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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2000
Número de dictamen: 61/00
Tipo: Propuestas sobre reconocimiento de obligaciones con omisión de la intervención previa
Consultante: Consejería de Educación y Universidades
Asunto: Omisión de fiscalización previa en la contratación de profesores de religión de educación primaria.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
1. El incumplimiento que supone la autorización de gastos sin fiscalización previa constituye la infracción del artículo 110 c) TRLH, por lo que tiene razón el Interventor al señalar la aplicabilidad del artículo 111 de ese mismo texto legal.
2. Tanto para este como para casos análogos, debe quedar indubitado que la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo por falta de crédito, por aplicación del artículo 102 LPAC, en su redacción actual, es obligada -no sólo permitida, como lo hacía en su redacción anterior a la Ley 4/1999, de 13 de enero-, salvo que concurra alguna de las circunstancias que el mismo artículo 106 LPAC contempla como limitadoras de las facultades de revisión. Entre ellas alude a circunstancias contrarias a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.


ANTECEDENTES
PRIMERO.
El día 20 de julio de 2000, la Delegación de Enseñanza religiosa del Obispado de Cartagena remitió a la Consejería de Educación y Universidades relación de profesores de religión y moral católica para el curso 2000-2001 en enseñanza infantil y primaria, propuesta de nombramiento que realiza al amparo del Convenio de 26 de febrero de 1999 suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede.
SEGUNDO. El Director General de Personal de la Consejería de Educación y Universidades aprobó, por delegación del Consejero, Orden de 31 de agosto de 2000 autorizando y comprometiendo el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 15.04.422D131.00.
TERCERO. Sometido el expediente a fiscalización, el Interventor Delegado informa, con fecha 13 de octubre de 2000, que se ha omitido la fiscalización previa exigida por el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda (TRLH), y que, de haberse practicado la misma, hubiera sido desfavorable al no acreditarse la existencia de crédito adecuado y suficiente, por lo que es posible que se haya cometido la infracción del artículo 110 c) TRLH. Añade que los contratos fueron formalizados el 31 de agosto, comenzando a prestar sus servicios los trabajadores el 1 de septiembre, y que se acompaña documento de retención de crédito. En su criterio, no procede revisar de oficio el acto, a pesar de la infracción, por no resultar la indemnización que procedería inferior a los pagos.
CUARTO. La Memoria de la Dirección General de Personal, que explica las razones por las que se omitió la fiscalización previa, dice que se efectuó una trasferencia, el 13 de septiembre de 2000, al crédito presupuestario indicado, completándolo así en cuantía suficiente. Expone que la fiscalización previa no pudo producirse debido a ello, aunque el expediente sí se remitió a la Intervención Delegada, de lo que no consta documentación alguna en el expediente.
QUINTO. El 18 de octubre de 2000 se formula la propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para que autorice a la Consejería a proponer el pago, remitiendo el expediente tramitado a este Consejo, donde tuvo entrada el día 18 de octubre siguiente, con expresa solicitud de emisión de Dictamen por el trámite de urgencia.
A la vista de tales antecedentes se formulan las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.
Naturaleza del Dictamen.
A tenor de lo establecido en el art. 12.12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, este Órgano ha de ser consultado en las propuestas que se proyecte elevar al Consejo de Gobierno sobre reconocimiento de obligaciones o gastos, fundamentadas en la omisión de la intervención previa de los mismos, por lo que la emisión del presente Dictamen es preceptiva.
SEGUNDA. Sobre la cuestión suscitada.
El acto sometido a consulta por el Consejero de Educación y Universidades es una propuesta de acuerdo al Consejo de Gobierno para que le autorice a reconocer la obligación y proponer el pago que se deriva de la contratación laboral temporal de 397 trabajadores, ya descrita en Antecedentes. Del estudio del expediente remitido puede extraerse la conclusión de que, efectivamente, queda acreditado en él que hay 397 trabajadores que vienen prestando servicios a la Administración regional con relación laboral documentada, evidenciando la existencia de unos compromisos de gasto emanados de la Orden que, por delegación del Consejero, aprobó el 31 de agosto el Director General de Personal, gasto autorizado y comprometido sin fiscalización previa.
La Intervención Delegada, en su informe de 13 de octubre pasado, expone la necesidad de que el gasto hubiese sido sometido a esa fiscalización, que se omitió, y que, en todo caso, hubiera sido desfavorable por inexistencia de crédito suficiente para su adecuado reconocimiento, circunstancia que subsanó la Consejería con una transferencia mediante la cual, como el propio Interventor reconoce, ahora sí puede considerarse adecuado y suficiente.
