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Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


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Año: 2019
Número de dictamen: 184/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Salud
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios.
Dictamen:

Dictamen nº 184/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por el Sr. Director Gerente del Servicio Murciano de Salud (por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Salud), mediante oficio registrado el día 13 de octubre de 2017, sobre responsabilidad patrimonial instada por D.ª X, como consecuencia de los daños sufridos por anormal funcionamiento de los servicios sanitarios (expte. 299/17), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- El 6 de noviembre de 2015 se presentó un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial formulado por D.ª X, dirigido al Servicio Murciano de Salud (SMS), en el que, en síntesis, expresó lo siguiente.


Por indicación de su Médico de Atención Primaria, su madre, D.ª Y, ingresó el 28 de abril de 2015 en el Servicio de Medicina Interna del Hospital "Rafael Méndez", de Lorca, por presentar HB de 8,9 y rectorragias intermitentes desde hacía más de un año. Desde el mes anterior al ingreso presentaba episodios de dolor torácico que se irradiaba hacia la espalda y hacia el hombro izquierdo, con sensación disneica que le obligaba a pararse.


A las 12 horas del día 5 de mayo de 2015 se le realizó una colonoscopia, tras la que presentó fuertes dolores y vómitos. A las 13,23 horas el facultativo que la asistía, el Dr. Z, le indicó por teléfono a la facultativa Dra. P que le administrara una ampolla de "Buscapina" y otra de "Primperam". A las 13,30 horas experimentó una mejoría y comenzó a administrársele alimentos. Cuando se preparaba a su madre para abandonar el hospital, comenzó a sangrar y a presentar de nuevo fuertes dolores abdominales, sin que se hiciera constar dicho incidente en su historia clínica, ni en los informes emitidos con ocasión de la asistencia, y falleció a las 17 horas. Ante dicho episodio se debió de haber llevado a cabo una intervención rápida, inmediata, y certera, que no se le prestó.


Añade que la causa del fallecimiento de su madre fue la incorrecta realización de la colonoscopia a que se sometió, que aunque se trataba de una prueba diagnóstica que normalmente tenía pocos riesgos, si se hacía de forma defectuosa podía provocar la muerte del paciente. Cuando aparecieron las complicaciones tras la colonoscopia no había ningún médico que la pudiera atender, decidiendo las enfermeras de la planta que se le practicara una analítica urgente, pero minutos después fallecía.


Finamente añadió que el personal sanitario que la asistió no le dio ninguna explicación sobre los hechos sucedidos y que el médico que atendía a la paciente le manifestó que no se le debió de haber practicado la colonoscopia y que se equivocó, sin apuntar nada más.


Solicita una indemnización de 200.000 euros por el fallecimiento de su madre, así como la incorporación al expediente de la historia clínica, a efectos de elaborar y presentar en su momento un informe pericial forense.


SEGUNDO.- Mediante oficio de 2 de diciembre de 2015 se requirió a la reclamante para que acreditase su legitimación y el fallecimiento de la paciente, presentando el siguiente 22 copia del Libro de Familia acreditativo de su filiación con la paciente y su certificado de defunción.


TERCERO.- Por el Director Gerente del SMS se dictó resolución de 12 de enero de 2016 de admisión a trámite de la reclamación, lo que fue notificado a los interesados.


Asimismo, en tal fecha se solicitó a la Gerencia del Área de Salud III copia de la historia clínica de la paciente e informes de los facultativos que la atendieron.


CUARTO.- Mediante oficio de 7 de marzo de 2016 la Gerencia del Área de Salud III remitió la documentación solicitada, destacando los siguientes informes:


- Informe de 29 de febrero de 2016, del Dr. Z, del Servicio de Medicina Interna del referido hospital, sobre todo el proceso asistencial de la paciente, en el que expresa lo siguiente:


"En relación al fallecimiento de Dña. Y paso a analizar el proceso clínico de su fallecimiento.


