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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2018
Número de dictamen: 340/18
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Presidencia y Fomento
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por accidente de circulación.
Dictamen:

Dictamen nº 340/2018


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 2018, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Ilma. Sra. Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Fomento (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 27 de febrero de 2018, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por accidente de circulación (expte. 41/18), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 3 de enero de 2017, D.ª X, actuando en su propio nombre y en el de su hija menor de edad Y, formula reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración regional por el fallecimiento en accidente de tráfico de su esposo y padre, respectivamente, D. Z, que imputa a la mala conservación de una carretera de titularidad autonómica.


Relata la reclamante que el fallecimiento se produjo el 4 de enero de 2016, cuando su familiar, que conducía una motocicleta por la carretera RM-560 sobre las 5:25 horas se salió de la vía, impactando contra una farola. Según la reclamante, el conductor tenía amplia experiencia en el manejo de motocicletas, "no siendo novato en la conducción de este tipo de vehículos ni desconocedor del trayecto donde aconteció el siniestro".


Afirma que, según se desprende del atestado de la Guardia Civil, en el punto kilométrico (1,600) donde se produjo el accidente, la vía presentaba una zona irregular en el asfalto que comprendía tanto el arcén como parte del carril derecho así como restos de gravilla y tierra procedentes del talud de tierra colindante por el margen derecho, que ocupaba unos 75 cm del carril derecho, con una anchura de 1,50 metros.


Para la reclamante la causa del accidente es la deficiente conservación de la carretera, la falta de seguridad en las condiciones de la vía y del talud de tierra anexo provocó que calzada, arcén y acera estuvieran cubiertos de grava y tierra, lo que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo, subiéndose a la acera e impactando luego con la farola, lo que a su parecer se constata con las huellas de fricción descritas en el atestado, "en la calzada, en la acera y en su borde (fotografías 8-10 del informe técnico de la Guardia Civil)".


Afirma, asimismo, que el arcén del margen derecho contraviene la instrucción de carreteras "3.1-IC Trazado" aprobada por Orden del Ministerio de Fomento 273/2016, de 19 de febrero, en cuya virtud la anchura del arcén debería ser de al menos 1,5 metros, cuando en la vía en cuestión dicha anchura es de 0,50 m. Considera la interesada que, de tener las medidas establecidas en la indicada norma, hubiera permitido al conductor recuperar el control del vehículo sin llegar a subirse a la acera.


Por otra parte, manifiesta la interesada que la carretera se encuentra en mal estado, con un firme irregular, sin que por la Administración regional se haya procedido a su reparación pese a que esta situación se ha mantenido durante largo tiempo, habiendo sido reclamado el arreglo del mismo por diferentes vías, incluso por el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura.


Conforme a los criterios de cálculo contenidos en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de Reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, solicita la reclamante una indemnización de 106.377 euros (en concepto de perjuicio personal básico, gastos funerarios y perjuicio patrimonial) para sí misma y de 125.217 euros (en concepto de perjuicio personal básico, particular y patrimonial) para su hija.


Acompaña la reclamación de copia de la siguiente documentación:


- Certificado de defunción del conductor.


- Certificado del matrimonio contraído entre la víctima del accidente y la reclamante.


- Documentos de identidad de la reclamante y de su hija.


- Dos páginas de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2015 del Sr. Z.


- Factura acreditativa de gastos funerarios por importe de 1.700 euros.


- Informe técnico e informe fotográfico complementario, instruido por la Guardia Civil. En el apartado "causas del accidente", se apunta por el agente instructor que el conductor de la motocicleta, si bien estaba habilitado según permiso de conducción en vigor, dada la fecha de matriculación del vehículo, "pudiera determinarse una falta de pericia respecto a la conducción de motocicletas".


En el apartado de causas relativas a la vía, se consigna que "no se aprecian".


