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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2020
Número de dictamen: 135/20
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Fomento e Infraestructuras
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por Dª X, como consecuencia de los daños sufridos en un vehículo de su propiedad.
Dictamen:

Dictamen nº 135/2020


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 1 de junio de 2020, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (por delegación del Excmo. Sr. Consejero), mediante oficio registrado el día 6 de febrero de 2020 (COMINTER 31871/2020), sobre responsabilidad patrimonial instada por Dª X, como consecuencia de los daños sufridos en un vehículo de su propiedad (expte. 29/20), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 5 de julio de 2018 la abogada D.ª X, actuando en nombre y representación de la mercantil -- (en adelante, --) formula una reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la Administración viaria regional.


En ella explica que es la aseguradora de D.ª Y, que sobre las 19:45 horas del 27 de febrero de ese año conducía su vehículo (marca Renault, modelo Captur, matrícula --) por la carretera RM-11. Según relata, transitaba por dicha vía cuando se vio sorprendida por la presencia en ella de un jabalí y que no pudo hacer nada por evitar el impacto contra el animal porque eso hubiera puesto en peligro al resto de usuarios de la carretera.


Añade que, después del siniestro, se personaron en el lugar de los hechos (que se puede situar en el punto kilométrico 15,7) dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico que comprobaron la realidad de los hechos y redactaron el informe ARENA correspondiente. 


Expone que, como consecuencia de la colisión, se produjeron daños en el vehículo que ascienden a la cantidad de 6.199,69 euros. Destaca que en la fecha de accidente el automóvil estaba debidamente asegurado por su representada (póliza UV-G-752.046.145) y que entre las garantías pactadas se encuentra el abono de los daños sufridos en dicho turismo por la colisión contra animales, hasta un límite máximo de 6.000 euros. Por ese motivo, su patrocinada abonó la factura de reparación directamente al taller, por el importe que reclama de 5.999?69 euros. 


La letrada considera que la Administración regional ha incumplido la obligación que le corresponde de mantener las vías públicas en las mejores condiciones posibles para la seguridad de la circulación. Alega, asimismo,  que existía una deficiencia en la señalización de la carretera porque hay cotos de caza cercanos a ella -aunque no están vallados porque no es obligatorio- y no se ha instalado la señal vertical adecuada que advirtiera del peligro como es la núm. P-24 (Paso de animales en libertad) y así los conductores pudiesen acomodar su conducción a las circunstancias de la vía.


Junto con la reclamación aporta copias de una escritura de apoderamiento otorgado a su favor; del informe estadístico ARENA ya citado; de un informe de valoración de los daños; de una reportaje compuesto por 34 fotografías acreditativas del estado en que quedó el automóvil tras el accidente y de los desperfectos que se le ocasionaron, de la póliza del contrato de seguro y de un certificado acreditativo de que se abonó la reparación al taller que la llevó a cabo.


En el apartado llamado Descripción del informe ARENA se pone de manifiesto lo siguiente: "tramo de vía recto con dos carriles en el sentido de la marcha y horario nocturno con condiciones atmosféricas favorables, el conductor circula por el carril izquierdo realizando un adelantamiento cuando en mitad de ese carril se encuentra un jabalí, el cual, es atropellado por conductor ante la imposibilidad de realizar otra maniobra"


De igual modo, se confirma que el siniestro se produjo el día y hora citados en el punto kilométrico 15.7 de la carretera también apuntada, en el sentido que va de Lorca a Águilas.


SEGUNDO.- El 27 de julio de 2018 se comunica a la mercantil interesada que se ha recibido la reclamación de responsabilidad patrimonial y que se ha acordado la tramitación del procedimiento correspondiente. Asimismo, se le requiere para que aporte determinados documentos y mejore, de ese modo, su solicitud.


TERCERO.- El citado 25 de julio de 2018 se solicita a la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia de las diligencias que se instruyeron como consecuencia del accidente citado. 


De igual forma, el 13 de agosto siguiente se demanda a la Dirección General de Carreteras que emita informe acerca de la solicitud de indemnización planteada. 