Se trataba de una paciente con antecedentes de intervención de una neoplasia genital 27 años antes con secuelas de elefantiasis por linfadenectomía y una TVP por la que tomaba anticoagulantes crónicamente. Era además consumidora de ibuprofeno por dolores óseos y precisaba bastante ayuda en su vida diaria. La remitió urgente su médico por disnea, dolor torácico de esfuerzo, rectorragias y anemia de un mes. 14 meses antes por las rectorragias ya se había hecho una colonoscopia que resulto normal excepto por hemorroides y los últimos meses, casi un año, refería dolores epigástricos postprandiales, 1 o 2 horas después, con emisión posterior de sangre por el ano, motivo del ingreso.


Al ingreso, en la sospecha de angor mesentérico dada la clínica sugestiva junto a los soplos de arterias femorales se solicita estudio cardiológico urgente, gastroscopia urgente para filiar probable úlcera, colonoscopia diferida y TAC de arterias mesentéricas.


A su ingreso se trata como un probable ulcus con omeprazol a dosis altas, mantiene la antiagregación con nitritos con el diagnóstico de angor de esfuerzo, retira la anticoagulación y se trasfunde sangre. La paciente se estabiliza y el ECG se normaliza. El martes 5 de mayo, día de la colonoscopia, se añade enalapril por discreta hipertensión.


Se realiza la colonoscopia que muestra dos pequeños pólipos y un área sugestiva de colitis isquémica que en la biopsia no se analiza pero afianza la sospecha de isquemia mesentérica. Tras volver de la colonoscopia la paciente refiere dolor abdominal y nauseas, añadiéndose buscapina y primperam, mejorando, y a las 13.30 come. Tras la comida reaparece el dolor que se hace fijo abdominal y requiere morfina, solicitándose a las 14:00 analítica que no aportó datos diagnósticos.


A las 14:26 se solicita TAC urgente y sobre las 15:00 es valorada por medicina intensiva que no dispone en ese momento de camas y ajusta el tratamiento. Aparece posteriormente un cuadro de hipotensión y bradicardia con alteración del ECG tratándose con atropina y sueroterapia. La inestabilidad nos impide realizar el TAC. El dolor después migra al tórax y aparece un cuadro sincopal por bradicardia que se recupera con medidas de reanimación; nuevamente aparece hipotensión y un segundo cuadro sincopal que se sigue de parada cardiorrespiratoria que tras 40 minutos de reanimación no se resuelve, por disociación electromecánica, falleciendo.


Yo, Z, médico responsable de la paciente, ese día estaba precisamente de guardia y estuve atendiéndola desde que empezó con los dolores tras la colonoscopia. El plan era que tras la prueba se fuera de alta para continuar diagnóstico ambulatorio y fui yo quien llevó toda la reanimación de la paciente hasta su fallecimiento a las 17:00. Ofrecí a su familia realizar la autopsia para conocer la causa de la muerte, pero la rechazaron. El estudio del cuadro clínico lo requería y Y nos había dado su consentimiento para realizar las endoscopias, asumiendo la incertidumbre que esto siempre supone. El informe de éxitus lo redacté a la mañana siguiente como consta en la historia clínica con huella informática y mi diagnóstico a posteriori fue de enfermedad arterial mesentérica y coronaria".


- Informe de 18 de febrero de 2016, sobre la realización de la colonoscopia, emitido por el Dr. Q, del Área de Aparato Digestivo del hospital, que expresa lo siguiente:


"El 30 de Abril de 2015 se solicitó una colonoscopia a Dña. Y para completar el estudio de una hemorragia digestiva aguda que precisó la transfusión de 2 Unidades Internacionales de concentrado de hematíes durante su ingreso hospitalario (en) el Servicio de Medicina Interna del Hospital Rafael Méndez. Previamente, se había realizado una endoscopia digestiva alta para descartar origen del sangrado en el tracto digestivo superior, no encontrándose signos de sangrado ni lesiones potencialmente sangrantes en esta área.


Tras descartar la existencia de contraindicaciones absolutas para la realización de la colonoscopia, valorar que el beneficio de dicha exploración supera los teóricos riesgos de la misma y obtener el consentimiento informado de la paciente se procedió a la realización del procedimiento.


La colonoscopia se llevó a cabo de manera completa y sin complicaciones inmediatas el día 5 de Mayo de 2015. La paciente no presentó descenso de la saturación de oxígeno ni signos de mala perfusión periférica durante la exploración ni inmediatamente después.


