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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2002
Número de dictamen: 100/02
Tipo: Propuestas sobre reconocimiento de obligaciones con omisión de la intervención previa
Consultante: Consejería de Educación y Cultura
Asunto: Omisión de fiscalización previa de los gastos ocasionados por los asistentes al Encuentro de Escritores «Murcia Ardentisima 2002».
Dictamen:
Extracto de Doctrina
Para no revisar el acto viciado es necesario, de un lado, que se haya acreditado la correcta contraprestación, que es lo que propiamente genera la obligación económica, que exista crédito adecuado para atenderla, que no concurran intereses de terceros que pudieran ser lesionados de no declararse la invalidez del acto en cuestión, y que el importe de la indemnización al interesado a que daría lugar la declaración de nulidad del acto no fuera inferior al importe de la obligación económica irregularmente contraída.


ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2001 la Consejería de Turismo y Cultura inició expediente anticipado de gasto (documento contable "RC de tramitación anticipada", de ref. núm. 3570/2001), con cargo a la partida presupuestaria 19.0500.452A.64900.
SEGUNDO.- Con fecha 17 de diciembre de 2001, dicha Consejería dictó Orden aprobando el pliego de cláusulas administrativas particulares y el gasto que comportaba (documento contable "A de tramitación anticipada", de ref. núm. 4272/2001).
TERCERO.- El 3 de enero de 2002, se publica en el BORM el anuncio de contratación pública del expediente de referencia, con un plazo para la presentación de ofertas que finalizaba el 18 de enero de 2002.
CUARTO.- Por Decreto del Consejo de Gobierno núm. 1/2002, de 15 de enero, de Reorganización de la Administración Regional, se crea la Consejería de Educación y Cultura, atribuyéndose a la misma las competencias de la Dirección General de Cultura de la extinta Consejería de Turismo y Cultura.
QUINTO.- Con fecha 4 de febrero de 2002, y una vez remitido el expediente a la nueva Consejería competente, el Consejero de Educación y Cultura dictó Orden declarando válidas las actuaciones anteriores y designó a los nuevos componentes de la Mesa de Contratación. El 8 de febrero de 2002 se produjo el acto de apertura de las ofertas, al que únicamente se presentó la empresa A., S.L. Posteriormente, se adjunta al acta un informe de fecha 12 de febrero, de la Coordinadora de Actividades Socioculturales de la Dirección General de Cultura, en el que se declara que la única oferta presentada se ajusta a lo indicado en el pliego de condiciones técnicas y que por tanto puede procederse a adjudicar el contrato a la misma.
SEXTO.- El 13 de febrero se reunió la Mesa de Contratación y acordó que "dado que no se ha producido la transferencia a la Consejería de los fondos procedentes de la extinta Consejería de Turismo y Cultura (en lo que correspondía a las partidas relativas a Cultura a ejecutar por la nueva Consejería de Educación y Cultura, se entiende) no es posible formular propuesta de adjudicación ya que al carecer de presupuesto para este expediente, no es posible fiscalizar (favorablemente, se entiende) dicha propuesta".
SÉPTIMO.- Con fecha 22 de abril, una vez producida la referida transferencia, se reunió nuevamente la Mesa de Contratación y, a la vista de que el evento objeto de la contratación ya se había producido, decidió proponer que se declarara desierta la misma. Circunstancia que se produjo con la Orden de 29 de abril de 2002 de la Secretaría General, por delegación, del Consejero de Educación y Cultura.
OCTAVO.- Se adjunta al expediente factura núm. 179/02 de 29 de abril de 2002, de la empresa A., S.L. por los servicios objeto del expediente de referencia. Asimismo, con esa misma fecha, consta en el expediente un informe emitido por Técnico de la Dirección General de Cultura sobre la conformidad de los servicios prestados.
NOVENO.- Con fecha 2 de mayo de 2002, se formula propuesta por el Vicesecretario de la Consejería para que el expediente se someta a la consideración de la Intervención Delegada para que, en su caso, emita el informe a que se refiere el artículo 33.2 del Decreto núm. 161/1999, de 30 de diciembre.