CUARTO.- Se recibe la copia del informe elaborado por la Agrupación Tráfico de la Guardia Civil en Murcia el 5 de septiembre de 2018.


QUINTO.- Con fecha 16 de noviembre se demanda al Parque de Maquinaria, dependiente de la Dirección General de Carreteras, que emita informe acerca del valor venal del vehículo en la fecha del accidente y sobre la valoración de los daños por los que se reclama.


SEXTO.-  Obra en el expediente administrativo un informe técnico realizado el 21 de diciembre de 2018 en el que el Jefe del Parque de Maquinaria manifiesta que el valor venal del automóvil en el momento en que se produjo el siniestro es de 12.768 euros y que, a la vista de cómo se produjo el siniestro, de las fotografías que se han presentado y de las declaraciones de la conductora asegurada, los daños son compatibles con el modo en que se dice que se produjo el accidente.


SÉPTIMO.- El órgano instructor del procedimiento reitera a la Dirección General de Carreteras, el 3 de abril de 2019, la emisión del informe que le fue solicitado en agosto de 2018.


OCTAVO.- Se contiene en el expediente remitido para Dictamen una copia del oficio dictado el 2 de julio de 2019 por el Letrado de la Administración de Justicia en los trámites del Procedimiento Abreviado núm. 217/2019 que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Murcia.


De su lectura se deduce que la aseguradora reclamante ha interpuesto recurso de dicha naturaleza contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de su reclamación.


NOVENO.- El 18 de diciembre de 2019 se recibe el informe elaborado el 16 de abril de ese año por el Jefe de Sección de Conservación I con el visto bueno del Jefe de Servicio de Conservación. 


En ese documento se reconoce que la vía citada (RM-11) es titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; que en ese tramo de carretera no es preceptivo colocar vallas metálicas de cerramiento, que en ese punto no existe señalización de ningún tipo y que no se tiene constancia que se hayan producido accidentes similares en ese lugar. Se pone de manifiesto, igualmente, que el cuerpo del animal fue retirado por la Brigada de Conservación.


DÉCIMO.- Se concede audiencia a la mercantil interesada el 8 de enero de 2020 pero no consta que haya hecho uso de ese derecho.


UNDÉCIMO.- Con fecha 5 de febrero de 2020 se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación por no haberse acreditado la concurrencia de los elementos determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, concretamente la relación de causalidad entre el hecho acaecido, con su efecto lesivo, y el funcionamiento del servicio público de carreteras.


Una vez incorporados el preceptivo índice de documentos y el correspondiente extracto de secretaría, se remite el expediente en solicitud de Dictamen mediante escrito recibido en este Consejo Jurídico el 6 de febrero de 2020.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Legitimación, plazo de ejercicio de la acción de resarcimiento y procedimiento seguido.


I. Acerca de la legitimación activa, se le reconoce a la compañía aseguradora reclamante puesto que ha quedado suficientemente acreditado que ha satisfecho al taller el precio de la reparación del vehículo accidentado y que puede, en consecuencia, ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, como establece el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.


La Consejería consultante está legitimada para resolver la reclamación, por dirigirse contra ella e imputarse los daños al funcionamiento de los servicios de conservación de carreteras de su titularidad (carretera RM-B37), como se ha acreditado en el procedimiento.


   II. La reclamación se ha formulado dentro del plazo de un año establecido en el artículo 67.1 LPACAP como se deduce de la lectura del expediente administrativo. Así, se tiene constancia de que el accidente se produjo el 27 de febrero de 2018 y que la reclamación se interpuso el 5 de julio siguiente, dentro del plazo legalmente establecido al efecto y de forma temporánea, por tanto.


   III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en sus aspectos más generales, se han cumplido los trámites que integran esta clase de procedimientos.


Pese a ello, se aprecia que se ha sobrepasado con notable exceso el plazo que para la tramitación del expediente determina el artículo 91.3 LPACAP, puesto que la propuesta de resolución no se elaboró hasta el mes de febrero de 2020. Acerca de esta cuestión, se ha constatado además que han producido interrupciones durante la substanciación de las presentes actuaciones que no aparecen debidamente justificadas. 