Dicho lo anterior, hemos de señalar ahora que las razones esgrimidas por la Consejería para justificar la omisión de la fiscalización previa, no pueden ser acogidas como una incidencia imprevisible. Como consta en Antecedentes, la razón última es que el período vacacional impidió la tramitación correcta de los expedientes de contratación y, como consecuencia, del procedimiento de gasto. Ha de tenerse en cuenta que los órganos de la Administración han de actuar con arreglo a criterios organizativos adecuados para el normal cumplimiento de sus competencias, especialmente en la prestación de servicios al ciudadano, y que, en cualquier caso, el mes de agosto no es inhábil a efectos administrativos. Por esto mismo, en rigor, no puede estimarse justificada la omisión de la fiscalización por las razones apuntadas en la Memoria, aunque sí, al menos, cabe comprender lo sucedido.
Respecto a los incumplimientos normativos advertidos por la Intervención Delegada, el de la insuficiencia de crédito es el más grave, toda vez que son nulos de pleno derecho los compromisos de gastos adquiridos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados, a tenor de lo establecido por el artículo 36 TRLH. Al día de hoy ya no subsiste tal inconveniente pues en el expediente consta documento de retención de crédito suficiente, según el informe del Interventor, para satisfacer las obligaciones que se generen. No obstante, el incumplimiento que supone la autorización de gastos sin fiscalización previa constituye la infracción del artículo 110 c) TRLH, por lo que tiene razón el Interventor al señalar la aplicabilidad del artículo 111 de ese mismo texto legal, aunque debe dudarse de que existiese verdadero objeto del procedimiento a la vista de las circunstancias posteriores, aspectos que deberá constatar la Consejería para actuar en consecuencia.
Por último, el artículo 33.2 del Decreto nº 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(RCIM), exige que la Intervención se manifieste sobre la posibilidad y conveniencia de revisión de los actos dictados con infracción del ordenamiento, y así lo hace al afirmar que, por razones de economía procesal, no procederá la revisión teniendo en cuenta que se materializaría en una indemnización de daños y perjuicios de importe igual al de las retribuciones pendientes de abonar. En relación con esto hay que decir:
1º. Que una cosa es la posibilidad y otra la conveniencia de revisar los actos. Para apreciar la concurrencia de la primera no debe obviarse que en el caso presente existe un acto expreso, formalizado, por el que se han originado los compromisos de gasto. Al constar la posterior trasferencia de créditos, el acto creador del compromiso queda integrado con el requisito que le faltaba, razón que apoya la conveniencia de no revisarlo.
2º. Que, tras la afirmación anterior, no haría falta continuar con el examen de la conveniencia de su revisión. A pesar de ello entiende el Consejo Jurídico que, tanto para este como para casos análogos, debe quedar indubitado que la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo por falta de crédito, por aplicación del artículo 102 LPAC, en su redacción actual, es obligada -no sólo permitida, como lo hacía en su redacción anterior a la Ley 4/1999, de 13 de enero-, salvo que concurra alguna de las circunstancias que el mismo artículo 106 LPAC contempla como limitadoras de las facultades de revisión. Entre ellas alude a circunstancias contrarias a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Este es el caso que contemplamos, puesto que el derecho al percibo de sus retribuciones por los trabajadores que están prestando servicios desde el 1 de septiembre no puede verse perjudicado por el ejercicio de las facultades revisoras de la administración, sobre todo teniendo en cuenta que la indemnización a percibir, en el caso de que así fuese, sería superior incluso, por los daños que les ocasionara la demora en su percibo, no igual como indica la Intervención.
Debemos concluir señalando la correción, con arreglo al RCIM, de la propuesta que se pretende elevar al Consejo de Gobierno y de la conveniencia de que se reconozca la obligación, debido a los servicios que se están prestando por los trabajadores.
En virtud de lo expuesto, el Consejo Jurídico de la Región de Murcia dictamina la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.
A la vista del procedimiento instruido por la Consejería de Educación y Universidades, el Consejo de Gobierno puede autorizar a su titular a reconocer la obligación y proponer los pagos que se deriven de la contratación laboral temporal de 397 profesores de religión por importe de 753.667.200 ptas, para el curso escolar 2000-2001.
No obstante, V.E. resolverá.