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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 32/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por sustracción de objetos personales en centro sanitario.
Dictamen:

Dictamen nº 32/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 30 de mayo de 2017, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por sustracción de objetos personales en centro sanitario (expte. 167/17), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 18 noviembre de 2016 se presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por D. X, dirigida al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que, en síntesis, expresa que el 3 de octubre de 2016 acudió al Centro de Salud del Ranero de Murcia, a la consulta de su médico de familia, D. Y, para informarle de que le habían intervenido en el Hospital "Morales Meseguer", remitiéndole seguidamente a la consulta del Enfermero para que le hiciese la correspondiente cura de la intervención. Dentro de la consulta nº 23 el Enfermero D. Z le dijo que se acostara en la camilla para proceder a la cura, dejando el reclamante su cartera, teléfono móvil y llaves de su casa encima de la mesa de despacho que había en esa consulta, pero cuando terminó la cura se levantó de la camilla y vio que sus cosas no estaban en la mesa. Añade que tanto su Médico de familia como el Enfermero fueron testigos de los hechos.


Añade que le fue sustraída su cartera, con sus documentos oficiales (DNI, Carné de Conducir y Tarjeta de la Seguridad Social), 80 euros que llevaba en ella y su teléfono móvil, por lo que solicita una indemnización de 614,86 euros. Adjunta copia de denuncia de la sustracción, realizada ante la Policía Nacional, y una factura de adquisición de un teléfono móvil, por importe de 614,86 euros.


SEGUNDO.- El día de diciembre de 2016 se dictó resolución de admisión a trámite de la reclamación por parte del Director Gerente del SMS, lo que se notificó al reclamante.


En la misma fecha se solicitó a la Gerencia de Área de Salud VI, de la que depende el Centro de salud de El Ranero, los informes de los profesionales que asistieron al reclamante sobre los hechos descritos en la reclamación.


TERCERO.- Mediante oficio de 4 de abril de 2017 dicha Gerencia remite informe del 29 de marzo anterior emitido por el citado Enfermero y el Dr. W, que expresa lo siguiente:


"... el paciente X acudió a realizarse cura de herida el día 03 de octubre de 2016. Cliente al que pasé a la camilla, con la cortinilla puesta, pero tuve que salir un momento de la consulta porque me faltó material, salí cerrando la puerta. Tengo un letrero puesto para que ningún paciente ni llame ni mucho menos abra la puerta. Al terminar de curarlo es cuando, antes de salir, me dice que había dejado su móvil encima de la mesa de despacho y que no estaba, ¿que dónde estaba?, le dije que no lo sabía y mucho menos porque no me dijo que dejaba nada encima de la mesa, ni preguntó si podía dejarlo. Salí a la puerta donde estaban los pacientes esperando y les pregunté si habían visto a alguien entrar mientras salí, me dijeron que allí no había entrado nadie, ni vieron a ninguna persona.


Es cuando el médico compañero que está en el despacho de al lado, puerta con puerta, vino y le pidió el número de teléfono del móvil que había perdido para llamarlo a ver si sonaba para localizarlo, pero no había señal, ni sonó, ni nadie le contestó al otro lado de la línea".


CUARTO.- Mediante oficio de 19 de abril de 2017 se notifica al reclamante la apertura del trámite de audiencia y vista del expediente, compareciendo a este último efecto el siguiente 27 y presentando alegaciones el 2 de mayo, en las que, en síntesis, reitera su versión de los hechos, añadiendo que es cierto que no pidió permiso para dejar sus cosas en la mesa ni le dijo al enfermero que las había puesto ahí y que éste salió y volvió a entrar en la habitación y que se preguntó a los pacientes que estaban esperando si habían visto a alguien entrar y salir y que sólo vieron a aquél, así como que se hizo una llamada a su teléfono móvil y no sonó señal de llamada ni contestó nadie, lo que era lógico porque se lo habían robado.


QUINTO.- El 19 de mayo de 2017 se formuló propuesta de resolución, desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por no acreditarse los hechos alegados en aquélla y, en todo caso, por no existir una relación de causalidad jurídicamente adecuada entre el funcionamiento del servicio público y los daños por los que se reclama indemnización.


SEXTO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el Dictamen de este Consejo Jurídico con carácter preceptivo, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (LCJ), en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo de la reclamación y procedimiento.


I. El reclamante ostenta legitimación para reclamar indemnización por los daños a que se refiere en su reclamación en la medida en que afirma que los objetos sustraídos eran de su propiedad, sin prejuzgar en este momento la realidad de los hechos.