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de accidentes de tráfico provocados por la irrupción en las carreteras de animales pertenecientes a especies cinegéticas.


El establecimiento y mantenimiento del dominio público viario constituye un servicio público a los efectos previstos en el artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De esa caracterización se desprende la obligación que corresponde a la Administración Pública de mantener libres y expeditas las vías públicas, y la de procurar su mantenimiento y conservación. Así pues, el artículo 21.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, establece que la explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y mantenimiento y las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, entre ellas las referentes a la seguridad vial.


   Ese precepto resulta coincidente con el artículo 26.1 de la Ley 2/2008, de 21 de abril, de Carreteras de la Región de Murcia. A mayor abundamiento, el apartado 2 de ese último artículo añade que las operaciones de conservación y mantenimiento abarcan asimismo las actuaciones encaminadas a facilitar su utilización en correctas condiciones de seguridad, fluidez y comodidad.


   Esta regulación ofrece, por tanto, una acusada incidencia en materia de responsabilidad patrimonial en aquellos supuestos en los que la presencia de un animal en la calzada llega a provocar un accidente de tráfico. En estos casos resulta necesario que se determine con total precisión la especie del animal que irrumpe en la vía, pues ello condiciona la legislación que debe ser objeto de aplicación, como se dejó ya establecido en el Dictamen de este Órgano consultivo núm. 236/2014, entre otros.


   Así, de conformidad con lo que allí se dijo, debe distinguirse con carácter inicial si se trata de animales de especies cinegéticas o cazables o de otro tipo de especies que no revistan ese carácter. Más adelante, y si el animal que ocasionó el accidente de tráfico fuese de una especie cinegética, resulta necesario que se determine si pudo proceder de un coto de caza colindante o cercano a la carretera en la que se produjo la colisión.


   En consecuencia, si el animal que ocasiona el accidente es de una especie cinegética y además se constata que pudo proceder de un coto colindante o próximo a la carretera, resulta entonces de aplicación la normativa sobre responsabilidad en materia de caza, complementada por la regulación correspondiente de la ley de tráfico, ya que la normativa de ese primer carácter no se refería, de manera específica, a las responsabilidades en las que se pudiera incurrir como consecuencia de la producción de accidentes de ese tipo.


Por otro lado, en el supuesto de que no se tratara de animales de caza o de que no se acreditase la existencia de cotos colindantes o cercanos se debe aplicar el régimen general en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, aunque en este último caso el animal causante de los daños fuese de una especie cinegética. En este supuesto, por tanto, resulta necesario verificar el cumplimiento por parte de la Administración pública del deber de conservación y de señalización de la vía pública que le corresponde.


CUARTA.- Sobre el fondo del asunto


De acuerdo con lo que se ha señalado, resulta necesario comprobar en primer lugar si el jabalí constituye una especie cinegética o no, y en este sentido interesa recordar que la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, modificada en este aspecto por la Ley 10/2002, de 12 de noviembre, confiere a este animal (Sus scrofa) la consideración de especie cazable, dado que lo incluye en el Anexo IV relativo a las "Especies de la fauna silvestre susceptibles de comercialización, en vivo o en muerto, en la Región de Murcia".


   De igual modo, se debe apuntar que el anexo de la Ley 7/2003, de 12 noviembre de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, incluye al jabalí entre las especies de la fauna silvestre susceptibles de aprovechamiento en la Región de Murcia y le atribuye ese carácter de especie cazable. De lo que se acaba de exponer se desprende que en la Región de Murcia el jabalí es una especie susceptible de aprovechamiento cinegético, lo que condiciona -como se viene apuntando- el régimen jurídico aplicable en aquellos supuestos en los que el accidente se produce como consecuencia de la irrupción en la calzada de ese tipo de animales.


   En el presente supuesto, se ha acreditado la realidad de que la colisión por la que se solicita una indemnización se produjo con un jabalí, pues así se deduce del contenido del informe estadístico ARENA de la Guardia Civil, que se ha traído al procedimiento. Ese hecho fue asimismo reconocido por la propia Administración regional, ya que la Dirección General de Carreteras ha manifestado que el cuerpo del animal fue retirado por la brigada de conservación.