En la colonoscopia los hallazgos fueron: una pequeña área de mucosa levemente inflamada que no justificaba la hemorragia digestiva, hemorroides externas y una lesión rectal de 16 mm que se resecó con la técnica habitual de mucosectomía endoscópica sin complicaciones inmediatas, ni signos endoscópicos sugestivos de perforación o sangrado".


QUINTO.- Mediante oficio de 17 de marzo de 2016 se le comunica a la reclamante la incorporación de la referida prueba documental y se le otorga plazo para la presentación del informe pericial al que se había referido en su reclamación, compareciendo aquélla el siguiente 4 de abril para tomar vista del expediente, sin presentar alegaciones.


SEXTO.- Obra en el expediente un informe médico-pericial, de 8 de septiembre de 2016, aportado por la compañía aseguradora del SMS, en el que tras analizar los hechos y realizar las oportunas consideraciones médicas, concluyó lo siguiente:


"- La paciente fue correctamente remitida para estudio de causa de anemia por parte de su médico de cabecera.


- Una vez ingresada, se tomaron las medidas necesarias para comenzar el proceso diagnóstico, estando totalmente indicadas las pruebas solicitadas por sus médicos, en referencia fundamentalmente a los estudios endoscópicos gástrico y colonoscopia.


- Se tomaron las medidas terapéuticas necesarias para la anticoagulación de la paciente, ya que las pruebas endoscópicas así lo exigen y, sobre todo, para prevenir sangrados en caso de biopsia, como de hecho se hizo.


- No se puede apuntar la causa del deterioro hemodinámico que sufrió la paciente ante la ausencia de autopsia que habría sido fundamental en este caso.


V.- CONCLUSIÓN FINAL


La atención recibida por Y de 69 años de edad, en el Hospital Rafael Méndez fue correcta y ajustada a la lex artis, no encontrándose indicio alguno de negligencia por el personal asistencial ni por el centro hospitalario".


SÉPTIMO.- Mediante oficio de 3 de enero de 2017 se acordó un trámite de audiencia y vista del expediente para los interesados, no constando su comparecencia ni la presentación de aleaciones.


OCTAVO.- El 27 de septiembre de 2017 se formula una propuesta desestimatoria de la reclamación; en síntesis, por no existir relación de causalidad entre los daños por los que se solicita indemnización y la actuación sanitaria cuestionada.


NOVENO.- En la fecha y por el órgano indicado en el encabezamiento del presente, se solicitó el preceptivo Dictamen de este Consejo Jurídico, acompañando el expediente y su extracto e índice reglamentarios.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 142.3 LPAC y el 12 RRP, normas aplicables vista la fecha de iniciación del procedimiento.


SEGUNDA.- Legitimación, plazo y procedimiento.


I. La reclamante tiene legitimación para formular la pretensión indemnizatoria objeto del presente procedimiento, por los daños morales inherentes al fallecimiento de su madre, que imputa al anormal funcionamiento de los servicios sanitarios del SMS.


Por su parte, la Administración regional está legitimada pasivamente, por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse los daños al funcionamiento de los servicios públicos sanitarios de su titularidad.


II. En cuanto a la temporaneidad de la acción, a ejercer en el plazo de un año previsto en el artículo 142.5 LPAC, no hay reparo que oponer, vista la fecha de los hechos y de la presentación de la reclamación.


III. En cuanto al procedimiento tramitado, se ha seguido, en lo sustancial, lo establecido legal y reglamentariamente al efecto.


TERCERA.- Responsabilidad patrimonial administrativa en materia sanitaria. Consideraciones generales.


I. La responsabilidad patrimonial dimanante de la actuación administrativa en el campo sanitario está sometida a la configuración de la responsabilidad de la Administración que se desprende del artículo 106.2 CE: "los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". Por otra parte, el texto constitucional (artículo 43.1) también reconoce "el derecho a la protección de la salud", desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS).


Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración son recogidos por los artículos 139 y siguientes de la LPAC y desarrollados por abundante jurisprudencia:


- La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.