La legitimación pasiva de la Administración regional deriva del hecho de dirigirse contra la misma la presente reclamación y ser de titularidad pública regional el servicio sanitario con ocasión del cual se produce el hecho en que se funda la reclamación.


II. La acción indemnizatoria ha sido ejercitada dentro del plazo de un año que para la prescripción del derecho a reclamar establece el artículo 67.1 LPACAP.


III. La tramitación realizada se ajusta, en lo sustancial, a lo establecido en la LPACAP.


TERCERA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos regionales y los daños por los que se reclama. Inexistencia.


I. Según el artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), cuando la Administración Pública, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, ocasiona un daño a los particulares, éstos tienen el derecho a que aquélla les indemnice, salvo en los casos de fuerza mayor. Además, el daño tiene que ser efectivo, evaluable económicamente con relación a una persona o grupo de personas, siempre que éstas no tengan el deber jurídico de soportarlo de acuerdo con la Ley.


Ahora bien, el Consejo Jurídico, al igual que lo ha hecho en anteriores Dictámenes, ha de destacar que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter marcadamente objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 5 de junio de 1998 y de 27 de mayo de 1999).


En relación con la pérdida o sustracción de objetos en dependencias de la Administración, la STS, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 5 de julio de 1998, ha destacado que el instituto jurídico de la responsabilidad patrimonial no puede desnaturalizarse de manera que se convierta en un seguro a todo riesgo, convirtiendo a la Administración en un centro de imputación de cualquier lesión, que conduciría a la larga a la paralización de la vida, administrativa o no, ya que la simple coexistencia en el tiempo y en el espacio de acciones no ligadas causalmente constituirían al titular de tales acciones en asegurador universal de cualquier contingencia.


II. En el supuesto que nos ocupa, con la documentación obrante en el expediente no se acredita que el interesado sufriera un daño, consistente en la sustracción de objetos personales, durante su asistencia al Centro de Salud de El Ranero, no existiendo más dato que la manifestación en este sentido del propio interesado, negado por los profesionales que le asistieron en la fecha de referencia, que no reconocen la existencia de tales objetos ni, en consecuencia, de su sustracción.


III. Aunque lo anterior determinaría, sin más, la desestimación de la reclamación, cabe añadir una serie de consideraciones que abundan en tal conclusión.


Así, como hemos expresado en reiterados Dictámenes sobre presuntos extravíos o alegadas sustracciones de pertenencias de pacientes en centros sanitarios, en concreto, en el Dictamen nº 90/2015:


"... ya ha dejado señalado este Órgano consultivo en su Dictamen núm. 16/2015 que no puede atribuirse a la Administración sanitaria un genérico deber de custodia de las pertenencias de los pacientes que reciben algún tipo de asistencia sanitaria, sino que la intensidad con la que opera ese pretendido deber varía en función en las circunstancias presentes en cada caso concreto.


Entre esos elementos que modulan el alcance del deber de cuidado que incumbe a la Administración sanitaria se deben mencionar el estado del propio enfermo y las circunstancias en las que recibe la prestación sanitaria, de modo que la intensidad de la obligación de cuidado se incrementa cuando el paciente ingresa de urgencia o en estado de desvalimiento y sin acompañantes o familiares que puedan velar por sus pertenencias pero se hace menor cuando el paciente accede al centro hospitalario de forma programada o se encuentra consciente, ya que en esos casos puede ejercer un dominio efectivo sobre las cosas de su propiedad que tiene a su alcance y cuidar de ellas de modo conveniente.


En el presente caso el reclamante no ha alegado ni acreditado, como le corresponde en virtud del principio de distribución de la carga de la prueba establecido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no se encontrase en disposición de hacerse cargo de sus pertenencias, por lo que se debe entender que se encontraba plenamente consciente y capacitado para asumir su guarda y custodia".


IV. Por todo ello, debe concluirse que no ha quedado acreditada la realidad del daño, ni en todo caso, la adecuada relación causal entre el funcionamiento del servicio público y el alegado resultado dañoso, a efectos de determinar la responsabilidad patrimonial administrativa.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- La propuesta de resolución objeto de Dictamen, en cuanto es desestimatoria de la reclamación, se dictamina favorablemente al no haberse acreditado la adecuada relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y los daños por los que se reclama indemnización, por las razones expresadas en la Consideración Tercera del presente Dictamen.


No obstante, V.E. resolverá.