En el apartado de causas inmediatas del accidente, si bien se manifiesta que no se observa infracción alguna a las normas de la circulación, posteriormente se advierte una "infracción al artículo 3 del Reglamento General de Circulación. Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño propio o ajeno".


Asimismo se consigna que "podría existir una percepción errónea del trazado de la curva a la izquierda, ya que si inició el trazado hacia la izquierda para tomar su trayectoria curva, dicho trazado no fue lo suficientemente cerrado lo que ocasionó su salida de vía por el margen derecho" y que "no se observan maniobras evasivas previas al punto de conflicto, si bien, a posteriori el conductor accidentado sí realiza maniobra para reintegrarse a la calzada lo que origina el choque sobre la farola de alumbrado público".


El instructor del atestado considera que la causa principal o eficiente del accidente es la "distracción o desatención en la conducción, que originó una mala ejecución de la maniobra de trazado de la curva para este tipo de vehículos".


Finaliza el atestado con la apreciación de la forma en que se produjo el accidente, que es del siguiente tenor literal:


"Sobre las 05:25 horas del día 4 de enero de 2016, circulaba por la carretera RM-560 (N 301-N 340), sentido N-301, a la altura del punto kilométrico 1.600, término municipal y judicial de Molina de Segura (Murcia), la motocicleta marca Suzuki modelo UH125, conducida por D. Z (DNI...). El citado tramo se encuentra configurado por un tramo curvo de proyección a la izquierda precedido por un tramo curvo a la derecha, según sentido del vehículo, cuando la motocicleta al trazar el tramo curvo a la izquierda, sufre salida de vía por el margen derecho, circulando brevemente sobre la acera, momento en el cual su conductor realiza maniobra de giro para reintegrarse a la calzada, chocando bruscamente con el lateral delantero derecho de la motocicleta sobre la farola de alumbrado público, proyectándose su conductor contra la misma, quedando tendido sobre el carril sentido N-301, volcando la motocicleta sobre su lateral izquierdo, desplazándose hasta su posición final".


SEGUNDO.- Admitida a trámite la reclamación, la Jefa de Sección de Responsabilidad Patrimonial de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, actuando en calidad de instructora, requiere a la interesada para que aporte copia debidamente compulsada de diversa documentación, al tiempo que le informa de los extremos prescritos por el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


Asimismo, solicita el preceptivo informe de la Dirección General de Carreteras.


TERCERO.- Con fecha 7 de febrero de 2017 la interesada cumplimenta el requerimiento formulado por la instrucción. Entre la documentación aportada consta un recibo de finiquito de indemnización abonado por una aseguradora. Explica la interesada que corresponde a una póliza de seguro contratada por la empresa en la que trabajaba el finado, cuyo fallecimiento se produjo "in itinere".


CUARTO.- El 20 de junio evacua su informe la Dirección General de Carreteras. Tras afirmar la titularidad regional de la vía y que consta la realidad del accidente, toda vez que recibieron aviso para proceder a la limpieza de la calzada tras el siniestro, se indica que aunque el firme está en un estado "mejorable" (con posterioridad se afirma en el mismo informe que se encuentra en "mal estado"), con presencia de fisuras de pequeño tamaño y profundidad, no afectan a la conducción, sin que consten otros siniestros en el mismo punto. Se indica, asimismo, que el conductor debió adecuar la conducción a las características de la vía y del vehículo conforme exige el artículo 54 del Reglamento General de Circulación.


Se afirma, además, que se seguirá con el mantenimiento programado anualmente por el Servicio de Conservación de Carreteras y que la vía no contaba con señalización diferente de la habitual porque no era necesaria.


