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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2001
Número de dictamen: 74/01
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. J. A. P. M. y D. S.A., como consecuencia de accidente de circulación.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. Cuando se requiere al reclamante para que aporte documentos que acrediten su legitimación u otros hechos necesarios para resolver sobre el fondo del asunto (acreditación de los daños y su valoración, etc.), no debe advertírsele que su no presentación acarreará el desistimiento de su pretensión, pues se trata de un simple requerimiento de medios de prueba, no de documentos exigidos de modo específico e individualizado, que son a los que se refiere el artículo 71.1 LPAC, por lo que su no presentación le deparará los perjuicios que, en orden a la acreditación de los hechos necesarios para fundamentar su pretensión, se considere en la resolución sobre el fondo del asunto.
2. El conductor debe atende, a las condiciones excepcionales de la vía que, como se ha dicho, estaban señalizadas, debiendo en tal caso adecuarse a las mismas, según imponen los artículos 9.2, 11.1. y 19.1 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.


ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 15 de abril de 1999 D. J. A. P. M., en nombre propio, y D. H. P. C., en representación de D., S.A., presentan un escrito en el que afirman que el 18 de enero pasado el vehículo matrícula MU--BT, conducido por el primero (empleado de la citada mercantil), colisionó con un agujero existente en la calzada de la carretera Santomera-Abanilla, a la altura del puente del trasvase, siendo testigos los empleados de una gasolinera cercana y que, tras su accidente, otro vehículo, conducido por D. J. M. G., sufrió otro siniestro, constatando este último daños en el vehículo del reclamante y el mal estado de conservación de la carretera. Entienden los reclamantes que la Administración regional debe indemnizar al primero de ellos por las lesiones físicas producidas por el accidente y a la citada mercantil, propietaria del vehículo, por los daños sufridos por éste, ya que existió un anormal funcionamiento de los servicios públicos regionales. Por ello, reclaman cinco millones de ptas. por los daños físicos y 53.589 ptas. por los daños del vehículo, según fotocopia de factura de reparación que adjuntan. También remiten copia del Auto de 29 de enero de 1999, del Juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia, de incoación y archivo de las Diligencias Previas nº 481/99.
SEGUNDO. El 26 de abril de 1999 la instructora del procedimiento realiza los siguientes requerimientos:
- A la Guardia Civil de Santomera y a la de Abanilla, para que le remitan el atestado que, en su caso, extendieran; indiquen si se dió traslado al Juzgado e informen sobre la existencia de los socavones indicados por los reclamantes.
- Al Juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia, para que le envíe las actuaciones realizadas en las Diligencias Previas 481/99.
- Al primero de los reclamantes, para que aporte diversa documentación, relativa a la acreditación de las lesiones y del importe de los gastos médicos, así como su permiso de conducción.
- Al segundo de los reclamantes, para que aporte el permiso de circulación del vehículo, el original de la factura aportada y que acredite su representación de la mercantil.
TERCERO. En esa misma fecha, la instructora extiende diligencia «para hacer constar que dada la identidad sustancial existente entre el expediente de «Responsabilidad Patrimonial» que en esta Secretaría General se está tramitando a instancia de Doña M. L. R. N. y el expediente, también de «Responsabilidad Patrimonial», seguido a instancia de D. J. A. P. M. y la mercantil D., S.A., queda incorporado al segundo el informe de fecha 03/03/99, emitido para el primero de los expedientes, por el Jefe de la Sección II de la Conservación de Carreteras del Sector de Murcia.
No se solicita, por tanto, el referido informe del servicio cuyo funcionamiento haya podido causar la presunta lesión indemnizable que exige el art. 10 del R.D. 429/1993, de 26 de marzo por la razón expuesta, y atendiendo ante todo a razones de economía procesal. Ya que de solicitarse, éste coincidiría en todos sus extremos con el realizado en fecha 03/03/99»
En dicho informe se indica, entre otros extremos, que el 14 de enero de 1999 se señalizó la zona con indicaciones de «firme en mal estado», peligro «estrechamiento de calzada» y limitación de velocidad a 40 km/hora, adjuntando partes de trabajo y fotografías que lo acreditan.
CUARTO. El 27 de abril siguiente la instructora solicita del Parque Móvil Regional una valoración del valor venal del citado vehículo e informe de si los daños reflejados en la factura aportada se corresponden con el tipo de siniestro y si su valoración es correcta, contestando el Jefe del Parque el 5 de marzo que no puede determinar el valor sin examinar el permiso de circulación, y respondiendo afirmativamente al segundo extremo.
QUINTO. El 8 de mayo de 2001 se reciben sendos oficios de la Guardia Civil de los puestos de Santomera y Abanilla. El primero comunica que no existen diligencias instruidas al respecto, al no formularse denuncia, pero que se tenían noticias de que en el lugar indicado había un socavón, por lo que, una vez comprobado, se solicitó su señalización. El segundo indica que no sabe con seguridad de qué lugar se trata, al haber dos canales del trasvase sobre la citada vía. No obstante, informa que no consta diligencia alguna en relación con los reclamantes.
