escudo
Consejo Jurídico de la Región de Murcia

Dictamen


First Previous 7 8 9 Next Last
5463 resultados
Año: 2019
Número de dictamen: 280/19
Tipo: Reclamaciones que en concepto de responsabilidad patrimonial se formulen ante la Administración Regional
Consultante: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
Asunto: Responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por el cambio de cuenta bancaria en la prestación de asistencia a la dependencia.
Dictamen:

Dictamen nº 280/2019


El Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2019, con la asistencia de los señores que al margen se expresa, ha examinado el expediente remitido en petición de consulta por la Sra. Directora Gerente del IMAS (por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades), mediante oficio registrado el día 24 de abril de 2019, sobre responsabilidad patrimonial instada por D. X, como consecuencia de los daños sufridos por el cambio de cuenta bancaria en la prestación de asistencia a la dependencia (expte. 153/19), aprobando el siguiente Dictamen.


ANTECEDENTES


PRIMERO.- Con fecha 30 de julio de 2018 D. X presenta escrito de solicitud de responsabilidad patrimonial frente al Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), (folio 3 expte. reclamación), por los daños sufridos consecuencia del error de dicho Organismo al hacer el ingreso de los atrasos correspondientes a su prestación económica a cuenta bancaria distinta de la que había indicado el dependiente en su última comunicación, lo que ha dado lugar a que su madre, con la que no convivía desde hacía tres años, que era cotitular de aquella cuenta, desviara dicha cantidad a otra cuenta.


En cuanto a la valoración del daño, lo cuantifica en 826,97 euros, cantidad a la que ascendían los atrasos de la prestación referidos.


SEGUNDO.- Mediante Orden, de 26 de octubre de 2018, de la Directora Gerente del IMAS (por delegación de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades) se admite a trámite la reclamación y se nombra instructora del expediente (folio 5 expte. reclamación).


TERCERO.- Con fecha 22 de noviembre de 2018 se emite informe por la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS (folios 134 a 136 expte.), en el que se expone que "A pesar del error en la cuenta bancaria en la que se realiza el pago de la regularización, que es cierto y se ha subsanado, no es cierto que de ello se derive una lesión conectada con la actividad administrativa, pues la cuenta en la que se realiza no es en modo alguno «la de la anterior cuidadora», sino que tanto en ésta como en la aportada finalmente el único titular es el dependiente, mayor de edad y no incapacitado, por lo que la desviación que dice el reclamante que se ha producido, pero que no documenta, queda en la esfera de las actuaciones supuestamente desleales que se hayan podido producir entre particulares".


CUARTO.- Con fecha 18 de febrero de 2019 por la instructora del expediente se abre el trámite de audiencia (folio 11 expte. reclamación), formulando el reclamante alegaciones con fecha 22 de marzo de 2019 (folios 16 a 20 reclamación), indicando que en la cuenta bancaria en la que se le hizo erróneamente el ingreso no era el único titular sino que aparecía como cotitular su madre, la cual el mismo día del ingreso hizo un traspaso del dinero a una cuenta bancaria distinta (aporta documentación acreditativa).


QUINTO.- Con fecha que resulta ilegible en la copia del documento remitida, se formula propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación formulada (folios 22 a 24 expte. responsabilidad) al no apreciar la concurrencia de nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos de dependencia y los daños alegados.


SEXTO.- En tal estado de tramitación, y una vez incorporados el preceptivo extracto de secretaría e índice de documentos, se remite el expediente en solicitud de Dictamen mediante escrito recibido en el Consejo Jurídico el 24 de abril de 2019.


A la vista de los referidos antecedentes procede realizar las siguientes


CONSIDERACIONES


PRIMERA.- Carácter del Dictamen.


El presente Dictamen se emite con carácter preceptivo, al versar sobre una propuesta de resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por la Administración regional, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.9 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, en relación con el 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).


SEGUNDA.- Régimen jurídico aplicable, legitimación y procedimiento seguido.