QUINTO.- Conferido trámite de audiencia a la interesada comparece y presenta escrito de alegaciones para afirmar el carácter incompleto del informe de la Dirección General de Carreteras que omite pronunciarse acerca de la existencia de tierra y gravilla sobre la vía, a pesar de la carga que tiene la Administración de probar las circunstancias que definen el estándar de rendimiento en la conservación de la vía, señalando qué labores de vigilancia y mantenimiento se llevaron a cabo para evitar la situación de riesgo, por lo que sólo cabe concluir que la Administración titular de la vía no cumplió con sus deberes de conservación, generando así la relación de causalidad entre el indicado anormal funcionamiento del servicio público y el daño reclamado. Reitera, en definitiva, sus alegaciones y pretensión iniciales.


Se insiste, además, en el mal estado de la vía, lo que ha llevado a innumerables quejas vecinales e, incluso, del propio Ayuntamiento de Molina de Segura ante la Dirección General de Carreteras, aportándose documentación acreditativa de dichas actuaciones.


También se adjuntan fotografías del lugar del siniestro, que se dicen tomadas en los meses de octubre de 2016 y 2017, en la que se aprecia la existencia de numerosos restos de tierra y piedras sobre la calzada y acera, prevenientes del talud cercano.


SEXTO.- Recabada por la instrucción copia de las diligencias seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Molina de Segura, así como de las instruidas por la Policía Local de dicha población, se remite la documentación requerida.


Consta entre dicha documentación la declaración ante la Guardia Civil del agente de la Policía Local de Molina de Segura que se personó en el lugar del siniestro instantes después de su producción. Manifiesta que "a su llegada al lugar del accidente, se encontraba el conductor de la motocicleta accidentada junto a una farola de alumbrado público, que el citado conductor se encontraba consciente, con graves lesiones en su parte abdominal. Que le preguntó su nombre e intentó que no perdiera el conocimiento, haciéndole preguntas. Que le preguntó qué le había ocurrido, manifestándole el conductor accidentado "que había sido él sólo".


Consta, asimismo, informe de toxicología del conductor negativo para alcohol, drogas de abuso y determinados medicamentos.


SÉPTIMO.- Con fecha 23 de febrero de 2018 se formula propuesta de resolución parcialmente estimatoria de la reclamación, al considerar que si bien la conducta del fallecido fue la determinante de la producción del accidente y así se recoge en el atestado de la Guardia Civil, lo cierto es que el estado de conservación de la carretera no era el ideal, por lo que la Administración pudo contribuir en alguna medida a la producción o desarrollo del accidente. Así, considera que la "propia conducta indebida del conductor no llega a romper el nexo causal necesario para estimar las pretensiones, pero lo modula de un modo radical", de modo que aprecia la existencia de una concurrencia de causas, atribuyendo al conductor un 90%, mientras que la Administración sería responsable del 10% restante.


Propone, en consecuencia, indemnizar a la esposa del fallecido con 10.637 euros y a su hija en la cantidad de 12.251 euros.


OCTAVO.- Remitido el expediente al Consejo Jurídico de la Región de Murcia en solicitud de dictamen, con fecha 11 de abril de 2018 acuerda este Órgano Consultivo requerir a la Consejería consultante para que complete el expediente sometiéndolo a la preceptiva fiscalización previa con anterioridad a la evacuación del Dictamen.


NOVENO.- Sometido el expediente a la Intervención General, se fiscaliza de conformidad el 23 de octubre de 2018.


Con fecha 31 de octubre se remite la nueva documentación al Consejo Jurídico para que se proceda a la emisión del Dictamen solicitado.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en los artículos 81.2 LPACAP y 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


1. Las reclamantes gozan de legitimación activa para solicitar indemnización por el daño moral asociado a la pérdida afectiva que para una esposa e hija supone la muerte de un familiar tan cercano como su marido y padre, respectivamente.


La Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios de conservación de las carreteras de las que es titular.


II. La reclamación se ha formulado dentro del plazo de un año establecido en el artículo 67.1 LPACAP. Así, hay que recordar que el fallecimiento tuvo lugar el 4 de enero de 2016 y la solicitud de indemnización se presentó el 3 de enero de 2017.