SEXTO. Mediante oficio de 14 de mayo siguiente, la instructora requiere a la Policía Local del Ayuntamiento de Santomera para que informe sobre la fecha en que procedieron a señalizar los baches en cuestión, contestando mediante oficio de 3 de junio en el que confirma la realización de la señalización y que varios vehículos estaban averiados en el lugar, pero que ninguno de los conductores se personó en la Jefatura para denunciar el hecho, por lo que no tienen datos sobre los vehículos que sufrieron desperfectos.
SÉPTIMO. El 31 de mayo de 2001 los reclamantes presentaron la documentación solicitada, salvo la relativa a la valoración de las lesiones y secuelas físicas (al estar en proceso rehabilitador) y el original de la factura de reparación (según indicó posteriormente la instrucción).
OCTAVO. Solicitado nuevo informe sobre el valor venal del vehículo siniestrado, el 6 de septiembre el Parque de Maquinaria, a la vista del permiso de circulación, estima que ha de fijarse en 2.200.000 ptas., aproximadamente, en la fecha del accidente.
NOVENO. El 22 de septiembre de 1999 los reclamantes presentan un informe médico en el que se determinan las lesiones y secuelas sufridas por el conductor, estimando que han de valorarse en 9 puntos, conforme a la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, y que el lesionado ha estado 125 días en situación de incapacidad total. Adjunta una factura de T. por importe de 85.000 ptas., en concepto de honorarios médicos.
DÉCIMO. El 1 de marzo de 2000 el Juzgado de Instrucción nº 4 de Murcia remite las actuaciones obrantes en las Diligencias Previas 481/99, tras diversos requerimientos de la instrucción. Junto al Auto antes citado, remite la denuncia del conductor y el parte de declaración amistosa del accidente del automóvil.
DÉCIMOPRIMERO. El 5 de septiembre de 2000 el Servicio Jurídico emite informe en el que concluye que procede desestimar la reclamación, al no constar acreditada la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 139 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).
DÉCIMOSEGUNDO. Otorgado trámite de audiencia a los reclamantes y a la Confederación Hidrográfica del Segura, por entender que pudiera ser presunta corresponsable de los daños, los primeros presentan un escrito ratificándose en sus pretensiones y la segunda solicita la remisión de las actuaciones obrantes en el expediente, lo que se efectúa, tras lo cual presenta un escrito indicando, en síntesis, que el 12 de enero de 1999 «se detectó un grave deterioro de la junta sobre el pilar nº 3 del acueducto de La Matanza, aumentando el caudal de la fuga de agua de manera que el agua procedente de esa filtración llegaba hasta la carretera donde se produjo el socavón» (...); «no obstante, a partir del día 14 de enero se comprobó que la Consejería de Política Territorial y Obras Publicas había procedido a la señalización del tramo afectado con indicadores de firme en mal estado, peligro estrechamiento de calzada y limitación de velocidad a 40 km/hora».
DÉCIMOTERCERO. Dado traslado de este último escrito a los reclamantes, no presentan alegación alguna, tras lo que se formula propuesta de Orden desestimatoria de la reclamación.
DÉCIMOCUARTO. Solicitado el preceptivo informe a la Dirección de los Servicios Jurídicos, es emitido el 3 de abril de 2001, en el mismo sentido que la propuesta de resolución.
DÉCIMOQUINTO. El 2 de mayo siguiente, el Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio solicita nuestro Dictamen, acompañando el expediente, extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA. Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/97, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
SEGUNDA. Cuestiones formales
El procedimiento ha seguido lo establecido en el Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).
No obstante, y como hemos dicho en reiterados Dictámenes, cuando se requiere al reclamante para que aporte documentos que acrediten su legitimación u otros hechos necesarios para resolver sobre el fondo del asunto (acreditación de los daños y su valoración, etc.), no debe advertírsele que su no presentación acarreará el desistimiento de su pretensión, pues se trata de un simple requerimiento de medios de prueba, no de documentos exigidos de modo específico e individualizado, que son a los que se refiere el artículo 71.1 LPAC, por lo que su no presentación le deparará los perjuicios que, en orden a la acreditación de los hechos necesarios para fundamentar su pretensión, se considere en la resolución sobre el fondo del asunto. En lo sucesivo, deberá eliminarse esta advertencia de desistimiento cuando se requiera la presentación de documentos probatorios.
TERCERA. La relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos. Inexistencia.
