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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 282/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 282/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 2 de mayo de 2019, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 160/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 29 de mayo de 2014 D.ª X presenta una reclamación por los perjuicios causados como consecuencia de la operación de fractura en el húmero a la que fue sometida en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla (HVC) el 21 de septiembre de 2012 (folios 1 a 6 expte.).


Acompaña a la reclamación diversa documentación médica.


La reclamante no cuantifica inicialmente la reclamación, difiriéndolo para un momento posterior.


SEGUNDO.- Por Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de 11 de junio de 2014 se admitió a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial (folio 7 expte.).


Dicha reclamación se notificó a la Gerencia de Área de Salud V ?HVC de Yecla-, a la Correduría Aón Gil y Carvajal, S.A. a efectos de su traslado a la Compañía Aseguradora del Servicio Murciano de Salud, a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y a la Asesoría Jurídica (folios 9 a 12 expte.).


TERCERO.- Fueron recabados y remitidos la historia clínica del paciente y el informe de los profesionales implicados.


De estos profesionales del HVC han emitido informe:


1º. El Dr. Y, Jefe de Sección del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (folio 16 expte.), que indica lo siguiente:


"Paciente intervenida por fractura humero proximal izquierdo mediante osteosíntesis de humero el 21/09/2012.

Intervenida el 12/12/2012 mediante extracción de placa y limpieza de foco por infección y de nuevo intervenida el 16/01/2013 por persistencia de infección.

El proceso ha cursado con seguimiento en consultas, curas y antibioterapia específica según cultivo y antibiogramas hasta la resolución provisional de la infección.

La última consulta en Julio/2013 presenta normalización de las analíticas y la gammagrafía ósea".


2º.- El Dr. Z (folios 17 y 18 expte.), que concluye en el siguiente sentido:


"1º la paciente recibió diariamente tto antibiótico por lo que es totalmente falso que no los recibiera, tal como consta en su historia clínica

2º los ejercicios pasivos son menester después de operados los pacientes para evitar la rigidez post operatoria.

Es falso que la placa estuviese suelta dado que de ser así la cabeza humeral osteosintetizada se hubiese girado al movilizar el hombro intervenido.

Por el contrario el foco de fractura se mantuvo en la misma posición desde que se estabilizó el mismo hasta el momento de retirar dicha placa la cual intraoperatoriamente se comprueba estable.


CUARTO.- Solicitado por la instrucción del expediente que se emita informe sobre los protocolos de control de infección que se siguen en el HVC (folio 67 expte.), se emite éste por la Directora de Enfermería (folio 69 expte.) indicando que "Tras analizar la historia clínica de Dª X valorando las intervenciones en su proceso quirúrgico tanto en el ámbito hospitalario como en el de atención primaria, se han cumplido los protocolos del Área...".


QUINTO.- Admitida la prueba propuesta y abierto el plazo de prueba, con fecha 7 de noviembre de 2014 (folios 120 a 125 expte.) la reclamante presenta escrito por el que cuantifica la indemnización solicitada en 75.395,46 euros, y aporta informe médico del Dr. P, que establece las siguientes conclusiones:


"La paciente ha precisado tres intervenciones quirúrgicas, estando hospitalizada 15 días y siendo alta definitiva el 3-IX-13, tras 366 días de tratamiento, todos ellos impeditivos. En la actualidad presenta la situación anteriormente referida, valorada como:

A) Omalgia izquierda, 3 puntos.

B) Anquilosis de hombro en posición no funcional 25 puntos.

C) Perjuicio estético leve 3 puntos.

Las anteriores secuelas provocan una limitación funcional para el desarrollo de cualquier tipo de actividad que requiera esfuerzos físicos o movilidad con el miembro superior izquierdo, pudiendo valorarse dicha limitación como invalidez permanente total.

Las anteriores secuelas podrían haberse minimizado si no hubiera existido una infección de la herida quirúrgica, no constando en los informes médicos aportados que se hubiera tratado con antibióticos antes y después de la primera intervención".


SEXTO.- Con fecha 17 de noviembre de 2014 se solicitó de la Inspección Médica informe valorativo de la reclamación presentada, acompañando a dicha solicitud copia del expediente (folio 126 expte.), emitiendo dicho informe con fecha 8 de febrero de 2019 (folios 189 a 204 expte.), en el que, entre otras, concluye que, "a pesar del correcto tratamiento antibiótico y la buena praxis de los profesionales, fue necesaria la extracción de la placa y limpieza quirúrgica".


SÉPTIMO.- Con fecha 26 de febrero de 2019 se otorgó trámite de audiencia a los interesados (folios 209 y 210 expte.), no constando que éstos hayan formulado alegaciones.


OCTAVO.- La propuesta de resolución, de 26 de abril de 2019 (folios 211 a 218 expte.), desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial por no quedar acreditada la existencia de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial sanitaria.


NOVENO.- Con fecha  2 de mayo de 2019 se ha recabado el Dictamen preceptivo del Consejo Jurídico, acompañando el expediente administrativo.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 142.3 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y con el 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial (RRP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico, legitimación, plazo y procedimiento.