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en sus aspectos más generales, se han cumplido los trámites que integran esta clase de procedimientos, si bien se aprecia que se ha sobrepasado en exceso el plazo de seis meses para su tramitación que se establece en el artículo 91.3 LPAPAC.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial de la Administración por daños sufridos en accidentes de tráfico: Caracterización general.


I. El ordenamiento jurídico español contempla un sistema de responsabilidad patrimonial por los daños que se causen como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos que encuentra su fundamento en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución y que se regula en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).


De acuerdo con lo que se establece en este último precepto, los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.


De conformidad con dicho bloque normativo, con la constante jurisprudencia que lo interpreta y con la doctrina del Consejo de Estado y de este Consejo Jurídico, son requisitos que deben concurrir para afirmar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas los siguientes:


1º. Que se produzca en los bienes y derechos de los particulares una lesión antijurídica, es decir, un perjuicio que no tengan el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La antijuridicidad se entiende de manera objetiva, en el sentido de que no exista causa de justificación legalmente prevista que imponga el referido deber de tolerancia.


2º. Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


3º. Que sea imputable a una Administración pública por el ejercicio de su actividad, ya se produzca como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y provenga tanto de un hecho u omisión como de un acto jurídico.


4º. Que exista una relación de causalidad entre el hecho o acto y el daño que se alega, de modo que no concurra causa de fuerza mayor, y se reclame en el plazo de un año.


Ahora bien, al igual que ha sucedido con ocasión de la emisión de Dictámenes emitidos con anterioridad en supuestos similares al que aquí se trata, el Consejo Jurídico ha destacado que, si bien es cierto que nuestro ordenamiento jurídico configura un régimen de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo, éste no convierte a la Administración en una aseguradora que deba responder automáticamente por el solo hecho de que el evento dañoso se haya producido como consecuencia de la utilización de bienes o servicios públicos con independencia del actuar administrativo, porque, de aceptar esta tesis, el régimen de responsabilidad patrimonial se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997, 5 de junio de 1998, 27 de mayo de 1999, 13 de septiembre de 2002 y 8 de abril de 2003, entre otras).


Asimismo, no resulta necesario hacer especial hincapié en la idea de que, pese a que el tenor literal del citado artículo 32 LRJSP alude exclusivamente al funcionamiento de los servicios públicos, la doctrina y la jurisprudencia vienen admitiendo que a tal supuesto debe añadirse el de las lesiones causadas por el no funcionamiento de los servicios públicos, esto es, por omisión administrativa, cuando el dañado tuviera el derecho a que la Administración hubiese actuado de manera positiva para, en la medida de lo posible, prevenir y evitar el daño.


II. Por lo que se refiere específicamente al instituto de la responsabilidad patrimonial en relación con accidentes en carreteras, puede derivar, entre otros supuestos, de la omisión, por parte de la Administración competente, de una determinada actuación que deba considerarse comprendida dentro de la obligación que corresponde a la Administración Pública de mantener libres y expeditas las vías públicas, y la de procurar su mantenimiento y conservación. En ese sentido, el artículo 21.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, establece que la explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento y las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, entre ellas las referentes a la seguridad vial.


Ese precepto resulta coincidente con el artículo 26.1 de la Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Región de Murcia. A mayor abundamiento, el apartado 2 de ese último precepto añade que las operaciones de conservación y mantenimiento abarcan asimismo las actuaciones encaminadas a facilitar su utilización en correctas condiciones de seguridad, fluidez y comodidad.


Ello incluye, entre otros deberes, el de procurar la eliminación de las fuentes de riesgo o, en su caso, la instalación en la carretera de las adecuadas señales viales circunstanciales de advertencia del peligro que pudiera existir, como exige el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.