- Que el daño o lesión sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una adecuada relación causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal.


- Que los daños no se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.


- Ausencia de fuerza mayor.


- Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


II. Además de estos principios comunes, dada la especialidad de la actuación administrativa en el campo de la sanidad, ha de tenerse en cuenta que la atención médica que el ciudadano ha de esperar de los servicios públicos no es una prestación de resultado, sino de medios, es decir, que el servicio sanitario ha de aplicar todos los razonablemente posibles para la curación del paciente, correspondiéndole, por tanto, cualquiera que sea el resultado del tratamiento, una obligación de recursos a emplear por el médico.


La actuación de éste ha de regirse por la denominada "lex artis ad hoc", o módulo rector de todo arte médico, como principio director en esta materia, en consideración al caso concreto en que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla (Dictámenes números 49/01 y 97/03, entre muchos otros, de este Consejo Jurídico). Por lo tanto, de acuerdo con una consolidada línea jurisprudencial mantenida por el Tribunal Supremo, en las reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria no resulta suficiente la existencia de un daño, sino que es preciso acudir al criterio de la "lex artis ad hoc" como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta en el caso de que se trate, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. La "lex artis", por tanto, actúa como elemento modulador de la objetividad predicable de toda responsabilidad administrativa, cuando del ámbito sanitario se trata.


Así, la STS, Sala 3ª, de 22 de diciembre de 2001, afirma: "ciertamente que en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".


Asimismo, la STS, Sala 3ª, de 23 de marzo de 2011, expresa que "la actividad sanitaria no permite exigir en términos absolutos la curación del enfermo u obtener un resultado positivo, ya que su función ha de entenderse dirigida a la prestación de asistencia sanitaria, utilizando al efecto los medios y conocimientos que el estado de la ciencia médica pone a disposición del personal sanitario, mas sin desconocer naturalmente los límites actuales de la ciencia médica y sin poder exigir en todo caso la curación del paciente".


El mismo Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala 1ª, de 24 de mayo de 1999, entiende que "los criterios médicos a desarrollar se ceñirán a los que se estiman correctos para una actuación concreta, siempre en base a la libertad clínica y a la prudencia (...) y ello supone tomar en consideración el caso concreto en el que se produce la actuación médica y las circunstancias en que la misma se desarrolla, así como las incidencias inseparables a una actuación profesional normal, teniendo en cuenta las especiales características del realizador del acto médico, de la profesión, de la complejidad del caso, de la trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia de otros factores endógenos (estado e intervención del enfermo) o exógenos (incidencia de sus familiares o de la misma organización sanitaria), para calificar el acto como conforme o no a la técnica media normal requerida".


En este sentido, pues, debe concluirse en que sólo si se produce una infracción de la "lex artis" responde la Administración de los daños causados que puedan imputarse a dicha actuación infractora, pues en caso contrario dichos perjuicios no son imputables a la atención sanitaria pública y no tendrían la consideración de antijurídicos, por lo que deberían ser soportados por el paciente. Por lo tanto, analizar la praxis médica durante la intervención sanitaria permite determinar si se trata de un supuesto que da lugar a responsabilidad, no ya porque exista un daño, sino porque se produce una infracción del citado criterio de normalidad de los profesionales médicos; prescindir de tal criterio conllevaría una excesiva objetivación de la responsabilidad administrativa, que habría de declararse en todos los supuestos de actuaciones médicas en centros sanitarios públicos que, por ejemplo, no pudieran evitar la muerte de un paciente, o la producción de lesiones derivadas de una complicación de una intervención quirúrgica, cuando la correspondiente actuación sanitaria fue realizada conforme a la "lex artis"; responsabilidad que, por lo dicho, no puede admitirse en estos casos u otros análogos.