I. La LPAC, ha sido derogada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, Disposición derogatoria única, párrafo 2, letra a), la cual, junto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP), configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, a tenor de lo que establece la Disposición transitoria tercera, letra a), LPACAP, a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior. Por tanto, la nueva regulación será aplicable a los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados a partir del día 2 de octubre de 2016 (Disposición final séptima LPACAP), no siendo el caso del sometido a Dictamen.


II. Por lo que se refiere a la legitimación activa la reclamante estaría legitimada para solicitar indemnización por los daños alegados, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 LPAC.


En cuanto a la legitimación pasiva, corresponde a la Administración regional en tanto que es titular del servicio público de atención sanitaria a la población, a cuyo defectuoso funcionamiento se pretende imputar el daño.


III. La acción resarcitoria ha de considerarse temporánea, toda vez que se ejercitó el 29 de mayo de 2014, antes del trascurso del año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 142.5 LPAC, ya que en caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En el caso que nos ocupa, en el informe del Dr. Y, anteriormente referido, se indica que la última consulta en julio de 2013 presenta normalización de las analíticas y de la gammagrafía ósea. Por tanto, se puede concluir que la reclamación se interpuso en el plazo legalmente establecido de un año.


IV. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, salvo el plazo máximo para resolver que ha excedido en mucho al previsto reglamentariamente en contra del principio de eficacia por el que se ha de regir el actuar administrativo (artículo 3 LPAC).


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa en materia sanitaria. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada "lex artis ad hoc", o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03 de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. La "lex artis", por tanto, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa, cuando del ámbito sanitario se trata.


Así, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: "ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".


Asimismo, la STS, Sala 3ª, de 23 de marzo de 2011, expresa que "la actividad sanitaria no permite exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, ya que su función ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia sanitaria, utilizando al efecto los medios y conocimientos que el estado de la ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, más sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir en todo caso la curación del paciente".


El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala 1ª, de 24 de mayo de 1999, entiende que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia (...) y ello supone tomar en consideración el caso concreto en el que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo) o exógenos (incidencia de sus familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar el acto como conforme o no a la técnica media normal requerida".


En este sentido, pues, debe concluirse en que sólo si se produce una infracción de la "lex artis" responde la Administración de los daños causados que puedan imputarse a dicha actuación infractora, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado criterio de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad administrativa, que habría de declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que, por ejemplo, no pudieran evitar la muerte de un paciente, o la producción de lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica, cuando la correspondiente actuación sanitaria fue realizada conforme a la "lex artis"; responsabilidad que, por lo dicho, no puede admitirse en estos casos.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-. El principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


CUARTA.- Concurrencia de los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial en el presente caso. Falta de acreditación


Considera la reclamante que, tras ser operada de una fractura en el húmero por el Dr. Z en el HVC el 21 de septiembre de 2012, no le recetaron ningún antibiótico tras la operación, y que el hecho de que se soltara la placa provocó una fuerte infección en la zona operada.


Que el Dr. Y se hizo con posterioridad cargo del seguimiento de la operación, que la intervino para quitarle la placa y curar la infección que había en la zona operada el día 12 de diciembre de 2012.


Tras la operación le mandaron antibiótico para 15 días y le volvió a repetir la infección, que dio origen a una tercera operación cuyo objeto era desinfectar la herida. Operación que vuelve a realizar el Dr. Y.


Que como consecuencia del mal seguimiento y de la mala realización de las operaciones, tuvo que volver a ser operada una vez más por infección de la herida y su hombro ha quedado con una limitación funcional, sufrió dolores muy fuertes y cada vez que mueve el brazo le duele.


Consultado otro médico le informa de que hay operación para quitarle el dolor poniéndole una prótesis y que con dicha operación la movilidad apenas mejoraría pero que el dolor sí se puede eliminar. Así mismo le indica que la placa que se le implantó en su día no era la correcta y no se colocó correctamente.


Los daños producidos según la reclamante serían los derivados de una limitación funcional del hombro izquierdo y fuertes dolores que van en aumento.


Como se expone en la propuesta de resolución, la cuestión de fondo consiste en dilucidar si el equipo médico que trató a la reclamante le administró el tratamiento antibiótico adecuado.


En el escrito de aportación de prueba (folio 120 expte.) la reclamante refiere que esa ausencia de tratamiento antibiótico se produjo "tanto antes como después de la primera intervención en la que se colocó la placa, lo que denota la existencia de mala praxis en este asunto".


Para llegar al fondo del asunto, es necesario tener en cuenta, en primer lugar, conforme a los antecedentes que obran en el expediente, que la reclamante sufrió una caída el día 1 de septiembre de 2012, consecuencia de la cual se fracturó en tres partes la cabeza humeral izquierda, ingresando dicho día en el HVC y siendo alta al día siguiente, programándose la cirugía para el día 7 de septiembre previo ingreso el día 6 de dicho mes (folios 22 y 23 expte.).