I. Por lo que se refiere al régimen jurídico que resulta de aplicación a este procedimiento, dado que la reclamación de responsabilidad patrimonial fue presentada con fecha 30 de julio de 2018, le son aplicables la LPACAP y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que configuran una nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


II. En cuanto a la legitimación activa, el reclamante, en su condición de beneficiario de los servicios y prestaciones del SAAD, está legitimado para solicitar una indemnización por el daño patrimonial que alega.


La Administración regional está legitimada pasivamente por dirigirse contra ella la reclamación e imputarse el daño a los servicios públicos de atención a la dependencia de su competencia.


III. El examen conjunto de la documentación remitida permite afirmar que, en lo esencial, se han cumplido los trámites legales y reglamentarios que integran esta clase de procedimientos, si bien se advierte que se ha superado con creces el plazo de resolución del procedimiento (seis meses).


TERCERA.- Elementos de la responsabilidad patrimonial.


El artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por cualquier lesión que sufran en sus bienes y derechos cuando dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En similares términos se expresa el artículo 32 LRJSP, que configura una responsabilidad patrimonial de naturaleza objetiva, de modo que cualquier consecuencia dañosa derivada del funcionamiento de los servicios públicos debe ser en principio indemnizada.


No obstante, el Tribunal Supremo viene declarando de forma constante (por todas, en su Sentencia de 5 de junio de 1998) que no es acorde con el citado principio de responsabilidad patrimonial objetiva su generalización más allá del principio de causalidad, de manera que para que exista tal responsabilidad es imprescindible la existencia de nexo causal entre la actuación de la Administración y el resultado lesivo o dañoso sufrido, sin que la responsabilidad objetiva de la Administración pueda extenderse a cubrir cualquier evento. Ello, en definitiva, supone que la prestación por la Administración de un determinado servicio público no implica que aquélla se convierta en aseguradora universal de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse, con independencia del actuar administrativo, ya que, de lo contrario, el actual sistema de responsabilidad objetiva se transformaría en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento.


En suma, de acuerdo con lo establecido por los artículos 32 y ss LRJSP, son requisitos para que se reconozca la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración los siguientes:


a) Que exista un daño real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.


b) Que el daño tenga su causa en el funcionamiento de los servicios públicos.

c) Que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar el daño.


Por otro lado, cabe también indicar que en el sistema de responsabilidad patrimonial vigente en nuestro Ordenamiento Jurídico rige el principio de alcance general, en virtud del cual se comprenden todo tipo de actuaciones extracontractuales de las Administraciones Públicas, ya sean actuaciones normativas o materiales o, incluso, aunque se trate de una inactividad de la Administración, ya sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la misma. Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que el funcionamiento anormal de los servicios públicos puede partir, no solamente de actos positivos que en su ejecución generan la existencia de un daño a terceros, sino también y a la inversa, por el incumplimiento de una obligación de hacer o la omisión de un deber de vigilancia, por mucho que los mismos no sean dolosos y siempre que pueda decirse que la Administración tenía el concreto deber de obrar o comportarse de un modo determinado (por todas, la Sentencia de ese Alto Tribunal, Sala Tercera, de 27 de marzo de 1998).


CUARTA.- Sobre el fondo del asunto. Inexistencia de relación de causalidad.


Según los antecedentes obrantes en el expediente, cuando se le reconoce al reclamante la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, su cuidadora principal era D.ª Y, su madre. En su solicitud se indicaba un número de cuenta bancaria para realizar los ingresos de la prestación que pudiera corresponderle.


Con fecha 20 de enero de 2017 D.ª Z (abuela del dependiente) solicita que se modifiquen los datos del domicilio del dependiente a la C/ -- del Barrio de la Concepción de Cartagena (folio 85 expte.), sin solicitar ni cambio de cuidador ni de número de cuenta bancaria.


A la vista de dicho documento el IMAS solicita de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena (folio 86 expte.) informe en el que se indiquen los motivos del cambio y la continuidad del mismo cuidador, emitiéndose informe el 24 de octubre de 2017 (folio 91 expte.) en el que se indica que desde hace 3 años el dependiente vive con sus abuelos y tíos paternos en aquél domicilio porque su madre lo echó de casa, y que ninguno de los familiares quiere constar como cuidador principal.