En la presente reclamación se solicita el resarcimiento de unos daños presuntamente causados el mismo día (18-1-99) y por el mismo socavón (el existente en la carretera de titularidad regional MU-414, de Santomera a Abanilla, en el tramo que discurre bajo el canal del trasvase Tajo-Segura) que dió lugar a una anterior reclamación y procedimiento de responsabilidad, que fue objeto de nuestro Dictamen 20/00. En el presente caso, junto a daños en el vehículo se reclama indemnización por daños físicos; los primeros, por su propietario; los segundos, por el conductor que los padeció. Por ello, existe la respectiva legitimación para deducir las dos reclamaciones, que se han acumulado, desde su presentación, en un mismo procedimiento.
Acreditada la existencia de daños, y habiéndose presentado las reclamaciones dentro del plazo de un año establecido en el artículo 142.5 LPAC, procede determinar si aquéllos han sido consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos regionales y, en caso afirmativo, si los daños constituyen «lesión» en sentido jurídico, esto es, que los afectados no tengan el deber jurídico de soportar, conforme exigen, para que surja la obligación de indemnizar, los artículos 139.1 y 141.1 LPAC.
Por lo que se refiere al hecho de que el accidente y consiguientes daños fueran ocasionados por el socavón en cuestión, hemos de reiterar lo indicado en el citado Dictamen, en el sentido de que, aun cuando no existiera atestado, existen indicios suficientes que llevan a la convicción de la realidad de lo afirmado por los reclamantes. Así, la existencia de una anterior reclamación por los mismos hechos y que la Policía Local del Ayuntamiento de Santomera manifestara que aquel día existían varios vehículos accidentados por dicha causa en el mismo lugar, inducen a pensar que uno de tales vehículos fuera de los reclamantes, vistas, además, las características de los daños del vehículo, cuya correspondencia con el paso del mismo por un socavón ha sido confirmada.
Cuestión distinta es la relativa a la causa del siniestro pues, tal y como decíamos en el citado Dictamen,
«en el expediente se acredita que, en fecha anterior al accidente, y debido al conocimiento que la Consejería tenía de tales deficiencias, por aviso de la Guardia Civil, se procedió a colocar señalización que advertía de las mismas. Efectivamente, en el parte de trabajo e incidencias del inspector de carreteras del 13 de enero de 1999 se hace constar que éste ordena «(y se hace) que se señalice el peligro y se limite la velocidad» ya que, aunque habían procedido anteriormente a la eliminación de los baches, la pérdida de agua proviniente del canal del trasvase hacía predecir nuevos deterioros de la carretera. Asimismo, consta otro parte de trabajo de la semana del 11 al 15 de enero de ese año en el que se hace constar que el día 14 se colocó un panel en la carretera MU-414. Si a ello se unen las fotografías adjuntas a dichos partes de trabajo, en las que se observa la existencia de un panel que expresaba «firme en mal estado», una señal de peligro por estrechamiento de calzada, y otra de limitación de velocidad a 40 km/h, ha de llegarse a la conclusión de que los servicios de carreteras adoptaron medidas que, salvo prueba en contrario que no se ha practicado, han de considerarse suficientes para prevenir del peligro a un conductor diligente».
A lo allí dicho hay que añadir que el hecho de que existieran varios vehículos siniestrados no acredita por sí mismo que la señalización colocada fuera defectuosa, pues hay que recordar que, según el parte de 17 (o 18) de enero de 1999 (folio 23 del expediente),
«la señalización adicional de peligro abarca 815 metros dentro de la zona afectada», lo que, en principio, ha de considerarse suficiente, teniendo en cuenta no sólo que la limitación de velocidad a 40 km/h., de respetarse, debe situar al conductor en condiciones de evitar el posterior obstáculo, sino que, como dijimos en nuestro Dictamen 41/01, tales limitaciones de velocidad «son prohibiciones que no eximen de las obligaciones que se derivan de las circunstancias peculiares de la vía», debiendo atender el conductor, además de a dichas limitaciones, a las condiciones excepcionales de la vía que, como se ha dicho, estaban señalizadas, debiendo en tal caso adecuarse a las mismas, según imponen los artículos 9.2, 11.1. y 19.1 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Por todo ello, ha de reiterarse la conclusión a la que se llegó en el Dictamen 20/00:
«La Administración obró correctamente al señalizar en debida forma la existencia del referido socavón, por lo que incluso en el caso de que se aceptara la realidad del impacto contra el mismo, sería la conducta del particular, al no advertir dichas señales o hacer caso omiso de ellas, la causa del accidente. Circunstancias que, de acuerdo con reiteradísima Jurisprudencia, rompen el nexo de causalidad entre el daño producido y funcionamiento del servicio público y, por consiguiente, impiden reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración.»
En atención a las precedentes Consideraciones, el Consejo Jurídico formula la siguiente
CONCLUSIÓN
ÚNICA.
A la vista de las actuaciones remitidas, no existe relación de causalidad entre el daño alegado por el reclamante y el funcionamiento de los servicios públicos regionales, por lo que procede la desestimación de la pretensión indemnizatoria.
No obstante, V.E. resolverá.