Según se explica en el informe del Dr. Z que practicó la primera intervención (folio 17 expte.), "El 07/09/2012 por la mañana es vista por el Serv. De Anestesia antes de acceder al quirófano, comprobándose que durante la noche había desarrollado una flebitis en la flexura codo drcho...Registraba además febrícula con signos locales de infección por lo que se decide suspender la intervención. Se medica la noche previa a la cirugía con antibiótico-monocid 1 gr como pauta pre quirúrgica...Se cambia antibiótico a augmentine 1 gr desde el 07/09 al 13/09 donde se cambia por imipenem por Serv. M.Interna". Dicho tratamiento se puede verificar por las notas del médico de guardia del día 13/09/2012 (folio 24 vuelto), donde podemos leer "Actual- en tratamiento con augmentine desde día 7 de sept...Plan...Cambio ATB x imipenem".


De lo expuesto concluimos en una primera instancia que al menos desde el día 7 de septiembre al 13 de dicho mes estuvo siendo tratada con augmentine 1 gr. y que a partir de dicha fecha se le administra imipenen.


El día 15 de septiembre se le da el alta al tenerse que suspender de nuevo la intervención por cuadro febril, siendo diferida al día 21 de septiembre previo ingreso el día 20 de septiembre (informe de alta del día 15 de septiembre, folio 26 expte.).


Realizada la intervención y según el informe del Dr. Z referido, "se vuelve a pautar monocid 1 gr. en reemplazo del imipenem- antibiótico que había estado recibiendo hasta el día de la cirugía...En total fueron 16 días de tratamiento antibiótico." es dada de alta el día 25 de septiembre (folios 41 y 42 expte.) afebril, indicando en el informe de alta de CEX posterior de 11 de octubre "Tratamiento actual Augmentine 500 mgr...Indico Ciprofloxacino 750 C/12 HS-Baycip". En efecto, consta en el historial de atención en su Centro de Salud que con fecha 29 de septiembre de 2012 se le prescribe augmentine 875 (folio 181 expte.), con fecha 11 de octubre Ciprofloxacino 750 y con fecha 16 de octubre Ciprofloxacina 500 mg. Por ello, comprobamos que ni antes ni después de la operación dejó de suministrársele tratamiento antibiótico, por el contrario de lo que afirma la reclamante.


Por tanto, debemos determinar si el tratamiento antibiótico pautado a la reclamante se ajustó a los protocolos establecidos, para determinar si existió mala praxis en la actuación de los profesionales que la atendieron, para ello debemos de acudir, dada su objetividad e imparcialidad, al informe de la Inspección Médica, el cual, tras un estudio exhaustivo de todas las actuaciones llevadas a cabo en relación con la reclamante concluye que:


"1-La paciente es diagnosticada de fractura en tres partes de la cabeza humeral izquierda con desplazamiento de troquiter y correctamente valorada para tratamiento quirúrgico programado para el 07/09/2012.

Desde su ingreso 06/09/2012 presenta fiebre tratada con antibióticos hasta su resolución, que dio lugar a una nueva programación de la cirugía para el 21/09/2012.

2-EI 21/09/2012 la paciente es preparada para quirófano. No aparecen reflejada en la historia clínica la profilaxis antibiótica, pero según el informe para la reclamación realizado por el Dr. Z se realiza una profilaxis antibiótica según el protocolo para traumatología (COT) del área V de salud de la región de Murcia del año 2009 para la osteosíntesis y otros implantes que se aplica a todo paciente a quien se le realice una cirugía ósea.

Prosigue diciendo en su informe que el protocolo antibiótico se prolonga hasta el 23/09/2012. Es alta el 25/09/2012 sin fiebre y herida OK.

3-Cuatro días después de la cirugía la paciente fue tratada correctamente con antibióticos, puesto que a consecuencia de la osteosíntesis realizada presentó una infección que estaba reflejada en el consentimiento informado firmado por la paciente el 02/09/2012 y que fue causada por Stafilococus aureus resistente a penicilina, por lo que a pesar del correcto tratamiento antibiótico y la buena praxis de los profesionales, fue necesaria la extracción de la placa y limpieza quirúrgica".


En conclusión, el tratamiento antibiótico pautado a la reclamante fue el correcto y no existió mala praxis por parte de los profesionales que la atendieron, por lo que la reclamación debe ser desestimada.


Pero, además, en el caso que nos ocupa, existe consentimiento informado firmado por el reclamante, que obra al folio 39 expediente, y entre los distintos riesgos de la operación que le fue realizada, puede leerse:

"...p) Infección a nivel de la herida operatoria y/o infección ósea profunda...

t) Aflojamiento del material implantado, incluso la ruptura del implante por fatiga o por apoyo no autorizado por el traumatólogo tratante...

x) Persistencia del dolor...

z) Consolidación en mala posición...

dd) Algodistrofia simpático-refleja o Síndrome de Sudeck, que consiste en dolor severo,...rigidez,..."; por lo que los daños que la reclamante imputa a la actuación médica no son sino la lamentable materialización de los riesgos típicos de la operación a la que fue sometida.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución que desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial al no resultar acreditados los requisitos determinantes de la responsabilidad patrimonial.


No obstante, V.E. resolverá.