DÉCIMO.- El 10 de mayo de 2002 el Interventor Adjunto a la Intervención Delegada en la Consejería emite el referido informe, en el que se pronuncia sobre los extremos indicados en las letras a), b) y c) del citado artículo 33.2, indicando que no se realizó el acto formal de compromiso del gasto para la ejecución de las prestaciones (se entiende, los actos de adjudicación y formalización del contrato) y, en consecuencia, se ha omitido el trámite preceptivo de fiscalización previa al que se refieren los artículos 90.1, 92.1 y 93 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Añade que consta documentalmente la realización de las prestaciones irregularmente contratadas y la conformidad de las mismas por la Dirección General de Cultura. Constata la existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente y concluye con su opinión sobre la inconveniencia de proceder a la revisión de los actos viciados por la omisión de los trámites preceptivos, al considerar que la eventual nulidad llevaría aparejada la misma consecuencia económica que con el abono de la factura en cuestión, ya que la indemnización de daños y perjuicios derivada de la declaración de nulidad no sería inferior al importe que ahora se propone reconocer.
DECIMOPRIMERO.- El 15 de mayo de 2002 el Director General de Cultura formula la memoria exigida por el artículo 33.3, último párrafo, del citado Real Decreto, de la que conviene resaltar lo siguiente:
"En los días previos a la celebración de los Encuentros de escritores "Murcia Ardentísima 2002", y ante la imposibilidad de adjudicar la contratación, tantas veces referida, cuya prestación era vital para el buen funcionamiento del "Evento", se optó por encargar la ejecución de la prestación a la empresa A., S.L., en el precio y en las condiciones estipuladas para el contrato, que no se había podido perfeccionar por las razones expuestas. Tal decisión se adoptó para evitar un importante desprestigio para la Región, ya que "Murcia Ardentísima 2002", lógicamente, había sido anunciada en los distintos medios de comunicación, y los escritores intervinientes convocados meses atrás. Por otra parte, se había observado el principio de publicidad y concurrencia al hacer pública la licitación, siendo la empresa en cuestión la única que se presentó, con lo que no se producía perjuicio a terceros ni a la propia Administración, y por último el objeto, plazo, precio, y demás estipulaciones se encontraban perfectamente definidas en los Pliegos de Bases y en la proposición presentada por A., S.L., documentos, que como consta en el expediente de contratación tramitado al efecto, fueron informados favorablemente por las Unidades Administrativas correspondientes. Por todo ello se puede concluir afirmando que se hizo lo más conveniente para el interés público, y que se ha observado escrupulosamente el procedimiento hasta el momento inmediatamente anterior a la adjudicación, motivado esto último por algo ajeno al expediente de contratación propiamente dicho, como era la transferencia de los créditos".
DECIMOSEGUNDO.- Finalmente, consta en el expediente un escrito del Consejero de Educación y Cultura, sin fecha y sin firmar, en el que propone al Consejo de Gobierno que acuerde "autorizar a la Consejería de Educación y Cultura para reconocer la obligación con A., S.L., CIF B-, correspondiente al servicio realizado para gestionar los desplazamientos, alojamientos y manutención de los asistentes al Encuentro de Escritores "Murcia Ardentísima 2002", por un importe de treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro euros con noventa y dos céntimos (39.384,92 euros) con cargo a la partida 15.07.00.452A. 64900 del Presupuesto vigente de esta Comunidad Autónoma."
DECIMOTERCERO.- El 28 de mayo de 2002 tiene entrada en este Consejo Jurídico oficio del Consejero de Educación y Cultura en el que solicita la emisión de nuestro preceptivo Dictamen, acompañando el expediente, extracto e índice reglamentarios.
A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes

CONSIDERACIONES
PRIMERA.- Carácter del Dictamen.
El presente Dictamen versa sobre una propuesta de reconocimiento de obligaciones contraidas por la Administración Regional con omisión en el procedimiento del trámite preceptivo de fiscalización de la Intervención, lo que constituye un supuesto de los previstos en el artículo 12.12 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
SEGUNDA.- Cuestiones formales.
La propuesta objeto de Dictamen no viene firmada por el Consejero competente, lo que es preceptivo para considerarla como verdadera propuesta y no como un mero borrador. No obstante, al ser el propio Consejero el que solicita el Dictamen y el que remite dicho borrador, hay que entender que asume su contenido, pues de lo contrario parece obvio que no lo hubiera remitido.
Por otra parte, y como pone de manifiesto el informe de la Intervención Delegada, la Consejería no ha seguido estrictamente el procedimiento establecido en el artículo 33 del citado Decreto 161/1999 para conseguir que el Consejo de Gobierno le autorice a reconocer una obligación en un expediente en el que hay omisión de un trámite preceptivo de fiscalización de la Intervención. En efecto, el citado precepto prevé que sea la Intervención la que, de oficio y al conocer de una propuesta de reconocimiento de obligaciones o de ordenación de pago que previamente le haya remitido un órgano gestor para su fiscalización, emita el informe que, sin carácter de fiscalización, prevé el citado precepto.