De ese modo, el nexo causal puede establecerse en este tipo de asuntos por la concurrencia de los siguientes motivos: a) por una inactividad por omisión de la Administración titular de la explotación del servicio en el cumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de los elementos de las carreteras a fin de mantenerlas útiles y libres de obstáculos en garantía de la seguridad del tráfico; b) o por una situación de ineficiencia administrativa en la restauración de las condiciones de seguridad alteradas, mediante la eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso, mediante la instalación y conservación en la carretera de las adecuadas señales viales circunstanciales de advertencia del peligro.


En relación con la existencia de obstáculos en la calzada, ocasionados por el desprendimiento de piedras, tierra o de otros elementos, el Consejo de Estado ha reiterado en su Dictamen núm. 998/2008 (como también manifestó en los números 955/2001 y 950/2003, por ejemplo) "el carácter indemnizable de los daños sufridos con ocasión de la utilización de las vías públicas en caso de accidentes provocados por el desprendimiento de piedras provenientes de los taludes existentes en la zona contigua, al tratarse de un riesgo ordinario".


No obstante, yendo más allá del contenido de las obligaciones que explícita o implícitamente imponen a la Administración competente las normas reguladoras del servicio, también debe efectuarse una valoración del rendimiento o estándar prestacional exigible a aquélla en función del principio de eficacia que impone la Constitución a la actividad administrativa, tal como señala el Tribunal Supremo en sentencia de su Sala Tercera de 7 de octubre de 1997.


CUARTA.- Sobre el fondo del asunto.


Para la reclamante, la muerte de su marido se debió a la existencia de tierra y gravilla en la calzada, arcén y acera de la carretera de titularidad regional, lo que le hizo perder el control de su vehículo para ir a chocar frontalmente con una farola de alumbrado público existente sobre la acera.


Asimismo, imputa el accidente a la impracticabilidad del arcén del margen derecho, que no cumplía con las medidas mínimas establecidas en las instrucciones técnicas de carreteras, alegando que, de haber cumplido tales dimensiones el conductor podría haber recuperado el control del vehículo sin subirse a la acera.


1. De las medidas del arcén del margen derecho de la carretera.


Es cierto que la Norma 3.1 IC Trazado, aprobada por Orden del Ministerio de Fomento 273/2016, de 19 de febrero, establece una medida mínima de 1,5 m de anchura para los arcenes en carreteras convencionales con una limitación de velocidad a 90 km/h. Ahora bien esta previsión, por sí sola no permite alcanzar la conclusión que invoca la reclamante acerca de la infracción de dicha norma por la vía en la que se produce el accidente.


En primer lugar porque la indicada instrucción técnica no sería aplicable por razones cronológicas a una carretera construida décadas antes de su aprobación. De hecho, la versión de esta Norma 3.1 IC Trazado de 1964 (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 22 de abril, BOE del 23 de junio), recoge como dimensiones tolerables de los arcenes para las carreteras ya existentes en ese momento destinadas a soportar un tráfico esencialmente ligero, las de 0,25-0,50 m.


Por otra parte, el ancho exigible conforme a la instrucción de carreteras exige una determinación previa de cuál es la velocidad de proyecto de la vía, que depende de múltiples factores y que no tiene por qué coincidir con la velocidad máxima permitida reglamentariamente (apartado 2.1 "Denominación de las carreteras"). Y es que de tratarse de una carretera convencional C50-C40 (carreteras convencionales con velocidades de proyecto de 50 y 40 km/h, respectivamente), los arcenes establecidos serían de 50 cm, lo que supondría que las dimensiones del existente en el tramo donde se produce el accidente se ajustaran a la norma.


En cualquier caso, y al margen de lo expuesto, la instrucción de carreteras, al tiempo que establece las medidas generales de los carriles y arcenes de la vía admite que el ancho de ambos elementos de trazado pueda modificarse en atención a lo que denomina como "los condicionantes del entorno urbano o periurbano de las carreteras (edificaciones, accesos, instalaciones existentes, etc.) pueden restringir la aplicación de las condiciones de diseño fijadas en esta Norma..." (apartado 2.6).