La determinación de si la asistencia sanitaria se ajusta o no a normopraxis descansa, de forma necesaria, en la apreciación efectuada por profesionales de la medicina, pues sólo ellos poseen los conocimientos especializados precisos para una adecuada valoración de los actos médicos en el contexto concreto que presenta cada supuesto. Siendo necesarios, por tanto, conocimientos científicos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto -artículo 335 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil-, el principal apoyo probatorio de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial ha de ser, para los reclamantes, un informe pericial que ponga de manifiesto los errores u omisiones cometidos durante todo el proceso asistencial (el especial valor probatorio de los informes médicos en los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivada de la asistencia sanitaria es puesto de relieve por el Tribunal Supremo, en sentencia de su Sala de lo Contencioso-Administrativo de 1 de marzo de 1999).


En cuanto a la Administración, la valoración de la asistencia prestada será ofrecida, además de por los médicos intervinientes, cuyo informe resulta preceptivo de conformidad con el artículo 10.1 RRP, por el de la Inspección Médica, que, en su calidad de órgano administrativo, se encuentra obligado a efectuar un análisis especialmente objetivo e imparcial de las actuaciones realizadas por los facultativos de la sanidad pública, lo que le otorga un singular valor a efectos de prueba. No obstante, y como hemos reiterado en anteriores Dictámenes, habiéndose solicitado dicho informe y no siendo emitido hasta el momento, en el presente caso no resulta determinante, pudiendo entrarse en el fondo del asunto a la vista tanto de los informes obrantes en el expediente como de la falta de contradicción técnica de los mismos por parte del reclamante.


CUARTA.- Relación de causalidad adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y los daños por los que reclama indemnización. Inexistencia.


I. De la reclamación reseñada en el Antecedente Primero se desprende que la muerte de la madre de la reclamante el 5 de mayo de 2015 en el hospital "Rafael Méndez" se imputa a una incorrecta realización de la colonoscopia que se le realizó horas antes dicho día, sin mayor concreción al respecto.


II. En cuanto a la existencia de los daños por los que se solicita indemnización, queda acreditado el fallecimiento de la paciente, reclamándose por su hija por el dolor moral inherente a dicha circunstancia.


Ahora bien, como se indicó en la anterior Consideración, para que pueda declararse la responsabilidad patrimonial administrativa se necesita acreditar una adecuada relación de causalidad entre la actuación sanitaria cuestionada y los daños por los que se solicita indemnización, lo que exige, a su vez, examinar dicha causalidad desde dos perspectivas: a) una meramente fáctica, en el sentido de verificar que los daños tienen su origen en la cuestionada actuación (u omisión, en su caso) médica sin entrar a analizar inicialmente la corrección de ésta, y ello porque dicha relación causal fáctica es, junto a la acreditación de daños, un presupuesto inicial esencial del instituto de la responsabilidad patrimonial; b) otra perspectiva, de carácter jurídico aunque ligada también a la ciencia médica, a analizar en un momento lógico posterior a la primera, que consiste en determinar si, aun proviniendo fácticamente el daño de la cuestionada actuación u omisión sanitaria, ésta fue contraria o no a la "lex artis ad hoc" médica, pues de no serlo la relación de causalidad entre los daños y dicha actuación sanitaria habría de considerarse como no adecuada, en términos jurídicos, a efectos de generar responsabilidad patrimonial, dada la obligación de medios y no de resultados exigible en este ámbito a la Administración sanitaria.


Debe analizarse, pues, con preferencia, el primer aspecto citado, es decir, la relación de causalidad meramente fáctica, en términos médicos, entre los daños por los que se reclama y la cuestionada intervención quirúrgica.


Y a tal efecto debe decirse que los reclamantes no presentan informe médico alguno que ofrezca razones para aceptar tal relación de causalidad.


Si bien ello ya sería suficiente para desestimar la reclamación, además, los informes médicos emitidos obrantes en el expediente consideran que la referida colonoscopia no fue causa del fallecimiento de la paciente, habiéndose practicado dicha prueba previa obtención del preceptivo consentimiento informado y conforme con la "lex arts ad hoc" médica, sin contradicción alguna de la interesada.


A tal efecto, se destacan las siguientes consideraciones del informe pericial de la aseguradora del SMS:


"Se trata de una paciente de 69 años que acude a un servicio de Urgencias por presentar anemia de 8.9 gr/dl con pérdidas hemáticas por rectorragias de 1 año de evolución. La paciente además estaba anticoagulada de forma crónica con Sintrom por el antecedente de trombosis venosa en miembro inferior izquierdo. Los otros antecedentes de la paciente figuran descritos en el resumen de la historia, por lo que no los repetiré por considerarlo innecesario. Sí me gustaría destacar del tratamiento habitual de la paciente que tomaba Antalgin 550, cuya composición es Naproxeno.