    En el mismo sentido, hay que tener por debidamente demostrada la existencia de numerosos desperfectos en el vehículo por medio del referido informe estadístico policial; de las fotografías que obran en el expediente administrativo y del informe pericial que se emitió para valorar los daños. No obstante, ya se sabe que no se ha incorporado al procedimiento la factura de reparación del vehículo que haya podido emitir el taller que la debió llevar a cabo. 


    Sin embargo, a pesar de que, de acuerdo con lo que se ha expuesto, el animal que provocó el hecho dañoso era de una especie cinegética, se debe resaltar que no ha quedado acreditado, de ninguna forma, que proviniera de algún coto de caza próximo o colindante con la vía reseñada, ni esa circunstancia se ha puesto de manifiesto con ocasión de las actuaciones desarrolladas. Ante esa circunstancia, se debe aplicar el régimen general propio de la responsabilidad patrimonial administrativa.


   A tal efecto, conviene recordar que la reclamante efectúa una imputación genérica de que el accidente se debió al incumplimiento por parte de la Administración de los deberes de conservación de las vías públicas que le corresponden y, particularmente, de no haber señalizado adecuadamente la presencia de animales sueltos en libertad.


   En relación con esa imputación, basta atender al informe realizado por la Dirección General de Carreteras (Antecedente noveno) para llegar a la conclusión de que la RM-11 es una carretera convencional respecto de la que no existe obligación alguna de vallado ni de limitación de accesos a las propiedades colindantes con ella, ya que ninguna norma técnica o legal impone esa exigencia.


   A pesar de que la legislación en materia de tráfico no resulta de aplicación a este supuesto concreto, se puede recordar que la Disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tra?fico, Circulacio?n de Vehi?culos a Motor y Seguridad Vial, laplicable en este supuesto de hecho) atribuye la responsabilidad de los daños materiales causados en este tipo de accidentes a los conductores y, eventualmente, a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos. Por último, la refiere al titular de la vía pública si no hubiese dispuesto "la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismo


En este sentido, no se advierte que la Administración haya incumplido alguna obligación de señalizar adecuadamente el tramo de la carretera en la que se produjo el accidente mediante la colocación de la señal P-24, establecida en la reglamentación de tráfico para indicar la posible existencia de animales sueltos con peligro para la circulación. Del contenido del referido informe se desprende que esa medida no se justifica puesto que no se ha constatado que se hayan producido accidentes de tráfico similares en ese concreto punto de la vía citada -esto es, la alta accidentalidad que se menciona legalmente- ni se ha advertido que exista un trasiego de animales en libertad que exceda de unos márgenes que puedan considerarse razonables.


   Como consecuencia, debe añadirse a lo anterior lo expresado por el Consejo de Estado y este mismo Órgano consultivo en el sentido de que "la presencia incontrolada de animales en las carreteras no genera la obligación de indemnizar, habida cuenta que no puede reputarse como una anomalía en la prestación del servicio público viario, sino como un factor ajeno a las exigencias de seguridad viaria, que enerva la relación de causalidad exigible a los efectos del reconocimiento de la eventual responsabilidad administrativa, si se tiene presente que su acceso a las vías públicas puede resultar inevitable. Tal doctrina, generalmente aplicada con relación a colisiones con animales ocurridas en autopistas, resulta con mayor motivo de aplicación al caso de que ahora se trata, en que no tratándose de autopista, sino de autovía, no es obligada la privación, sino la mera limitación de accesos a las propiedades colindantes" (Dictamen núm. 199/08).


   De conformidad con lo que se ha expuesto cabe deducir que no se ha producido ningún mal funcionamiento del servicio público de mantenimiento de la carretera o de sus aledaños, y particularmente del deber de señalización, por lo que no cabe declarar que la Administración haya incurrido en ningún supuesto de responsabilidad patrimonial que deba ser objeto de resarcimiento.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial, por entender que no concurre relación de causalidad alguna entre el funcionamiento del servicio regional viario y los daños alegados.


No obstante, V.E. resolverá.