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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 186/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Educación, Juventud y Deportes
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, en nombre y representación de su hija menor de edad Y, debida a accidente escolar.
Dictamen:

Dictamen nº 186/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes (por delegación de la Excma. Sra. Consejera), mediante oficio registrado el día 30 de enero de 2019, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, en nombre y representación de su hija menor de edad Y, debida a accidente escolar (expte. 35/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 26 de febrero de 2018, D. X presenta reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por los daños que dice haber sufrido su hija Y durante la clase de Educación Física en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) "Fernández Caballero", de Murcia, del que es alumna.


Relata el reclamante que el 6 de febrero de 2018, durante la clase de Educación Física y cuando las niñas realizaban el juego "los cazadores", ordenado por el profesor de la asignatura, una compañera de clase cayó encima de la menor, golpeándose ésta contra el suelo, con el resultado de un hematoma frontoparietal y la rotura de un diente.


Solicita una indemnización de 70 euros, en concepto de resarcimiento del coste de reconstrucción de la pieza dentaria, que acredita mediante copia de factura expedida por una clínica dental.


Aporta junto a la reclamación copia de informe de alta en urgencias, datos bancarios y Fotocopia del Libro de Familia, del cual se deduce que la niña tenía 9 años en el momento de los hechos, así como copia del DNI del reclamante.


Consta en el expediente, asimismo, el informe de accidente escolar evacuado por la Dirección del Centro Educativo, que confirma el daño padecido por la alumna y relata los hechos como sigue: "Durante el desarrollo de la sesión de Educación Física, dos alumnas tropezaron cayendo una sobre la otra y provocándole la lesión anteriormente señalada", es decir, "golpe en la cabeza y diente partido". La alumna cursaba estudios de 4º de Primaria. Afirma, asimismo, que los hechos se produjeron en el pabellón en presencia del profesor de la asignatura y del resto de alumnos del grupo.


SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación, se nombra instructora que procede a comunicar al interesado la información prescrita por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), al tiempo que recaba del centro escolar el preceptivo informe sobre lo acaecido.


TERCERO.- Con fecha 4 de mayo de 2018, el profesor de Educación Física responsable del grupo de alumnos cuando se produjo el incidente relata lo acaecido en los siguientes términos:


"El día 6/02/2018 durante la sesión de Educación Física, en el desarrollo de uno de los juegos, una alumna tropieza con la alumna Y. En la caída, la compañera de Alba cae sobre ella y Alba sufre un golpe en su cabeza. Como resultado de dicho golpe, la niña pierde una porción de un diente. Se le aplica hielo tanto en el labio como en la frente y se avisa a los padres".


El maestro, que presenció el accidente, manifiesta que el juego en cuestión contaba con unas normas previamente explicadas en el aula, antes del inicio de la sesión en el pabellón, y que las alumnas implicadas desarrollaban la actividad conforme a las normas indicadas, sin que concurriera imprudencia por parte de ninguna de ellas ni defectos u obstáculos en la superficie del pabellón que pudieran propiciar la caída.


Finaliza el informe calificando lo sucedido de fortuito e imposible de prever por parte del maestro.


CUARTO.- Conferido, el 25 de mayo de 2018, trámite de audiencia al reclamante, no consta que haya hecho uso del mismo.


QUINTO.- Con fecha 23 de enero de 2019, se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación al no apreciar la instructora la concurrencia de todos los elementos a los que el ordenamiento jurídico anuda el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, singularmente el nexo causal entre el funcionamiento del servicio público educativo y el daño alegado, toda vez que el accidente se produjo de forma totalmente fortuita.


En tal estado de tramitación se remite el expediente en solicitud de dictamen mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el pasado 30 de enero de 2019.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el artículo 81.2 LPACAP.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La legitimación activa corresponde, a tenor de lo establecido en el artículo 162 del Código Civil, a las personas que ostenten y acrediten la representación legal de la menor, circunstancia que, respecto del reclamante, se constata con la fotocopia del Libro de Familia.


     La legitimación pasiva corresponde a la Administración regional a la que pertenece el Colegio donde se produjo el accidente escolar.


       II. La pretensión indemnizatoria ha sido ejercitada dentro del plazo de un año al que se refiere el artículo 67.1 LPACAP.