El Naproxeno es un antiinflamatorio no esteroideo que dentro de sus efectos secundarios incluye el daño a la mucosa intestinal y gástrica pudiendo producir hemorragias, y que por tanto debe ser tomado bajo control médico y con precaución, máxime si además está tomando anticoagulantes orales, como de hecho era el caso de la paciente.


Este último dato es importante, no porque el fármaco estuviera contraindicado, sino por las medidas de precaución y efectos secundarios descritos que pueden explicar la sospecha inicial del origen de la anemia y que sin duda tiene valor en orden a la demostración de una correcta actuación médica.


La paciente ingresa por tanto para filiar el origen de la anemia y se solicitan las pruebas habituales en estos casos, que consiste en analítica completa, gastroscopia y colonoscopia, además de un ecocardiograma, que probablemente se pidió para descartar origen cardiológico en la disnea de la paciente, que aumentaba con el esfuerzo leve-moderado.


Con el fin de asegurar una mejor tolerancia a las pruebas solicitadas y mejorar la clínica presentada al inicio, se decide transfundir 2 concentrados de hematíes que pretenden una mejora hemodinámica y sintomática de la paciente, dado que partimos de 8.9 gr/dl de Hb, lo cual se considera totalmente correcto.


Se realiza la gastroscopia que no muestra signos de sangrado y el ecocardiograma sin grandes alteraciones. En este sentido, el tratamiento ya comentado con Naproxeno no parece ser la causa del sangrado, aunque esto obviamente no se puede saber hasta realizar la prueba endoscópica indicada al inicio.


Posteriormente se realiza la colonoscopia que se considera completa y bien realizada puesto que llega hasta el ciego en la que se encuentra una zona hiperémica, es decir, con gran aflujo de sangre, a 20 cm. del margen anal, de la que se toman las correspondientes biopsias. Igualmente a 10 cm. del margen anal se aprecia otra lesión, que igualmente es biopsiada para una valoración por Anatomía Patológica como se realiza habitualmente con cualquier hallazgo en este tipo de exploraciones, y que el único objeto es siempre la filiación de la causa de las posibles pérdidas hemáticas de la paciente.


Una vez realizadas las pruebas prescritas al ingreso la paciente presenta cuadro de dolor que se trata de forma sintomática, cediendo inicialmente, aunque posteriormente la paciente presenta datos de afectación hemodinámica por bradicardia y síncope. Se solicitó TAC urgente que no se pudo realizar por la inestabilidad de la paciente y finalmente la paciente presentó cuadro de parada cardiorespiratoria que no recuperó provocando su fallecimiento.


Sobre la causa final del fallecimiento no podemos decir nada, puesto que se negó la posibilidad de autopsia por parte de la familia. Causas de fallecimiento súbito pueden ser hemorragia intracraneal, hemorragia masiva, embolia pulmonar, arritmia maligna, en fin, es teorizar porque no sabemos si pudo o no haber alguna complicación derivada de algún procedimiento ni tampoco datos que orienten hacia una causa u otra".


III. A la vista de lo anterior y conforme con lo señalado en la Consideración precedente, debe concluirse que, a los pretendidos efectos de que se reconozca la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, no se acredita que exista una relación de causalidad jurídicamente adecuada entre el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios cuestionados y los daños por los que se reclama indemnización, por lo que procede desestimar la reclamación objeto de Dictamen.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- No existe relación de causalidad jurídicamente adecuada, a los efectos de determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración regional, entre el funcionamiento de sus servicios sanitarios y los daños por los que se reclama indemnización, por las razones expresadas en las Consideraciones Tercera y Cuarta del presente Dictamen, por lo que la propuesta de resolución, en cuanto es desestimatoria de la reclamación por tales motivos, se dictamina favorablemente.


No obstante, V.E. resolverá.