Con fecha 9 de febrero de 2018 se dicta resolución por la que se suspende el Programa Individual de Atención (PIA) (folios 95 y 96 expte.), presentando entonces el dependiente (14/02/2018) solicitud de cambio de cuidador principal y número de cuenta bancaria en la que aparece el reclamante como único titular (folios 101 a 115 expte.).


Con fecha 7 de mayo de 2018 se levanta la suspensión acordada (folios 124 y 125 expte.), resolviéndose que procede reconocer la cantidad de 826,97 euros en concepto de atrasos de la prestación. a incluir en la nómina de junio de 2018; abonándose dicha cantidad por error (como se reconoce en la propuesta de resolución) en la cuenta bancaria en la que el dependiente es cotitular junto con su madre y no en la indicada posteriormente.


Sentado lo anterior, la cuestión se centra en dilucidar si el daño que el reclamante afirma que se le ha causado es imputable al servicio público de la dependencia, teniendo en consideración que, como es sabido, corresponde al reclamante probar que los daños son consecuencia del funcionamiento del servicio.


Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que la Administración se equivoca realizando el ingreso en una cuenta bancaria distinta de la señalada en último lugar por el reclamante, no es menos cierto que la Administración no realiza el ingreso en una cuenta de titularidad de persona extraña, sino que lo realiza en una cuenta de la que el reclamante también es titular, y sobre la que, en consecuencia, tiene plena disposición; no constando que fuese anulada por éste o que hubiera dejado de ser titular de la misma, a pesar de que a la fecha del ingreso (junio de 2018) el reclamante es mayor de edad y no consta que esté incapacitado.


Por el contrario, consta en el expediente que es la decidida intervención de un tercero (madre del reclamante) la que desvía la cantidad reclamada a otra cuenta bancaria distinta respecto de la que se desconoce su titularidad, al igual que se desconoce realmente la relación que pueda existir entre el reclamante y su madre.


Por tanto, si bien la Administración comete error al proceder al abono de la cantidad reclamada, resulta claro que sin la intervención de ese tercero (su madre) ningún supuesto daño se le habría causado al reclamante, puesto que, insistimos, la cuenta a la que se realiza el abono es de titularidad también de éste, por lo que no se aprecia relación de causalidad entre el supuesto daño y la actuación administrativa.


Como indica el Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 29 de marzo de 1999, Recurso de Casación núm. 8048/1994) "la doctrina jurisprudencial consolidada mantiene la exoneración de responsabilidad de la Administración Pública cuando fue la conducta del perjudicado o de un tercero la única determinante del daño producido, aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 (RJ 1995\1981, RJ 1995\4220, RJ 1995\7049 y RJ 1995\9501), 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 ( RJ 1996\8074 y RJ 1996\8754), 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero y 13 de marzo de 1999)".


En igual sentido, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 8 noviembre 2010 (Recurso de Casación núm. 685/2009), indica que "No obstante, el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración haya de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso".


También la STS de 6 de octubre de 2003 (Recurso de Casación núm. 1822/1999) exonera de responsabilidad a la Administración argumentando que el "resultado dañoso causado, que provino exclusivamente de la acción ilegítima de terceros ajenos a la propia Administración pública, y como tal únicos responsables de lo acontecido, contra los que podrán dirigir las oportunas responsabilidades los perjudicados".


Aplicando la anterior jurisprudencia al caso debatido, este Consejo Jurídico considera que sin la intervención de tercero (la madre del reclamante) el daño no se hubiera producido, pese al error en el actuar administrativo, por lo que la reclamación debe desestimarse.


En atención a todo lo expuesto, el Consejo Jurídico formula la siguiente


CONCLUSIÓN


ÚNICA.- Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada, al apreciar la inexistencia de nexo causal entre el funcionamiento de los servicios públicos de dependencia y los daños alegados.


No obstante, V.E. resolverá.