga trámite de audiencia al interesado, que no formula alegación alguna.
SÉPTIMO. Con fecha 3 de abril de 2000 la instructora formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, por las razones aducidas en el informe del Servicio Jurídico.
OCTAVO. El 4 de mayo de 2000 la Dirección de los Servicios Jurídicos emite su preceptivo informe, en el mismo sentido que la propuesta de resolución.
NOVENO. El 26 de junio de 2000 tiene entrada en este Consejo Jurídico un oficio del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, solicitando la emisión del Dictamen previsto en el artículo 12.9 de la Ley 2/97, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), adjuntado el extracto e índice reglamentarios y el expediente tramitado.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.
Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración Regional, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.9 LCJ.
SEGUNDA. Legitimación, plazo y procedimiento.
El reclamante ostenta legitimación para deducir su pretensión indemnizatoria al haber aportado permiso de circulación del vehículo a su nombre, unido al hecho de ser el conductor del mismo en el momento del accidente, según su denuncia.
Por lo que respecta al plazo, si se toma en cuenta la fecha del accidente alegada por el interesado y confirmada en su denuncia, la solicitud se presentó dentro del año establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimeinto Administrativo Común (LPAC).
El procedimiento ha seguido lo establecido en el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos en Materia de Responsabilidad Patrimonial. No obstante, cabe decir que el apercibimiento de archivo en el caso de que el interesado no mejorara su solicitud con la aportación de los documentos exigidos en el requerimiento de la instructora, de fecha 19 de enero de 1999, no es correcto pues, como ya hemos dicho en anteriores Dictámenes, sólo la no aportación de los concretos documentos legalmente exigidos con la instancia puede dar lugar a tener al interesado por desistido en su solicitud, y ello siempre que éste no discuta la pertinencia de tales documentos, en cuyo caso no puede considerarse que hay abandono de la pretensión. Los documentos requeridos en su día por la instrucción no son sino elementos probatorios que el interesado puede o no aportar y cuya omisión habrá de valorarse en la resolución final.
TERCERA. El daño alegado y su relación de causalidad con el funcionamiento de los servicios públicos regionales.
Conforme se desprende de los artículos 139 y 141 LPAC, para reconocer la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración es necesario acreditar la existencia de un daño que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar y que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Partiendo de la acreditación del daño sufrido en el vehículo del reclamante en función de lo consignado en la denuncia ante la Guardia Civil (en la que se expresa que se comprobó una rotura de la cubierta, llanta y tapacubos de una de las ruedas del vehículo), debe examinarse si tal daño fue ocasionado por un mal funcionamiento de los servicios regionales de conservación de carreteras.
Del expediente remitido se desprende la falta de testigos que avalen la existencia de la señal que, según el interesado, estaba derribada en la calzada y contra la que dice que chocó. Tampoco se personó agente alguno. Además, de lo informado por los servicios de mantenimiento de carreteras, se desprende que las únicas señales que se constataron derribadas el 30 de noviembre de 1998 (el accidente fue, según el interesado, el día 15 de ese mismo mes), estaban situadas en un tramo de carretera distinto del que éste indica que fue el lugar del accidente, sin que tal afirmación haya sido siquiera contradicha en trámite de audiencia, en el que el reclamante no formuló alegaciones.
Ante todas estas circunstancias, no puede entenderse acreditada la relación de causalidad por la simple afirmación del reclamante quien se aquietó en trámite de audiencia, máxime cuando consta en el expediente (Antecedente Quinto) que la Administración ha probado la inexistencia de señal derribada en el lugar y día en que se dice se produjeron los daños.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.
Procede desestimar la reclamación presentada por D. M.G.G sobre indemnización de daños sufridos en el vehículo de su propiedad con matrícula (...), al no haberse acreditado la relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos regionales.
No obstante, V.E. resolverá.