     III. A la vista de las actuaciones que constan en el expediente remitido, puede afirmarse que se ha cumplido sustancialmente lo exigido por la LPACAP para la tramitación de esta clase de reclamaciones.


TERCERA.- Sobre el fondo del asunto. Elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial: nexo causal y antijuridicidad: inexistencia.


  De las actuaciones practicadas puede, inicialmente, afirmarse la conformidad de este Órgano Consultivo con la propuesta de resolución que las concluye, al no advertir que concurran en el accidente sufrido por la alumna todos los requisitos que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), exige para que la responsabilidad patrimonial de la Administración sea declarada a causa del mismo.


     En efecto, según el artículo 32 LRJSP, cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, aquéllos tienen el derecho a que la Administración les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. De esta manera, la responsabilidad patrimonial de la Administración se presenta configurada como una responsabilidad objetiva y directa.


     Ahora bien, a este respecto el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes emitidos en supuestos similares al presente, ha de destacar que si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999).


     Asimismo el Tribunal Supremo, en sentencia de la Sala 3ª, de 26 de febrero de 1998, indicó que "durante el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares y complementarias el profesorado tiene el deber de observar la diligencia propia de los padres de familia". En el supuesto examinado puede afirmarse que ese grado de diligencia no demandaba mayores medidas de prevención y protección que las adoptadas, y que el evento se produjo en el desarrollo de la clase de Educación Física, como consecuencia de un juego que las niñas realizaban conforme a las reglas del mismo y bajo la supervisión del maestro de la asignatura, y hay que tener en cuenta que los daños materializados (daño físico) constituyen un riesgo inherente a la práctica deportiva que ha de ser soportado por quien lo sufre, máxime cuando, por un lado, no se ha constatado que la concreta actividad se apartase de las reglas ordinarias de su práctica, ni que haya mediado agresión o intencionalidad por parte de la compañera implicada en la acción; de otra parte, el reclamante no ha desplegado actividad probatoria alguna para acreditar la imputación del daño al servicio público docente, a pesar de que a él le corresponde la carga de la prueba a tenor de lo que, al respecto, se recoge en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Corolario de lo expuesto es que no existe la conexión con el servicio público educativo que es necesaria para estimar la pretensión indemnizatoria formulada.


     Por otro lado, el Consejo de Estado en reiterados Dictámenes, entre los que podemos citar el número 229/2001, mantiene un criterio similar al jurisprudencial, al señalar que el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración no implica que "deba responder necesariamente de todos los daños que puedan sufrir los alumnos en centros públicos, sino que, para que proceda la responsabilidad patrimonial, deberán darse los requisitos que la caracterizan, legalmente establecidos en los artículos 139 a 146 LPAC" (hoy 32 y siguientes LRJSP), habiendo precisado que ni siquiera generan responsabilidad las actividades que tienen un riesgo normal, como la práctica de ejercicios livianos. En este mismo sentido se ha manifestado dicho Órgano Consultivo en supuestos similares al que nos ocupa, estimando la no concurrencia de responsabilidad de la Administración educativa (entre otros, Dictámenes 648/2002, 658/2003 y 933/2004).


     También es abundante la doctrina sentada por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia que, reiteradamente, ha propugnado la ausencia de la relación de causalidad cuando los hechos se producen fortuitamente dentro del riesgo que supone la práctica deportiva escolar, y no por falta de la vigilancia exigida al profesorado, como expuso en la Memoria correspondiente al año 2003, exponente de la cual son los Dictámenes 51/2009, 28/2011 y 380/2016, entre otros muchos, emitidos en supuestos similares al que es objeto del presente Dictamen.


     En definitiva, para que resulte viable la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas es preciso que concurra el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño irrogado al particular y, en el supuesto sometido a consulta, del testimonio del profesor de la asignatura se pone de manifiesto que el golpe fortuito de la menor con otra compañera se produjo sin intencionalidad alguna, durante la práctica de la actividad conforme a las reglas ordinarias de la misma y sin que concurran defectos u obstáculos en la pista deportiva, lo que, como ya se adelantaba antes, impide apreciar la existencia de un título de imputación adecuado y suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación, al no constar acreditada la concurrencia de todos los elementos a los que el ordenamiento jurídico anuda el nacimiento de la responsabilidad patrimonial.


No obstante, V.E. resolverá.