Como dijimos en el Dictamen 44/2000, la solicitud directa a la Intervención del informe al que se refiere el citado artículo produce una cierta distorsión del procedimiento y de la posición del órgano fiscalizador. Quiere decirse que, aun cuando, como en este caso, un órgano gestor advierta por sí mismo una omisión de fiscalización y, por tanto, sepa de antemano que la propuesta de reconocimiento de obligaciones que remitiera a la Intervención para fiscalización no sería fiscalizada favorablemente por advertir ésta tal omisión, ello no le exime de remitir la propuesta, pues es entonces cuando la Intervención debe decidir si procede bien fiscalizar, bien emitir el informe al que se refiere el citado artículo 33.2. No otra puede ser la mecánica de este procedimiento, porque dicho precepto indica que la Intervención emitirá su opinión
"respecto de la propuesta" que el órgano gestor le eleve; propuesta que no es, como se dice, de emisión del informe en cuestión sino la propuesta de reconocimiento de la obligación o, en su caso, de ordenación de pago que corresponda en el "iter" procedimental de ejecución del gasto.
No obstante lo anterior, y en aras de la eficacia y celeridad del procedimiento, procede entrar en el fondo del asunto, ya que obran en el expediente el informe de la Intervención y la memoria del órgano gestor explicativa de la omisión del trámite fiscalizador.
TERCERA.- Sobre la procedencia de autorizar el reconocimiento de las obligaciones a que se refiere la propuesta objeto de Dictamen.
Según se desprende de los Antecedentes del Dictamen, el Director General de Cultura, ante la imposibilidad de adjudicar formalmente el contrato en cuestión por carecer de crédito en ese momento, contrató verbalmente, con la única empresa presentada a la licitación, los servicios requeridos.
Desde el punto de vista de la normativa sobre ejecución presupuestaria, que es lo que ahora nos ocupa, sin perjuicio, pues, de otras infracciones, dicha contratación verbal supuso que no se formulara la preceptiva propuesta de compromiso del gasto y, en consecuencia, que se contrajera un compromiso económico sin la previa y preceptiva fiscalización de la Intervención.
Además, se infringió: a) la legislación de contratos, que prohibe la contratación verbal; b) las normas sobre competencia para contratar, pues el Director General de Cultura no es el órgano de contratación, y c) la normativa presupuestaria, al contraer un compromiso de gasto careciendo en ese momento de crédito el órgano contratante (aun cuando es cierto que la correspondiente partida presupuestaria iba a ser transferida en un futuro a la Consejería de Cultura y Turismo, en virtud de la reorganización departamental a que se ha hecho referencia en los Antecedentes).
El procedimiento regulado en el citado artículo 33 tiene la finalidad de evaluar las infracciones cometidas y determinar si, aun estando incurso en causas de invalidez el acto administrativo que ha dado lugar a la existencia de una obligación económica para la Administración, no conviene revisarlo y, por tanto, no privarle del indicado efecto, y que el Consejo de Gobierno autorice al Consejero competente a dictar un acto de reconocimiento de la obligación (acto cuya eficacia es sólo interna y a efectos del procedimiento de gasto, pues materialmente ya se ha contraído la obligación con el tercero) y, de esa forma, que prosiga el expediente de gasto y se proceda al pago.
Para no revisar el acto viciado es necesario, de un lado, que se haya acreditado la correcta contraprestación, que es lo que propiamente genera la obligación económica, que exista crédito adecuado para atenderla, que no concurran intereses de terceros que pudieran ser lesionados de no declararse la invalidez del acto en cuestión, y que el importe de la indemnización al interesado a que daría lugar la declaración de nulidad del acto no fuera inferior al importe de la obligación económica irregularmente contraída.
En el presente caso, conforme indica el informe de la Intervención, concurren todos los presupuestos para no revisar el acto viciado.
En especial, debemos destacar que no hay terceros que pudieran verse perjudicados por la no anulación de la contratación verbal, porque no había más licitadores que la empresa con la que se contrató.
Por lo demás, consta la correcta prestación de los servicios contratados y la existencia de crédito adecuado para atender la obligación.
En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente

CONCLUSIÓN
ÚNICA.- Se informa favorablemente la propuesta de Acuerdo a elevar al Consejo de Gobierno para que autorice al Consejero de Cultura y Turismo a reconocer la obligación económica contraída con A., S.L., por un importe de 39.384,92 euros, por los servicios prestados en relación con el Encuentro de Escritores "Murcia Ardentísima 2002".
No obstante, V.E. resolverá.