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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2002
Número de dictamen: 156/02
Tipo: Proyectos de Reglamentos o Disposiciones Generales
Consultante: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Asunto: Proyecto de Decreto por el que se convocan elecciones a miembros del pleno de la Cámara Agraria de la Región de Murcia.
Dictamen:
Extracto de Doctrina
La Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/2001, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales suprime la exigencia de garantías en los supuestos de anticipo de subvenciones a organizaciones sindicales, pero el hecho de que puedan presentar candidaturas a la Cámara agrupaciones independientes de electores (en los que, obviamente, no concurre la circunstancia de ser una organización sindical) precisa que se incorpore en la Memoria una justificación de la supresión de garantía a tales agrupaciones independientes, so pena de contravenir un precedente administrativo sin la necesaria motivación; en caso de no estar justificada dicha supresión, habría que mantener dicha exigencia para este concreto supuesto.


ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 20 de marzo de 2002 se celebró una reunión entre la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica, el Secretario de la Cámara Agraria de la Región de Murcia y los representantes de las organizaciones agrarias COAG-IR, ADEA-ASAJA y UPA. La finalidad de la referida reunión, según consta en el Acta extendida al efecto, era, entre otras, determinar el calendario electoral y fijar los criterios para la elaboración del censo provisional.
SEGUNDO.- Mediante resolución de 29 de abril de 2002, la citada Dirección remitió un borrador de Proyecto de Decreto por el que se convocan elecciones a la Cámara Agraria de la Región de Murcia a las organizaciones agrarias enumeradas en el Antecedente anterior, para que durante un plazo de 15 días hábiles pudieran formular las alegaciones que tuvieran por conveniente.
TERCERO.- El 6 de junio de 2002 se emite la preceptiva Memoria de contenido económico en la que se efectúa una valoración orientativa de los gastos que conllevará la ejecución del Proyecto normativo, y el 11 siguiente se emite el informe relativo a su necesidad y oportunidad, ambos de la citada Dirección General.
CUARTO.- El 1 de julio de 2002 emite informe el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente sobre el Proyecto de Decreto, y se elabora un nuevo texto, de fecha 5 de julio de 2002, que incorpora las observaciones efectuadas por el referido Servicio Jurídico, previo informe, de la misma fecha, de la citada Dirección general.
QUINTO.- El 17 de julio de 2002 se emite el preceptivo informe de la Secretaría General Técnica.
SEXTO.- Solicitado el preceptivo informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos, lo emite el 26 de julio de 2002, favorable, en general, al proyecto, salvo en aspectos puntuales.
A la vista de los referidos Antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre un proyecto de disposición regional que desarrolla el artículo 25.2 de la Ley 10/97, de 18 de noviembre, de la Cámara Agraria de la Región de Murcia (LCARM), concurriendo, así, el supuesto establecido en el artículo 12.5 de la Ley 2/97, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
El Dictamen se emite con carácter de urgencia de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de esta última Ley, dada la inminencia de la fecha en que, según la LCARM, han de convocarse las elecciones objeto del proyecto de Decreto, a saber, cada cuatro años (artículo 19.4), y haberse convocado las primeras (y únicas) por Decreto 52/98, de 24 de septiembre (BORM de 7 de octubre).
SEGUNDA.- Contenido del Proyecto.
El Proyecto objeto del Dictamen, cuyo texto definitivo es el que obra a los folios 23 y 24 del expediente remitido, según se indica en el índice del mismo, consta de Exposición de Motivos y nueve artículos dedicados a: día de la celebración de las elecciones, número de miembros a elegir, campaña electoral, constitución del Pleno de la Cámara Agraria, subvenciones electorales, límite de aportaciones a las cuentas de las candidaturas, límites de gastos electorales, rendición de cuentas, dietas y gratificaciones; concluye el proyecto con una Disposición Final sobre entrada en vigor del Decreto.
TERCERA.- Procedimiento.
Constan en el expediente los informes preceptivos, a los que se ha hecho referencia en los Antecedentes.
En lo que atañe a las consultas preceptivas a las organizaciones profesionales agrarias a las que se refiere el artículo 19.1 LCARM, consta el traslado a las que tienen representación en la Cámara Agraria de nuestra Región, según afirma el informe del Secretario General de la Consejería, pero no se determina si, además de éstas, existen otras implantadas en la Región, a las que, de existir, también debería consultarse, conforme a lo que se dispone dicho precepto.
Igualmente, tampoco consta si las organizaciones profesionales consultadas coinciden con todas las de ámbito nacional reconocidas legalmente, pues también habría que haber consultado a las que no tuvieran representación en la citada Cámara, en su caso.
Tales circunstancias deberían haberse hecho constar en los informes emitidos por la Consejería proponente; al no haber sido así, ha de hacerse ahora la oportuna advertencia, procediendo, en su caso, la consulta.
CUARTA.- Habilitación legal del Proyecto.
El artículo 19.1 LCARM establece que corresponde al Consejo de Gobierno determinar las fechas de celebración de las elecciones a la Cámara Agraria de la Región de Murcia, así como la convocatoria de las mismas, mediante Decreto, previa comunicación al Gobierno de la Nación y consulta a las organizaciones profesionales que allí se indican.