A tal efecto, el indicado tramo, que cuenta con aceras en ambos márgenes de la carretera y que une dos zonas de tipología urbana correspondientes a las poblaciones de Torre Alta y Ribera de Molina, distantes entre sí apenas 200 metros, reúne características que permitirían calificarlo como periurbano en los términos en que se define en el apartado 2.6 de la versión hoy vigente de la indicada norma técnica, sin perjuicio de señalar que la carretera se inserta entre dos elementos que constriñen su anchura, pues el talud al que se refiere la reclamación pertenece a una antigua vía férrea hoy vía verde, mientras que en el margen izquierdo la plataforma de la carretera linda con el cauce del río Segura.


En consecuencia, prima facie no se aprecia la alegada vulneración de la normativa técnica, sin que la reclamante haya aportado prueba suficiente -dados los extremos esencialmente técnicos sobre los que habría de versar aquélla sería necesaria un informe pericial- acerca de dicho desajuste de la carretera a las normas que rigen los elementos de su trazado.


2. La existencia de tierra y gravilla sobre calzada, arcén y acera.


Si bien es innegable que existía tierra y gravilla en la calzada, arcén y acera de la carretera, tal y como se acredita por el informe técnico de la Guardia Civil y por el reportaje fotográfico complementario al mismo, a efectos de determinación de la pretendida declaración de responsabilidad patrimonial ha de fijarse la incidencia causal de tal circunstancia en la producción del daño, de modo que si a la luz de los datos obrantes en el expediente se acredita que influyó de algún modo en la producción del accidente o en la agravación del daño, ello determinará la existencia de responsabilidad patrimonial modulada o no en función del grado de influencia en la producción del daño, mas si, por el contrario, no se advierte incidencia alguna en el desgraciado fallecimiento del conductor del vehículo, ninguna relación causal podrá establecerse entre aquél y el mantenimiento o conservación de la carretera, por más que se acredite que éste no se ajustó al estándar exigible de prestación del servicio.


Y, a tal efecto, resulta determinante el informe elaborado por la Guardia Civil, dada la objetividad y carácter estrictamente técnico de sus apreciaciones. Del examen de dicho informe destaca, en primer lugar, que el agente instructor no aprecia causa alguna del accidente relativa a la vía (apartado 8.2.1.3), por más que en otros apartados del informe se detenga en describir las condiciones del aglomerado asfáltico y de suciedad del firme. Sin embargo, a juicio del instructor tales circunstancias no incidieron en la producción del accidente, y así se deduce de los hallazgos que revela el examen del lugar del siniestro, singularmente, de las huellas dejadas por el vehículo.


En efecto, según el informe técnico no existe huella alguna sobre la calzada (arcén incluido) que permita considerar que el conductor intentara modificar su trayectoria antes de salirse de la vía. Así, se describe en el apartado 7.4 del informe "en base al desarrollo de la huella de fricción sobre el borde elevado de la acera y posterior huella en diagonal sobre la acera, el conductor inició el trazado del tramo curvo, ya que la salida de vía por el margen derecho es progresiva y no perpendicular a la vía, lo que supone que si realizó el trazado curvo pero no lo suficientemente cerrado, lo que ocasionó su salida, no observándose huellas o indicios que indique que modificara su trayectoria con anterioridad al punto de conflicto". A continuación señala que el punto de conflicto, es decir, aquel en que se consuma el accidente, "se determina en base al inicio de la huella de fricción sobre el borde elevado de la acera, lugar donde se inicia la salida de vía de la calzada". Del mismo modo, en el apartado 8.2.2.3 del informe policial se insiste en que "no se observan maniobras evasivas previas al Punto de Conflicto".