El artículo 25.2 de dicha Ley establece, además, que en el Decreto de convocatoria se
"fijará los gastos máximos del proceso electoral, sus mecanismos de control y el régimen de financiación".
Como señaló este Consejo en su Dictamen 25/98, de 30 de agosto,
"ante lo coyuntural de los aspectos económicos, materia que viene marcada por constantes cambios, el legislador ha estimado que, si ha de transcurrir cuatro años entre dos procesos electorales, el Consejo de Gobierno ha de concretar en cada convocatoria las condiciones económicas en que se deba desenvolver, como modo de garantizar la adecuación a las circunstancias del momento de los importes de los gastos electorales, tal y como se hace en el artículo 35.3 de la Ley 2/1987, de 12 de febrero, Electoral de la Región de Murcia. Sin embargo ello no impide que la regulación de lo permanente en gastos electorales (condiciones de los administradores, obligaciones de información, conceptos computables, etc.) pueda y deba ser incluida en un Decreto que en su artículo 1 declara que su objeto es establecer el régimen electoral de la Cámara Agraria de la Región de Murcia."
Y ello porque, como tambien señala dicho Dictamen, "
junto a esa determinación o fijación prevista de forma expresa por el artículo 25.2, la L.C.A.R.M. ha previsto de manera implícita pero sistemáticamente necesaria la existencia de una regulación general y estable de los gastos electorales, su financiación y control"
Esos aspectos normativos generales y estables sobre los gastos electorales a los que se refería el citado Dictamen fueron incluidos en los artículos 8 a 13 del Decreto 51/98, de 24 de septiembre, por el que se regulan las elecciones a la Cámara Agraria de la Región de Murcia, con lo que el cuatrienal Decreto de convocatoria de elecciones ha de desarrollar dicho régimen en los aspectos que, por coyunturales, se estime que deben ser establecidos para cada proceso electoral.
A este respecto, y aun cuando hay aspectos incluidos en el Proyecto que, en opinión del Consejo, y en la línea de lo dicho en el Dictamen 26/98, de 31 de agosto (emitido con ocasión de la primera y única convocatoria de elecciones efectuada hasta el momento), deberían incluirse como normativa estable de los gastos electorales (en especial, lo establecido en los artículos 8 y 9 del Proyecto, sobre rendición de cuentas y dietas, sin perjuicio en este último caso de su actualización conforme al Indice de Precios al Consumo, como se prevé para las dietas en general), puede considerarse admisible la regulación proyectada, sin perjuicio de lo que se indicará a continuación sobre aspectos concretos de la misma.
QUINTA.- Observaciones a la Exposición de Motivos y al articulado del Proyecto.
1. En la Exposición de Motivos o Preámbulo de la norma deberá incluirse la fecha en que se haya efectuado la comunicación al Gobierno de la Nación prevista en el artículo 19.1 LCARM, que deberá realizarse antes de la aprobación del Proyecto.
2. En el artículo 4 debe eliminarse la expresión "Real" que precede a Decreto.
3. En relación con el Decreto 52/98, antes citado, se detecta un importante incremento en la cuantía de las subvenciones a otorgar, sin que el mismo haya sido objeto de justificación en la memoria económica, exigencia de motivación que ha de ser subsanada, so pena de ser calificado de arbitrario.
4. Asimismo en relación con el Decreto 52/98, se ha suprimido la obligación de prestar aval bancario en supuestos de anticipo de las subvenciones (art. 8.3), sin que se explicite la razón de dicha supresión para el caso de agrupaciones independientes de electores; la Disposición Adicional Quinta de la Ley 7/2001, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos Cedidos y Tasas Regionales suprime la exigencia de garantías en los supuestos de anticipo de subvenciones a organizaciones sindicales, pero el hecho de que puedan presentar candidaturas a la Cámara agrupaciones independientes de electores (en los que, obviamente, no concurre la circunstancia de ser una organización sindical) precisa que se incorpore en la Memoria una justificación de la supresión de garantía a tales agrupaciones independientes, so pena de contravenir un precedente administrativo sin la necesaria motivación; en caso de no estar justificada dicha supresión, habría que mantener dicha exigencia para este concreto supuesto.
A la vista de las precedentes Consideraciones, el Consejo Jurídico formula las siguientes

CONCLUSIONES
PRIMERA.- El Consejo de Gobierno dispone de competencia y habilitación legal para aprobar el Proyecto objeto de Dictamen.
SEGUNDA.- En su caso, deberán realizarse las consultas a las que se hace referencia en la Consideración Tercera del Dictamen. De ser innecesarias tales consultas, deberá incluirse en el expediente la oportuna justificación de la inexistencia de otras agrupaciones profesionales agrarias a las que el artículo 19.1 LCARM prevé consultar.
TERCERA.- Deben introducirse las modificaciones al Proyecto o, en su caso, incluir en el expediente la motivación adecuada, en relación con los aspectos a los que se refiere la Consideración Quinta de este Dictamen.
No obstante, V.E. resolverá.