Si se acude al reportaje fotográfico complementario al informe se advierte que, en efecto, no existen huellas de frenado o de cualquier otro tipo sobre calzada y arcén antes de la huella de fricción dejada por el neumático trasero de la moto sobre el bordillo que delimitaba el firme y la acera cuando, al salirse de la vía, se sube a esta última. En efecto, en las fotografías 8 y 9 (páginas 109 y 110 del expediente), aunque el texto escrito al pie de cada una de ellas alude a "huella de fricción sobre la calzada", en realidad tales vestigios no se encuentran en el firme ni en el arcén sino sobre el bordillo y el pavimento de la acera, respectivamente, como de forma gráfica señalan las flechas sobreimpresionadas en dichas fotografías y que indican el lugar exacto de las huellas a las que se refiere.


La conclusión que alcanza el Guardia Civil instructor a la luz de las indicadas huellas es que la causa principal que da lugar a la producción el accidente es la distracción o desatención en la conducción, que originó una mala ejecución de la maniobra de trazado de la curva para este tipo de vehículos, descartando que las condiciones de la vía (suciedad e irregularidades en el firme minuciosamente descritas en el informe) influyeran en modo alguno en el siniestro. Y es que, si el conductor no efectuó maniobra alguna que pretendiera corregir su trayectoria o disminuir su velocidad mientras se encontraba en la calzada o en el arcén -lo que habría dejado huellas de frenado o fricción no sólo sobre el aglomerado asfáltico sino también y con mayor facilidad sobre la tierra y gravilla depositadas sobre aquél-, sino sólo cuando ya se había subido a la acera, el accidente se habría producido de igual forma aunque el firme hubiera estado en perfectas condiciones, de modo que su estado de conservación no alcanza ni siquiera la cualidad de causa mediata o coadyuvante a la producción del daño, que permita apreciar la existencia de una concurrencia de causas entre la conducción del vehículo y el estado de conservación de la carretera.


Por otra parte, el hecho de que la acera estuviera sucia con tierra y gravilla procedente del talud adyacente y que ello pudiera haber influido en la pérdida de control del vehículo cuando el conductor intenta volver a la calzada dese la acera, sería indiferente en relación a la existencia de responsabilidad patrimonial si se advierte que la motocicleta nunca debió circular sobre el encintado, por ser éste un elemento de las carreteras proscrito para la circulación de los vehículos, razón por la cual no puede exigirse que la Administración lo mantenga en un estado de conservación que lo haga seguro para su utilización por una motocicleta. Así, el Tribunal Supremo (Sentencia de 25 de octubre de 2002) confirma la sentencia de instancia que había desestimado una reclamación formulada por un accidentado que había perdido el control de su motocicleta debido a la existencia de gravilla únicamente en el arcén de la carretera, no sobre la calzada, por lo que llega a la conclusión de que no existió una conexión de causa o efecto entre el estado del firme de la carretera, por donde el conductor debió haber circulado y el accidente mismo, pues la gravilla o arena no se encontraba en la calzada, por el lugar donde forzosamente debía circular la motocicleta, sino en el arcén.


En consecuencia, frente a la propuesta de resolución que es parcialmente estimatoria al entender que la existencia de tierra y gravilla sobre la calzada, arcén y acera de la carretera pudo influir en la producción del accidente -si bien no se detiene en señalar en qué modo-, este Consejo Jurídico considera que no ha quedado acreditado elemento o circunstancia alguna que, ligado a la prestación del servicio público de carreteras, pudiera llegar a incidir causalmente en el fallecimiento del conductor de la motocicleta, por lo que no procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina desfavorablemente la propuesta de resolución parcialmente estimatoria de la reclamación, al considerar este Consejo Jurídico que lo procedente es desestimar en su integridad la pretensión indemnizatoria, toda vez que no concurre en el supuesto sometido a consulta el necesario nexo causal entre el lamentable óbito del familiar de las reclamantes y el funcionamiento del servicio público de mantenimiento de las carreteras de titularidad regional, al que ninguna incidencia causal en la producción del accidente puede imputarse.


No obstante, V.E. resolverá.